Diferencias en la coalición por el impuesto Covid-19

Variaciones en rojo

Tras la negativa del Poder Ejecutivo a extender el impuesto Covid-19 al sector privado, los diputados del PC evalúan proponer un aumento de su mínimo no imponible, llevándolo de los 80 mil pesos a una cifra cercana a los 100 mil. En el FA analizan dialogar con la bancada colorada.

Felipe Schipani y Conrado Rodriguez en la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo Adhoc, Javier Calvello

Dos letras, una palabra, cero motivos. «No.» Esa fue toda la respuesta del presidente de la república, Luis Lacalle Pou, en su última conferencia de prensa, el 23 de marzo, cuando un periodista de El País le preguntó si se había pensado «en algún tipo de impuesto al sector privado». El mismo día, antes del Consejo de Ministros y de la conferencia de prensa, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) había emitido una declaración pública, en un gesto inédito en lo que va del gobierno de coalición. La declaración proponía al Poder Ejecutivo «tomar medidas drásticas de reducción de la movilidad» ante la llegada de la cepa P.1 del virus SARS-CoV-2.

La declaración señalaba en términos generales qué sectores debían ser «considerados con planes especiales [y] medidas de protección», y explicitaba una propuesta concreta: «Restablecer […] la contribución temporal de los ingresos mayores que se adoptó en abril y mayo del año pasado, extendiéndola al sector privado». La idea hacía referencia al conocido como «impuesto covid-19», que en 2020 gravó por dos meses los salarios de los trabajadores de las instituciones públicas y otras con participación estatal que alcanzaran los 120 mil pesos nominales. El presidente anunció que se reeditará el impuesto en los mismos términos. Por este concepto se recaudaron 31,3 millones de dólares, con destino en el Fondo Coronavirus.

En diálogo con Brecha, el diputado Felipe Schipani, de Ciudadanos –sector que presentó la propuesta aprobada por el CEN–, manifestó que la idea les «parecía de estricta justicia». Por su parte, el diputado Conrado Rodríguez, del sector Batllistas, fundamentó la propuesta de la siguiente manera: «Esas empresas ya hicieron su ajuste el año pasado y, aun así, siguen pagando, en algunos casos, sueldos muy elevados. Se les pedía una contribución a esos sueldos elevados». «No necesariamente los mínimos no imponibles de la actividad privada tenían que ser los mismos que los de la pública. Se podría haber establecido un régimen diferencial atendiendo que la actividad privada se ha visto muy golpeada y reducida en algunas actividades, pero también teniendo en cuenta que hay capacidad contributiva en los salarios más altos», comentó a Brecha.

Según la encuesta de remuneraciones y beneficios de la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC) difundida en octubre de 2020 y basada en las respuestas de 86 empresas que operan en Uruguay, el 75 por ciento de los trabajadores del nivel gerencial tuvieron una remuneración de 284.886 pesos: «[A] nivel medio [incluye las jefaturas de las diversas áreas], la mediana de remuneración nominal fue de 126.512 pesos» (El País, 4-X-20). En el sector privado también son habituales distintas formas de compensación, como los bonos por resultado o desempeño. Según PWC, «la cantidad de salarios promedio que se paga [por este concepto] a nivel gerencial es de tres salarios, a nivel medio (jefaturas) es de dos y a nivel del personal dependiente es de un salario».

DESPUÉS DE TURISMO

A pesar de sus posturas, ninguno de los diputados colorados se mostró dispuesto a insistir en la propuesta por la vía parlamentaria. Aclarando que su posición es personal y no compromete al PC, Rodríguez valoró: «En la medida en que el gobierno tomó una definición y nosotros integramos el gobierno, seríamos proclives solamente a aprobarlo con respecto a los funcionarios de la actividad pública». «Nosotros no vamos a promover otra cosa en el Parlamento, porque ya se planteó en el Consejo de Ministros. […] No vamos a construir una mayoría, por ejemplo, con el Frente Amplio [FA]», afirmó, por su parte, Schipani. La idea de un acercamiento del FA al PC para construir un acuerdo por este tema trascendió el viernes en el diario El País. Esa intención, que se concretaría cuando se retomen las actividades legislativas, fue confirmada a Brecha por una fuente de la oposición.

Pero Rodríguez, también a título personal, se mostró partidario de revisar el mínimo no imponible del impuesto a los salarios públicos aplicado el año pasado, que, según el presidente, se mantendría. «Creo que el mínimo […] debería ser mayor», deslizó. Teniendo en cuenta que el año pasado se vieron afectados por el impuesto «quienes ganaban un poco más de 80 mil pesos líquidos», Rodríguez propone «contemplar situaciones […] de funcionarios públicos que con ese dinero son el sostén de toda una familia, con gastos fijos, cuotas hipotecarias, cuotas de la educación de sus hijos, etcétera, a quienes les complica bastante esa contribución». Aunque aclaró que aún no lo han analizado en profundidad, estimó que el mínimo podría establecerse «a partir de los 100 mil pesos líquidos o, a lo mejor, un poco más: 120 mil». Al respecto, Schipani dijo: «Se puede estudiar, puede ser modificado ese aspecto».

«Claro que se puede ver», dijo a Brecha el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano sobre la revisión del mínimo no imponible. «El impuesto no es simpático para nadie. Obedece a una necesidad. De acuerdo con esa necesidad es lo que se deberá recaudar y de acuerdo a eso se podrá subir o no el mínimo no imponible», evaluó. Recordó que el impuesto a los salarios públicos fue el primer proyecto de ley que presentó su partido. Respecto a su extensión al sector privado, dijo: «Sería para estudiar, porque nosotros decimos que hay que incentivar la inversión privada. Lo que sean salarios de sectores como el de los gerentes, los sectores más altos, creo que es estudiable. No así recargar con impuestos al inversor». En línea con lo expresado en el Parlamento por el líder de su partido, el senador Guido Manini Ríos, este mes Lozano sostuvo: «Las medidas de ayudar a las micro, las pequeñas y las medianas empresas están bien. Se quedaron un poco cortos con las medianas empresas, por los límites que salieron en la ley [que otorgó beneficios impositivos a mediados de marzo], y creo que eso se podría complementar».

El FA discrepa con la propuesta del gobierno, aunque el año pasado el impuesto Covid-19 fue aprobado por unanimidad. Según una fuente de la oposición, la discriminación entre el sector público y el privado viola «el principio de igualdad ante las cargas públicas» y podría ser declarada inconstitucional (véase «La justicia está que arde», Brecha, 23-III-21). Mientras tanto, el exministro de Economía y Finanzas y actual senador Danilo Astori presentó un proyecto a su bancada para gravar los depósitos en el exterior de residentes uruguayos. El impuesto gravaría en un 2 por ciento los depósitos que superaran el mínimo no imponible del impuesto al patrimonio, fijado en 2020 en 4.937.000 pesos.

Netuy marzo21

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