Gonzalo Aguiar irrumpió en la escena uruguaya sobre mediados de 2021, como referente del proyecto de la compañía canadiense Boreal Agrominerals Inc. para instalar una planta de cannabis medicinal en Salto. La inauguración contó con la participación del presidente Luis Lacalle Pou y de altas autoridades del Poder Ejecutivo, incluidos varios asesores del presidente. Por esos días, el dinero fluía desde el norte hasta el sur y el empresario se movía cómodamente en el paisito. Pero todo cambió.
En julio de 2023, la planta más grande de cannabis medicinal en América Latina cerró sus puertas tras meses de recortes y despidos masivos de trabajadores. La empresa (Ignapin SA) ingresó en concurso necesario por la debacle de su gestión. El proceso de cierre incluyó una denuncia penal de los inversores canadienses John Pollesel y Brian Montgomery contra Aguiar, bajo el argumento de que fueron engañados. La estafa alcanzaba los 27,5 millones de dólares.
La repentina muerte de Aguiar terminó de ensombrecer la historia. Su pareja, Romina Camejo, le efectuó varios disparos con una pistola Taurus 9 milímetros cuando el empresario intentó irrumpir en la casa donde ella vivía. La mujer, con amplias destrezas en manejo de armas, dijo actuar en legítima defensa y acusó al empresario de violencia de género. Su muerte permitió conocer detalles de su vida: en realidad, estaba casado con una mujer en el exterior y su boda con Camejo en Uruguay fue una farsa.
Por si faltaba algo, la difusión pública de una conversación privada entre el diputado cabildante Sebastián Cal y el periodista Sergio Secinaro, director de Crónicas del Este, sacudió al sistema político. Durante la conversación, el legislador aseguró que el empresario fallecido tenía vínculos con la Lista 71, del herrerismo, y era custodiado por la Policía. Más tarde, refrendó parte de sus dichos ante una comisión del Senado y presentó una denuncia penal por las amenazas sufridas cuando Aguiar estaba con vida.
Cuatro fiscales investigan los últimos meses de la vida de Aguiar: Sebastián Robles indaga su muerte, Gilberto Rodríguez, la denuncia por estafa presentada por los accionistas canadienses, Enrique Rodríguez investiga eventuales maniobras de lavado de activos y Jorge Vaz, la denuncia presentada por el diputado Cal. Estos expedientes revelan el conjunto de maniobras pergeñadas por Aguiar.
El empresario, que estuvo radicado en Canadá, convenció al accionista de Boreal Agrominerals Inc. para invertir en una planta de cannabis medicinal en Uruguay. Con sus buenos oficios, puso en marcha el negocio: obtuvo una licencia del Instituto de Regulación y Control del Cannabis para la producción de cannabis y el Ministerio de Economía y Finanzas declaró promovida su inversión, por unos 497 millones de pesos (13 millones de dólares), que incluía créditos y exoneraciones fiscales. La empresa adquirió un predio en Salto y construyó una planta de última generación. Además, les propuso a los inversores ampliar la operativa con la compra de un terreno en Artigas para plantar cannabis.
Sin embargo, el flujo de dinero que provenía del norte tenía pocas utilidades: pese a los anuncios de negocios millonarios, Boreal tuvo ventas por valores irrisorios. La cuenta bancaria se vaciaba mientras el nivel de vida de Aguiar aumentaba: adquirió la afamada residencia La Maison, una de las más lujosas de Punta del Este, por 4 millones de dólares y media docena de vehículos de alta gama, entre ellos, una Ferrari Spider 458, un Porsche 911, un BMW i4 y un Lamborghini. También una camioneta Jaguar, con la que llegó a la residencia el día de su muerte. Vivía rodeado de custodios.
Su estilo de vida le permitió codearse con el empresariado local y con la inauguración de la planta en Salto comenzó a estrechar sus vínculos con el gobierno. Logró entablar una buena relación con Nicolás Martinelli, el asesor del presidente dedicado a contactarse con las empresas del sector cannábico. El funcionario visitó la planta de Boreal y, ya como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, participó asiduamente de reuniones de camaradería con Aguiar en la sede de Boreal en Carrasco. También fue uno de los invitados a la falsa boda, informó el periodista Eduardo Preve. Además, Aguiar mantuvo un vínculo con el senador herrerista Rodrigo Blás, quien le habría comprado un vehículo de alta gama a un precio conveniente.
Las diferencias entre Aguiar y sus socios canadienses terminaron con una denuncia penal por estafa y apropiación indebida y el pedido de concurso necesario de Boreal, que se encamina a ser calificado como culpable, después de detectarse un manejo arbitrario de fondos y desvío de dinero. También se abrió una investigación por lavado de activos, que derivó en un allanamiento a La Maison –en busca de dispositivos electrónicos, dinero y cajas fuertes– y el levantamiento del secreto bancario. El objetivo es rastrear el origen de los bienes del empresario y su eventual vínculo con operaciones ilícitas (El Observador, 10-IV-24). Las declaraciones del diputado Cal terminaron de enrarecer la historia.
SE DIJO
La sesión de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Senado se llevó adelante bajo el rótulo de secreta para proteger al denunciante, pero el contenido de la sesión trascendió públicamente: el diputado Cal ratificó ante los senadores su declaración sobre los vínculos de Aguiar con la Policía y actores del gobierno.
El empresario y el diputado se conocieron en Roma (Italia), donde el legislador estaba en misión oficial. En 2022 viajaron juntos a Colombia, ya que el empresario pretendía exportar fertilizante. Y, durante un encuentro junto con otras personas en Maldonado, Aguiar lo invitó a viajar a Paraguay para conocer sus negocios, pero Cal se negó. La negativa molestó al empresario, que comenzó a hostigarlo ostentando sus vínculos con el gobierno y que era custodiado por la Policía.
El diputado informó el hecho al entonces jefe de Policía de Maldonado, Jorge Pioli. Fue con la única persona que habló de este tema. Tras esto, Aguiar le envió un mensaje con amenazas a raíz de sus denuncias ante los mandos policiales. Por eso, el legislador informó sobre las amenazas al exministro del Interior Luis Alberto Heber y también sobre el vínculo entre Aguiar y Martinelli. El exsecretario de Estado le contestó que había hablado con Martinelli y que este le había dicho que se quedara tranquilo. El legislador asegura que informó esta situación al secretario de Presidencia Álvaro Delgado, pero nunca tuvo respuesta.
Luego de ratificar sus declaraciones en el Parlamento, el diputado se reunió con la fiscal de Corte (interina), Mónica Ferrero, y radicó una denuncia penal por la filtración. Según dijeron fuentes políticas a Brecha, el legislador tenía fecha para el 17 de abril para presentar denuncia en Fiscalía, pero tras reunirse con Ferrero aceleró el trámite. En esta causa, el fiscal Robles solicitó agregar las actas de la comisión parlamentaria, cuyo secreto será levantado tras la comparecencia de Martinelli, prevista para el martes 23. De lo que suceda en esta sesión pueden surgir nuevas derivaciones políticas. «La denuncia es muy grave y amerita investigar a fondo, porque hay responsabilidades políticas. Esperamos las explicaciones del ministro», resumió el senador Eduardo Brenta (Frente Amplio) a Brecha.
