Cuando el domingo 24 el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, decidió concederle el indulto a su antecesor Alberto Fujimori, que cumplía una pena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, se explicitó su alianza tácita con el fujimorismo, que data de los años noventa.
Perú acababa de pasar por una prueba de fuego institucional. Y luego, tras salvarse de ser destituido por el parlamento, el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, liberó a Alberto Fujimori, traicionando a los votantes que le permitieron ganar el balotaje contra Keiko Fujimori en 2016.
Despojado de intuición política y carente de experiencia fujimorista, al congresista de izquierda Marco Arana, de la coalición Frente Amplio, no se le pasó por la cabeza que su iniciativa terminaría devolviéndole poder al fujimorismo cuando pidió la vacancia presidencial por incapacidad moral, tras revelarse que el mandatario había mentido sobre su relación con la constructora Odebrecht. Mientras fungió como ministro y premier, Kuczynski habría recibido dinero de la trasnacional envuelta en numerosos escándalos de corrupción por toda América Latina.
Nadie intuyó que el pedido del ex cura y ecologista Arana terminaría sirviendo como una cortina de humo para liberar al ex presidente Fujimori. Pero cuando el pasado jueves 21 debía votarse en el Congreso la destitución del presidente –mientras la gran mayoría de los analistas ya llevaba una semana anunciando la salida de Kuczynski– la situación se revirtió rápidamente y éste terminó rescatado por la abstención de un puñado de legisladores encabezados por Kenji Fujimori, hijo del ex presidente encarcelado por corrupción y crímenes de lesa humanidad.
ORÍGENES DEL FUJIMORISMO. Kuczynski fue acusado de haber recibido pagos de Odebrecht durante su período como ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo (2003-2006). La historia comenzó cuando el hoy presidente fundó en 1992 –año del golpe de Fujimori– la consultora Westfield Capital para atender sobre todo a clientes que compraron parte de lo que el Estado peruano privatizó. Fue el momento de la implementación de las reformas neoliberales y del fuerte enriquecimiento de Kuczynski, de la mano del fujimorismo y del capital chileno, lo que selló sus lealtades.
La década del 90 encandiló a algunos jóvenes devotos del neoliberalismo –muchos hijos de prominentes izquierdistas– que trabajaban honestamente dentro del Estado operando las reformas.
La corrupción, el narcotráfico, los conflictos de interés de los abogados de los grandes bancos internacionales que trabajaban en el Ministerio de Economía o de los asesores del ministro de Economía nombrados por el Banco de Crédito no parecían preocuparles. Tampoco el robo de casi 6 mil millones de dólares de las arcas públicas. Muchos de ellos pensaban que esto era un precio menor a pagar por el objetivo de lograr una mayor eficiencia económica que genuinamente pensaban llevaría a captar mayores inversiones extranjeras y por lo tanto mayor crecimiento. Frente al reto de liberar el mercado, la naturaleza antidemocrática del régimen les resultaba un problema secundario. De allí surgió lo que en Perú se bautizó como “el fujimorismo”: liberal en lo económico pero conservador en lo político, y sobre todo descreído de la democracia como forma de gobierno.
Durante su campaña electoral de 2016, Kuczynski se presentó como un liberal genuino en lo económico y lo político, y nucleó a un grupo pequeño de gente entrenada en Estados Unidos para armar su proyecto político. Detrás existía la idea de una alianza natural con los fujimoristas; dos fuerzas de liberalismo económico para enfrentar a la izquierda.
Cuando el domingo 24 de diciembre Kuczynski decidió concederle el indulto por gracia presidencial a su antecesor, que cumplía una pena de 25 años de cárcel, la alianza tácita de los años noventa se explicitó.
DETERIORO INSTITUCIONAL. A lo largo de los noventa el Foro Democrático, conformado por un pequeño grupo de intelectuales y artistas, promocionó en Perú la importancia de la institucionalidad en el país. La lista de golpes de Estado peruanos en el siglo XX es más larga que la de los gobiernos electos, y el inicio del siglo XXI no podía seguir por ese camino. Fue esta idea la que movilizó a la población y logró derribar al fujimorismo mediante marchas callejeras. Algunas fueron lideradas por el Foro Democrático, otras no. Pero en julio de 2000 luego de que 600 mil personas salieran a la calle, la “eminencia” del régimen, el ahora encarcelado Vladimiro Montesinos, partió hacia Panamá en un avión del Banco de Crédito. Luego se fugó el propio Fujimori y se instaló en Japón.
