La resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) cuestionando la manera en que la Presidencia de la República defendió el honor del presidente Tabaré Vázquez, a quien un colono de Colonización tildó de “mentiroso”, y la filtración a la prensa de los antecedentes de una persona que pretendía junto con su hijo refugiarse en el Mides, revelan que las autoridades utilizan la información a su disposición como elemento de presión de conductas y debates. La reiteración de esas prácticas confirma que las autoridades gubernamentales hacen un uso discrecional de la información, tanto pública como reservada, como instrumento de estrategias políticas.
Hasta ahora prima una conducta de secretismo a todos los niveles, mediante órdenes escritas o verbales que obligan a los funcionarios públicos a mantener confidencialidad, en una interpretación legal arbitraria, que extiende dicha confidencialidad a todos los órdenes y todos los niveles de importancia. Tal política ha generado un estado de temor por posibles represalias ante cualquier comentario, tal como los periodistas confirman habitualmente al solicitar información en dependencias estatales, así se trate de una escuela o de una oficina central.
Los casos más extremos de ese secretismo se extienden a las solicitudes de información de parlamentarios, como ocurrió con el trámite de negociación por la tercera planta de procesamiento de celulosa, y que repite un criterio aplicado a todos los procesos de mega inversiones directas.
Tal práctica tiende inevitablemente a encubrir responsabilidades, así se trate de una instalación eléctrica defectuosa en una escuela o de los beneficios acordados al capital extranjero, como ocurrió con Pluna y con la regasificadora. La aplicación de una reserva extrema a toda información obliga al ciudadano a apelar, como único recurso, a la ley de acceso a la información.
Ahora, los dos episodios puntuales consignados al comienzo, introducen una nueva arbitrariedad. Tal como señaló la Inddhh en el comunicado que difundió su resolución sobre la denuncia elevada por el colono Gabriel Arrieta, la decisión de Presidencia de publicar en su página web los antecedentes sobre sus deudas con Colonización, configura una “represalia indebida” sobre una persona que increpó públicamente al presidente. Tal represalia, en opinión de la Institución, constituye “una amenaza a la libertad de las personas a manifestar opiniones o información contrarias al gobierno o a los actos de los gobernantes, limitando así la participación activa en el debate democrático”. En sus descargos, y antes de eliminar la información de la página web, como reclamaba la Inddhh, Presidencia adujo que la información era pública y que se pretendía “aclarar la condición del ofensor para que la ciudadanía pudiera sacar sus propias conclusiones”. La respuesta revela la intención de la Presidencia: si bien es cierto que la información es pública, los ciudadanos no tienen el hábito de consultar el estado de las deudas con el Instituto de Colonización; buscar esa información y luego difundirla desde el portal de Presidencia indica la intención de utilizar antecedentes personales para incidir en un debate y originar juicios en la opinión pública. Esa práctica es, en opinión del abogado Juan Fagúndez, “una forma de sacar información de una persona de una manera sucia, es una forma muy ordinaria del ejercicio del poder”.
Pero si en el caso de Arrieta la información de acceso público sirvió para manipular en una controversia usando todo el peso comunicacional del Estado frente a alguien que, con razón o no, calificó al presidente de mentiroso, el episodio del Mides introduce una variable más cuestionable aún: la difusión de información reservada sobre las personas a efectos de desplazar el centro de las objeciones ante decisiones oficiales. Más allá de las luces y las sombras de este episodio, aquí interesa destacar lo que parece obvio: las autoridades del Mides tenían, al parecer, suficientes argumentos de peso para justificar la decisión de no aceptar en un refugio a la persona que concurría con su hijo. Pero la presencia de cámaras de televisión convocadas por el padre para amplificar su reclamo, impulsó a la ministra de Desarrollo Social a afirmar que, además, había que tener en cuenta otros elementos, que ella no iba a mencionar pero que la prensa podía buscar. Y así fue que un periodista de televisión informó sobre los antecedentes policiales del hombre en cuestión.
Además de innecesaria, la filtración de esos antecedentes exhibe un costado truculento, porque indica hasta dónde puede llegar la intención de manipular con información reservada, en este caso antecedentes policiales, cuya utilización está estrictamente delimitada. Lo peor es que se pretendió deslindar responsabilidades, por lo que el periodista debió aclarar que se trataba de una filtración oficial.
Además de penoso, es peligroso. En estos dos extremos, no es necesario abundar en argumentos.
