Nos acercamos al fin de un período de gobierno y, por tanto, al comienzo de otro, nuevo, y es una oportunidad para pensar y tratar de acordar cuáles son los grandes problemas que debe resolver nuestra sociedad y qué hacer para abordarlos.
Diagnósticos sobran, aunque no todos son tan lúcidos como sería necesario. Propuestas no sobran tanto, pero también las hay, aunque no todas tan maduradas como sería conveniente (por ejemplo, la de habilitar los allanamientos nocturnos).
Uno de los problemas que reclama urgencia es el de la vivienda, que, en los últimos años, ha sufrido más retrocesos que festejado avances, y donde siempre parece estarse buscando la varita mágica y muy pocas veces los recursos necesarios.
En estos días, desde la sociedad han surgido varias iniciativas que buscan su participación en la definición de las nuevas políticas y la revitalización de los ámbitos existentes para ello. Al celebrarse el Día Internacional de las Cooperativas, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), que agrupa a las federaciones de todas las modalidades, hizo una serie de propuestas para fortalecer a todo el movimiento cooperativo (incluido, naturalmente, el de vivienda). Por su parte, el viernes 2, la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo de Usuarios (Fecovi) presentó sus propuestas programáticas para el próximo período, y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) lo hará el 29 de agosto.
Y desde la Universidad de la República (Udelar) se convocó a las organizaciones sociales de vivienda a articular un espacio de diálogo, coordinación y propuesta al respecto, que sería apoyado por docentes universitarios que trabajan en el tema. Dicho espacio tuvo su primera reunión en la Sala Luisa Cuesta de la Facultad de Ciencias Sociales, el martes 6: allí se presentó la iniciativa y se sentaron las bases para su desarrollo.
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Las propuestas programáticas que planteó Cudecoop, que considera a las cooperativas aliadas necesarias para el desarrollo sostenible del país, se concretan en nueve ideas fuerza, de las cuales destaco: relanzar en 2025, designado por Naciones Unidas como el Año Internacional de las Cooperativas, las políticas de apoyo al sistema; profundizar la participación del cooperativismo en la cogestión de las políticas públicas; constituir un «gabinete de la economía social» liderado por el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop); profundizar los programas estratégicos del cooperativismo, ampliando su financiamiento y restableciendo el inicial de Inacoop; promover políticas de desarrollo para los sectores cooperativos más retraídos mediante la mejora de recursos y alianzas estratégicas; multiplicar las iniciativas de educación, formación y asistencia técnica, incluyendo la formación de funcionarios públicos y cooperativistas, y avanzar en la incorporación de las dimensiones de género, generaciones y territorios en las políticas públicas de desarrollo cooperativo.
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Los planteos de Fecovi –recogidos en el libro Un mejor cooperativismo de vivienda de usuarios por ahorro previo es posible (2024), editado por la federación–, de los que intentaremos hacer una síntesis de los que creemos más significativos, se inician con un detalle de la normativa existente sobre el cooperativismo de vivienda, que señala sus fortalezas y problemas.
Se definen luego cuatro nudos del sistema: la carencia presupuestal, el apoyo técnico, el derecho a la permanencia y la sostenibilidad. En cada uno se señalan problemas a resolver para mejorar el funcionamiento del sistema, muchos de los cuales han sido detectados y planteados ya desde diversos ámbitos (las federaciones de cooperativas, la academia, algunos actores políticos) sin haber podido encontrarles solución o sin que las soluciones adoptadas hayan sido eficaces.
Finalmente, el planteo y el libro terminan con un capítulo de propuestas, que aporta soluciones a los problemas planteados para que, apoyándose en la normativa existente, que avanzó en muchos campos, se pueda mejorar la eficacia y aumentar aún más las indudables potencialidades del sistema. Muchas de estas propuestas son instrumentales, y una buena parte ya ha sido planteada también anteriormente, pero otras hacen a los aspectos conceptuales.
Así, se señala la importancia de que exista congruencia entre lo que establecen las disposiciones y sus fundamentos, lo que no siempre sucede; que esas disposiciones apunten a resolver la generalidad y no la casuística, que conlleva el peligro de la discrecionalidad; que sean claras y comprensibles, y que, abarcando todo el sistema, contemplen también sus distintas modalidades.
