En el evento primó un consenso general en cuanto a que las empresas públicas son claves para la economía y para los derechos ciudadanos. Se presentaron ejemplos exitosos por parte de países con diversos énfasis de izquierda –como Brasil y Venezuela–, pero también por otros más volcados hacia el centro como Costa Rica, en los que el Estado tiene –al igual que en Uruguay– un rol preponderante.
La integración social fue planteada como un objetivo central: las empresas estatales deben brindar servicios a toda la población, más allá de las lógicas de mercado o de rentabilidad. Así, desde Uruguay hasta Venezuela, los gestores dejaron en claro su estrategia de universalizar sus prestaciones llevándolas a comunidades rurales, indígenas y barrios marginales. Y no sólo se habló de desarrollo, sino del camino para llegar a él. Desde un país con fuerte impronta estatal como Canadá, Susan Spronk (docente de la Universidad de Ottawa) planteó la imperiosa necesidad de buscar caminos alternativos para generar los bienes producidos por las empresas públicas. En un contexto de cambio climático, nuevas formas de generar energía y políticas en torno al agua deberían figurar en el horizonte cercano.
El viceministro de Economía, Luis Porto, enfatizó que justamente son las empresas estatales las que tienen la capacidad y la fortaleza como para lograr una integración en función de intereses nacionales. Uruguay ya está avanzando en este sentido a través de acuerdos existentes entre UTE y Eletrobras –de Brasil– para desarrollar parques eólicos utilizando producción regional. Aquí entra en juego otro aspecto de la integración: el lugar de vanguardia que pueden alcanzar estas empresas en referencia a los avances en ciencia y tecnología según las necesidades de sus países y no tanto en función de los intereses de grandes corporaciones multinacionales. Así, las cuestiones de soberanía energética (encaradas por UTE o ANCAP) y en materia de telecomunicaciones (a partir del tendido de la fibra óptica iniciado por Antel) irían en esta línea.
Porto abogó por un trabajo conjunto de las empresas públicas nacionales, a través de holdings o grupos corporativos. China ha seguido este camino con sus 1.800 empresas públicas que, a través de diferentes conglomerados, logran controlar gran parte de su economía.
En la última jornada del seminario los presidentes de AFE, OSE, ANCAP, UTE y Antel coincidieron en la necesidad de aplicar modelos de gestión basados en la descentralización operativa y la autonomía táctica de las distintas reparticiones de las empresas públicas, la coordinación institucional con los ministerios, y los sistemas de gestión por competencias que permitan reciclar a los trabajadores ante los cambios tecnológicos.
* Martes 29 y jueves 31 de octubre, en la Torre de las Telecomunicaciones. Organizado por el Ministerio de Industria y Antel.
