«¿Quién puede estar de acuerdo con comprar más tierras en lugar de dar una vivienda a las personas que hoy no la tienen?», se preguntaba la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, a fines de junio, luego de presentar en el Parlamento la rendición de cuentas correspondiente a 2020, que incluía un artículo que reasignaba fondos afectados al Instituto Nacional de Colonización (INC) para ser destinados a un fideicomiso con el fin de tratar la problemática de los asentamientos. La suspicacia, que también ha mantenido el presidente, planteaba una relación inexorable entre una cosa y la otra, dejando entrever una visión un tanto simplista de la importancia de la herramienta de colonización para el acceso y el desarrollo de productores familiares y asalariados rurales. Una semana antes...
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