Así, a fines del año 2000 se recuperó la democracia política y pocos meses más tarde fueron convocadas elecciones, en las que el 28 de julio de 2001 Alejandro Toledo resultó electo presidente. Sus promesas electorales fueron incumplidas cuando resultó acusado de haberse enriquecido en decenas de millones de dólares gracias a sobornos de Odebrecht. Hoy se encuentra en Estados Unidos –gracias a su pasaporte de ese país– y pesa sobre él un pedido de extradición.
Cuando en 2005 Alberto Fujimori viajó a Chile fue denunciado y luego extraditado a Perú, por lo que desde entones se encontraba en la cárcel en Lima.
El otrora centroizquierdista Alan García regresó a la presidencia en 2006, esta vez dando un paso a la derecha, tal como lo hicieron entre otros Michael Manley, de Jamaica, y Felipe González, de España. García nunca explicó del todo su inmenso desbalance patrimonial –el ex presidente percibe alrededor de 5 mil dólares mensuales de jubilación, pero mantiene a dos familias a todo tren con casas en París, Madrid y Lima–, y aunque existe la convicción popular de que es un gran corrupto, nadie le pone el cascabel al gato. A García lo siguió Ollanta Humala, quien junto a su esposa se encuentra en la cárcel por haber recibido dinero de Odebrecht. La crisis política peruana es, pues, profunda.
En este marco, la eventual destitución de Kuczynski aportaba tan sólo un granito más a la descomposición de las instituciones políticas. El juicio político para vacar la presidencia por “incapacidad moral” de Kuczynski –por sus relaciones empresariales– fue impulsado por una fracción de la izquierda y rápidamente fue liderado por los fujimoristas.
Resulta paradójico que quienes ahora afirman tener autoridad moral para acusar al presidente sean quienes apoyan a Alberto Fujimori, que en 1992 instaló la república empresarial en Perú y que se encontraba en la cárcel.
El presidente peruano fue salvado, el jueves 21 de diciembre, por la izquierda que prefiere un liberal a un conservador antidemocrático en la presidencia, y un profesional dudoso a una banda de delincuentes en el gobierno.
La construcción de la institucionalidad política ha sido un tema central para la mayor parte de la izquierda peruana desde los años setenta. El voto universal es el resultado de una propuesta de la izquierda para la Constitución de 1979. La posibilidad de tener un gobierno honrado que claramente defienda los intereses populares es vital en la república de los empresarios, donde no parecen haber buenos.
Y lo que está en cuestión en Perú es la estructura democrática. El fujimorismo, que en 2016 se congratuló de su retorno con mayoría absoluta en el parlamento, ha conseguido despedir al contralor general de la república y suplantarlo con otro de su agrado. También intenta despedir al fiscal de la nación, que está investigando la corrupción de su líder, Keiko Fujimori, y a Alan García en el caso Odebrecht. La Fiscalía había citado a Keiko Fujimori para el miércoles 20 de diciembre, pero ella pidió y consiguió un aplazamiento. El fujimorismo igualmente ha intentado echar a dos magistrados del Tribunal Constitucional (como hizo Fujimori padre en 1997) para nombrar en su lugar a dos jueces propios. En este contexto, la esperada destitución del presidente, el jueves 21, era la última etapa, no la primera, de lo que algunos han llamado un “golpe constitucional”.
Para allanar el camino y mostrar su poder, el fujimorismo ya le ha censurado cinco ministros a un gobierno que sólo lleva 15 meses en funciones. Tal es la debilidad de Kuczynski, que no los defendió en el Congreso, por entender que el fujimorismo era su aliado en cuestiones económicas.
El jueves 21, 78 legisladores votaron a favor de la vacancia presidencial, 21 se abstuvieron y 18 votaron en contra, un resultado que no alcanzó para concretar la destitución de Kuczynski. Un grupo de diez legisladores del partido fujimorista Fuerza Popular, liderado por Kenji Fujimori, votó a favor del presidente.
