“Mi nombre como garantía”

Con Matilde Rodríguez Larreta, nueva directora de la Secretaría de Derechos Humanos.

Foto: Héctor Piastri

Fue un símbolo de la lucha contra la impunidad en los lejanos años ochenta y tres décadas después asume una función que le planteó Luis Lacalle Pou. Ambos pertenecen a una colectividad política que –ella reconoce– no ha tomado la investigación del pasado reciente como bandera. Sin embargo, Rodríguez Larreta cuenta que el presidente la eligió por lo que representa su nombre como garantía de continuidad en la búsqueda. La influencia de Cabildo Abierto, el discurso de Manini Ríos y las responsabilidades en el asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz fueron otros de los asuntos que surcaron la conversación.

—La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) será quien lidere las investigaciones, a partir de una ley aprobada en el final del período de gobierno anterior, pero la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente es la voz de la Presidencia de la República en estos asuntos. ¿Cuáles son sus prioridades?

—En este momento estoy haciendo un aterrizaje en la situación, porque tampoco tenía tan clara cuál es la actividad que lleva adelante la Secretaría. El tiempo me lo va enseñando. Desde el momento que la Institución lleva a cabo las cosas más visibles, como son las excavaciones, la Secretaría adquiere un rol más de apoyo administrativo y logístico. La Secretaría tiene un rol de vínculo con el Poder Ejecutivo, esa es su misión, pero tiene algunos aspectos específicos, como una función de archivo, de digitalización, de los hechos y circunstancias [del pasado reciente]. Luego, tiene un equipo de antropólogos que depende directamente de la Inddhh, y después está la parte administrativa, donde se reciben, o bien denuncias, o bien intereses sobre aspectos a investigar. También hay toda una parte de historia, que todavía está en vías de procesarse bien, porque mi idea es que se vuelva a hacer un convenio con la Universidad de la República, para que la Facultad de Humanidades se vuelva a hacer cargo de ese tipo de investigación. Entonces, son bastantes ramas, y recién estamos tratando de coordinarlas bien, con una nueva administración, porque, además, había un grupo muy potente, que era el que coordinaba Felipe Michelini. Ese grupo que se llamaba “por Verdad y Justicia”, que era un poco el pívot, se fue desintegrando.

—Durante un tiempo existió una suerte de dicotomía entre lo que podría ser la lucha por la verdad y la lucha por la justicia. Esa discusión incluso atravesó en su momento a la propia organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que durante una etapa hizo énfasis especialmente en el factor “verdad”. ¿Cuál es su visión?

—Bueno, obviamente, hemos quedado frustrados con el tema justicia, desde la ley de caducidad en adelante. Ahí hubo un quiebre, por el cual sabemos que el pedido de justicia siempre está interrumpido o bloqueado de alguna manera. En cambio, el camino de la verdad fue el que nos dejó el famoso artículo cuarto de la ley, que fue Tabaré Vázquez quien lo puso en vigencia, en 2005, cuando se empezaron a buscar los restos. Digamos, se puso mucho más énfasis en la verdad porque era el camino que se podía recorrer o profundizar, pero no dejó de hacerse el camino de la justicia; de hecho, están todos los militares que están presos en la famosa cárcel de Domingo Arena.

—¿Usted cree que hay margen para seguir investigando judicialmente o cree, como dicen algunos, que ya no hay más tela para cortar?

—Yo creo que nunca hay que decir que no se puede seguir avanzando. Siempre se puede seguir, porque poco a poco todos lo hicimos. Hasta desde el punto de vista personal, te puedo decir que yo presenté denuncia judicial el primer día que se abrieron los juzgados de la democracia, digamos. Para no demorar un instante, el primer día me presenté para hacer una denuncia contra los civiles [los mandos del gobierno que tuvieron responsabilidad en el secuestro y el asesinato de: Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires, en mayo de 1976]. Bueno, se hizo la trayectoria a través de los responsables políticos y logramos meter presos a [Juan María] Bordaberry y a Juan Carlos Blanco, por ejemplo. Esto lo hablo desde el punto de vista personal.

