«Y se lavó las manos», tituló Brecha en su portada del 28 de marzo. La cobertura aludía a la decisión tomada el día anterior por el gobierno de Yamandú Orsi de mantener la Oficina de Innovación y Emprendedurismo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), inaugurada en la ciudad de Jerusalén durante las últimas semanas de gestión de Luis Lacalle Pou. «Se ensució las manos» podría también haber sido el título. Hay veces –hay veces– que los contrarios dicen lo mismo.
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El martes 8 la Universidad de la República (Udelar) sacó la cara por el Estado uruguayo. En lo que estaba a su alcance, bien se puede sostener que en gran medida se la limpió. Esa noche, su Consejo Directivo Central (CDC) resolvió pedir el cierre de la oficina, cuyo funcionamiento no le pareció al gobierno actual que violara ninguna disposición de Naciones Unidas (o su espíritu) ni que pudiera ser éticamente reprochable. La oficina está asociada a la Universidad Hebrea de Jerusalén, una de las tantas instituciones académicas israelíes que colaboran con un Ejército que desde hace más de año y medio está llevando a cabo en tierras palestinas lo que varias de las agencias y altos funcionarios de Naciones Unidas ya han asimilado a un genocidio. La Universidad Hebrea alberga además una base militar y está en buena parte construida sobre terrenos arrebatados a palestinos, convertidos, en la práctica, en asentamientos ilegales, en clara violación a resoluciones de las Naciones Unidas. Ese pequeño detalle motivó en varias ocasiones a universitarios de todo el mundo a boicotear foros y eventos desarrollados en el campus Monte Scopus de la Universidad Hebrea. Al gobierno progresista le bastaba –si no quería entrar en honduras sobre el «conflicto» ni condenar el genocidio, puntos que visiblemente le molestan y lo han conducido a sus abluciones– tener en cuenta esos detalles para al menos llamarse a la prudencia y abstenerse de mantener una representación oficial en un sitio tan múltiplemente cuestionado. El CDC de la Udelar sí los tuvo en cuenta para pedir el cierre de la oficina cuando en su sesión del 8 de abril votó por unanimidad de sus 17 miembros presentes un proyecto de resolución elaborado por el orden docente y completado por el estudiantil.1 El texto aprobado va más allá del pedido de cierre de la oficina de la ANII y encarga a la Facultad de Derecho un informe que establezca «si es correcto considerar que, a raíz de los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia, la Udelar debería revisar su cooperación con instituciones israelíes». La revisión recae sobre todas ellas, partiendo de la base de que ninguna de las universidades israelíes se ha manifestado en contra de «la destrucción sistemática del sistema educativo y especialmente universitario de Gaza por parte del gobierno israelí, incluido el asesinato de profesores y autoridades, estudiantes y funcionarios». Según cifras avaladas por Naciones Unidas, entre los más de 51.700 palestinos asesinados en la Franja desde octubre de 2023, hay más de 12.700 estudiantes y casi 900 profesores y funcionarios de establecimientos educativos. Más del 80 por ciento de escuelas, liceos y bibliotecas han sido total o parcialmente destruidos y no hay ninguna universidad en pie. «Escolasticidio» lo llamaron algunos de los integrantes del CDC el martes 8.
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Cuando creó la oficina de la ANII en Jerusalén, el gobierno de Lacalle Pou la justificó como una «acción política». Al mantenerla, el actual de Orsi la explicó como producto de «un acuerdo universitario», según palabras del canciller Mario Lubetkin. «Necesitamos innovación, conocimiento, ciencia y tecnología», dijo el ministro en el Parlamento. Y también: «Nuestro único límite son las resoluciones de Naciones Unidas». Gregory Randall, docente de la Facultad de Ingeniería y uno de los que ha llevado la voz cantante en este tema dentro de la Udelar, criticó a unos y otros. Sobre el gobierno anterior dijo que actuó «de manera coherente con sus posturas: en Naciones Unidas votó casi siempre alineado con Israel, apoyando en los hechos el genocidio en Gaza y el apartheid en Cisjordania». Y respecto a la posición del Ejecutivo actual, dijo a Brecha que, para «acceder a los conocimientos» que se dice estar buscando, «no se tiene por qué ser cómplices de un genocidio». ¿Viola el gobierno uruguayo resoluciones de Naciones Unidas? El CDC lo sugiere al recordar en su texto «el reiterado pronunciamiento de la ONU en el sentido de no innovar en el estatus especial de la ciudad de Jerusalén». Federico Vassallo, integrante del Consejo Federal de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), puso el acento en otro punto, el del compromiso de la Udelar con «asuntos de interés general, como se lo encomienda su carta orgánica. Y vaya si es de interés general lo que está sucediendo ahora en Palestina». El gobierno de Orsi, dijo Vassallo a Brecha, «pretende separar la investigación universitaria en Israel de las acciones que está llevando a cabo ese país en Gaza. Son inseparables, más aún teniendo en cuenta que la tecnología israelí tiene el sello de “probada en territorio”, lo que significa muy concretamente que ha sido probada en cuerpos palestinos». Tanto Randall como Vassallo destacaron que la resolución del CDC fue consecuencia de un «proceso de discusión de meses». El del martes 8 fue un pronunciamiento que va en el sentido de las «mejores tradiciones de la Udelar», dijo el docente. La FEUU se propone llevar el tema a las distintas facultades. «Sería bueno que en la de Información y Comunicación se aborde lo que está pasando con los periodistas en Gaza, o en la de Medicina lo que está sucediendo con el personal médico», comentó Vassallo.
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El gobierno actual puede «no escuchar lo que resolvió la universidad pública. Es probable que no lo escuche –esperemos que sí lo haga–, pero debe recordar que la Udelar es parte del Estado y que representa a la gran mayoría de los investigadores de este país», planteó Randall. Ayer, jueves, Orsi dijo en conferencia de prensa que «apoyará todo lo que conduzca a la paz», pero consideró que «no está seguro» de que la postura de la Udelar «contribuya» a ese camino.2 Si la oficina de la ANII finalmente se mantuviera, el CDC ya resolvió que no colaborará con ella en «ningún proyecto». Estará «vaciada de sentido» y el gobierno se estaría colocando, además, «al menos en ese punto», en la misma vereda que el anterior, afirmó Vassallo. Varios puntos que se unen hacen una línea.
- El decano de la Facultad de Veterinaria, José Passarini, se retiró de sala en el momento de la votación, por lo que no se contabilizó como voto contrario a la resolución. ↩︎
- También el Frente Amplio pidió el cierre de la oficina de la ANII. «Una cosa es la fuerza política, otra cosa es el gobierno», comentó el canciller Lubetkin en rueda de prensa luego de su comparecencia en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. ↩︎
