Primero vinieron por los socialistas
Y yo dije nada porque no era socialista
Luego vinieron por los sindicalistas
Y yo dije nada porque yo no era sindicalista
Luego vinieron por los judíos
Y yo dije nada porque yo no era judío
Luego vinieron por mí
Y no quedó alguien para hablar por mí.
Martin Niemöller, pastor luterano
Desde el momento en que lanzó su primera campaña presidencial, en 2015, Donald Trump denigró a los inmigrantes; en la campaña de 2024, los calificó de «alimañas que envenenan la sangre de la nación» y prometió la deportación más impresionante de la historia.
Pero la tarea es grande.
Paso a paso.
En Estados Unidos hay unos 48 millones de inmigrantes, esto es el 14,5 por ciento de la población. De ellos, unos 11 millones son inmigrantes indocumentados (Trump ha dicho que los indocumentados suman 21 millones). De esos inmigrantes, según la Oficina del Censo, poco más de 900 mil son venezolanos, menos del 2 por ciento del total. Y, entre ellos, algunos cientos han cometido crímenes o están vinculados a pandillas violentas.
En días recientes las pantallas repitieron escenas de decenas de hombres, vestidos con camisetas y pantalones cortos blancos, con la cabeza rapada, encadenados de pies y manos y forzados a marchar entre filas de policías pertrechados para disturbios hacia aviones y desde aviones en una deportación expedita.
El gobierno de Trump afirmó que los expulsados son miembros de la pandilla criminal venezolana Tren de Aragua e invocó la Ley de Extranjeros Enemigos, que data de 1798, para el envío de más de 200 hombres a las cárceles de El Salvador. El juez federal James Boasberg demandó que el gobierno de Trump cesara las deportaciones; el presidente, desafiando la orden judicial, despachó a otros cientos de individuos a Venezuela. Cada uno de los acusados «niega de manera vehemente» su vinculación con Tren de Aragua, señaló Boasberg. «Por lo tanto, cada uno de ellos tiene derecho a audiencias y no puede ser deportado hasta que un tribunal decida sobre los méritos de su reclamo.»
Trump calificó a Boasberg como «un revoltoso y un agitador» y afirmó que los jueces federales deberían estar expuestos a juicios políticos (impeachments). Desde su red social X, Musk también ha estado atacando a los tribunales.
En Estados Unidos hay 91 tribunales de distrito federal y 13 tribunales federales de apelación, en los que operan unos 1.770 jueces que son designados y confirmados por el Senado para los cargos de manera vitalicia.
La jueza Patricia Millet, del Tribunal Federal de Apelaciones en el Distrito de Columbia que recibió la orden del gobierno, afirmó que «hubo aviones repletos de gente. No hubo procedimientos establecidos para las notificaciones. A esa gente no se le dio aviso. No se les dijo a dónde iban. No hubo oportunidad de presentar habeas corpus o cualquier gestión para contrarrestar la expulsión».
Ante el reclamo de los tribunales de información acerca de los hombres deportados, el gobierno de Trump se amparó, nuevamente, en la ley de 1798.
«El tribunal tiene todos los hechos que necesita para dirimir las cuestiones que tiene por delante», según la secretaria de Justicia, Pamela Bondi. «Más intrusiones en el Poder Ejecutivo presentan daños peligrosos y plenamente injustificados sobre la separación de poderes con respecto a las preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional sobre las cuales el Tribunal no tiene competencia. La información que pide el Tribunal está sujeta al privilegio de secreto de Estado porque su divulgación presentaría un peligro razonable para la seguridad nacional y los asuntos externos.»
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, en una rara declaración pública, apuntó que «algunos funcionarios públicos, lamentablemente, se han involucrado en intentos recientes de intimidar a los jueces, sugiriendo parcialidad política en las decisiones adversas del juez sin un sustento válido para tales alegaciones».
«Los intentos de intimidar a los jueces por sus fallos en casos son inapropiados y deberían ser enfrentados vigorosamente», agregó Roberts, que ya ve que se eleva la marea de casos contra Trump que llegarán al tribunal máximo del país. Tras esto, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, de Luisiana, siempre listo para facilitar los empellones de Trump, propuso que el Congreso reduzca el número de tribunales federales. El secretario de Estado, Marco Rubio, añadió que inmigrantes que son residentes permanentes legales y aun ciudadanos estadounidenses podrían terminar en el zoológico para humanos en El Salvador.
Afuera de los recintos judiciales, lo que ha quedado grabado en el territorio de la opinión pública son las imágenes de esos prisioneros sin rostros ni nombres encadenados y arreados como animales en cumplimiento de la «gran deportación» prometida por Trump.
En el torbellino cotidiano que el gobierno de Trump causa con medidas, amenazas, despidos de empleados públicos y giros de política internacional, el destino de esos inmigrantes indocumentados pasa casi desapercibido para los estadounidenses.
ENSANCHANDO
Según un aviso publicado el viernes 28 en el diario oficial Federal Register, el gobierno de Trump revocará el estatus de protección temporaria de unos 530 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. A la vista de que la opinión pública no se inquieta por la deportación forzada de unos cientos de supuestos pandilleros venezolanos, se ensancha la redada un poquito más. El Estatus de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés, lo creó el Congreso en 1990 para darle al Poder Ejecutivo la autorización para, en el caso de desastres naturales o violencia en ciertos países, otorgar un amparo temporario con permiso de trabajo para los ciudadanos de esos países. Esta designación es una atribución del Poder Ejecutivo. Aproximadamente 864 mil personas están actualmente amparadas por el TPS. No son inmigrantes indocumentados, sino que están registradas, documentadas, autorizadas a trabajar. Las hay de Venezuela (344.300), Haití (200 mil), El Salvador (180 mil), Honduras (54.300) y Nicaragua (2.300) en una lista de países que incluye a Ucrania, Afganistán, Nepal, Siria, Camerún, Etiopía, Yemen, Sudán, Somalia y Sudán del Sur.
El Salvador, que negoció un buen acuerdo para mantener enjaulados a los deportados desde Estados Unidos, y Honduras se salvaron del fin del TPS que afecta a otros países latinoamericanos. Sin TPS, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y cubanos, muchos de los cuales están desde hace décadas en Estados Unidos, quedan expuestos a la próxima oleada de deportaciones, que probablemente tampoco conmoverá a la opinión pública.
Mientras tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se apresta a añadir para los extranjeros que viven en el país y tramitan su residencia legal permanente (la famosa «tarjeta verde») o tienen asilo el requisito de que sus media handles den cuenta de los nombres que usan en las redes sociales. El USCIS indicó que esta medida es necesaria «para mejorar la verificación de identidad y la vigilancia de la seguridad nacional». Y, en otra medida cuestionada ante los tribunales, Trump les ha pedido que «reinterpreten» la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, según la cual toda persona nacida en territorio estadounidense tiene derecho a la ciudadanía, con excepción de los hijos de diplomáticos extranjeros.
Trump propone que se niegue la ciudadanía por nacimiento a las niñas y los niños nacidos en el país si sus madres o padres no son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. Decenas de las acciones emprendidas en dos meses por el gobierno se enfrentan a querellas judiciales que, en una crisis constitucional en cámara lenta, se mueven hacia la Corte Suprema. Cada una de estas medidas afecta a grupos minoritarios y poco molesta a la mayoría de los estadounidenses. Cada una de ellas, con la adecuada manipulación mediática y la retórica xenófoba de Trump, acostumbra a la ciudadanía a la indiferencia ante la suerte que corran esos otros que no somos nosotros.
