Repartos en la represa

A más de un año de la espesa campaña electoral departamental, los principales líderes políticos de Salto han limado asperezas. Esta semana, el intendente frenteamplista Andrés Lima, el nacionalista Carlos Albisu y el senador colorado Germán Coutinho presentaron juntos seis proyectos privados de desarrollo logístico para la región. El evento fue convocado a instancias de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, el organismo binacional que gestiona el principal complejo hidroeléctrico del país, cuya delegación uruguaya es presidida por Albisu.

Médico otorrino de profesión, el nacionalista integra el sector político del presidente Luis Lacalle Pou y goza de su extrema confianza. Su frustrado intento de alcanzar la intendencia vino a sumarse al de las elecciones de 2019, cuando se quedó afuera de la Cámara de Diputados porque la ingeniería electoral nacional favoreció a un candidato de Cabildo Abierto que había obtenido menos votos que él. Sin cargos electivos, Albisu hizo base en la CTM, donde tiene gran visibilidad política de cara a nuevos intentos electorales. Lacalle Pou lo designó presidente del organismo binacional en abril de 2020. Desde entonces, la omnipresencia de su gestión y las visitas oficiales del gobierno nacional han instalado en parte de la población salteña la idea de un «gobierno paralelo» operando desde Salto Grande.

Meses antes de su designación, en las negociaciones de la transición, el gobierno no incluyó a la CTM entre los cargos ofrecidos a la oposición, a pesar de que en los períodos anteriores los blancos habían tenido representación en el organismo (el propio Albisu fue delegado en minoría en el último quinquenio). Sin contralor político –aunque con las permanentes negociaciones con la delegación argentina que impone la binacionalidad–, Albisu y Coutinho han tenido cancha libre para repartir cargos por designación directa en el organismo, para beneficio de sus aliados políticos.

El engorde

Para reconstruir los lugares de inserción, los traslados y los ascensos directos en Salto Grande, es necesaria una panorámica general sobre su organigrama. El complejo es conducido políticamente por la delegación uruguaya y la argentina, cada una con tres delegados designados por los respectivos gobiernos nacionales y con personal nacional a su cargo. Los presidentes de las delegaciones integran la mesa del ente. Por otra parte, hay seis gerencias, integradas por una mixtura de personal uruguayo y argentino, abocadas al funcionamiento operativo del complejo, y una secretaría general que oficia de nexo entre las delegaciones y esa estructura operativa.

Ser delegado en la CTM ha sido históricamente un premio consuelo de los candidatos desfavorecidos en las elecciones y, gobierno tras gobierno, la plantilla de funcionarios (con remuneraciones privilegiadas para los promedios nacionales) ha ido engordando con base en ingresos utilizados como pago de apoyos políticos. Por su carácter supranacional, el organismo goza de inmunidad jurisdiccional respecto de los Estados que lo integran y dicta sus propias reglas de funcionamiento. En los últimos períodos, el Frente Amplio (FA) buscó dar impulso al concurso como mecanismo de ingreso y de ascenso en Salto Grande, apuntando a la profesionalización del personal. Incluso varios de sus representantes en la delegación uruguaya han sido técnicos calificados, sin mayores aspiraciones de hacer carrera política. Pero la coalición ha venido a darle otra impronta a la conducción de la CTM, con el respaldo de Lacalle Pou y espaldarazos del intendente Lima.

En la respuesta a un pedido de informes realizado por diputados frenteamplistas –a la que accedió Brecha–, la CTM informó que entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de julio de 2021 su número de empleados uruguayos pasó de 235 a 260. Esto implica un incremento de más del 10 por ciento de su plantilla, a contramano de la línea impuesta por el gobierno de llenar una vacante de cada tres en los organismos públicos. Los diputados opositores también preguntaron por la evolución del presupuesto asignado a gastos del personal de nacionalidad uruguaya de la CTM entre 2019 y 2021, «en pesos constantes». La respuesta suscripta por Albisu, sin embargo, llegó en dólares, con el argumento de que esa es «la moneda funcional» del complejo. En línea con lo adelantado por Búsqueda (12-VIII-21), el presupuesto asignado para 2021 es de 20.747.549 dólares, aproximadamente 1,9 millones más que el de 2020 (aprobado por la administración anterior). De acuerdo a la respuesta de la autoridad de Salto Grande, se proyecta ejecutar 19 millones de la moneda estadounidense este año, dos millones más que lo ejecutado el año pasado y 400 mil dólares menos que lo ejecutado en 2019.

