Los estragos del proyecto neoliberal en las últimas décadas han sido impactantes, tanto para la vida del planeta como para las dinámicas sociales de sus habitantes. Propuestas delirantes con consecuencias verdaderamente dramáticas se fueron transformando, cada día un poquito más, en realidades políticas y ambientales que tienen un impacto profundo y nefasto sobre la vida misma.
«Los efectos de la civilización que produce la mercantilización de todas las cosas, justamente anunciada por Marx –desde el agua, el mar y el sol, los órganos del cuerpo humano, la sangre, el esperma, el óvulo y el tejido fetal también se vuelven mercaderías–, son la debilitación del don, de lo gratuito, del ofrecimiento, del servicio, la casi desaparición de lo no monetario, lo que entraña la desaparición de valores que no sean el afán de ganancias, el interés financiero, la sed de riquezas…»1
El neoliberalismo ignora muchos imperativos categóricos y principios éticos que otrora nos parecieron inamovibles. Hablar de derechos en dicho contexto, salvo que refieran al mercado, es evidentemente una impertinencia. Los derechos no cotizan bien en la bolsa de valores. Es cierto que en nuestro país el proyecto neoliberal no ha sido asumido sin más y tuvo, incluso, sus malos momentos. Las oposiciones, a lo largo del tiempo, han sido recurrentes y varias veces, para sorpresa de muchos incrédulos, lograron imponerse. Hoy, una vez más, las organizaciones sociales y más de 400 mil firmas ciudadanas han vuelto a poner el debate sobre la mesa.
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El artículo 67 de la Constitución establece que «las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados». Para financiarlas, define un conjunto de «contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley» que, además, «no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados». Es bastante dudoso que el precepto constitucional se esté cumpliendo. En primer lugar, porque muchos jubilados no tienen «retiros adecuados» y, en segundo lugar, porque una buena parte de los fondos del sistema se utiliza, mediante las AFAP (administradoras de fondos de ahorro previsional), para «fines ajenos» al sistema.
En el actual período de gobierno la coalición conservadora se manifestó preocupada por la sustentabilidad del sistema y promovió su modificación. Con el apoyo de las cámaras empresariales, la reforma amplió de 30 a 35 los años de trabajo exigidos, engordó considerablemente el negocio de las administradoras privadas y mantuvo las contribuciones patronales en sus mínimos tradicionales2. Los trabajadores, aun estando en contra, fueron convertidos, una vez más, en los encargados de darle sustentabilidad al sistema.
De manera inesperada las firmas ciudadanas le salieron al paso a la nueva ley y lograron habilitar una consulta pública con el objetivo de reformar la constitución. El plebiscito propone hacer posibles los derechos jubilatorios con 60 años de edad y 30 de trabajo, equiparar las jubilaciones más bajas con el salario mínimo nacional y finalmente prohibir los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. La propuesta plebiscitaria entiende la previsión social como «un derecho humano fundamental» que ayuda a poner la vida «al servicio de la vida». Propone, por ello mismo, que sea la Constitución la que lo diga.
La coalición conservadora y el conjunto de las cámaras empresariales se manifestaron en contra de la iniciativa y le declararon la guerra. Desde entonces no han parado de asegurarnos distintas catástrofes apocalípticas. No veo en ello ninguna sorpresa. Defienden sus privilegios, tanto en términos de clase como en términos personales.
Aunque toda la oposición se manifestó en contra de la reforma de la seguridad social aprobada por el actual gobierno, la propuesta de modificar el artículo 67 de la Constitución no ha concitado la misma adhesión. En efecto, la consulta plebiscitaria promovida por distintas organizaciones sociales y algunos grupos frenteamplistas ha producido discrepancias importantes en el campo popular. Sus impulsores, que la consideran un paso más en la concreción del mandato ya establecido en dicho artículo constitucional, sostienen que permitiría «avanzar socialmente en clave humanista y humanizadora». Por el contrario, para 111 «frenteamplistas del ámbito de las ciencias económicas» que se manifestaron «por el no al plebiscito de la seguridad social» e hicieron públicos sus «argumentos económicos», la propuesta «tiene consecuencias injustas y genera efectos socialmente regresivos». La propuesta plebiscitaria partió las aguas.
Los 111 opositores sostienen que, si bien «el sistema de seguridad social requiere cambios profundos», el plebiscito «no es la solución». Afirman que «la mayoría de los trabajadores seguirán sin alcanzar su jubilación a los 60 años» y que «ni la ley del gobierno ni el plebiscito solucionan el problema de quienes no podrán jubilarse a esa edad por no tener suficientes años de aportes». Siendo cierto esto último, que «afecta a la mitad de los que hoy trabajan», el texto opositor no aclara los fundamentos para negar dicho derecho a los trabajadores que sí hayan alcanzado las condiciones exigidas.
