La crisis de gobierno de Javier Milei crece cada semana. Mientras los alimentos del ex Ministerio de Desarrollo Social siguen acopiados en galpones y casi la mitad de los argentinos está bajo la línea de pobreza, el Ejecutivo sostiene a Sandra Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano, la entidad que absorbió las carteras de Desarrollo Social, Trabajo, Educación, y Mujeres y Género. El propio Milei dice que es «la mejor ministra en el área social desde el regreso de la democracia».
Argentina es conocida por ser uno de los países con mayores caudales de alimentos, una de sus principales fuentes de divisas. Irónicamente, alimentos es lo que falta en los hogares de sus habitantes. En un contexto de recesión económica y alta inflación, la comida escasea en las casas de trabajadores que antes tenían para poner un plato de comida en la mesa y hoy tienen que acudir a la ayuda de los comedores o merenderos.
Ya en febrero, el dirigente social Juan Grabois advirtió que el Ministerio de Capital Humano había dejado de entregar alimentos a las organizaciones sociales que acercaban la comida a los comedores. A partir de una investigación periodística y de la propia denuncia de Grabois, se conoció que había más de 5 mil toneladas de productos acopiados en galpones. Algunos de ellos ya estaban vencidos, mientras que 340 toneladas de leche en polvo tienen próximo vencimiento: en julio de este año.
Mientras la información se difundía, el gobierno optó por aplicar distintas estrategias. Primero, dijo por medio del vocero presidencial que no había alimentos próximos a vencer y que en su gran mayoría se trataba de yerba mate y no de comida propiamente dicha. Después, las autoridades explicaron que, en realidad, se trataba de productos para ser utilizados en caso de una emergencia –a fines de 2023, ya con la actual gestión, hubo un temporal en Bahía Blanca que produjo destrozos y los alimentos no fueron entregados–. Cuando se volvió insostenible el relato y la Justicia obligó al ministerio a elaborar un plan de entrega de esos alimentos, Pettovello apeló en la causa y anunció que solo repartiría la leche en polvo con vencimiento en julio.
El fundamento central del Poder Ejecutivo radica en la responsabilidad que le adjudica a las organizaciones sociales, a las que denomina «gerentes de la pobreza» por ser intermediarias en la entrega de comida entre el Estado y los comedores o merenderos. Según la versión que busca instalar el gobierno, hubo un aprovechamiento fraudulento por parte de estas organizaciones, al tiempo que existirían «comedores fantasma». Según una auditoría que se realizó desde el ministerio al Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, solo se habían podido relevar el 52,3 por ciento de los comedores registrados, mientras que el 47,7 por ciento restante no funcionaría más como tal. Desde la cartera de Pettovello afirman que «el 25 por ciento de las direcciones no existen o allí nunca funcionó un merendero».
Lo cierto es que el mencionado registro es una dirección web en la que se anotan quienes tienen intención de funcionar como comedor o merendero, no quienes efectivamente lo logran. Cualquiera puede ingresar a la web y anotarse, y eso no garantiza el envío de la comida en manos del Estado. Tampoco se dice allí qué recibe cada comedor.
Esto se suma a la realidad que viven quienes están detrás de los comedores, que en su gran mayoría son mujeres. Lo que cuentan las que están en las hornallas es que en muchos casos tuvieron que empezar a abrir un solo turno. Al mediodía o a la noche, ya no ambos. También están los casos en que directamente tuvieron que reducir la cantidad de días a la semana que abren sus puertas a la comunidad. La comida no alcanza. El gobierno nacional dejó de enviar las provisiones, mientras que la cantidad de gente que se acerca a los merenderos aumenta.
LAS CIFRAS DEL HAMBRE EN ARGENTINA
En su última medición, publicada en marzo de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló que la pobreza alcanzó el 41,7 por ciento en el segundo semestre de 2023 y que el 11,9 por ciento de la población quedó por debajo de la línea de indigencia. De esta manera, 2023 terminó con 19,4 millones de argentinos pobres y 5,5 millones bajo la línea de indigencia. Esto da cuenta de un aumento del 1,6 por ciento y del 2,6 por ciento, respectivamente, en relación con la medición previa, correspondiente al primer semestre del año pasado.
El problema es que los estudios se efectúan sobre los últimos seis meses del año pasado, en el que los índices de inflación fueron muy altos, pero las medidas económicas de la gestión actual no habían tenido impacto. La devaluación propuesta por Milei, junto con el brutal ajuste aplicado desde el comienzo de su gestión, empezó a surtir efecto a partir de 2024. El propio presidente explicó en varias oportunidades que «el peor momento sería entre marzo y abril». No obstante la desregulación de la economía impuesta en el decreto de necesidad y urgencia aprobado apenas comenzado el gobierno y que continúa vigente, los aumentos en las tarifas se dilataron, por lo que todavía no terminó el ajustazo.
Más allá de la falta de cifras oficiales para medir la pobreza y la indigencia este año, hay universidades que hacen ese trabajo. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un informe en febrero titulado «Estimación de los efectos del impacto inflacionario posdevaluación: escenario a diciembre 2023 y enero 2024». Allí aparece un primer indicio del impacto de las políticas económicas de Milei, que arroja un 57,4 por ciento de pobres en Argentina, lo que significa que son cerca de 27 millones de personas.