Sin embargo, tanto el presupuesto que le asigna el Ministerio de Economía y Finanzas a Salto Grande como los salarios que el organismo paga se manejan en pesos. Si las cifras informadas por la CTM se convierten a pesos uruguayos siguiendo la evolución del dólar cada año, el presupuesto aprobado para gastos de personal de Salto Grande se incrementa en 24 por ciento en 2021 respecto de 2020. El porcentaje se mantiene comparando la ejecución proyectada para 2021 con lo ejecutado en 2020, y es aún mayor si se lo compara con 2019. Pero ¿a qué se debe semejante aumento?

Los ingresos

Los 36 nuevos ingresos a Salto Grande «se proveyeron […] mediante procesos de selección, designación directa y concurso», contestó Albisu a los legisladores. Pero su respuesta omitió detallar cuántos entraron por cada mecanismo. La información a la que accedió Brecha indica que por lo menos 27 de esos ingresos fueron por designación directa. De ellos, solo uno –el del secretario de la delegación de Uruguay, ocupado por el edil nacionalista Carlos Silva– es considerado un cargo de confianza en el reglamento de la delegación, aunque no cesa cuando esta termine su mandato. Silva fue designado en el escalafón siguiente al de quien lo precedió en el cargo, con el correspondiente incremento salarial.

Tampoco cesarán otros 16 de esos 27 ingresados (como se verá, diez son contratos a término), que quedarán integrando el organismo gobierne quien gobierne, a pesar de haber entrado sin proceso competitivo alguno. Entre ellos, nueve son ediles nacionalistas y tres más tienen vínculos con el Partido Nacional (PN). Sin tener en cuenta el cargo de confianza, los demás puestos implican un gasto anual en salarios que ronda el millón de dólares, según un informe elevado a legisladores del FA por cuatro exdelegados de la coalición de izquierda.

Una de las primeras señales de la actual administración de Salto Grande consta en un memorándum interno del 13 de mayo de 2020 –al que accedió Brecha–, en el que se comunica la decisión de la mesa de la CTM de «suspender todo trámite realizado para la contratación de consultorías, así como la totalidad de los concursos o cualquier proceso de selección para el ingreso de personal. Ambos temas serán tratados nuevamente una vez que ambas delegaciones se encuentren totalmente conformadas con sus nuevos integrantes». Los concursos habían sido iniciados en 2019 para cubrir vacantes de cargos técnicos, de rango jerárquico y carácter estratégico, y estaban muy avanzados, con los postulantes finales ya seleccionados por las consultoras externas contratadas. Posteriormente, algunas de esas vacantes serían cubiertas por designación directa con miembros de la lista 404. Al respecto, Albisu dijo a Brecha que «en algunos lugares quisimos tener gente de nuestra confianza, porque eran estratégicos para el buen funcionamiento» del organismo.

Además de Albisu, el otro representante blanco en la delegación uruguaya del organismo es Daniel Arcieri, de Paysandú (el tercero es Nicolás Irigoyen, designado por Coutinho). Arcieri ingresó a la CTM en 1991, en el gobierno de Luis Lacalle Herrera, como secretario del delegado nacionalista Rubens Francolino, y desde entonces es funcionario de Salto Grande. El 27 de noviembre de 2020, Albisu y su par argentino resolvieron incorporar un nuevo artículo al Estatuto del Personal del ente para aplicar en caso de que un funcionario sea designado como delegado político por su gobierno. Allí se dispone que el cargo original se declarará vacante y, cuando finalice su mandato como delegado, el funcionario podrá atenerse a un jugoso retiro incentivado o mantenerse en el organismo como asesor o adjunto en la categoría III-12, una de las más altas de la CTM. La nueva disposición podrá ser estrenada por Arcieri si deja de ser delegado en el próximo gobierno, con lo que alcanzará un salario de 311.152 pesos al día de hoy –más del doble de lo que ganaba en su anterior función– o accederá al retiro incentivado.

