En lo que va de la actual administración, el gobierno ha tomado dos decisiones altamente polémicas relacionadas con el tabaco. En marzo de 2021 habilitó la comercialización de dispositivos de tabaco calentado y en setiembre de 2022 flexibilizó las regulaciones del empaquetado de cigarrillos, habilitando la identificación por marcas comerciales y la comercialización de cajas blandas. Ambas disposiciones fueron rechazadas por la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) y el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, entre otras organizaciones científicas y de la sociedad civil. La SUT, incluso, impulsó recursos de nulidad contra los decretos. Al menos el del empaquetado, que quedó en suspenso por disposición judicial luego de un recurso de amparo, fue efectivizado a pedido de Montepaz –la empresa que produce tabaco en Uruguay– y resuelto por el Ministerio de Industria, Energía y Minería sin consulta al Ministerio de Salud Pública (MSP). Así lo admitió el propio presidente Luis Lacalle Pou, cuya última campaña electoral recibió financiación de Montepaz.
Estas medidas han sido evaluadas como un retroceso en las políticas de combate al tabaquismo, que habían sido bandera de las administraciones frenteamplistas. Pero no son las únicas que habilitan esa evaluación, pues, de acuerdo a lo que informaron a Brecha fuentes del MSP y organizaciones de la sociedad civil, el Programa Nacional de Control del Tabaco (PNCT), que funciona en el ministerio, ha sufrido significativos recortes de personal.
REPLIEGUE
Los cuerpos inspectivos del MSP se encargan de fiscalizar que no se fume en los espacios cerrados, que no se haga publicidad de productos del rubro –expresamente prohibida– o que no se venda tabaco a menores. También hacen tareas de promoción de salud. El número de fiscalizadores para esas tareas se vio incrementado con las políticas antitabaco iniciadas en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Especialmente, tras la salida del país de Philip Morris. En 2012, luego del cierre de la tabacalera, ocho de sus extrabajadores formaron una cooperativa y firmaron un convenio con el MSP para pasar a ser promotores de salud. El vínculo empezó con contrataciones directas y luego pasó a establecerse mediante licitaciones. Los trabajadores y las autoridades de la época encuadraron la decisión en disposiciones del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, suscrito por Uruguay, que establece: «[…] se debe […] ayudar a realizar la transición económica a los cultivadores y trabajadores cuyos medios de vida queden gravemente afectados como consecuencia de los programas de control del tabaco».
Integrantes de la cooperativa contaron al semanario que en una reunión del 9 de abril de 2020 se les comunicó, desde la Dirección General de Salud, que el MSP pretendía prorrogar el convenio. Pero días más tarde, el 24 de abril, recibieron un mail de la Dirección General de Secretaría con un escueto mensaje que decía: «Se comunica que esta secretaría de Estado no prorrogará el vínculo contractual» mantenido con la cooperativa. Esa desvinculación, sin evaluación de por medio, implicó el cese de seis fiscalizadores que recorrían el país (incluyendo capitales departamentales y pequeños poblados) y, por contrato, debían cumplir con un mínimo de 6 mil inspecciones por año. Solo quedaron para la tarea los cuatro inspectores propios del MSP. Uno de esos funcionarios se jubiló y su vacante no fue llenada, por tanto, en total el número de fiscalizadores bajó de diez a tres. Su área de inspección, además, pasó a circunscribirse exclusivamente a la capital. A su vez, el número de funcionarios administrativos del PNCT bajó de cuatro a uno.
Es cierto, sin embargo, que el ministerio apunta a fortalecer sus capacidades de control. A través de la última ley de presupuesto, la cartera creó la Dirección General de Fiscalización (Digefi), en sustitución de la antigua División de Fiscalización. La idea es que esa dirección centralice las múltiples funciones de contralor que le corresponden al MSP, con la intención de revertir históricas debilidades. Para eso se habilitó la creación de 50 cargos. Este semanario encontró en la web de Uruguay Concursa llamados para proveer 38 cargos para la Digefi –el primero se abrió recién en agosto de 2022– en lo que va de esta administración. De ellos, 13 todavía se encuentran en proceso, por tanto hasta ahora se ha completado la mitad de los cargos previstos. Pero, de todas maneras, entre las organizaciones que participan activamente de la lucha contra el tabaquismo existe preocupación, pues solo uno de los tres inspectores dedicados al control de tabaco que quedan en el PNCT, con experiencia acumulada, será trasladado a la Digefi. Además, según dijeron las fuentes, no está previsto que dentro de los nuevos cuerpos inspectivos haya fiscalizadores dedicados exclusivamente al tabaco, sino que sus tareas serán ampliadas al control de otras sustancias reguladas, como el alcohol y la marihuana.
Mientras tanto, la disminución de recursos que se produjo durante estos años ya tuvo consecuencias. De acuerdo a un informe elaborado con base en datos oficiales suministrado a Brecha por Diego Rodríguez (representante de la sociedad civil en la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control del Tabaco, que funciona en el MSP), la cantidad de inspecciones viene en franco descenso. Si bien los números no están actualizados, marcan que se pasó de 8.193 inspecciones en 2019 a 4.785 en 2020, y en el primer semestre de 2021 (hasta donde llegan los datos procesados) solo se hicieron 113 inspecciones.
Una fuente oficial del MSP que habló con este semanario enmarcó la no renovación del convenio con la cooperativa en un contexto de «falta de presupuesto, de austeridad, pues no había rubros y no había forma de recontratarlos». También dijo que el contrato había vencido en enero de 2020 y el gobierno pasado no lo había prorrogado, y que finalmente la cooperativa se mantuvo en funciones durante todo ese año, finalizando su vínculo en 2021. El jerarca reconoció que hubo un descenso en el número de inspecciones, pero sostuvo que «no se puede decir que no hay voluntad para inspeccionar, porque el PNCT siempre hizo lo imposible porque se fiscalizara», y recordó que las restricciones propias de la pandemia dificultaron las actividades de control, al tiempo que las actividades públicas a fiscalizar disminuían. «De todas formas, hay que reconocer que hay mucho menos personal. Se aspira a que con la integración plena de la Digefi pueda haber un despliegue mayor en esa área», concluyó. Respecto a ese proceso, dijo que hubo dificultades con los controles de la Oficina Nacional del Servicio Civil que enlentecieron la ocupación de los cargos previstos para la nueva dirección.
En tanto, la coordinadora del PNCT, Elba Esteves, confirmó a Brecha que dejará su cargo a la brevedad, aunque su renuncia aún no fue presentada formalmente. Esteves fundamentó su decisión en motivos personales. «Cumplí mi ciclo», dijo la médica internista, quien durante su gestión supo suscribir informes contrarios a la comercialización de tabaco calentado y a la flexibilización del empaquetado de cigarrillos.
