Los resultados de las elecciones del pasado domingo no dejaron mayores sorpresas. En un escenario que tiende a ser de baja alternancia, nuevamente el Partido Nacional (PN) ganó en la gran mayoría de las intendencias y los municipios del interior, mientras que el Frente Amplio se hizo fuerte en Montevideo y Canelones (además de ganar en Río Negro y estar a la espera en Lavalleja).
En este marco, dos casos requieren especial atención. En Artigas y Soriano, los candidatos con mayores posibilidades de ganar eran o tenían el apoyo de dirigentes políticos que aspiraban a continuar en el gobierno y pasan o pasaron recientemente por instancias judiciales vinculadas a situaciones de abuso de poder y funciones. El resultado: en ambos triunfaron los políticos cuyas prácticas a la hora de ejercer el poder estuvieron cuestionadas por la Justicia.
En Soriano fue reelecto Guillermo Besozzi, imputado por diversos delitos asociados a la gestión de la comuna. En un hecho inédito, el intendente electo estuvo la mayor parte de la campaña con prisión domiciliaria y llegó a manifestar que se sentía un preso político. En Artigas, en tanto, ganó Emiliano Soravilla, del sector del exintendente Pablo Caram y de la exdiputada Valentina dos Santos. Ambos fueron condenados por la Justicia y Dos Santos fue imposibilitada de competir por decisión del PN. De todas formas, el ahora intendente electo hizo campaña junto con Dos Santos bajo el eslogan «Tu voto vale», mientras se anunciaba que sería ella la próxima secretaria general de la intendencia. Los votos los tiene Valentina.
¿Por qué ganaron? ¿Por qué, cuando se esperaría que estos candidatos fueran sancionados en el momento de rendir cuentas ante la ciudadanía, han logrado ser premiados por los votantes ganando la elección? ¿A qué se debe la baja alternancia a nivel subnacional en Uruguay? Más allá de los numerosos factores que puedan explicarlo, muchos vinculados a los resultados de la gestión de políticas de los gobiernos, en esta columna queremos dejar algunas pistas que nos ayuden a entender cómo se puede construir el poder a nivel territorial. Las lógicas detrás de este proceso son diferentes de aquellas que inciden en el ámbito nacional. La cercanía, el contacto directo y cotidiano con los ciudadanos es inevitablemente un valor político que, en una democracia, se debe destacar. Eso sucede en la mayoría de los departamentos de Uruguay y no es novedad.
El problema es cuando, además, esa cercanía y ese vínculo directo con los ciudadanos se combinan con la discrecionalidad a la hora de disponer de los recursos del gobierno (de diferente tipo, no solo económicos) para construir poder. En estos casos, se comienza a advertir un resquebrajamiento de algunos principios democráticos. Acciones ilegales, informales o, en algunos casos, antidemocráticas pueden limitar la posibilidad de que exista un escenario de alternancia. La literatura sobre este tema en la ciencia política es muy amplia y señala como característica de estas situaciones el hecho de que los gobernantes logren controlar, tanto de forma directa como indirecta, la administración pública, el acceso a la Justicia, las oportunidades de negocios y la pluralidad de los medios de comunicación. Más aún, pueden controlar las formas de organización social del territorio.
Las prácticas para construir ese poder son muy diversas. Nos centraremos en cuatro factores que consideramos relevantes en Uruguay y sobre los que se conoce poco.