Otro funcionario de la vieja guardia blanca beneficiado por la nueva administración es Carlos Gelpi. Ingresado a la CTM también durante el gobierno de Lacalle Herrera, en 1991, Gelpi revestía como jefe del sector Seguridad de la Gerencia de Gestión de Recursos. En junio de 2020 se lo ascendió de manera directa como asesor de la delegación uruguaya, un cargo recién creado por la actual administración al que se le asignó la máxima categoría escalafonaria, con uno de los sueldos más altos del organismo. En noviembre del mismo año, se le dio carácter permanente a esa designación, con lo que se prorrogaron las funciones de Gelpi como jefe de Seguridad. Su salario, con la antigüedad acumulada, alcanza los 400 mil pesos, tres mil pesos menos que el del presidente de la república (pero exonerado de impuestos como el IRPF, que no pagan los trabajadores de Salto Grande). Gelpi es dueño del servicio de televisión para abonados Cablevisión Salto e integra la lista 400 del PN. Albisu lo incluyó en los agradecimientos a quienes colaboraron en la elaboración de su programa de gobierno en las elecciones de 2020.

Pero la administración de Salto Grande también ha hecho lugar para la nueva camada de dirigentes locales. A mediados de 2020 se aprobó una nueva estructura de la delegación de Uruguay. La mayoría de los nuevos cargos creados, de alto rango jerárquico, se completaron con políticos blancos y colorados. En algunos casos, personas que ingresaron a los puestos recién creados en la delegación de Uruguay fueron trasladadas luego a lugares en la estructura operativa.

El 6 de noviembre de 2020 ingresaron por designación directa tres referentes políticos de la lista 404 de Salto a cubrir nuevos puestos. El edil Martín Burutarán ingresó como asesor de la mesa de la CTM, con un sueldo de 213.633 pesos. El edil suplente Juan Ignacio Hourcade ingresó como profesional jurídico, con un sueldo de 185.166 pesos. En marzo fue trasladado hacia la asesoría letrada, a uno de los cargos que iban a llenarse con los concursos suspendidos el año anterior. El edil José Luis Ambrosoni ingresó en el área de comunicación de la delegación uruguaya y luego fue trasladado como administrativo superior en Educación y Tecnología en el Polo Binacional, con un sueldo de 131.231 pesos. En la misma fecha ingresó el edil suplente de Paysandú Juan Cámera como administrativo especializado de Secretaría de la delegación uruguaya, con un sueldo de 110.232 pesos.

La semana siguiente entró a Salto Grande por designación directa la edila por la 404 Florencia Supparo, como coordinadora de Desarrollo Regional –otro de los cargos recién creados–. Luego fue trasladada como jefa de la unidad Soporte de Gestión de Materiales, puesto que también iba a cubrirse con uno de los concursos suspendidos. Su sueldo al ingresar era de 185.166 pesos. Supparo es también funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, al que ingresó por concurso en 2018. Durante algunos meses de 2020 fue directora departamental de la cartera y luego estuvo al frente del Programa Calle, ambos cargos por designación política de la administración nacionalista. Actualmente se mantiene en ambos organismos, pues el régimen jurídico especial de Salto Grande hace que su lugar allí no cuente como un segundo cargo público y, por tanto, que esto no configure una ilegalidad, aunque sus dos salarios salgan de las arcas públicas.

También hubo una camada de diez ingresos directos para trabajar en «seguridad y protección», con contratos por un año renovables. Albisu dijo que se debió a las dificultades que impuso la pandemia, que no permitía que uruguayos y argentinos trabajasen juntos. El personal de seguridad, según dijo, era argentino en un 75 por ciento y «hubo que hacer contrataciones a término por un año de funcionarios uruguayos para poder equiparar». La resolución, sin embargo, no tiene alusiones a la emergencia sanitaria y su fecha (9 de diciembre de 2020) es muy posterior a su declaración. Según Albisu, esa diferencia de meses se debió a que «se fue tratando de monitorear las situaciones sanitarias de los lugares», pero la idea venía desde octubre. Y se extendió en el marco de «un proceso de votación entre argentinos y uruguayos, como se hace en cada uno de los plenarios para poder contratarlos. Recién en noviembre empezaron a trabajar juntos uruguayos y argentinos, y en función de eso vamos a monitorear la situación sanitaria y se verá si hay que estirar unos meses las contrataciones o si finalizan», agregó el presidente de la CTM. Entre los ingresados se encuentran los ediles suplentes por la lista 404 Julio Acuña y Daniel Lewis, un integrante de esa lista, Martín Chiappa, y uno de la lista 400, Flavio Liberatore. Todos tienen un sueldo de 88.923 pesos.

