Los decretos del 27 de junio de 1973 que clausuraron el Parlamento nacional y las 19 juntas departamentales fueron acompañados por disposiciones que prohibían atribuir intenciones dictatoriales al gobierno o establecían que se instalarían organismos no previstos constitucionalmente. Fueron el corolario –pero no el final– de una serie de decisiones y prácticas alejadas de la Constitución. En general, los abordajes historiográficos uruguayos, al igual que otros casos, parten de una escala nacional, por eso es muy común que se tome como referencia Montevideo, la capital del país. Esas opciones, legitimadas por la costumbre, si son complementadas con otras que aporten herramientas empíricas y teóricas sobre espacialidad, representatividad o escalas, podrían evitar homogeneizaciones y enriquec...
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