El mismo día que se presentaba el proyecto presupuestario para 2019 con severos recortes en diferentes áreas, según el reclamo del Fmi, la justicia procesó por quinta vez a Cristina Fernández en otra causa de corrupción. Expresiones de desgaste de la política partidaria que toman forma en medio del deterioro de la economía y el ajuste.
La tarde del lunes tuvo dos protagonistas: el ministro de Economía, Nicolás Dujovne y la senadora Cristina Fernández. Mientras Dujovne presentaba en el parlamento nacional el proyecto oficial de presupuesto para 2019, con los recortes reclamados por el Fondo Monetario Internacional (Fmi) y las críticas de todo el arco parlamentario opositor, junto con los movimientos sociales, Cristina Fernández sumaba su quinto procesamiento judicial en una causa de corrupción, según el juez federal Claudio Bonadío.
La coincidencia entre noticias lesivas para la gestión del gobierno del presidente Mauricio Macri y medidas judiciales que involucran a la senadora y ex presidente Cristina Fernández no es nueva. El 27 de diciembre de 2016 fue procesada y embargada en la causa por sobreprecios en la obra pública por el juez Julián Ercolini, un día después de la primera gran crisis de gabinete macrista, cuando el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, renunció a su cargo en medio de acusaciones e internas con otros miembros del gabinete. El 4 de abril de 2017 el juez Bonadío procesó a la ex mandataria, en medio de la previa al paro general convocado por la Cgt para el 6 de abril, el mismo día en que el gobierno perdía a su aliado Martín Lousteau como embajador en Washington y se conocía la caída del 5,7 por ciento en el consumo de alimentos. El 14 de mayo pasado, mientras el dólar perforaba la barrera de los 37 pesos, se producía el vencimiento de 617.000 millones de pesos en bonos Lebac y el sindicalista camionero Hugo Moyano se levantaba en pie de guerra contra el ajuste de Macri, el juez Julián Ercolini la procesó en la causa Hotesur.
Esta vez se trata del caso de los cuadernos con anotaciones sobre presuntas coimas pagadas por empresarios de la construcción a funcionarios del gobierno kirchnerista entre 2005 y 2015. Luego del pedido del fiscal Carlos Stornelli, ex jefe de seguridad del club Boca Juniors cuando Mauricio Macri era presidente de la entidad deportiva, el juez federal Claudio Bonadío consideró pertinente procesar a Cristina Fernández como jefa de una asociación ilícita destinada a cobrar sobornos, en beneficio propio, a empresarios del área de la construcción. Las pruebas para fundar la acusación radican en los testimonios de dos ex kirchneristas arrepentidos, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex secretario del entonces ministro Julio de Vido, Claudio Uberti, quienes no vieron pero escucharon decir que en un departamento del matrimonio Kirchner y Fernández se acumulaban los dineros mal habidos hasta un total de 60 millones de dólares en concepto de coimas. Pero las pruebas aún no aparecen para avalar esos dichos. Falta ahora que la Cámara Federal ratifique o no lo actuado por Bonadío para iniciar el trámite de desafuero en el Senado y llevar a Cristina Fernández a una posible detención.
RECORTES PRESUPUESTARIOS. Pasado el mediodía del lunes, el ministro Dujovne y su equipo de colaboradores se presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación para presentar el proyecto de ley de presupuesto 2019 cuestionado anticipadamente por la oposición y sectores sindicales y sociales. Es que desde la decisión de Macri de volver a los acuerdos con el Fmi todas las señales recordaban a los años del menemismo y los meses previos a la caída del gobierno de la Alianza con Fernando de la Rúa a la cabeza, en diciembre de 2001. Pese a toda la pirotecnia verbal ensayada por Dujovne sobre los cambios en las políticas del Fmi, la primera medida reclamada por la titular del organismo multilateral de crédito, Christine Lagarde, fue equilibrio fiscal basado en recortes presupuestarios.
El martes 4 de setiembre, el ministro Dujovne viajó a Washington para pedir un adelanto de 3.000 millones de dólares al Fmi que le fue negado diplomáticamente hasta no tener un monitoreo previo de las cuentas argentinas. Una semana después una misión sorpresa del Fondo aterrizó en Buenos Aires para revisarlas y disponer la forma de desembolso final de la cifra. En el medio el ministro tuvo que desmentir una búsqueda de acuerdos por fuera del acuerdo con Lagarde: el asesor económico de Donald Trump, Larry Kudlow, aseguró a la cadena Fox News que el Tesoro estadounidense está trabajando para un nuevo plan de convertibilidad “que ate el peso al dólar, mejor que en los años noventa”.