—Sí, claro, en Uruguay, Bordaberry y Blanco son los únicos condenados por su caso personal.

—Sí, en Uruguay. Porque a veces se olvida el juicio en Argentina, que fue una cosa espectacular. Se olvida al episodio político y judicial de derechos humanos más importante que ha habido.

—Entonces, sí cree que hay paño para seguir investigando responsabilidades incluso desde el punto de vista penal.

Sí, y volviendo al juicio de Argentina, allí se llegó incluso hasta los ejecutores, a pesar de las leyes de obediencia debida. En cambio, acá el caso de los ejecutores es una cosa olvidada, porque nunca se podrá saber. Es una cosa que fue bloqueada por la ley de caducidad.

Hubo indicios en algún momento, como algún testimonio que involucró al coronel Pedro Mato, prófugo en Brasil.

—Sí, pero son suposiciones, y no se llegó a ningún juzgamiento.

Estaba el testimonio de la enfermera Haydeé Trías en 1986.

—Sí, eso fue en la comisión investigadora del Parlamento. Lo que quedó evidente en Argentina fue el papel de la banda de Aníbal Gordon, y allí, obviamente, todos reconocimos caras. Yo, concretamente, empecé a identificar ejecutores en mi casa, a través de las declaraciones de un pariente mío [el periodista Enrique Rodríguez Larreta, sobreviviente del centro de detención clandestino argentino Automotores Orletti y denunciante de los crímenes de la dictadura en el marco del Plan Cóndor; fallecido en 2007]. Él las hizo en Suecia y describió tal cual al personaje que llamaban el Paqui [Osvaldo Forese], y que era famoso por derribar puertas. Y yo dije: “¡Ay!, ese; ese fue el que entró en casa”. Hizo una descripción maravillosa, porque este hombre, él sí, investigó por sus propios medios e identificó Orletti. A través de sus propias sensaciones personales, se atrevió a volver a ir a Argentina, en plena época peligrosa, y a hacer un recorrido para tratar de ubicar el lugar por los ruidos que había sentido. O sea: ubicó Orletti. El llevó mucha información al juicio en Argentina, donde se avanzó en ese aspecto.1 Pero los vínculos de Aníbal Gordon, tan identificados con los nuestros acá, eso, todavía, es un mar gris. Sí, estaría Gavazzo, pero falta.

—Eran comandos muy numerosos, integrados por muchos oficiales, militares, policías y civiles de los dos países. En el caso de Uruguay, era el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa).

Sí, y que, además, hicieron muchas acciones. Basta recordar el primer y el segundo vuelo. Todo eso.

—Para volver ahora a los temas políticos. Usted asume en nombre del Partido Nacional, una organización política que en los últimos tiempos no ha tenido la cuestión del pasado reciente entre sus desvelos.

—Claro.

—Incluso, el presidente, Lacalle Pou, en la campaña pasada habló de “suspender” las búsquedas, pero en las últimas elecciones dijo que eso había sido “el peor error” de su campaña y que se seguiría buscando. Pero es obvio que su partido no toma este tema como bandera.

—Sí, es verdad, es verdad. No lo ha hecho.

—¿Esta situación puede implicar para usted tener que estar más presente? ¿Cómo se imagina que se va a tener que parar?

—Yo entendí, justamente, cuando se me llamó, que el presidente lo que quería –porque a mí me llamó el presidente para cumplir esta misión– era que mi nombre significara una garantía de que se va a seguir en el camino de las excavaciones y de la verdad.

—¿Si no tuviera las garantías para trabajar, dejaría el cargo?

—Claro. Pero tengo todas las garantías absolutas, eso lo puedo asegurar. Tengo todo el apoyo para seguir para adelante.

—Ahora, usted, que ya venía trabajando en la Junta Anticorrupción, sabe que hay obstáculos en la administración pública y ni que hablar en la cuestión del pasado reciente. Y que, además, si no se asignan recursos económicos suficientes, no se puede avanzar.

