Corría el año 1975. Una veintena de funcionarios de la Administración Nacional de Puertos (Anp) fueron detenidos por su presunta participación en actividades subversivas en su ámbito laboral. Se los acusaba de un supuesto contrabando de armas y de una serie de robos ocurridos en el puerto. Estuvieron más de cien días detenidos en el Batallón de Infantería número 2. Fueron interrogados y torturados. Uno de ellos, Omar Rodríguez, falleció estando detenido.
Años después un grupo de esos trabajadores portuarios presentó una demanda civil contra el Estado por los apremios físicos sufridos en su detención. Y ganaron. La justicia condenó al Mdn a indemnizar con 15,7 millones de pesos a 12 funcionarios –o a sus familiares– por el accionar ilícito del personal militar. El fallo de la Suprema Corte de Justicia –dictado en 2002– refirió al “trato humillante y despersonalizador” sufrido por los funcionarios de la Anp, “consistente en toda clase de apremios físicos, interrogatorios y torturas”. “Los padecimientos sufridos por los detenidos deben reputarse excepcionalmente graves, en tanto debieron pasar por una situación de permanente angustia y de zozobra, diariamente renovada, sin saber qué sería de ellos”, agregó la Corte. También se tuvo en cuenta que los trabajadores permanecieron detenidos en el cuartel “pese a que la justicia había determinado que no habían cometido delito alguno y decretado su libertad”.
Frente al fallo adverso, el Estado decidió presentar ante la justicia civil una acción de repetición contra los cinco militares mencionados en el expediente, como forma de que estos reintegren al Mdn la indemnización que debió abonar a las víctimas por las consecuencias de sus actos. El ministerio argumentó que actuaron con falta grave y dolo en el ejercicio de sus funciones.
La demanda está dirigida contra los militares José Castro Díaz –hoy fallecido–, Germán Carbone, Julio Tate y Roberto Ramírez. El quinto demandado es el coronel (r) Ángel Neira, cuyo nombre fue impulsado en el año 2000 por el gobierno de Jorge Batlle para asumir como conjuez militar de la Scj.1 La designación de Neira fracasó en el plenario de la Cámara de Senadores al no alcanzar los votos necesarios para aprobar la venia; la negativa se basó en las denuncias impulsada por los ex funcionarios de la Anp.
Uno de los denunciantes fue Alfonso Sanjuan, autodefinido como votante del Partido Colorado y amigo personal del ex presidente Batlle. “Cuando tuve conocimiento de esta propuesta fui personalmente a la casa de gobierno para hacerle llegar toda la documentación (…), con las cuatro instancias judiciales cumplidas y todas las acusaciones donde figura, entre otros, el papel del coronel retirado Ángel Neira”, declaró Sanjuan (El Espectador, 2-VIII-00).
Esta acción de repetición fue presentada en diciembre de 2017, el mismo día en que se presentaron las demandas contra el capitán de navío Juan Carlos Larcebeau por hechos similares, pero no había trascendido hasta hoy. Larcebeau, condenado en el marco de la investigación por los traslados clandestinos de presos políticos en 1978, enfrenta dos juicios por 352 mil dólares; la cifra refiere a las indemnizaciones que debió pagar el Mdn a dos hijos de sus víctimas (Brecha, 29-VI-18). n
- Los conjueces actúan junto a los ministros de Corte ordinaria para “conocer y resolver o calificar” los recursos de casación de los procesos tramitados ante la justicia militar.
