En las últimas semanas, el Estado español redobló su apuesta de criminalizar el independentismo en Cataluña. A poco de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes de ese movimiento, Madrid intenta deslegitimarlo con un relato que abunda en conspiraciones y tramas terroristas.
Quinientos efectivos de la Guardia Civil, cumpliendo órdenes
del juez Manuel García‑Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción
número 6 de la Audiencia Nacional (tribunal de excepción competente en delitos
de terrorismo), se desplegaron por Barcelona y otras seis localidades más
durante la madrugada del lunes 23 de setiembre. Tras el registro de una docena
de locales y viviendas, fueron detenidos nueve independentistas relacionados
con los Comités de Defensa de la República (Cdr).
Tres dí...
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