Se dice que el presupuesto quinquenal revela los verdaderos planes de cada nuevo gobierno. Por lo tanto, el proyecto que ahora analizan los legisladores mostraría los objetivos y los sesgos de la administración Orsi. Esto explica la importancia de analizarlo; más aún si se tiene en cuenta que distintas voces advierten que la gestión gubernamental a este respecto no es muy clara.
La propuesta presupuestaria tiene su particular tono verde: incluye una sección de esa temática en su exposición de motivos. Eso es bienvenido, ya que el país enfrenta varias urgencias ambientales propias, entre las que se destaca la crítica situación de los recursos hídricos, y, al mismo tiempo, a nivel global también nos golpea el cambio climático, entre otros deterioros planetarios.
Esa sección específicamente ambiental es un paso positivo. Se reconoce la importancia de la cuestión a través de anuncios tales como los proyectos para el agua potable, el apoyo a la electrificación del transporte o la incorporación del Ministerio de Ambiente (MA) a la comisión que analiza incentivos y exoneraciones para las inversiones. Al mismo tiempo, se suman promesas, como las de promover la agroecología o fortalecer las evaluaciones de impacto ambiental y la protección de la biodiversidad.
Esos son propósitos que casi todos compartirían, pero la clave es averiguar si se traducen adecuadamente en el presupuesto. Pues para concretarlos –cualquiera de ellos– se debe contar con el dinero necesario.
Sin embargo, según datos del Poder Ejecutivo, el MA ni siquiera alcanza el 1 por ciento de los dineros asignados a la administración central. Está en el penúltimo puesto, por encima de la cartera de Turismo, que apenas cuenta con el 0,6 por ciento. El primer lugar de la asignación presupuestal corresponde al Ministerio del Interior y le sigue Defensa Nacional, y una gran brecha los separa del resto. La suma de esas dos carteras es más del triple del dinero asignado al Ministerio de Desarrollo Social, el tercero en ese ranking. El MA recibe aproximadamente 70 veces menos recursos que el combo de los gastos en policías y militares. Si en lugar de considerar los ministerios, se siguen las áreas temáticas en las que se ordena el gasto estatal, a la de ambiente y recursos naturales le corresponde el 0,18 por ciento del total.
Esto hace que el verde del dinero para la gestión estatal sea muy pálido. No solo eso, sino que se propone congelar los recursos, sin aumentos, entre 2026 y 2029. El MA padece, además, restricciones en sus gastos. Su primer rubro no está dedicado a mantener laboratorios o al transporte para realizar inspecciones, sino que es usado en pagar alquileres (un 22 por ciento del total para su funcionamiento). Esta es una herencia del gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando el entonces ministro Adrián Peña, del Partido Colorado, se empecinó en mudarse a un nuevo local.
Los verdes de la exposición de motivos del actual Ejecutivo caen en más problemas cuando se examinan los números en detalle: muchos propósitos no tienen financiamiento o este es muy exiguo. Por ejemplo, se anuncia que se protegerá la biodiversidad, pero en la propuesta de gastos e inversiones del MA el rubro asignado a la ampliación de las áreas protegidas apenas es el 0,96 por ciento del total en 2025 y después, entre 2026 y 2029, cae a cero. Lo mismo se repite en otros componentes, y algunos de enorme importancia, como lo es el fortalecimiento de los laboratorios.
En otros casos, en 2025 la inversión es cero y reaparece a partir del próximo año, aunque siempre en cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, la gestión marina y costera no cuenta con inversiones iniciales, y a partir de 2026 recibirá apenas 3 millones de pesos por año hasta el año 2029.
Este proyecto de presupuesto es a la vez similar y distinto al del anterior gobierno. Como antes, a juzgar por los dineros, la temática ambiental sigue siendo marginal. El financiamiento exiguo limita las capacidades, pongamos por caso, en la vigilancia y control ambiental, en lidiar con accidentes, como pueden ser los derrames, o en mejorar nuestro magro sistema de áreas protegidas. En la fundamentación del presupuesto, el gobierno hace promesas que difícilmente podrán cumplirse con esos fondos, y prometer algo que luego no se concreta también era un mal de la administración de Lacalle Pou.
Una reforma necesaria, que no implica gastos, es otra vez esquivada: la unificación de la institucionalidad ambiental en un mismo ministerio. No se aprovechó la oportunidad para terminar con la bicefalía por la cual buena parte de la gestión ambiental persiste en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
En el presupuesto se reconoce de otros modos las temáticas ecológicas, jerarquizándolas como una necesaria incorporación para asegurar el crecimiento económico y captar inversión extranjera. Siguiendo esa postura, se propone crear un Fondo para el Clima y la Naturaleza, una de las pocas novedades normativas en el proyecto. Se basa en un instrumento financiero, atado a emitir deuda con tasas de interés que variarían según algún criterio ambiental (usualmente anclados en las emisiones de gases invernadero). Ese tipo de bono de deuda fue una novedad del gobierno de Lacalle Pou y ahora no solo se mantiene ese propósito, sino que se lo potencia, considerándolo beneficioso para un «endeudamiento sostenible».
Todas esas posiciones son muy discutibles. Ese «endeudamiento verde» es como si se enfocara la salud pública emitiendo deuda con un interés variable dependiendo del número de personas hospitalizadas, mientras que, al mismo tiempo, con el presupuesto se estrangula el financiamiento a los hospitales.
Por todo esto, estamos ante tonos de verde enmarcados en las viejas ideas del economicismo, obsesionado con el crecimiento económico, ideas comunes en el siglo pasado. Hoy, en cambio, disponemos de evidencias que muestran que ese derrotero reproduce al mismo tiempo desigualdades sociales e impactos ambientales. Son estos problemas los que revisten la mayor urgencia, cuya solución requiere otros verdes, más intensos, más efectivos y más enérgicos.
