La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó, casi sin análisis, el denominado «Acuerdo para la adquisición de suministros y la prestación recíproca de servicios» (acuerdo logístico) entre el Comando Sur de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Uruguay. Su texto contempla el apoyo a operaciones en bases (y la construcción correspondiente a ese apoyo), así como desplazamientos, escalas, operaciones u otras actividades cooperativas, o en circunstancias imprevistas o situaciones en las que una de las partes pueda requerir apoyo logístico, suministros y servicios.
El emplazamiento de bases o instalaciones para el uso eventual o permanente de las fuerzas militares de Estados Unidos en territorio nacional tiene una larga historia. El primer intento conocido tuvo lugar en 1940 y dio lugar a la célebre interpelación a cargo de Eduardo Víctor Haedo, mandatado por el bisabuelo del actual presidente, que provocó un incidente diplomático con Argentina. El último intento fue en 2012. Ese año, el MDN firmó el acuerdo que ahora reaparece y abortó la construcción de un barracón en un predio militar de Durazno por el Comando Sur de Estados Unidos junto con el Ejército y sin conocimiento de las autoridades.
Transcurrida una década, a su retorno de la XV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Brasilia, el 3 de agosto pasado, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, reenvió el acuerdo de 2012 al Parlamento. En Brasil tuvo contactos con el secretario de Defensa de Estados Unidos, general retirado Lloyd Austin, y votó su propuesta de adoptar la nueva doctrina de disuasión integrada que el Pentágono recién divulgó un mes más tarde en su Estrategia de Defensa Nacional.
UN ACUERDO CON GATO ENCERRADO
El acuerdo logístico, codificado como US-UY-02, fue firmado el 16 de abril de 2012 por el ministro de Defensa Nacional y el 21 de mayo por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos en Miami. La decisión del Poder Ejecutivo de firmar el acuerdo figura en la resolución 643/011 (26-XII-11), numeral 1, donde se dice que en marzo de 2010 había caducado un «Acuerdo de similares características que fuera suscrito […] en el año 2000, el cual resultó beneficioso para ambos países».1 De aquel acuerdo US-UY-01, firmado por el ministro Luis Brezzo el 29 de marzo de 2000, al inicio del gobierno de Jorge Batlle, no hay registro parlamentario.
Para comprender aquellos fenómenos, conviene revisar las ediciones de Brecha del 12-X-12 y del 28-XII-12. Ese año estuvieron en Punta del Este el secretario de Defensa y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El 16 de julio de 2012, el profesor David Vine, de la American University estadounidense, publicaba un artículo en el Huffington Post con el título «La estrategia de las hojas de nenúfar. Cómo el Pentágono transforma discretamente sus bases en el extranjero».2
El profesor Vine describía la estrategia del gobierno de Barack Obama de desarrollar una nueva generación de bases militares en el mundo –las lily pads, hojas de nenúfar–: las ranas, apoyadas sobre ellas, se mueven rápidamente sobre un espejo de agua. Pequeñas y discretas, constituyen enclaves de despliegue avanzado que dejan atrás las mastodónticas bases militares tradicionales de Estados Unidos. Una red de «fortines de frontera», ubicados en puntos estratégicos, permite el rápido despliegue de las fuerzas militares estadounidenses en caso de ser necesario.
En Brecha (12-X-12), Marcos Rey –en el artículo «Las dos caras de la defensa»–informaba que el MDN había tomado conocimiento de un proyecto del Comando Sur de Estados Unidos en acuerdo con el Ejército uruguayo que, sin informar al ministro, iba a construir un barracón en Durazno. El pretexto era almacenar elementos para atender situaciones de emergencia.
EL JUEGO DE LA MOSQUETA Y LA BASE MILITAR
El punto crucial del acuerdo que el gobierno impulsa se ubica en el artículo II. Allí se detalla la definición de su objeto y se afirma que «apoyo logístico, suministros y servicios» significa «provisión de alimentos, agua, alojamiento, transporte (incluyendo transporte aéreo), petróleo, aceites, lubricantes, ropa, servicios de comunicación, servicios médicos, municiones, apoyo a operaciones en bases (y la construcción correspondiente a ese apoyo), servicios de almacenamiento, utilización de instalaciones, servicios de capacitación, piezas y elementos de repuesto, servicios de reparación y mantenimiento, servicios de calibración y servicios portuarios».
