Nuevas autoridades ambientales, viejos problemas ecológicos - Semanario Brecha
Las señales de los nombramientos y los dilemas que se avecinan

Nuevas autoridades ambientales, viejos problemas ecológicos

El anuncio de las nuevas autoridades ministeriales se superpone sobre las polémicas enmarcadas en la transición hacia el nuevo gobierno, entre las cuales siguen destacándose las ambientales. Las novedades suponen una mezcla entre las esperanzas de innovación y la repetición de viejas prácticas.

El futuro ministro de Ambiente será Edgardo Ortuño, quien es profesor de Historia y llega al cargo tras desempeñarse en el directorio de OSE. Aparentemente prevalecieron las consideraciones partidarias, ya que no cuenta con experiencia en la temática ambiental y se recuerda su desempeño como subsecretario del Ministerio de Industria en los tiempos en que el gobierno de José Mujica deseaba imponer la minería de hierro a cielo abierto, con su proyecto Aratirí, minimizando las alertas ambientales.

Pero, al mismo tiempo, se designó como subsecretario de Ambiente a Leonardo Herou, quien fue por largo tiempo encargado del área ambiental de la Intendencia de Canelones. Posee una amplia experiencia y tuvo a su cargo varias acciones positivas en ese departamento, como el manejo de los residuos domiciliarios o las medidas para proteger algunas playas; también se debe reconocer que allí se supo dar marcha atrás, por razones ambientales, a algunos proyectos controvertidos. Es cierto que también hay cuestionamientos, pero, al hacer un balance, puede concluirse que Herou es uno de los gestores ambientales más serios y experientes en el Estado.

Aunque la cara más ecológica esté en el despacho del subsecretario, en sentido estricto el poder de decisión está en manos del ministro, y es mucho más acotado para el viceministro. En anteriores gobiernos, en algunos casos se lograron acuerdos de trabajo entre esos dos puestos, donde cada uno manejaba asuntos distintos con cierta coordinación. Pero, en otros casos, el subsecretario fue relegado e incluso a veces actuó en sentido contrario a las posiciones del ministro (como le ocurrió a Mariano Arana cuando fue ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente). Habrá que ver cómo se desenvuelve en las medidas concretas esa gestión.

En el resto del gabinete hay otras designaciones destacables en esta materia. En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se nombró a Matías Carámbula como subsecretario, quien también se desempeñó en la Intendencia de Canelones y tuvo papeles relevantes en los esfuerzos de zonificación territorial y de control de la expansión sojera y el empleo de agroquímicos. Esos antecedentes lo diferencian de las viejas visiones que defienden una producción a cualquier costo, minimizan el impacto de los agroquímicos y consideran que los controles desembocan en trabas para las exportaciones. Esa vieja postura es uno de los factores que explica, pongamos por caso, la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía. En cierta medida, el futuro ministro de esa área, Alfredo Fratti, es parte de esa vieja escuela, y por ello la designación de Carámbula puede servir para renovar la gestión en ese ministerio.

También debe señalarse el nombramiento de Mario Lubetkin en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El futuro ministro llega desde la FAO, la organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, y en ese puesto, como en los anteriores, ha mantenido un insistente reclamo por incorporar consideraciones ambientales en la actividad agropecuaria y en la urgencia en lidiar con el cambio climático. Su retórica ha sido potente, y si la mantiene en su cargo de canciller, y la defiende ante los demás ministros, se podría convertir en una voz de mesura ambiental.

OTRA VEZ ARAZATÍ

Una coordinación entre los subsecretarios de Ambiente y de Agricultura y la voz del canciller podrían tener un enorme potencial para lidiar con las cuestiones ambientales. Esa tarea no puede esperar, porque es urgente tomar posiciones frente a la insistencia del gobierno de Lacalle Pou en construir la planta potabilizadora de agua en Arazatí, en la costa de San José. Tanto Yamandú Orsi como Alejandro Sánchez han expresado reparos al menos ante la prensa, y el futuro ministro Ortuño se opone a que el proyecto esté en manos privadas, pero por momentos parece que aceptaría que esa obra fuese llevada adelante exclusivamente por OSE, sin que estén muy claras sus posiciones ante las advertencias ambientales.