La equiparación de las jubilaciones más bajas con el salario mínimo nacional es considerada, por los 111 opositores frenteamplistas, terriblemente contraproducente. Aseguran que no solo «el plebiscito no garantiza para el futuro una mejora de las pasividades mínimas», sino que también «genera un riesgo cierto de que algún gobierno futuro limite el aumento del SMN [salario mínimo nacional], perjudicando a las y los trabajadores de menores ingresos».3 Tengo la convicción de que las políticas espurias de los malos gobiernos no son un buen argumento en contra del plebiscito. Por el contrario, considero que la propuesta de las organizaciones sociales representa la oportunidad de promover la movilización política necesaria para asegurar que el salario mínimo nacional sea, más que un número asociado al ajuste, un derecho básico «al servicio de la vida» y respetuoso de la ley.4
El tercer punto de la propuesta plebiscitaria prohíbe «los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio». Curiosamente, para los 111 opositores frenteamplistas, «el plebiscito prohíbe el ahorro individual y promete pasividades cuyo pago no se va a poder sostener en el futuro». La primera afirmación evidentemente no da cuenta de la propuesta. El plebiscito prohíbe, como ya fue dicho, «los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio». Y ello es bastante lógico, visto que la propuesta, en su primer artículo, defiende un sistema fundado en la «solidaridad social intergeneracional e intrageneracional». La prohibición no obsta para que todos los ciudadanos mantengamos el derecho de guardar nuestros dineros en las cajas de ahorro individuales que ofrecen los bancos, sean públicos o privados.
La segunda afirmación es más que discutible. Primero, porque establece con desmedida certeza un conjunto de cifras hipotéticas a muy largo plazo y considerablemente sesgadas. Segundo, porque todos hemos visto otros conjuntos de cifras hipotéticas planteadas por otros economistas que afirman otros escenarios para nada apocalípticos. Tercero, porque ya hemos experimentado varias reformas fracasadas del sistema jubilatorio. Y, en cuarto lugar, y en particular, porque da por bueno un conjunto de calamidades sociales bastante cuestionables, cuyo aporte al debate público poco tienen que ver con sumar «argumentos económicos». El miedo, que siempre fue un recurso presente en el quehacer político de los poderosos, nunca fue un buen argumento.5
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En el trabajo ya citado, el filósofo francés Edgar Morin afirma que la economía, siendo «la ciencia social matemáticamente más avanzada», devino «la ciencia social y humanamente más retrasada». Para Morin, la «precisión formal» que la economía alcanzó la logró «olvidando la complejidad de la situación real». En este sentido, considera que «el saber económico se vuelve incapaz de prever las perturbaciones y el futuro, y se vuelve ciego a lo propiamente económico».
Los modelos matemáticos excesivamente estilizados, evidentemente, no dan cuenta de toda la realidad. La propuesta plebiscitaria afirma derechos. Derechos que benefician a los trabajadores y ayudan a poner la vida al servicio de la vida. ¿Cuánto valen cinco años? ¿Quiénes se benefician con los mínimos propuestos? ¿Consolidar un sistema basado en la solidaridad es bueno para nuestro futuro individual y colectivo? El plebiscito nos permite pensar y nos permite decidir.
Hagámoslo sin miedo.
- Edgar Morin y Anne Brigitte Kern, Terre-Patrie. Seuil, París, 1993. ↩︎
- Incluido el surrealista 1,9 por ciento que aportan los tradicionalmente quejosos dueños de la tierra. ↩︎
- ¿Acaso la reducción salarial no ha sido una constante de las políticas públicas de todos los gobiernos, salvo los frenteamplistas, de los últimos 50 años? Véase artículo de Daniel Olesker (La Diaria, 27-VI-24). ↩︎
- De acuerdo a la ley 10.449, «el salario mínimo es aquel que se considera necesario, en relación a las condiciones económicas que imperan en un lugar, para asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente, a fin de proveer a la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales». ↩︎
- El documento firmado por los 111 frenteamplistas opositores agrega algunos miedos finales. En particular, la bochornosa y ya mayor de edad hambre infantil o ese monumento a la impunidad nacional que se llama caja militar. Aunque ajenos al plebiscito, allí se presentan como temas asociados a su aprobación. Siempre, no lo olvidemos, «desde una perspectiva progresista y de izquierda, y pensando en el futuro del país» ↩︎
