Estamos desbordados y la sensación sigue siendo de shock», cuenta la defensora de derechos humanos y fundadora de la organización Caminando Fronteras, Helena Maleno. Ya hace más de una semana que miles de personas llegaron a nado y en balsa de Marruecos a Ceuta –ciudad española en territorio africano– y cruzaron la playa y el espigón del Tarajal. Mientras que el gobierno español hablaba en un primer momento de unas 8 mil personas, organizaciones en el terreno y sindicatos policiales apuntan a cerca de 10 mil. Familias enteras, pero, sobre todo, jóvenes y menores de edad, todos ellos con perfiles migratorios y procedencias diversas, se arrojaron al mar. La crisis humanitaria, sin precedentes en los últimos años, hizo sonar la alarma en el gobierno, que rápidamente desplegó el Ejército.
La situación se ha saldado, por ahora, con ocho víctimas mortales y miles de devoluciones (deportaciones) exprés y masivas, efectuadas en la misma frontera por la Policía española y con la colaboración de la marroquí, informa Maleno a Brecha. Agrega que no ha habido procesos individualizados en los que se otorgue asistencia legal a los migrantes y se pueda conocer su identidad. El Estado tampoco facilitó la traducción ni mecanismos para cubrir las necesidades básicas de estas personas. Varias organizaciones de derechos humanos que trabajan en Ceuta han certificado que se devolvió a solicitantes de protección internacional, así como a menores de edad y mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas potenciales víctimas de trata. Las organizaciones afirman que las fuerzas de seguridad emplearon «violencia y material antidisturbios de manera desmedida e innecesaria».
«El Ministerio del Interior español les ha dado [a las devoluciones] una base legal bajo el Acuerdo de Readmisión firmado con Marruecos en 1992. Pero el texto se refiere solo a personas de terceros países y no a marroquíes, que son la gran mayoría de quienes llegaron», detalla a este semanario la investigadora del Instituto Internacional para la Acción No Violenta (Novact) Clara Calderó. De hecho, Calderó recuerda que el tratado ha sido denunciado en varias ocasiones por sus «pocas garantías de los derechos de las personas migrantes». El Novact señala también la opacidad del proceso de devolución y un marco legal «basado en una cooperación entre países meramente policial, que dificulta conocer si se respeta el derecho internacional y hacer una tarea de monitoreo».
En una conferencia de prensa, el integrante del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB, por sus siglas en catalán) Eduard Soler apuntó que «Marruecos abrió la válvula de una olla a presión» si se tiene en cuenta que la situación social y económica del país –en especial en el norte– «es preocupante». La pandemia agudizó los problemas socioeconómicos en las poblaciones colindantes con Ceuta y Melilla, como Castillejos, ya que el gobierno marroquí decidió cerrar el país y dejó sin sustento a quienes forman parte de la economía de la frontera (trabajos informales o transfronterizos, porteadoras).
«Te lanzas y te la juegas, aun conociendo a personas que han muerto por el camino. Pero es la única esperanza de vida», señala a Brecha Ismail el Majdoubi, integrante del colectivo antirracista Ex-Menas. En su momento, él también cruzó de Marruecos a España, con solo 16 años. Recuerda, además, el papel de las empresas occidentales en Marruecos: «Saben que ahí [los trabajadores] no pueden reclamar sus derechos. Y cuantos más derechos perdidos, mejor para el capitalismo». Añade que «si estás explotado por 150 euros al mes y sabes que por el mismo trabajo te pueden pagar mejor o tener mejores condiciones al otro lado, no lo piensas» (sobre las condiciones laborales en Marruecos, véase, por ejemplo, «Sumergidas en el taller», Brecha, 5-III-21).
JUEGO DIPLOMÁTICO
Las autoridades españolas pidieron explicaciones al gobierno marroquí por lo que tacharon de «pasividad» en el control de la frontera. Por su parte, la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, espetó que «hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir». El origen de esa declaración está en la decisión de España de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de La Rioja tras haberse contagiado de covid-19 y haber caído gravemente enfermo. Una acción que no gustó a Rabat, que busca aislar a ese movimiento independentista como parte de su estrategia para que no se reconozca al Sahara Occidental.