EL INDULTO. La noche del 24 de diciembre Kuczynski firmó un indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori. Pero ya desde junio pasado el presidente venía mencionando la posibilidad de concederle la gracia presidencial a su antecesor encarcelado, y ahora le habría servido de carta de negociación para no ser destituido.
El parlamento hizo un esfuerzo por no destituir a un presidente que ganó “por un pelo” en las elecciones de 2016, y lo rescató el 21 de diciembre pasado por otro pelo con el retiro de diez votos de la izquierda y otros del fujimorismo. Pero la maquinaria para liberar al reo Fujimori ya se había puesto en marcha al menos desde setiembre pasado. Y por eso es posible que el pedido de vacancia fuera parte de la escenografía de esa obra.
También circularon versiones de que el jueves 21, mientras se desarrollaba el juicio político en el Congreso, Alberto Fujimori habría llamado a Kuczynski y le habría ofrecido votos a cambio del indulto. Y habría sido de esta manera que una porción del fujimorismo votó a favor de mantenerlo en la presidencia.
PASO A PASO. Cuando circularon estas versiones, la primera ministra, Mercedes Aráoz, salió a decir ese 21 de diciembre que el indulto no se negociaba. Lo cierto es que bajo el liderazgo de Aráoz se organizó una trama que involucró a los ministerios de Salud y de Justicia.
En setiembre de 2017, cuando Kuczynzski venía anunciando su deseo de liberar a Fujimori como una manera de obtener el apoyo del fujimorismo en el Congreso, hubo cambios en su gabinete que, se entiende, tenían ese fin.
El 11 de setiembre asumió Enrique Mendoza como nuevo ministro de Justicia, remplazando en el cargo a Marisol Pérez Tello, quien en reiteradas ocasiones había descartado o cuestionado públicamente la posibilidad de indultar a Fujimori. El 12 de octubre pasado el nuevo ministro de Justicia cambió al presidente y a los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales (Cgp). El designado como nuevo presidente de la Cgp renunció seis días más tarde y fue sustituido el 7 de noviembre por el viceministro de Justicia. Con esa movida el Ministerio de Justicia ya estaba listo para firmar el indulto.
El 11 de setiembre asumió como nuevo ministro de Salud el vicealmirante retirado Fernando D’Alessio, y en simultáneo con el cambio en el Ministerio de Justicia fue sustituido el director de Redes Integrales de Salud Lima Este. Esta es la zona donde se encuentra el penal en el que estaba preso Fujimori. D’Alessio puso como director de Redes al marino retirado Luis Champin Loli, que no sabe nada de salud pública ni de gerencia de servicios de salud, pero que trabajó con él en Centrum, de la Universidad Católica. El objetivo de Champin era nombrar una junta médica penitenciaria conformada por el médico de Fujimori, Juan Postigo Díaz, y por otros dos: Víctor Amado Sánchez y Guido Hernández Montenegro, para obtener un informe favorable al indulto por razones humanitarias. La trama del Ministerio de Salud fue descrita al detalle por el economista Pedro Francke (sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com, 25-XII-17).
Una junta médica penitenciara anterior había dicho en 2013 que Fujimori no tenía un cáncer en etapa terminal. Ahora el informe médico dice básicamente que Fujimori está anciano y que tiene que ser controlado médicamente, más o menos como cualquier persona mayor. Y argumenta que el cáncer que padece podría reaparecer si se mantiene la condición carcelaria. Hace cinco años que está en remisión un cáncer en la lengua que le apareció en 1997.
Esta maniobra que colocó al médico de Fujimori en la junta médica penitenciaria ocurrió bajo el mando de dos ministros del gabinete Aráoz. Así que cuando ella dijo –durante el debate en el Congreso el jueves 21– que su gobierno “no negocia indultos”, es posible que ya supiera cómo iba este indulto desde antes del pedido de vacancia. En todo caso es la responsable política directa.
Ya con los preparativos para la gracia presidencial en proceso, el 15 de diciembre Alberto Fujimori solicitó su indulto, pero la crisis política desatada por el pedido de la vacancia ocultó ese hecho.
Kuczynzski ganó el balotaje presidencial gracias al 50,5 por ciento de los electores peruanos, muchos de los cuales expresaron entonces un voto contra el fujimorismo. Ahora, en cambio, es el presidente de los fujimoristas.
* Integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la Unam, Sni-Conacyt, coordinador de www.obela.org
