Las autoridades de la educación han planteado y dado a conocer a la opinión pública la llamada Transformación Educativa, e instalado la idea de la imperiosa necesidad de un cambio, que no dudamos que sea un camino necesario y postergado. El problema es que tal proceso se está llevando a cabo sobre la base del desconocimiento del trabajo hecho en años anteriores desde distintos colectivos de docentes del Consejo de Formación en Educación (CFE) –los departamentos académicos de las distintas especialidades, las comisiones de carrera de los centros y nacionales–; en cambio, se opta por la poca o nula participación de los principales involucrados y se proponen tiempos y calendarios que, a juzgar por la urgencia, evidencian que la reforma se encuentra decidida desde siempre.
Aunque es notorio que muchos de quienes educamos consideramos necesarias algunas transformaciones profundas –el camino recorrido hacia la construcción de una universidad de la educación resulta la más elocuente prueba de ello–, sabemos que los cambios que involucran simultáneamente lo pedagógico, lo académico, lo institucional y lo laboral en el ámbito educativo no conducen a buen puerto si se llevan a cabo al margen de sus principales actores. Esta ausencia de participación genuina, de instancias de discusión reales, y la falta de interés de las actuales autoridades del CFE por retomar el trabajo colectivo de períodos anteriores seguramente se deban (porque lo venimos observando como modus operandi desde 2020) a un modelo de gestión que cree en la verticalidad a la hora de la toma de decisiones y no en la construcción de planes y mallas curriculares consensuados. A esto se suma la hipocresía de no asumir que los procesos se realizan de manera unilateral frente a la opinión pública. Ahí radica una de nuestras principales discrepancias.
En el CFE, al que pertenecemos, las autoridades convocaron a docentes y estudiantes a tres jornadas institucionales: el 27 de julio, el 9 de agosto y el 7 de setiembre, con suspensión de actividades, para trabajar en la confección de las nuevas mallas curriculares de todas las especialidades y carreras que ofrece el Consejo. Con muy poca antelación, se nos envió, entre otros, el documento «Propuesta para el diseño curricular de la formación de grado de los educadores».1Para dinamizar las jornadas fueron designadas personas en cargos de confianza sin funciones ni límites definidos y que, en algunos casos, no presentan trayectoria en el subsistema ni en las asignaturas a dinamizar, pero son quienes tienen la tarea de garantizar que los tiempos se cumplan según lo estipulado. Tres jornadas en las cuales se pretende que quede resuelto el futuro de todos los educadores del país.
Por otra parte, junto con la urgencia del calendario, se pretende organizar el trabajo a partir de documentos que ya definen casi todo: el marco teórico de la reforma, los perfiles de egreso, las horas y los créditos asignados a cada uno de los trayectos de las carreras. Se convoca, en definitiva, a que los docentes juguemos una suerte de fill in the blanks: ubicar en cada año de las carreras las unidades curriculares que podrían resultar pertinentes dentro de magras horas disponibles, a la par que se nos solicita desarrollar en un cuadro de media carilla la fundamentación para las unidades curriculares e indicar, en unos pocos renglones, qué competencias específicas serán el objetivo de cada unidad y del perfil de egreso. Ni una palabra más. Por supuesto, también se nos convoca para legitimar el proyecto.
Durante los días en que entramos en contacto con los documentos elaborados por el CFE, surgió un grave hecho que rápidamente tomó estado público: que la «Propuesta para el diseño curricular de la formación de grado de los educadores» contenía pasajes copiados de un documento argentino, o, dicho sin expresiones perifrásticas, que la asesoría académica a cargo de su redacción había incurrido en plagio, siendo ese presunto delito responsabilidad de los integrantes políticos del CFE. Para sorpresa de toda la comunidad educativa y de la ciudadanía, la única medida que el Consejo Directivo Central (Codicen) tomó al respecto consistió en anunciar la compra de un software para detectar los casos de plagio. Hablamos de las mismas autoridades que el año pasado, el 15 de junio de 2021, aprobaron un reglamento sobre honestidad académica en el cual se definía el «plagio negligente» de la siguiente manera: «cuando del análisis de un caso particular de plagio o de autoplagio surgen fuertes evidencias de falta de intencionalidad, ya sea por desconocimiento de las reglas académicas o por desprolijidad técnica al momento de dar reconocimiento a una fuente empleada». La resolución plantea que en estos casos se debe convocar a un comité de ética, aunque no parece que se adopte esta medida cuando se es juez y parte.