Empecemos por el que ha tenido mayor impacto mediático en el último año: recursos humanos que ingresan por afinidad política o militancia a las estructuras del gobierno departamental. Más allá de las consideraciones acerca de la necesidad de establecer concursos y de la discusión en torno a los grados de autonomía que deberían tener los gobiernos para contratar a personas de confianza política, es innegable que en el nivel subnacional las prácticas de clientelismo político han sido denunciadas de diferentes formas y por muchos actores. Estas prácticas, cuando se extienden en el territorio y se continúan en el tiempo, por un lado, fidelizan, pero al mismo tiempo disciplinan, porque no es sencillo oponerse o enfrentarse a uno de los principales empleadores del departamento. Por otra parte, muchas veces la gestión y el control de estas prácticas traen aparejada la construcción de un esquema de intermediarios políticos (llamados punteros en Argentina). Por lo tanto, esa «cercanía» se puede expresar en una changa para el hijo de una militante de base, pero también en la capacidad de premiar la militancia en los mandos medios. De esto conocemos muy poco; sabemos que pasa, pero no sabemos cuánto ni cómo: falta estudiar el fenómeno para tener una mayor comprensión.
Medios de comunicación que dependen del gobierno: muchas veces la propia escala territorial juega en contra de tener medios de comunicación que puedan cumplir con su función. En primer lugar, porque parece difícil que existan los recursos para llevar adelante un periodismo de investigación serio. Muy lejos de ese ideal, muchos medios de comunicación no logran ser independientes del poder de turno. En el peor de los casos –aunque es más común de lo que pensamos–, los políticos (o sus familiares directos) son dueños de los medios de comunicación locales. En otros, las intendencias emplean a los periodistas referentes de cada territorio, lo que claramente limita su independencia. Por último, algo que quizás sea lo más común y problemático: los medios dependen del financiamiento y la pauta publicitaria de las intendencias (o de empresarios cercanos a las intendencias) para subsistir. Es una combinación perfecta para que uno de los actores fundamentales de la democracia, que debe apostar a la pluralidad, esté muy limitado.
En tercer lugar, también hay empresarios cercanos que condicionan a los votantes. Los poderes fácticos son actores fundamentales que inciden en la política local, y está bien. El problema surge cuando se asocian al poder político de turno y ejercen poder para favorecerse de formas poco transparentes. En territorios pequeños, donde las estructuras productivas son limitadas, son pocos los agentes económicos que logran crear empleo. Si esos actores económicos utilizan ese fuerte poder sobre sus empleados para que manifiesten preferencias políticas, se vuelve un problema para la democracia. Además, en algunos casos son los propios gobernantes
(o sus familias) los dueños de esas estructuras económicas, lo que vuelve todavía más complejo el escenario.
Finalmente, una sociedad civil que también depende del gobierno subnacional para funcionar: en muchas localidades la sociedad civil organizada está muy vinculada a clubes sociales o deportivos y centros culturales o artísticos. Nuevamente, en territorios pequeños, para subsistir necesitan recursos y la intendencia es un gran apoyo. ¿Eso está mal? Por supuesto que no, es parte de la función de los gobiernos subnacionales. El problema es cuando el financiamiento está condicionado al apoyo político. Difícil de regular este asunto y complicado de medir su incidencia, pero sin dudas influye en la construcción de poder a nivel territorial.
Hay que ser muy claros en que no estamos diciendo que todas las prácticas reseñadas sucedan en los casos de Soriano y Artigas. Y es una realidad que estas no son resorte de un solo partido. Por ejemplo, muchas de ellas fueron denunciadas recientemente respecto del gobierno frenteamplista de Salto.
En definitiva, el cierre de este largo ciclo electoral deja instalado el problema de la calidad de la democracia en el plano subnacional. Diferentes factores políticos, culturales y de diseño institucional pueden ayudar a una mejor comprensión del fenómeno y sus particularidades en cada caso, pero lo cierto es que el deterioro inevitablemente afecta todo el sistema. Estas prácticas por lo general no son aisladas, sino recurrentes y muchas veces normalizadas. Asimismo, es frecuente encontrar, con mayor o menor intensidad, que estos factores actúan de forma simultánea. Esto se vuelve una combinación perfecta para controlar el poder en el territorio.
Es por eso que es imprescindible problematizar este asunto, con miras a pensar algunos cambios que parecen necesarios. Quizás la ley que se está votando para reglamentar el acceso por concurso a las intendencias sea un primer paso en esa dirección, pero con eso solo no va a alcanzar.