—Sí, a propósito estuve viendo lo de [Ricardo] Gil Iribarne, que quedó solo, y que aparentemente no se pretendería volver a integrar la Junta, lo que sería un muy mal signo, claro. En la Secretaría estamos funcionando con todo lo que necesitamos de presupuesto y demás. Lo que hay que hacer se viene haciendo sin ningún tipo de fricción.

—Y de la negativa a ceder la cadena nacional a Familiares, ¿qué piensa?

Y me parece que la respuesta es un poco obvia, porque si el gobierno le dijo que no al Pit-Cnt y argumentó que sólo iba a usar la cadena para temas del Ejecutivo, también iba a decir que no en este caso. No sé si Familiares optó por usar los medios públicos, como se les ofreció.2

Otro tema para nada menor es que este es un gobierno de coalición, con una influencia muy importante de Cabildo Abierto y con un dirigente militar muy fuerte en las Fuerzas Armadas como Guido Manini Ríos, que ha hecho declaraciones muy agresivas contra la justicia y la investigación de los crímenes de la dictadura. ¿Cómo observa este factor?

—Obviamente, las mayores discrepancias las tengo con esa gente, como también las tienen muchos otros blancos y colorados. Pero, el tema no es que Lacalle haya ido a buscar a Cabildo Abierto, sino que Cabildo Abierto se adhirió a la candidatura de Lacalle y aportó los votos para ganar. Así de simple. Manini Ríos era un hombre que venía designado por Mujica y él tuvo un vínculo con esa gente, y, además, curiosamente, comparten el electorado, porque puede pasar que los extremos se toquen. Es una situación borrosa y difícil, pero tengo la máxima tranquilidad de que tanto el Partido Nacional como el Colorado tienen la fortaleza necesaria para llevar adelante una coalición, arrastrando ese lastre.

—Así que confía en que no existirán interferencias en lo que puede ser su trabajo, porque es insoslayable que con el número de legisladores que tiene Cabildo Abierto en el Parlamento puede bloquear leyes y medidas.

Podrían. No han hecho ningún tipo de manifestación referida a nosotros. No han tenido ninguna alusión siquiera. Por el momento, no he recibido ningún comentario, ni que moleste el accionar de la Secretaría.

—En las excavaciones hubo incidentes de amedrentamiento contra los antropólogos, desde el vuelo de un dron hasta la aparición de una granada.

—Todavía hay gente activa que busca atemorizar.

—¿Y qué opina cuando escucha discursos como el de la media hora previa de Manini Ríos contra la detención de “octogenarios” o su rechazo a que se siga con cosas que pasaron “hace 50 años”?

—Sí, claro, es el viejo discurso. Es horrible escuchar ese tipo de cosas que uno cree que ya no existen, pero sí existen. Hay que lidiar con eso.

—¿Le sorprende que un “partido militar”, así lo denominó Julio María Sanguinetti, o una corriente con ese pensamiento haya tenido el nivel de votación que tuvo?

—Hay que ver la historia. Cuando nosotros perdimos el referéndum de la ley de caducidad había un cincuenta y pico por ciento de personas que votaron por el No, y no todos eran los orientados y liderados por Sanguinetti. Había algo más. Hubo una porción importante de la población que votó amarillo, y antes, en 1980, también se había pronunciado así. Son porcentajes altos, y hay que saber que existe todavía una rémora muy fuerte en nuestra población con la que tenemos que lidiar.

—En 2009, en cambio, usted no estuvo de acuerdo con la propuesta de anulación de la ley de caducidad, con la papeleta rosada.

—Esa era ya más difícil. Yo no estaba de acuerdo, porque creo que se puede derogar, pero no anular. Si se derogaba, no se iba contra los derechos ya generados, pero nunca nos pusimos de acuerdo. Lo que se votó generó derechos, porque está la cuestión de la no retroactividad de las normas penales. No se puede pasar por arriba de eso, aunque sean unos asesinos.

—De todos modos, al comienzo del milenio hubo un punto de inflexión, con toda una tendencia amparada en el derecho internacional, que logró perforar la ley de caducidad. Por algo el Estado uruguayo tuvo una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman.

—Sí, claro, todo lo que tiene que ver con la no prescripción de los delitos de lesa humanidad y toda una serie de situaciones no previstas en la ley de caducidad.