En la controversia ventilada en los medios de prensa, el presidente sostuvo que no aplicará un «freno de mano» y apeló a un punto «intermedio». Esos dichos revelan que el actual gobierno sigue sin entender lo que está promoviendo, ya que apelar a algo «intermedio» carece de sentido. ¿Qué implica un punto medio? ¿Reducir a la mitad el volumen de agua que se toma del Río de la Plata, encoger o anular el depósito de agua a cielo abierto, rebajar la cañería de transporte hacia Montevideo? Cualquiera de esas opciones no resuelve los problemas de fondo, restringe aún más su pretendida utilidad como respaldo en la provisión de agua potable y no soluciona ninguna de las advertencias sobre los costos o los riesgos ambientales.

Las empresas ya adelantan que todo puede ser «mejorado», tal como dice su portavoz más conocido, Alejandro Ruibal. Se dejaría aún más en evidencia que en realidad estamos ante un negocio financiero, ya que esa construcción en manos privadas genera obligaciones de pago por largo tiempo con altísimas tasas de interés.

UN RARO INFORME AMBIENTAL

Entremezclada con esas consideraciones, la novedad sustantiva está en que el Ministerio de Ambiente concedió la llamada autorización ambiental previa al emprendimiento en Arazatí. Los defensores de la obra y buena parte de la prensa repitieron que ese informe muestra que no habrá impactos ambientales inadmisibles, pero una lectura más atenta es reveladora.

El reporte, a cargo de la División de Emprendimientos de Alta Complejidad, y la resolución del ministro incluyen advertencias y admiten riesgos sobre el conjunto de las obras. Si se lo lee de otro modo, se podría sostener que el emprendimiento encierra riesgos o impactos inadmisibles, y por lo tanto sería inaceptable. Pero no se llega a esa conclusión, porque se indican las correcciones o rectificaciones que deberían aplicarse para evitar esos impactos.

Podría sostenerse que eso no es mala cosa, pero el problema es que esa no es la finalidad de la evaluación del impacto ambiental. Los técnicos debían aclarar si consideran a los impactos inadmisibles por ser irreversibles, por ser imposible o dificultosa la solución de sus consecuencias, o porque no se cuenta con medidas de compensación o rectificación adecuadas. La finalidad no es corregir el proyecto original.

Es como si, al tramitar el certificado de salud laboral, el examen médico arrojara que su colesterol está por las nubes, tiene altísimos niveles de glicemia en sangre, las ureas en la orina están descontroladas y se detectó una arritmia cardíaca, y, por consiguiente, hay riesgos de un colapso. En un mundo normal, se denegaría ese certificado para tratar todos esos problemas. En este caso, se encontró un médico que escribe un largo informe indicando que el colesterol es muy elevado, pero con una dieta y medicación se solucionará, que esa diabetes se puede tratar con insulina y se indican soluciones sucesivas para cada padecimiento para, finalmente, concluir que el paciente estaría sano y se le otorga el carné de salud.

Más o menos eso es lo que ocurre con ese informe técnico. Algunas secciones se parecen a una consultoría por la cual se recomienda a las empresas los modos para mejorar su propuesta. Además, si se aplicaran todas las indicaciones que se prescriben, habría cambios sustantivos que derivarían en otro proyecto y, por lo tanto, se volvería indispensable presentar una nueva propuesta que debería transitar etapas como las de evaluación y consulta ciudadana.

Todo eso hace que la resolución ministerial, al contrario de lo que muchos dicen, en lugar de disipar las dudas, las incrementa. Incluso queda en evidencia que las nuevas autoridades ambientales deberían revisar los procedimientos por los cuales se llevan adelante las evaluaciones de impacto ambiental. Como puede verse, están en juego muchas cuestiones ambientales que necesitan respuestas innovadoras cuanto antes. 

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