El pulso diplomático alrededor de este territorio no es nuevo. De hecho, se ha agudizado los últimos meses (véase «Una guerra desde el limbo», Brecha, 27-XI-20), aún más tras las declaraciones en diciembre de 2020 de Donald Trump, todavía en la Casa Blanca, en las que reconoció públicamente y por primera vez la soberanía de Marruecos sobre el territorio ocupado saharaui, en busca de establecer así relaciones diplomáticas entre el reino alauí e Israel. La declaración entusiasmó a Marruecos en su idea de que el Sahara Occidental sea reconocido como territorio marroquí por otras potencias. Esa es una línea roja que la Unión Europea y, por ende, España –la potencia administradora de iure de ese territorio hasta que concluya su descolonización– aún rechazan cruzar.
Al lado de las tensiones sobre la soberanía saharaui están los asuntos comerciales. Marruecos es un socio muy importante para España: cada vez que hay un nuevo presidente español, su primer viaje oficial es a ese país. «El gobierno [español] tiene dos caras. Por un lado, reconoce al Sahara Occidental y, por el otro, ayuda a Marruecos», señala una periodista marroquí en conversación con Brecha. Una de las materias de interés es el aumento de la capacidad de pesca europea y el acuerdo para ello, actualizado en 2019, entre Bruselas y Rabat. Marruecos recibe más de 50 millones de euros anuales de Europa a cambio de que 128 barcos europeos puedan pescar no solo en aguas marroquíes, sino también en aguas saharauis, a pesar de que la Justicia europea establece que los productos del Sahara Occidental no pueden formar parte de dichos acuerdos. Lo que lamentan algunas de las organizaciones de derechos humanos en la frontera sur española es el uso que Marruecos ha hecho de su propia población, «por esas relaciones perversas que tienen los países», señala Maleno, en las que los migrantes terminan siendo una «moneda de cambio».
EXTERNALIZACIÓN DE LAS FRONTERAS
Marruecos también recibe dinero de Europa por controlar sus fronteras y evitar que las personas migren a países como España, lo que en política migratoria se conoce como «externalizar las fronteras». «Europa y España pagan a terceros países para que hagan el trabajo sucio que no se puede hacer desde sus supuestas democracias perfectas», recalca Maleno. La última partida que Madrid mandó a Rabat para este fin fue de 30 millones de euros, un dinero ya presupuestado, pero que fue adelantado a raíz de la crisis en Ceuta.
Sin embargo, Marruecos considera insuficientes esos fondos. La investigadora del CIDOB Blanca Garcés no duda en señalar que una de las consecuencias directas de este tipo de políticas es «el uso de las migraciones como arma política». Para Maleno, el Estado español ha sido pionero en la implementación de estas prácticas, que se mantienen sea cual sea el color político del gobierno. Además, también han servido de ensayo para «exportarse al resto de países europeos, ya sea a Italia o a Grecia», añade (véase, por ejemplo, «A los pies de la fortaleza», Brecha, 23-VIII-19).
GIRAR EL TIMÓN
Por su parte, Carmen Lucía, abogada e integrante de Solidary Wheels, una ONG con presencia en Melilla, alerta del uso de palabras como invasión y asalto para referirse a estos episodios protagonizados por la derecha y la extrema derecha europeas. En este sentido, Calderó apunta que tras la idea de crisis se quiere «vender la migración como amenaza, para justificar que el Estado ponga en marcha el uso de la fuerza, el envío de militares y no un discurso que apunte a la seguridad de las personas».
«Uno de los problemas es que, de facto, el derecho a migrar ni se plantea, ni siquiera en las mentes de quienes gestionan estos flujos», reflexiona Lucía, que también pone encima de la mesa la necesidad de repensar la dualidad entre migrante económico y refugiado. «Es una dualidad ficticia que borra el derecho a migrar y valida una categoría de refugiado encorsetada. ¿Por huir de la pobreza no tienes derecho a migrar? ¿No es una razón legítima?», se pregunta.
«La gente no parará de intentarlo, porque no tiene nada que perder», piensa, por su parte, Ismail. «Cuanto más control de las fronteras mediante la militarización, peor es el resultado. Invertidos en protección humanitaria en los países de origen, en proyectos sociales, esos 30 millones servirían mucho más. Pero, claro, al final, lo que quieren son esclavos», reflexiona el joven.