Con relación a cada uno de los nudos señalados, se reclama que haya una importante inyección presupuestal, que en parte puede venir de eliminar impuestos a la vivienda social; que se mejore la formación profesional de los técnicos de los institutos asesores, que su labor se extienda al después de la obra y se creen espacios de encuentro entre los actores para mejorar las prácticas; que se ponga especial atención a los temas de acceso al suelo y los servicios, fortaleciendo el sistema público de tierras como parte de la planificación urbana; que el problema se piense no solo desde la construcción de viviendas, sino desde su mantenimiento, desde los servicios sociales y de infraestructura necesarios, concibiendo a las y los cooperativistas, y a las cooperativas mismas, como algo vivo, que cambia y debe adaptarse a esos cambios, y el propio sistema debe contener los mecanismos para hacerlo posible.
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La propuesta de Fucvam, de acuerdo a lo que se conoce al momento, se articula sobre tres ejes de derechos: el suelo residencial; la vivienda y el hábitat, y la ciudad, considerados como complementarios e interdependientes. Bajo ese enfoque, se vuelve a hacer énfasis en cosas largamente reivindicadas por la federación: la necesidad de una política de Estado con finalidad social en materia de vivienda, que permita planificar a mediano y largo plazo a todos los actores, en vez de variar con cada gobierno y, a veces, con cada administración; asimismo, que el Fondo Nacional de Vivienda tenga recursos propios y permanentes, provenientes de impuestos a la riqueza y no dependientes de cada rendición de cuentas o sujetos a recortes; promover formas de tenencia diferentes, adaptadas a cada situación; que no se exonere la inversión especulativa, como la llamada vivienda promovida y sí la vivienda social; que se proteja a las víctimas en cuanto a su situación de vivienda en casos de violencia doméstica y de género; que se deroguen normas punitivas, como criminalizar las ocupaciones por necesidad; que se combata la fragmentación socioterritorial debida al costo y las condiciones de mercado del acceso al suelo, para lo cual es necesario potenciar las carteras de suelo público; no extender los barrios privados y otros enclaves excluyentes, y encarar una reforma urbana para democratizar los espacios públicos y privados en las ciudades. Seguramente, cuando la propuesta se conozca en su integralidad, habrá muchas cosas más para señalar.
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A su vez, a la convocatoria de la Udelar concurrieron más de 20 organizaciones sociales de vivienda sin fines de lucro, excusándose otras por problemas de horarios, esperándose que en próximas reuniones el número se amplíe. La idea es que el Plan Quinquenal de Vivienda (PQV) a aprobar en 2025 y a ejecutar en 2026-2030 se elabore de manera participativa, y que las organizaciones, con el apoyo de la Udelar, concurran con planteos colectivos, sin perjuicio de que cada una exponga los suyos particulares.
Con los planteos que se vayan haciendo y los acuerdos logrados, la idea en principio es trabajar en tres etapas: la primera, hasta las elecciones nacionales, buscando llegar a acuerdos generales, a presentar a los postulantes, procurando su compromiso de apoyarlos; la segunda, preparatoria de la participación en la elaboración del PQV, y la tercera, la de esa elaboración (marzo-junio 2025). La intención es seguir el trabajo luego para incidir también en la discusión parlamentaria (julio o, como máximo, diciembre de 2025).
La ley de vivienda 13.728, de 1968, creó un ámbito específico para plantear y compartir los aportes de los distintos actores: la Comisión Asesora de Vivienda, pero si bien esa comisión venía siendo citada desde 2005, no fue así en 2020, cuando se elaboró el actual plan.
Este proyecto fue presentado en la Udelar a dos instancias concursales para obtener financiamiento, contando en ambas con la aprobación del Consejo Directivo Central. Participamos en él docentes de distintas disciplinas y servicios que ya hemos trabajado juntos en otros proyectos. La iniciativa recoge, por otra parte, experiencias similares, como la de la Conapro (Concertación Nacional Programática, 1984), la COVIP (Coordinadora de Vivienda Popular, 1985) y la Cosoco (Comisión Social Consultiva, 2003), esta convocada, como ahora, por la propia Udelar.
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¿El abajo que se mueve? Es que nunca, ni en los momentos más difíciles, estuvo inmovilizado. Queda por ver qué hace el arriba: si se pone nervioso, como dice la canción, y se calza las orejeras o entiende de qué se trata, escucha, se sienta a conversar y acepta compartir las decisiones.
