La celebración del Día Mundial del Ambiente recorrió el mundo. Como cada 5 de junio, se repitieron los discursos, incluso las promesas, para enfrentar las diversas crisis ecológicas. Pero, una vez más, las medidas concretas son modestas, inefectivas o simplemente inexistentes, por lo que el deterioro se agrava, cada año, un poco más.
La ecología planetaria está cambiando a un ritmo más veloz del esperado. Es un mundo más caliente a medida que el cambio climático sigue su marcha. Siguen aumentando los gases invernaderos; un año atrás, el dióxido de carbono en la atmósfera registraba 427 partes por millón (ppm), hoy ya supera las 430 ppm. El año 2024 batió el récord como el más caliente en comparación con los tiempos preindustriales al superar los 1,5 grados Celsius. Quedó en claro el fracaso de las negociaciones internacionales para evitar cruzar ese umbral.
Todos los meses se suman nuevas advertencias de los cambios planetarios –y cada vez tenemos menos tiempo para reaccionar–. La más reciente ha sido encontrar que los océanos son un poco más opacos.1 Las capas marinas que reciben la luz suficiente para reproducir la vida se están estrechando en las últimas décadas, lo que pone en riesgo toda su biodiversidad. Entre las zonas donde se registran esas aguas más oscuras, se encuentra el océano Atlántico sur, justamente frente a las costas de Uruguay, Argentina y el sur brasileño.
En la escala continental, se suman las dificultades propias de América del Sur. Persiste la deforestación, sea por la tala como por los incendios; Brasil fue el más afectado (perdió 2,82 millones de hectáreas en 2024), le siguió Bolivia y se agravó en Perú y Colombia. Esos desarreglos, a su vez, afectan, entre otras dinámicas, el régimen de lluvias de todo el continente, y todo ello alcanza a nuestro país.
A los desarreglos ecológicos globales y continentales, Uruguay suma sus propios problemas. Entre todos ellos, el más grave y apremiante es la situación del agua. El más reciente reporte del estado del ambiente, publicado por el gobierno en 2024 y que abarca el período 2022-2024, muestra el deterioro de la calidad del agua en todas las cuencas del país.2 Los datos de la red de sitios de monitoreo mostraron algunos indicadores escandalosos: valores inaceptables de fósforo en el agua en el 88 por ciento de esos sitios, y de nitrógeno en el 69 por ciento. Todo indica que está muy comprometida la cuenca del río Santa Lucía, pero también hay serios problemas en los ríos San Salvador, Yi, Tacuarembó, Negro y Yaguarón, así como en las lagunas atlánticas. La calidad del agua no mejoró, sino que empeoró, lo que dejó en evidencia la inefectividad de las medidas para rescatar al Santa Lucía y las consecuencias de una actividad agropecuaria que utiliza cada vez más químicos.
Ninguno de esos problemas se resuelve construyendo la planta de potabilización en la localidad de Arazatí. Ese proyecto, promovido por el gobierno de Luis Lacalle Pou, no asegura que se resuelvan adecuadamente los problemas del agua potable del área metropolitana de Montevideo y además suma sus propios impactos y riesgos ambientales. El nuevo gobierno, de Yamandú Orsi, hizo muy bien en suspender momentáneamente la obra, y debería darse un paso más para dejar sin efecto el contrato. Mientras esa postura es clara, otros aspectos de la agenda ambiental gubernamental siguen siendo inciertos. Prevalecen declaraciones muy genéricas, unos pocos anuncios y pocas acciones. Se dice, por ejemplo, que se revisará la normativa sobre calidad del agua y los permisos para cazadores, o que se emitirá un bono de deuda externa «azul» ligado a condiciones ambientales. Pero, más allá de esos dichos y de la reedición de la Expo Sustentable, en las acciones concretas es como si todavía estuviéramos en el verano pasado, esperando saber cuál será el rumbo de las políticas ambientales.
En el primer lugar de las urgencias está la necesidad de enfrentar la crisis de los recursos hídricos. En efecto, el gobierno ya debería haber tomado medidas en varios frentes: poner en marcha un plan realmente efectivo para detener la contaminación en la cuenca del Santa Lucía, preparar un protocolo de acciones en caso de una nueva sequía para asegurar el agua potable en la capital, lograr que OSE despliegue un programa enérgico de reparaciones de sus cañerías para evitar que siga perdiendo casi el 40 por ciento del agua que circula por ellas y retomar las distintas comisiones mixtas sobre la gestión del agua que permiten la participación ciudadana.
Hasta ahora no hay indicaciones concretas en ninguno de esos aspectos. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, al referirse a la situación del agua, anuncia que el gobierno prefiere construir una nueva represa en Casupá, asociada a un área protegida a su alrededor. Una vez más, esa es otra buena intención, pero todo ello tomará un buen tiempo y, entretanto, la cuenca del Santa Lucía se sigue deteriorando. Se necesitan posturas políticas claras que a su vez alimenten una gestión efectiva.
La construcción de políticas ambientales, sin duda, es difícil, y más en el contexto internacional actual. La presidencia de Donald Trump muestra el talante de las extremas derechas, que, por un lado, niegan la crisis ambiental y, por el otro, desmontan normas, controles, finanzas y personal en las agencias ambientales. Lo mismo se repite en América Latina. En Argentina, Javier Milei llegó al extremo de desmontar su ministerio ambiental. El drama es que la deriva hacia una derecha política es tan intensa que arrastra a los progresismos, y es así que, por ejemplo, Gabriel Boric en Chile también busca desmontar los controles ambientales.
Para evitar caer en esas trampas, es indispensable potenciar un abordaje político que asegure la calidad de nuestro ambiente y el patrimonio natural. Se dispone de una institucionalidad con ese fin: el gabinete ambiental. Creado en 2016, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, fue dejado de lado durante los años de Lacalle Pou. Está integrado por el presidente y seis ministros, es parte de un sistema nacional ambiental y entre sus cometidos debe integrar la dimensión ambiental al desarrollo nacional. Hasta ahora, ese gabinete no fue convocado por el gobierno de Orsi ni está claro si las nuevas autoridades tienen presente su existencia y competencias.
En ese marco o en otro, es urgente construir posturas políticas para enfrentar las urgencias ambientales, como las del agua, pero también para asegurar un ambiente sano para las actuales y las futuras generaciones.