—Desde aquellos tiempos de finales de la década del 80, ¿hay algo que le haya hecho cambiar alguna de sus posturas?

—La verdad que no. Es una pregunta interesante, porque uno, con los años, tiende a ver las cosas de manera diferente, sí. Pero en este tema, creo que veo las cosas igual, aunque tal vez con el cuero más duro o más cerca de asumir que algunas cosas son irreversibles. Yo no soy una conocedora de los temas militares, ni nunca supe qué general correspondía a tal corriente, entonces no sé hoy en día cómo está el ambiente dentro del sistema militar. Lo iré descubriendo a medida que pase el tiempo. Y tal vez allí exista una situación que haga irreversible lo que todos queremos, que es el conocimiento de la verdad definitiva.

1.   En 2009, en la megacausa de Orletti, fue condenado a cadena perpetua el general retirado Jorge Olivera Róvere, pero Aníbal Gordon y varios de los ejecutores ya estaban muertos. Matilde Rodríguez presenció virtualmente –en la embajada de Argentina en Uruguay, junto con otros familiares– la audiencia en la que se leyeron las sentencias. Bastante antes, había sido testigo en los juicios encabezados por el fiscal Julio César Strassera contra las juntas militares.

2.  Familiares confirmó que aceptó emitir un mensaje el 20 de mayo, a las 19 horas, a través de Tnu y las radios públicas.

La madeja institucional

Después de la renuncia de la historiadora Isabel Wschebor en 2016, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente ingresó en un declive, que –en parte– puede atribuirse a la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj), a instancias del presidente Tabaré Vázquez. Después de la partida de la especialista en archivos, pasaron por el cargo una sucesión de nombres de muy bajo perfil: Fernando Gómez Pereyra, Gustavo Lancibidad (un funcionario que había dirigido la división de Bromatología en la Intendencia de Montevideo) o Héctor Díaz (que asumió ya en clave de mera encargatura). En setiembre del año pasado, finalmente, a impulsos de Felipe Michelini, prosperó una ley1que le traspasa la responsabilidad de la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), así como las tareas principales de la investigación sobre el pasado reciente. El objetivo fue blindar esta cuestión como una política de Estado, que no quedara sometida a los vaivenes de la política partidaria ni a los desmantelamientos característicos de los cambios de gobierno. El grupo especial creado por Vázquez, obviamente, desaparece, y la Secretaría –que desde el cambio de gobierno depende del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado (“es nuestro jefe”, apunta Matilde Rodríguez a Brecha)– pasa a tener un rol de apoyo logístico, presupuestal y, en el mejor de los casos, político. De acuerdo a la ley de 2019, “hasta que no se sancione el presupuesto” para este fin, el Poder Ejecutivo deberá proveer “los recursos financieros” que permitan cumplir el cometido, “sobre la base de lo asignado a la Secretaría de Derechos Humanos y el Gtvj”.

El contrato de Rodríguez Larreta está vigente desde el 10 de marzo. Antes de asumir, mantuvo una reunión con dos directores de la Inddhh: Mariana Mota y Wilder Tayler. A los poquitos días de ingresar ya vino la pandemia, y muchas cosas quedaron paralizadas. “Estamos con lo que ya está en camino y no he podido avanzar mucho más en este sentido”, narra la nueva secretaria. De todos modos, Rodríguez firmó la resolución para arrendar una segunda máquina retroexcavadora (medida impulsada por la anterior administración), por lo cual “ahora habrá una en el Batallón 13 y otra en el 14”. Califica su relación con el ministro de Defensa, Javier García, como “muy buena”. Cuando se retomen las actividades, el primer objetivo que se propone es la renovación de los convenios de investigación histórica con la Facultad de Humanidades (Udelar), para lo cual espera reunirse con el rector Rodrigo Arim. Todos los productos de las investigaciones y los archivos digitalizados deberán ser depositados en la Inddhh, que será la que custodie el repositorio de la historia reciente.

1.   La ley 19.822 está disponible enhttps://www.impo.com.uy/bases/leyes/19822-2019›.

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