El 28 de diciembre de 2020 entró a Salto Grande por designación directa Rosa Imoda, secretaria del presidente Luis Lacalle Pou durante sus dos primeros períodos como diputado (entre 1999 y 2009) y alcaldesa del Municipio de Los Cerrillos, en Canelones, de 2010 a 2020. Imoda dejó su lugar como alcaldesa a fines de noviembre. Un mes más tarde encontró su lugar en Salto Grande, donde cubrió una vacante como administrativa superior de la secretaría de la delegación uruguaya, con una remuneración de 125.584 pesos. Se desempeña en las oficinas de Montevideo.

El 24 de junio de 2021 ingresó como coordinador de Desarrollo Regional –el puesto con el que había entrado en un principio la edila Supparo– el edil de Salto por la 404 Pablo Constenla, con un sueldo de 136.880 pesos. El 13 de julio ingresaría Geraldine Ribeiro –encargada de manejar las redes sociales de Albisu en la campaña electoral departamental– como administrativa especializada de comunicación estratégica de la delegación de Uruguay, con un sueldo de 110.232 pesos.

Otra designación directa por los blancos es la de Gerardo Sanchis, que ingresó como administrativo principal de Desarrollo Regional, con un sueldo de 83.487 pesos. En el quinquenio pasado, Sanchis fue asesor del intendente de Artigas, Pablo Caram, quien lo cesó en 2018 luego de que ediles del FA de ese departamento recibieran una carpeta, enviada anónimamente, con correos electrónicos comprometedores intercambiados entre el asesor y empresas que se presentaban a licitaciones públicas. En otro de los cargos que se preveía llenar con los concursos suspendidos fue designada una funcionaria de la CTM que se había presentado a esa instancia y no había sido elegida entre los postulantes finales.

Pero los blancos no fueron los únicos que pusieron a su gente en el generoso organismo binacional.

Colorados

«En Salto la CTM es una especie de ducado, casi es más que la intendencia», supo decir Julio María Sanguinetti a Carve luego de las últimas elecciones departamentales, cuando criticó la injerencia del gobierno nacional en los comicios, al haber nombrado a Albisu en la CTM. Según pudo saber Brecha, fue a instancias de Sanguinetti que se designó directamente a Nicolás Albertoni como secretario general del organismo, un puesto clave que hace de nexo entre el directorio político y la estructura funcional. Doctor en Ciencias Políticas y en Administración de Empresas, Albertoni suele compartir con Sanguinetti espacios como expositor en distintos coloquios organizados por el Partido Colorado. Para su ingreso directo a Salto Grande se desplazó a quien ocupaba anteriormente, por concurso, la secretaría general. Su sueldo es de 291.938 pesos. Como administrativo superior de la Secretaría General ingresó directamente Miguel San Germán, también colorado, con un sueldo de 125.584 pesos.

Además, en el organismo binacional ha habido varios ingresos a impulsos de Coutinho. Rodolfo Berneda, ladero político y amigo personal del senador desde su infancia, ingresó directamente en febrero de este año como administrativo especializado de la delegación uruguaya, cargo recién creado, con un sueldo de 105.481 pesos. El joven colorado Enzo Paique, que encabezó la lista 15 en Salto en las últimas elecciones, ingresó como guía de relaciones públicas, con un salario de 83.487 pesos.

Quien tuvo un paso fugaz –y polémico– por la CTM fue Carolina Tolosa, encargada del programa de gobierno de Coutinho en las últimas elecciones y directora en la intendencia durante la gestión del actual senador colorado. El 17 de marzo de este año, la CTM resolvió «crear un puesto de trabajo en el cargo de dirección de proyectos e innovación» y designar a Tolosa en ese lugar. Pero en setiembre, la ingeniera agrónoma presentó su renuncia. Según publicaron distintos portales salteños, el motivo fue su negativa a ceder la mitad de su sueldo a Coutinho para solventar su estructura política (Quinto Elemento, 16-IX-21; Salto al día, 15-X-21). Fue reemplazada por Agustina Escanellas, suplente del diputado Omar Estévez y secretaria general de Vamos Salto, el sector de Coutinho.

En julio de este año, la Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Turismo (Mintur), aún liderado por Germán Cardoso, firmaron un convenio con la CTM para el desarrollo de proyectos náuticos, turísticos y deportivos en el puerto de Salto. Allí se instalará la sede regional del Mintur, donde tendrá su oficina el coordinador de la región litoral, Carlos Coutinho, el hijo de Germán.