Separadas por el río Uruguay, las ciudades fronterizas de Bella Unión y Monte Caseros están unidas por la lucha por la memoria y la justicia. El 24 de marzo de 2026 se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Argentina. Ese día también fue histórico para el Nunca Más de este lado del río, porque finalmente se concretó el juicio de lesa humanidad por la causa Cuello en Bella Unión. La formalización del exmilitar Abayubá Burlón Correa, jerarca de las Fuerzas Conjuntas en Bella Unión en 1972, da inicio al proceso penal por crímenes de lesa humanidad vinculados al asesinato de Miguel Ángel Cuello y las torturas sufridas por más de 60 personas en el Regimiento de Caballería Mecanizada 10.
La denuncia presentada por el abogado Cley Espinosa en 2022 da cuenta de la muerte y tortura de Miguel Ángel Cuello Santana y las privaciones ilegítimas de libertad y torturas sufridas por un gran número de personas, algunas menores de edad, en 1972. Estos crímenes son contra la humanidad, no son crímenes comunes. El asesinato, las torturas y los abusos sexuales, las privaciones ilegítimas de libertad, la persecución por motivos políticos no son solo una vulneración de la legislación interna del país, sino de la normativa internacional que protege los derechos humanos. Fueron conductas sistemáticas de operaciones que respondían a un plan del Estado contra la comunidad toda, no solo hacia las víctimas.
Las personas detenidas por «presuntas actividades delictivas» declararon ante un juez sumariante del regimiento de caballería en 1972. Fueron detenidas por su cercanía con la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), o con personas relacionadas con el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Algunas eran militantes, pero otras –como Cuello– no tenían actividad política o sindical. Hubo personas menores de edad que fueron separadas de sus familias en operativos contra simpatizantes o integrantes del MLN-T. Fueron detenidas de manera ilegítima, violentamente reprimidas y no tuvieron acceso a la justicia hasta dos meses después (ese acceso no fue igual para todas: algunas fueron derivadas a la justicia civil, otras, a la justicia militar y de algunas no existe registro de su permanencia).
Cincuenta y tres años después, Burlón Correa asiste a la ampliación de la audiencia para su formalización mediante Zoom en su hogar en Rivera, acompañado por una de sus abogadas, con todas las garantías del debido proceso y cuidado de la salud del indagado que un Estado de derecho respeta.
ESE PASADO ES PRESENTE
Las preguntas perduran para quienes están hoy acompañando la audiencia. «¿Por qué lo mataron a Cuello? ¿Por qué lo asesinaron, tan cruel así?», dice Jorge Rodas, secretario general de la UTAA y parte del grupo de amigos de Cuello. También se hacen otras preguntas para tratar de saber qué pasó, quiénes son los responsables y cómo se va a reparar integralmente a las víctimas y a sus familiares. Las personas que dieron testimonio para construir la causa, los familiares y quienes los acompañan esperan afuera del juzgado escuchando la audiencia judicial, transmitida por la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU). Reviven a través de los hechos relatados por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad el clima de terror, represión y abuso de autoridad vivido en aquella época.
Afuera, frente al juzgado, atrás de un cartel que dice «No al terrorismo de Estado. Verdad y justicia», se juntan grupos de personas a la espera de que empiece la audiencia, expectantes bajo el calor para saber si se logra la formalización del indagado. Hoy, a pesar de que hay una sala más grande para la audiencia, solo caben cuatro personas además de los operadores judiciales. Están demorados porque no hubo tiempo para preparar la conexión de Zoom. Una hora después de lo esperado, APU comienza la transmisión en vivo que afuera la gente reunida sigue a través de un parlante. En el canal de YouTube, hay otros seguidores que comentan la transmisión y felicitan al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión, que impulsó la causa y se organizó para recuperar estas memorias.
Entre quienes acompañan se encuentra Mariela Wins, una de las testigos de la causa. Mariela tenía 17 años cuando fue detenida, el 18 de mayo de 1972, en medio de un acto en el liceo en el que era escolta abanderada. El padre era militar y la madre, una devota cristiana que trabaja hasta hoy en la comunidad. La detuvieron al salir del cine con su novio. Fue objeto de interrogatorios, sufrió plantón y se le privó de sueño, agua y alimentos para que diera información sobre su hermano, relacionado con el MLN-T. Luego la llevaron en helicóptero sobrevolando las chacras para marcar lugares donde había tatuceras, amenazando con tirarla. La confrontaron con su hermano Rafael y luego sufrió violencia sexual hasta que la enviaron al Consejo del Niño en Artigas. Escuchar la lectura de la solicitud de formalización por parte de la fiscalía le remueve todo. Se siente fuerte y con determinación para encarar cualquier dificultad, pero hoy su templanza se desmorona. Oír esas cosas nuevamente luego de 53 años es difícil.
Roxana Gallo Machado tenía 3 años cuando fue detenida con su madre y sus hermanos. Compartió con Mariela Wins esos dos años en el Consejo del Niño en Artigas. Ahora comparte la lucha por un poco de justicia y reconocimiento. Esta vida de eternas luchas la ha sostenido integrada a varios colectivos. Hoy forma parte del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión. Su compañero, Heber, siempre presente acompañando, se encarga de los parlantes y de colgar la pancarta en la entrada.
Susana Muhlethaler fue detenida en esa misma operación. Hoy espera afuera, escuchando. La especialista de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía destinada a esta causa conversa con Sonia para ver cómo va llevando el momento. La situación la hace revivir momentos difíciles que siguieron después de que salió de prisión. Había alguien que la seguía a todos lados y a veces se lo sigue encontrando en la ciudad. Las huellas de ese pasado siguen presentes.
La ciudad no cuenta con servicios de atención psicológica y algunos de los que fueron afectados por la tortura padecida no tienen acceso a la salud mental. El legado de estos crímenes se evidencia también en las afectaciones a sus proyectos de vida. Perdieron posesiones materiales, oportunidades de trabajo y estudio, así como amistades. Esta audiencia deja ver un poco de esas huellas todavía invisibles y de las voces aún no escuchadas.
LOS PRÓXIMOS PASOS DE LA JUSTICIA
En esta audiencia, la jueza Ana Lucía Hidalgo Ospitaleche, del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Bella Unión de Segundo Turno (la segunda jueza asignada al caso desde que se hizo la denuncia en 2022), resolvió formalizar a Burlón Correa decretando como medida cautelar el arresto domiciliario nocturno (de 19 a 7 horas), bajo supervisión policial por 150 días. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que había solicitado arresto domiciliario por 24 horas, anunció que va a apelar la resolución. El abogado defensor de las víctimas, Espinosa, apelará por el mismo motivo y además solicitará que se le imponga al indagado el uso de tobillera electrónica, pues considera que existe un riesgo real de fuga por el lugar fronterizo en que reside Burlón Correa y porque anteriormente quiso evadir a la justicia.
Se formalizó la investigación dando inicio al proceso penal; la fiscalía especializada tiene un plazo máximo de un año para terminar la investigación y presentar su acusación. Se avanzó un paso más contra la cultura de la impunidad y el olvido. La incansable lucha sostenida por defensores de derechos humanos da esperanza a ambos lados del río.
(Mariana Achugar y Flor de María Meza integran la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República)