El complemento está en el artículo III, que explicita la finalidad del acuerdo: «Facilitar el apoyo logístico recíproco entre las partes, para ser utilizado principalmente durante los ejercicios combinados, el adiestramiento, los desplazamientos, escalas, operaciones u otras actividades cooperativas, o en circunstancias imprevistas o situaciones en las que una de las partes pueda requerir apoyo logístico, suministros y servicios».
El resto de los asuntos que detalla el acuerdo resultan verdaderamente inverosímiles por lo superfluo. Recuerdan los movimientos del malandra que embauca incautos en el juego de la mosqueta. En efecto, Estados Unidos ha transferido a Uruguay durante décadas –con o sin acuerdo– todo tipo de equipamiento y ha brindado servicios logísticos como los que se describen. Lo ha concretado de las más variadas formas: venta, préstamo, arriendo, donación, etcétera. Desde 1952 existe un acuerdo bilateral y hasta un plan militar secreto firmado en 1953. Recientemente, sin acuerdo vigente, llegaron tres pequeñas lanchas patrulleras de clase Protector, que para su incorporación a la Armada Nacional requirieron trabajos de puesta a punto en Estados Unidos, con una inversión de unos 5 millones de dólares por parte de Uruguay.
También son recurrentes los ingresos a territorio nacional de militares de Estados Unidos con armas y equipos para llevar adelante actividades de confraternización, brindar instrucción a militares uruguayos y familiarizarse con las características de nuestro país y sus Fuerzas Armadas. Obviamente, en estas actividades el Estado uruguayo les brinda suministros, servicios y también logística.
Como para muestra alcanza un botón, basta citar dos ejemplos. Del 11 de julio al 23 de agosto de 2023 permanecerán en el país 12 militares integrantes de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos (se omite que son los archifamosos seals), quienes con su armamento individual desarrollarán actividades con la Armada Nacional (se omite a los Fusileros Navales). Extrañamente, el proyecto de ley argumenta –en un texto con pasajes burdamente traducidos del inglés– que los seals instruirán a los marinos compatriotas para operaciones de paz, una misión que la Armada Nacional no cumple desde hace ya varios años y que es absolutamente ajena a un cuerpo de operaciones especiales como los seals, especializado en operaciones de combate en condiciones extremas.
También, del 5 al 10 de junio estuvieron en nuestro país 13 efectivos de la Guardia Nacional de Connecticut y un avión de transporte Hércules C-130 para llevar a cabo actividades con personal de la Fuerza Aérea Uruguaya.
Además, es habitual el aterrizaje en el Aeropuerto de Carrasco de aviones de transporte de la US Air Force –en ocasiones llegan los enormes C-5 Galaxy–, cuya carga ingresa al país sin control de ningún tipo. Todo ello sin acuerdo logístico.
En resumen, lo único relevante del texto del acuerdo es el uso de bases e instalaciones por parte de unidades estadounidenses con el fin de efectuar operaciones, escalas, desplazamientos u otras actividades, previstas o imprevistas. Podría argumentarse que ello no tiene asidero y es fruto de una mente afiebrada. Sin embargo, no son pocas las señales que ha estado dando el Comando Sur de Estados Unidos acerca de su nerviosismo por las relaciones de países de la región con lo que denomina «actores maliciosos», particularmente la República Popular China, con la que Washington ya promueve lo que todos los autores definen como «nueva guerra fría».
En su último informe a la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, afirmó que la seguridad de Estados Unidos es impactada por los problemas de América Latina y el Caribe, región a la que definió como estratégica. Postuló que los adversarios «malignos» utilizan todos los medios para socavar los intereses de Estados Unidos y erosionar la democracia, fundamentando la implementación de la «disuasión integrada». Esto es, que Estados Unidos en alianza con sus amigos y socios en la región ponga en obra coordinadamente todas las capacidades de los gobiernos, la industria, el sector privado y la academia para enfrentar a los actores malignos en todos los «dominios» –tierra, aire, mar, espacio y ciberespacio–, en todos los posibles niveles de conflicto y de forma multidimensional: en el ámbito económico, político, cultural y psicológico. Cualquier similitud con la doctrina de la seguridad nacional es pura coincidencia.
Finalmente, conviene recordar que, por mandato constitucional, el ingreso de militares extranjeros con armamento y equipo al territorio nacional requiere venia del Parlamento. La aprobación legislativa de este acuerdo US-UY-02 ¿podrá ser usada como argumento legal para la libre circulación de tropas militares estadounidenses o su instalación en territorio uruguayo sin venia del Parlamento ni conocimiento de la opinión pública?
1. Disponible en http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/643-2011.
2. Disponible en inglés en https://www.huffpost.com/entry/us-military-bases_b_1676006.
