En febrero de 1974, un año después de iniciada la primera etapa del golpe de Estado, el semanario de extrema derecha Azul y Blanco cuestionó el régimen porque los «batllipachequistas» y «chapaquincistas» seguían participando en el gobierno dictatorial.1 Se refería a jerarcas civiles provenientes de los dos principales grupos del Partido Colorado en 1971: los pachequistas que habían apoyado al expresidente Jorge Pacheco Areco y los quincistas al exsenador Jorge Batlle. Ambos grupos fueron aliados en la escalada autoritaria estatal desde 1968 y se distanciaron a fines de 1972. Mientras la mayoría del pachequismo apoyó cada hito del golpe de Estado y varios dirigentes integraron el régimen dictatorial, el batllismo quincista rechazó el desenlace sin aceptar un frente opositor con blancos y frenteamplistas ni adoptar una oposición activa. Si bien el quincismo anunció que se organizaría para «hacer caer la dictadura», se desmarcó de los civiles de sus filas que continuaron o se integraron al gobierno y se replegó en un letargo poco estudiado hasta que reapareció, en 1980.
En su crítica a los liberales colorados que seguían en el gobierno en 1974, los civiles y los militares que escribían en Azul y Blanco, rabiosos antibatllistas y anticomunistas, y algunos provenientes de la tradición herrerorruralista,cuestionaron la falta de «despolitización» y la «desestatización saneadora». Acusaron de «coloradismo» al gobierno presidido por Juan María Bordaberry, devenido dictador tras disolver el Parlamento el 27 de junio de 1973, y criticaron que siguiera el nepotismo de «leales pachequistas» y «leales quincistas» en cargos de gobierno. «El gobierno cívico-militar no aparece. Es simplemente un gobierno político-militar […]. ¿Todo este sacrificio ha sido para retornar a los hombres providenciales, a los pechos fuertes de 1971?» El periódico anunció que su próximo número «daría que hablar», pero fue clausurado por el gobierno. Su disconformidad con la presencia en el gobierno de políticos liberales colorados plantea varios problemas históricos e historiográficos. Uno evidente es la insuficiencia de estudios sobre el componente de la alianza golpista proveniente de los partidos y por ello lo que sigue son algunos apuntes sobre un grupo organizado de la derecha política proclive al golpismo en la compleja transición a la dictadura entre 1968 y 1973.
REACCIÓN AUTORITARIA
El pachequismo fue un movimiento político personalista, de corte autoritario, incubado desde la conducción estatal por el entorno del presidente Pacheco Areco (1967-1972). Desde 1968, Pacheco gobernó por decreto con medidas prontas de seguridad que dirigió primero contra la protesta sindical y estudiantil y después contra la izquierda armada. Retroalimentó demandas de orden diverso: buscó justificar el autoritarismo estatal en la presunta restauración de la armonía social, el rescate del «ser nacional» y la defensa de la familia tradicional con el afán de restablecer las jerarquías de género, clase y generacionales que se entendían amenazadas por la «infiltración marxista». El pachequismo heredó parte del elenco ruralista, su plataforma de alianzas y conexiones locales y transnacionales. Apeló al carácter mesiánico de las Fuerzas Armadas como encarnación de la nación y estrechó vínculos con elites empresariales, tecnócratas de signo neoliberal, grupos de extrema derecha y amplias «mayorías silenciosas» escasamente politizadas. Inspirado en la doctrina de la seguridad nacional y con una retórica antipolítica y antiparlamentaria, contribuyó a estigmatizar como enemigos internos a amplios sectores sociales y a polarizar el mapa político con base en la dicotomía entre «demócratas» y «totalitarios», bandera de la derecha liberal en la Guerra Fría.
Desde mediados de 1970 el pachequismo se tradujo en una alianza electoral, la Unión Nacional Reeleccionista (UNR), que reunió a jerarcas de gobierno, ruralistas y colorados de varios orígenes para promover una reforma constitucional que permitiera la reelección de Pacheco como un acto de «salvación pública» en las elecciones de 1971. Dos meses antes de esos comicios encomendó la «lucha antisubversiva»a las Fuerzas Conjuntas (policías y militares) y creó el Esmaco (Estado Mayor Conjunto), presidido por Gregorio Álvarez. La propuesta reeleccionista fue apoyada por casi el 30 por ciento del electorado y convirtió a Pacheco en el dirigente colorado más votado. Aunque no fue suficiente para aprobar su reelección, contribuyó a que fuera electo presidente su candidato por el régimen vigente, el ruralista Bordaberry.
¿LIBERALES POPULISTAS?
El rasgo identitario principal del pachequismo fue su anticomunismo conspiracionista, vertebrador de su dirigencia y movilizador de sus bases sociales. Alineado a la política hemisférica de Estados Unidos y con un marcado carácter proempresarial, antisindical y antizquierdista, tuvo puntos de contacto con discursos y prácticas de la extrema derecha nacionalista. No obstante, la matriz ideológica del pachequismo fue el liberalismo conservador, la ideología hegemónica en el campo de las derechas desde 1959.
Un rasgo singular de esta derecha liberal fue su estilo «populista». Si bien sus cuadros dirigentes provenían de las elites empresariales y profesionales, combinó de forma efectiva lo «plebeyo» y lo «aristocratizante». Hizo hincapié en la condición de vida de los sectores populares sin desdeñar el elitismo en la toma de decisiones ni renunciar a una sociedad jerárquica, nostálgica de un pasado idealizado de grandes hombres y temerosa de los desbordes populares. Apeló al pueblo como una unidad social homogénea, positiva y pasiva, necesitada de un líder patriótico y desinteresado que lo representara.
