La realidad demostró que la legislación uruguaya tenía vulnerabilidades que permitían hacer negocios con fondos ilícitos. Ante esto, el gobierno presentó la nueva estrategia nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que atiende varios de los riesgos actuales y apunta a terminar con estas prácticas.
El lavado de activos constituye una operativa ilícita vinculada intrínsecamente a grupos del crimen organizado que atenta contra el orden público interno, contra la integridad y estabilidad del sistema económico y financiero y contra la seguridad nacional e internacional. Se trata de una amenaza global que puede poner en riesgo la soberanía de los estados, por lo que las autoridades deben promover un combate frontal contra este tipo de actividades.
En Uruguay...
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