Así las cosas, el proyecto presentado el lunes vaticina una inflación interanual del 23 por ciento entre enero y diciembre de 2019 con picos más altos, en torno del 34,3 por ciento, lo cual plantea una baja respecto de la inflación estimada anual acumulada para fines de diciembre en 43,2 por ciento. También prevé una caída en la actividad económica del 0,5 por ciento del Pbi; una caída del 1,96 por ciento en el consumo privado (alimentos y bienes en general), y del 9,7 por ciento en la inversión para 2019. A esos datos hay que agregar un dólar estable en 40,10 pesos para todo el año y una proyección del aumento de esa moneda a 44,30 pesos para 2020; 48,20 pesos para 2021 y 50,50 pesos para 2022, cifras poco confiables para algunos economistas, tanto ortodoxos liberales como heterodoxos, quienes razonan que “nada indica que el dólar no siga moviéndose con libertad en el mercado según los vaivenes de la economía y la confianza de los actores”, en palabras de Miguel Broda uno de los más duros liberales en el entorno del mercado y amigo del ex ministro Domingo Cavallo.
El ajuste prevé también un recorte en la asignación de fondos para las jubilaciones de los adultos mayores a través de un mecanismo de extensión en la edad jubilatoria y recortando el beneficio a quienes lleven adelante algún tipo de “tarea remunerada, ya sea permanente o eventual”, según el artículo 16 del proyecto.
En materia de inversión en áreas clave del sector público, los aumentos de partidas en ningún caso superan el índice de inflación calculado para 2019, con lo cual cualquiera de esos montos invertidos se licúa a lo largo del año. Por ejemplo, en Educación y Cultura prevé un aumento de presupuesto del 13,7 por ciento respecto de 2018, porcentaje que choca contra el 23 por ciento de inflación interanual. En el mismo sentido, Ciencia y Tecnología tiene asignado un incremento del 30,3 por ciento respecto de 2018, lo cual redunda en apenas un aumento del 3 por ciento en caso de mantenerse la tasa de inflación proyectada.
Los que resultan ganadores en la propuesta oficial son los sectores ligados a la deuda externa. En relación con 2018, se prevé un aumento del 82 por ciento en gastos destinados al pago de intereses de deuda pública, una deuda que actualmente representa el 87 por ciento del Pbi nacional.
El gobierno introdujo en el artículo 53 del proyecto una cláusula denunciada por la oposición: “El Poder Ejecutivo podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública”. Eso implica que cualquier modificación en los acuerdos con el Fmi, por ejemplo, podrá ser realizada por Dujovne sin pasar por el Congreso. La Constitución argentina plantea como atribución parlamentaria la negociación para la toma de deuda externa, y en ese punto se basó el economista y ex diputado Claudio Lozano para llevar ante la justicia el reclamo de suspensión de los acuerdos con el Fondo por haber sido negociados y aprobados sin pasar por el parlamento. El juez federal Julián Ercolini desestimó la acusación contra Macri y sus colaboradores, Marco Peña y Nicolás Dujovne, el pasado 11 de setiembre. Pese a todo el fiscal federal Jorge di Lello recusó la decisión del juez ante la Cámara de Apelaciones por considerar que el pedido de los 50.000 millones solicitados al Fmi contenía irregularidades que el juez no tuvo en cuenta, ni hizo lugar al pedido del fiscal de citar a declarar a los funcionarios. Ahora, con el artículo 53 del proyecto, puede pasar algo similar según sostienen legisladores del Frente Renovador que se preparan para dar el debate en el Congreso sin descuidar como variante posible la denuncia judicial.
Todo el paquete de medidas contenido en el proyecto presentado por Dujovne es cuestionado por la oposición, que amenaza con no aprobarlo si no se le introducen modificaciones durante el tratamiento por comisiones y antes de llegar al pleno de ambas cámaras. “Es ridículo el planteo oficialista sobre un intento de golpe de Estado en caso de que los legisladores no aprobemos este proyecto a libro cerrado”, bramó el diputado peronista Felipe Solá. Para Graciela Camaño, titular de la bancada del Frente Renovador, el “proyecto es una mentira enorme que sólo reclama ajuste. Con este presupuesto vamos a estar peor que en 2015”, sostuvo en declaraciones radiales. La izquierda ya adelantó su voto en contra.
El principal cuestionamiento es el ajuste que recae sobre los gobiernos provinciales, a los que se les recortan fondos por más de 5.400 millones y la responsabilidad de programas sociales que hasta 2018 eran compromiso de la nación. El martes 12, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió con los gobernadores de todas las provincias para avisarles de esta novedad. Recibió quejas y amenazas de varios mandatarios provinciales, quienes anunciaron que llevarán su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia, responsable de dirimir los litigios entre las provincias y el gobierno nacional. La semana próxima empieza el tratamiento parlamentario y habrá que ver cómo resulta la intervención opositora en el debate.
