Comenzaron hace siete semanas, pero luego las movilizaciones se fueron extendiendo hasta abarcar sectores de lo más diversos: campesinos, indígenas, grupos ambientalistas, cooperativistas mineros, comisiones vecinales, maestros rurales; a punto estuvieron incluso de alcanzar a la Policía. Unos protestaban contra una ley agraria que apuntaba a convertir tierras de propiedad comunal en propiedades individuales; otros, contra la llamada gasolina basura, un combustible de pésima calidad importado con el pretexto de abaratar su precio y que acabó arruinando decenas de miles de vehículos, vendido, además, a precio de oro; otros reclamaban aumentos de sueldos ante una inflación creciente; otros, el restablecimiento de un impuesto a las grandes fortunas, eliminado en una de las primeras decisiones del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, asumido en noviembre. Las protestas fueron escalando, a pesar de que el Senado, para largar lastre, dejó sin efecto –al menos por un tiempo– la ley de contrarreforma agraria. Los campesinos aimaras decidieron seguir saliendo a las calles. Y lo mismo hicieron el grueso de los mineros, y los maestros, y las federaciones sindicales, a pesar de los intentos del gobierno de dividir a esos sectores pactando con algunos de sus componentes. La Central Obrera Boliviana se sumó a las protestas a través de la convocatoria a una huelga general. Una bandera pasó a unificar el movimiento: el reclamo de renuncia del presidente.
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Cuando llegó al Palacio Quemado, Rodrigo Paz Pereira no era, de los dos candidatos que disputaron el balotaje, el que estaba más a la derecha. En una elección huérfana de postulantes de izquierda o progresistas, aparecía como un moderado que debió gran parte de su ascenso y su posterior triunfo a los votos prestados que le llegaron desde las bases de un Movimiento al Socialismo atomizado y en acelerada descomposición. También lo ayudaba que su compañero de fórmula, el vicepresidente Edmond Lara, un expolicía que había hecho campaña contra la corrupción en los cuadros policiales y en buena parte de la dirigencia política nacional, le permitiera conectar con sectores populares. Pero pasados apenas seis meses de su victoria, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, puro producto de la «casta» política boliviana, no ve ahora con malos ojos que algunos comiencen a llamarlo «el Milei del Altiplano», una denominación que, en noviembre, le calzaba mucho más a su rival de entonces, Jorge Tuto Quiroga, habitué de las peregrinaciones a Buenos Aires para reunirse con el libertariano argentino. El «capitalismo para todos» (ese oxímoron que Paz prometió en campaña) pronto reveló su esencia: leyes, decretos, gestos simbólicos fueron dando la pista de que lo que se proponía Paz era la restauración en el poder de las élites tradicionales. «Traición», gritaron algunos de los que le habían prestado sus votos en noviembre. «Dijo que no iba a privatizar, que no iba a prestar plata. Y lo primero que hizo fue eliminar el impuesto a la riqueza y sacó una ley donde dice que la tierra puede estar ociosa por diez años. La gente no creía que era un gobierno de derecha. Creía que iba a ser de centro. Pero terminó siendo como cualquier gobierno afiliado a [Donald] Trump», constató desde La Paz el periodista boliviano Jaime Iturri (Página 12, 19-V-26). Y así es: desde Washington ha fluido el apoyo al boliviano. También desde la Argentina mileísta, desde el Chile gobernado por José Kast, de Paraguay, Perú, El Salvador, Honduras. Hay un nuevo Plan Cóndor en marcha en América Latina, otra vez con epicentro en Estados Unidos, pero ahora con una narrativa en la que el nuevo enemigo interior serían los «narcotraficantes» asociados al «terrorismo», apuntó por estos días la militante social boliviana María Galindo (La Vaca, 19-V-26). Recordó también que Bolivia es, junto con Chile y Argentina, parte de ese «triángulo del litio» cuyo control Estados Unidos considera vital para su propia seguridad estratégica. Esta semana, al ratificarle su respaldo al acosado Paz, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó en Washington durante la Conferencia de las Américas que las protestas bolivianas eran parte de un «golpe de Estado financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado», y que su país contribuiría, llegado el caso, con la «defensa del orden constitucional amenazado por la chusma».
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El relato mainstream sobre las movilizaciones sociales bolivianas incluye responsabilizarlas a ellas, y no a las políticas del gobierno, del desabastecimiento que estaría «acuciando» a La Paz y a otras ciudades, y hasta de muertes en hospitales «causadas» por los bloqueos de rutas. Otro de los cartones ligadores es Evo Morales, mencionado como «líder» del movimiento a pesar de que este ha tenido como epicentro La Paz y El Alto, muy lejos del Chapare, donde el expresidente se refugia desde hace un par de años. Por el momento Paz no ha puesto todos los huevos en la canasta de la represión. A que lo haga lo están instando Tuto Quiroga, el también expresidente Carlos Mesa, el capitán retirado y exalcalde de Cochabamba Manfred Reyes y otros dirigentes de extrema derecha. Representantes de las élites empresariales de Santa Cruz de la Sierra «le han ofrecido que gobierne desde esa ciudad, lejos de las hordas populares e indígenas» (Diario Red, 17-V-26). También le prometieron apoyarlo si se decide a declarar el estado de excepción en la capital y sus alrededores, donde está la mayoría de los 50 puntos de bloqueo persistentes en el país. El presidente se ha limitado, por ahora, a cambiar su gabinete.
La fuerza del movimiento, escribió Galindo, radica en su horizontalidad, en el hecho de que «no tiene dirección única, ni mando, ni cabeza visible única». «Si es capaz de armar una agenda política colectiva inteligible para el conjunto de la sociedad […], puede lograr instalar un gran antecedente» y dejar atrás las divisiones que lo han debilitado en los últimos tiempos. Sería también la única posibilidad de garantizar, de cierta manera, que las derechas en sentido amplio no se salgan con la suya y descarguen sobre los rebeldes la responsabilidad de una crisis que les es por completo ajena.