Un aspecto más difuso del pachequismo fue la incorporación de postulados neoliberales en la intervención estatal para apuntalar la economía de mercado capitalista. En el combate a la inflación, el desmontaje de los consejos de salarios, la apuesta al sector agroexportador y al capital financiero, así como en su «gabinete empresarial», fue decisivo el batllismo quincista. Reconvertido hacia postulados liberal-conservadores y neoliberales, el equipo técnico de Jorge Batlle condujo la política económica desde 1968 y diseñó el Plan Nacional de Desarrollo de 1972, aplicado parcialmente en dictadura y base del proyecto de país como plaza financiera.
DERIVA GOLPISTA
En el gobierno constitucional de Bordaberry (1972-1973), Pacheco envió instrucciones permanentes a la bancada pachequista y recibió a sus líderes en Madrid, donde estaba radicado como embajador de Uruguay. Ante la preocupación creciente por la autonomía de la derecha terrorista paraestatal que varios jerarcas pachequistas toleraron, protegieron o propiciaron y la ofensiva de la izquierda armada durante los primeros meses de 1972, los pachequistas fueron decisivos para impulsar el «estado de guerra interno» y en blindarlo luego con la Ley de Seguridad del Estado, aprobada por blancos y colorados en julio de 1972. Esta legislación aumentó las potestades de la justicia militar sobre los civiles, desató la represión a gran escala contra cualquier tipo de oposición y fue utilizada por la dictadura para desmantelar grupos políticos y sindicales. La Ley de Educación General, aprobada por pachequistas, quincistas y algunos blancos en enero de 1973, sumó la gobernanza autoritaria de la enseñanza no universitaria, legislación también vigente en el período dictatorial.
En el segundo semestre de 1972, tras la derrota militar de la izquierda armada, los pachequistas quedaron a la defensiva frente a la «lucha contra la corrupción» y el «programa de saneamiento político» que asumieron ante sí las Fuerzas Armadas. Una sucesión de sublevaciones militares debilitó la frágil base partidaria de Bordaberry. En la crisis política de octubre de 1972, iniciada por el desacato militar a una orden judicial, se forzó la renuncia del ministro de Defensa Augusto Legnani. La detención de Jorge Batlle, acusado de «ataque moral» al Ejército con base en la Ley de Seguridad del Estado que su grupo impulsó, provocó la renuncia de algunos jerarcas quincistas y el ingreso de la «línea dura» del pachequismo reeleccionista, representada por Walter Ravenna en el Ministerio del Interior y Juan Carlos Blanco en la cancillería. La diplomacia francesa reportó que esta crisis era la «primera fase» de un «golpe a la criolla».2
En la sublevación militar de febrero de 1973, precedida de denuncias de corrupción que afectaron a los pachequistas y un nuevo desacato contra la designación del ministro de Defensa Antonio Francese, todos los partidos con representación parlamentaria especularon con elecciones anticipadas y la renuncia de Bordaberry. Sin embargo, tras consultar con Pacheco, el presidente pactó con los militares golpistas, en la base de Boiso Lanza, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional similar al previsto por los pachequistas en 1970, lo que coronó un cogobierno político y militar al margen de la Constitución.
En el tramo final del golpe, entre febrero y junio de 1973, el rumbo del gobierno fue disputado por facciones en pugna en el interior de las Fuerzas Armadas. La UNR, cercana a una de ellas, anunció que Pacheco regresaría con un «programa populista». En paralelo, el pachequismo desplegó parte de la agenda castrense en el Parlamento: impulsó la reglamentación sindical, el proyecto de «estado peligroso» y la depuración de los legisladores opositores iniciada con el pedido de desafuero de Enrique Erro, senador frenteamplista requerido por la justicia militar. Los fracasos de estas iniciativas y los intentos de reacomodar el bloque oficialista precipitaron la disolución del Parlamento el 27 de junio de 1973.
Este autogolpe presidencial, incitado por las Fuerzas Armadas, fue apoyado por diversos actores civiles de la derecha política, mediática, empresarial, social y religiosa. El 3 de julio de 1973, durante la huelga general del movimiento sindical contra la dictadura, Pacheco envió desde Madrid un telegrama de apoyo a Bordaberry y abogó por la «comprensión y cooperación de los orientales». La UNR emitió al día siguiente una declaración de apoyo al gobierno e intentó sin éxito mantenerse operativa como base de apoyo presidencial hasta setiembre de 1973. La Mañana y El Diario, la prensa colorada oficialista, de tradición riverista, también se mantuvieron leales al régimen y expectantes con la promesa de un «nuevo Uruguay». Para la mayoría pachequista, el golpe fue inevitable, irreversible y necesario ante la actitud de la oposición y la «amenaza marxista». Si bien esos actores no coincidieron en la duración, el alcance y la conducción del régimen dictatorial, contribuyeron a desmantelar las instituciones democráticas y a cogobernar con los militares al ingresar o mantenerse en puestos jerárquicos en ministerios, intendencias, el Consejo de Estado y las juntas de vecinos en su afán por instalar una república restrictiva y una democracia bajo tutela de las Fuerzas Armadas.
1. Azul y Blanco, 13 de febrero de 1974, tapa y pág. 7.
2. Informes diplomáticos de los representantes de Francia en el Uruguay (2.ª serie), tomo 1, 23 de octubre de 1972, pág. 276, y 1 de noviembre de 1972, pág. 289.