A su vez, el estudio registró un crecimiento exponencial en la situación de indigencia del país. En el tercer trimestre de 2023, este índice era del 9,6 por ciento, que pasó a ser del 14,2 por ciento en diciembre y alcanzó el 15 por ciento en enero pasado, y representaría a 7 millones de personas. El incremento se condice con las cifras de la pobreza: de un 44,7 por ciento del tercer trimestre del año pasado, ascendió al 49,5 por ciento en diciembre y al 57,4 por ciento en el último mes. Se trata de la cifra más alta desde que el observatorio social de la UCA comenzó a registrar la pobreza, en 2004. En Argentina se considera indigente a las personas que con sus ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria y pobres a quienes no pueden solventar la canasta básica total, que incluye bienes y servicios esenciales.
LA CRISIS EN EL GOBIERNO
La insensibilidad mostrada por la administración de Milei se ve reflejada no solo en los números de la pobreza y la indigencia, sino en las respuestas que se dan a la población ante estas situaciones. Además de tener alimentos acopiados en depósitos, el propio Milei dijo a fines de mayo que «si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle». Una desafortunada frase que se suma a las muchas otras desatadas por el mandatario.
A partir de que se hizo pública la falta de entrega de los alimentos, Pettovello estuvo en la mira de la oposición durante las últimas semanas. Sin embargo, permanece en su cargo. Ante la revelación del acopio de la comida, Pablo de la Torre fue eyectado de su cargo como secretario de Niñez y Familia y denunciado por la propia ministra «por falta de transparencia». De la Torre fue el fusible que utilizó el gobierno para encontrar un responsable cuando se ratificó el inminente vencimiento de la leche en los galpones.
«El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informa que, a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería», expresó la cartera en un comunicado. Un día después de su despido y a pesar de la denuncia que le hizo Pettovello, De la Torre mantuvo su fidelidad hacia la ministra y ratificó su inocencia. Decidió echarle la culpa por lo sucedido a los supuestos «kirchneristas infiltrados en el gobierno».
La salida del exsecretario no conformó a la opinión pública, en la que comenzó a aumentar la imagen negativa sobre el gobierno y sobre la propia Pettovello. Una encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba entre 1.400 personas arrojó números preocupantes para la actual administración. El sondeo se llevó adelante entre el 7 y el 8 de junio de 2024, después del escándalo de los alimentos retenidos, y registra un 54,4 por ciento de desaprobación y un 45,6 por ciento de aprobación del gobierno. Milei, por su parte, cosecha una imagen negativa del 55,8 por ciento y la ministra Pettovello, del 59,7 por ciento.
La consultora también pidió a los encuestados que respondieran si están de acuerdo con la frase –expresada por el vocero presidencial, Manuel Adorni– que el Ejecutivo repitió hasta el hartazgo: «Pettovello es la mejor ministra de la historia». Los resultados muestran que la sociedad está lejos de coincidir con el esfuerzo que hace el gobierno nacional en instalar esta narrativa: el 65,1 por ciento está en desacuerdo. Además, el informe también mostró que el 58,3 por ciento de las personas cree que «Sandra Pettovello manejó mal el tema [de los alimentos] y debería renunciar», mientras que solo el 38,3 por ciento cree que «la ministra está luchando contra los “gerentes de la pobreza” y por eso la atacan».
Durante esta semana, Pettovello fue citada para comparecer ante la Cámara de Diputados de la Nación por la Comisión de Salud Pública y Acción Social de la cámara. La ministra pegó el faltazo.
Desde el comienzo del gobierno han sido muy pocos los días en que la agenda no fue marcada por el propio Ejecutivo. Los viajes del presidente y los intentos de aprobación de la ambiciosa «ley bases» son temas recurrentes en las coberturas de los últimos seis meses. Sin embargo, el escándalo de los alimentos sin entregar sembró otro escenario mediático. Por primera vez el gobierno perdió la hegemonía del relato.
DEFENSA EN UNA REALIDAD PARALELA
Mientras los alimentos siguen retenidos por el Ministerio de Capital Humano y solo se empezaron a repartir las toneladas de leche en polvo, el Ministerio de Defensa hizo una millonaria compra de comida gourmet para los altos rangos militares. Luis Petri, titular de la cartera, gastó más de 200 millones de pesos (222 mil dólares) en comida para los jefes castrenses.
Se trata de una compra que efectuó el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para abastecer de comida a 1.800 efectivos militares que se desempeñan en unidades del organismo. La compra incluyó salmón rosado, distintos cortes de asado de primera calidad, bifes de chorizo, una variedad de quesos especialmente seleccionados, fiambres, dulces de todo tipo y papas noisette, entre otros productos.
La información surge de una licitación pública que es de acceso libre en el portal Comprar (comprar.gob.ar) y fue revelada esta semana por el medio El Destape. El gobierno intentó proteger a Petri y emitió un comunicado en el que desmiente la información. Allí explica que la licitación fue hecha por la gestión anterior. Sin embargo, en otra nota del mismo medio publicada este martes, se muestra que la autorización y el llamado a licitación se hicieron después del 10 de diciembre de 2023, ya asumido Milei. Una vez más, las autoridades decidieron mentir frente a información sensible. Cuando usaron esa estrategia con los alimentos, les salió el tiro por la culata y tuvieron que recular con las explicaciones. ¿Volverán ahora a hacer lo mismo?
