En las últimas semanas, el Estado español redobló su apuesta de criminalizar el independentismo en Cataluña. A poco de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes de ese movimiento, Madrid intenta deslegitimarlo con un relato que abunda en conspiraciones y tramas terroristas. Quinientos efectivos de la Guardia Civil, cumpliendo órdenes del juez Manuel García‑Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (tribunal de excepción competente en delitos de terrorismo), se desplegaron por Barcelona y otras seis localidades más durante la madrugada del lunes 23 de setiembre. Tras el registro de una docena de locales y viviendas, fueron detenidos nueve independentistas relacionados con los Comités de Defensa de la República (Cdr). Tres dí...
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