Tal vez haya sido porque ocurrió en una urbe, una de las más populosas de América Latina, que el asesinato de Marielle Franco conmovió y movilizó a tanta gente, dentro y fuera de Brasil. Tal vez haya sido porque la víctima había logrado salir del anonimato que supone la pobreza. Lo cierto es que cientos de militantes y dirigentes sociales son asesinados cada año en América Latina, pero en casi total silencio y cada vez son más. En 2017, 212 militantes sociales y de derechos humanos fueron asesinados en Latinoamérica, un 68 por ciento del total mundial, según la ONG Front Line Defenders. Quienes mueren defendiendo el derecho a la tierra, al agua limpia, a la protección de la naturaleza, a su cultura, al trabajo, a existir sin ser violentado o discriminado, no pueden esperar que se haga justicia. La mayoría de las veces sus asesinos permanecen impunes.
Alberto Acosta: asesinado el 1 de julio de 2017.
Massar Ba: apaleado a muerte el 7 de marzo de 2016
Diana Sacayan: apuñalada el 11 de octubre de 2015
Antonio María Vargas Madrid, víctima de la guerra por la coca
Isidro Baldenegro: asesinado el 15 de enero de 2017
El caso de Nilce Magalháes de Souza, «Nicinha»
Carlos Maaz Coc y la lucha por la protección del agua en Guatemala
