La cautela es la tónica dominante en los primeros juicios sobre los anuncios presidenciales de la noche del martes para enfrentar la gravedad de la situación sanitaria del país. Hay una suerte de circunspección ante la tibieza de las medidas propuestas tras cinco horas de sesión del Consejo de Ministros, como si la crítica jugara a favor del enemigo, el coronavirus.
Esa cautela se enfoca principalmente en una reticencia a calificar el momento en que se adoptan esas medidas, en su oportunidad. Insuficiencia y oportunidad trasnochada son los dos principales componentes de las críticas que tibiamente van apareciendo. «Que me juzgue la historia», atajó el presidente Luis Lacalle cuando un periodista le preguntó si hubo demora en la toma de decisiones sobre la movilidad, a diferencia de su colega alemana Angela Merkel, quien, en una situación muy parecida, no dudó en pedir perdón al pueblo alemán por una iniciativa que se consideró inadecuada.
Aunque las comparaciones en estos casos siempre resultan esquemáticas, la política de Lacalle sobre la pandemia se asemeja más a la de Jair Bolsonaro que a la de Merkel, si se descarta, claro, el manejo de imagen que lo identifica más con Mauricio Macri, una receta más bien canchera que se aplica como un guante a cualquier situación.
Lacalle no ha llegado al extremo de Bolsonaro, que recién ahora admite el uso del tapabocas, cuando la cifra de víctimas trepa a casi 300 mil muertos; en particular no se le puede achacar el negacionismo cretino del presidente brasileño, pero ambos comparten las razones por las que, en uno y otro lado, se producen las reticencias.
Pasado un mes largo desde que los científicos alertaran sobre las proyecciones de la pandemia en el país y ante la conmoción por los 2.700 infectados que se registraron en un solo día, el gobierno accedió a considerar restricciones a la movilidad. La reacción fue calificada de insuficiente y, en todo caso, las medidas concretas adolecieron de una sospechosa vaguedad. El presidente Lacalle se adelantó a las críticas afirmando que el concepto guía era la defensa de la libertad, que calificó como un principio filosófico; volvió a esgrimir la consigna de la «libertad responsable» para justificar el rechazo a cualquier limitación y restricción obligatoria, salvo las «aglomeraciones» callejeras, para las que dio vía libre de represión.
Es cierto que algunas medidas que en principio parecen adecuadas, como el cierre de los shoppings, encierran dificultades logísticas que pueden generar problemas para el acceso a determinados servicios. El regreso a la limitación a la mitad de la capacidad de transporte en los ómnibus interdepartamentales tiene que ver con la expansión del virus en todo el territorio nacional, pero esa medida, en principio, es inaplicable para el transporte capitalino sin una drástica reducción de la movilidad. Otras medidas, como el cierre de las fronteras entre departamentos, ni siquiera han sido consideradas, aun después de que se confirma la propagación de la variante brasileña del virus, mucho más contagiosa, que obviamente comenzó a esparcirse desde la frontera con Brasil.
Particularmente interesante es la decisión de cerrar los free shops en las ciudades limítrofes con Brasil. Quien haya caminado por las calles céntricas de Rivera sabe que el visitante brasileño no se limita a concurrir a un free shop: come en restoranes, se sienta en cafeterías y hurga en todos los comercios. Entonces: ¿en qué medida esta resolución reducirá el tamaño de las caravanas de ómnibus que los fines de semana llegan a la frontera uruguaya desde el interior de Brasil? Cualquiera sea el impacto, es claro que la decisión sólo tiene una intención: dar una señal, porque no tendrá efecto sobre la «importación» del virus desde Brasil.
Para que así fuera, sería necesario un blindaje de la frontera, con todas sus consecuencias sociales y económicas, cuya implementación sería por demás dificultosa, aun cuando se eliminara la determinación de no aplicar restricciones obligatorias.
La explicación sobre las razones del mantenimiento de la libertad responsable se apoya en la determinación gubernamental de no restringir la actividad económica, aunque implique un alto costo. Para restringirla habría que asumir el desembolso de recursos monetarios para salvar empresas y puestos de trabajo y para atender las situaciones sociales críticas, y eso es lo que produce retorcijones a los conductores de la política económica, esa misma política que, en el drama social de la pandemia, procura disimuladamente avanzar en las privatizaciones del puerto, de las comunicaciones, del agua.