Más allá de esto, que hubiera requerido la nulidad del documento y la postergación del avance del proceso en tanto no se revirtiera la acción de plagio, el proyecto ha dejado a quienes desarrollamos nuestra actividad profesional en el CFE sumidos en grandes incertidumbres: por qué, por ejemplo, un estudiante de un profesorado verá tan acotada su formación específica –en nuestro caso, las asignaturas que abordan la especialidad en Literatura se reducen a ocho unidades semestrales y cuatro anuales– e incluso las horas dedicadas a la didáctica y a las ciencias de la educación (pedagogía, psicología, sociología, entre otras) y, en cambio, deberá atender, durante los cuatro años de su formación, ocho unidades semestrales de un nuevo trayecto que continúa sin definirse con claridad, llamado «Lenguajes diversos». Uno de los escasos párrafos que fundamentan tal creación reza sin convicción: «La educación debe atender a una de las características más sobresalientes de la sociedad actual: el aprendizaje continuo y generalizado. Esta nueva característica plantea el reto de nuevas alfabetizaciones mediadas por lenguajes diversos: científico, artístico, digital, inclusivo, entre muchos otros». A través de la Asamblea Técnico Docente del CFE hubo un pronunciamiento en contra de la implementación de este trayecto, en el entendido de que no era preciso ni necesario quitar, con este fin, créditos y horas de los cursos de formación pedagógica y específica, pero las razones no fueron escuchadas.
Otro aspecto a destacar de la propuesta es que no refiere ni explicita cuál será la estructura académica que sostenga esta transformación. Recordemos que la actual situación es que los docentes carecemos de cargos académicos: se nos asignan año a año horas de clase, como ocurre en la educación media. Sin embargo, también en este aspecto hay antecedentes y propuestas. Un documento aprobado en 2019, «Aportes a la nueva propuesta curricular para la carrera de profesorado en todas sus especialidades», proponía cambios profundos en esta materia; su organización se amparaba en la modificación del capítulo XIV del Estatuto del Funcionario Docente. Creaba una estructura académica de cinco grados que contemplaba las tres funciones universitarias (enseñanza, investigación y extensión), camino hacia la Universidad de la Educación. Aunque el nuevo texto del Estatuto llegó a aprobarse durante la gestión anterior, las actuales autoridades políticas del Codicen, a sugerencia del CFE, lo dejaron sin efecto, con el argumento de que se requerían mayores tiempos para examinar y estudiar el alcance de los cambios. El tema nunca avanzó.
Por lo tanto, el mismo Consejo que no ofrece el tiempo necesario para discutir la transformación de la estructura académica ahora propone con celeridad desmedida la confección de esta malla curricular, bajo criterios que no compartimos. ¿Cómo se prevé instrumentar el ejercicio de las funciones de investigación y extensión en tiempos en que, precisamente, se ha habilitado la acreditación universitaria de los títulos docentes a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC)? Otorgar carácter universitario a un título resulta un propósito muy distinto al de construir la institución universitaria por la que tanto hemos trabajado. En contraposición a este camino, las autoridades del CFE desmantelan la actual estructura académica y hacen desaparecer los cargos de coordinadores académicos nacionales por especialidad y, con ellos, la articulación de los espacios de intercambio entre colectivos de distintos centros del país. Las jornadas institucionales propuestas para estos días tampoco tienen previsto encuentros nacionales, lo cual da lugar a que existan tantas mallas curriculares como centros habilitados. Están desarmando la unidad del sistema de formación docente a nivel país. La LUC permite que la malla curricular responda a las características de cada contexto, y ese procedimiento derivará en enormes diferencias y desigualdades en el nivel académico de las distintas carreras según la realidad locativa de cada centro. Formaciones contextualizadas, pero ¿de primera, de segunda, de cuarta?
El ministro de Educación y Cultura y el presidente del Codicen parecen convencidos de que su estrategia es fundacional, como si la formación docente nunca hubiera existido. Observamos con indignación cómo ocupan páginas en la prensa y caracteres en las redes sociales para desautorizar y desprestigiar nuestro quehacer y nuestra experiencia. «Bienvenida la discrepancia, pero con propuestas», escuchamos decir.2 Juvenal contesta, desde el siglo I d. C.: «Alabamos la honradez, pero tirita de frío».
* Patricia Núñez, Álvaro Revello y Gabriela Sosa son integrantes de la Sala de Literatura del Instituto de Profesores Artigas.
1. Los documentos son tres: «AE5 R1», acta en la que se define el cronograma; «AE5 R2», acta que aprueba el documento «Propuesta para el diseño curricular de la formación de grado de los educadores» (en el que se constata el plagio), y el «AE R4», acta que aprueba el documento titulado «Orientaciones para la propuesta de unidades curriculares».
2. Véase aquí.
