En su petitorio, firmado el 20 de febrero del año pasado, Pacheco también había solicitado del decomiso de los bienes incautados durante la actuación judicial y que pasen a disposición de la Junta Nacional de Drogas. En su dictamen –al que Brecha accedió–, el fiscal consideró como «circunstancias atenuantes» que el imputado procuró «la reparación del mal o la atenuación de sus consecuencias» al hipotecar y poner a disposición otros bienes de su propiedad para cubrir la iliquidez del cambio derivada de las sumas indebidamente apropiadas. También consideró «la primariedad absoluta y la confesión parcial» de los delitos por parte de Sanabria. No evaluó circunstancias agravantes.
Sanabria fue procesado con prisión por delitos de apropiación indebida, libramiento de cheques sin fondo y falsificación de documento privado, el 1 de abril de 2017. En agosto de 2018, se amplió el auto de procesamiento y se le imputó un delito de lavado de activos.1 El encausado fue excarcelado el 7 de diciembre de ese mismo año, imponiéndosele como medida sustitutiva la obligación de guardar arresto domiciliario. Lo excarcelaron definitivamente el 30 de mayo de 2019. En total, cumplió dos años y ocho meses en prisión, que serán descontados a la pena solicitada.
Según supo Brecha, el pedido de condena quedó en suspenso debido a acciones interpuestas por la defensa, a cargo del doctor Jorge Barrera.
LA CONDENA DEL GERENTE
En dictamen más reciente, fechado el 1 de febrero de este año, Pacheco pidió una pena de dos años y un mes de penitenciaría para el gerente del cambio, Nelson Calvete, imputado como coautor de un delito continuado de apropiación indebida.
Calvete se encargó de la operativa diaria del cambio desde los inicios hasta el cierre de la empresa, por lo cual la Justicia entiende que estaba al tanto de las maniobras de Sanabria. El gerente y cara visible del negocioera quien recibía los depósitos irregulares de los particulares –muchos damnificados por el cierre de la empresa– y conocía que Francisco desviaba fondos –luego catalogado como lavado de activos– para sustentar empresas de las que las que era titular o accionista, para comprar inmuebles o para cuentas y emprendimientos personales.
Calvete estuvo preso durante tres meses en Piedra de los Indios (Colonia) hasta que se dictaminó su prisión domiciliaria por motivos de salud.No obstante, la fiscal Andrea Naupp (entonces en Maldonado) apeló el dictamen y un tribunal resolvió enviar a Calvete a una cárcel de San José.Finalmente, el imputado logró su excarcelación. Al momento del petitorio de condena de Pacheco, se encontraba en régimen de libertad provisional.
LA CONDENA DE UBILLA
La contadora María Soledad Ubilla ingresó como funcionaria administrativa al Cambio Nelson en 2011 y desde 2012 figuraba como oficial de cumplimiento. Es decir, era la responsable de gestionar el sistema de prevención de lavado de activos. En tal calidad, y de acuerdo a sus propias declaraciones, conocía la operativa irregular del cambio y la progresiva iliquidez derivada de los desvíos de fondos. Su actuación, según la Justicia, contribuyó a la consumación de las maniobras delictivas.
Como Calvete, Ubilla fue procesada con prisión el 2 de abril de 2017 y luego excarceladadurante el transcurso del proceso. Hasta ahora, que Pacheco pidió condenarla a 18 meses de cárcel (descontando el tiempo que estuvo recluida en forma preventiva), Ubilla estaba en libertad provisional.
SOBRESEIMIENTO DE SILVA
María Beatriz Silva, contadora externa de la casa cambiaria, expedía los recibos de sueldo de los empleados a partir de la información falsa que le suministraba la empresa para subdeclarar los ingresos de los trabajadores ante el Banco de Previsión Social. De la investigación judicial no surge que la profesional hubiera incurrido en una conducta dolosa ni que su accionar se inscriba en «una cooperación intencional a través de actos sin los cuales el delito no se hubiera podido cometer». Por ese motivo, Pacheco solicitó su sobreseimiento. Silva había sido procesada sin prisión.
El expresidente del Banco Central del Uruguay Humberto Capote, quien autorizó la operativa de la casa cambiaria en 1998 y operó como asesor de los Sanabria durante estos años, nunca fue imputado, aunque Francisco sugirió en sus declaraciones judiciales que era el verdadero artífice de las maniobras ilegales junto con el exsenador Wilson Sanabria, quien se suicidó en setiembre de 2015. Para el primer fiscal de la causa que se sustanció en Maldonado, Rodrigo Morosoli, Capote era el «artífice de las maniobras». Sin embargo, las actuaciones sobre su presunta responsabilidad fueron archivadas.Parelalamente, quedó en suspenso la investigación judicial sobre los titulares de las cinco empresas que recibían fondos ilegales del cambio.
ANTEDECENTES
El Cambio Nelson cerró sus puertas al público en forma sorpresiva el 21 de febrero de 2017, generando la presentación de múltiples denuncias de clientes afectados y perjudicando a unos 200 trabajadores de sus diferentes sucursales.
Entonces, varias personas denunciaron a Francisco Sanabria y a Nelson Calvete,directores de la casa cambiaria (Camvirey SA) por presuntos delitos de apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondos. La empresa fue suspendida por resolución del Banco Central del Uruguay con fecha 1 de marzo de 2017. A esa altura Sanabria se había fugado al exterior y pesaba sobre él unpedido de captura internacional de Interpol.
Francisco Sanabria figuraba como único integrante del directorio y único accionista de la empresa, desde el fallecimiento de su padre. Desde ese lugar, el entonces secretario del Partido Colorado en Maldonado y suplente del diputado Germán Cardoso, manejaba las cuentas de la empresa, firmaba los cheques y efectuaba los depósitos de fondos que luego desviaba a otras empresas.
La jueza de Crimen Organizado Adriana Chamsarian deberá expedirse sobre los petitorios del fiscal Pacheco.
