Hace 13 años, el entonces recién electo presidente, José Mujica, declaraba «la situación de emergencia de la población en situación de precariedad sociohabitacional» (decreto 171/10, de creación del Plan Juntos); hace algo más de tres, la entonces recién nominada ministra de Vivienda, Dra. Irene Moreira, compartía con la prensa su propósito de construir en este quinquenio 50 mil nuevas viviendas, aunque poco después aclaraba que ese número lo había puesto «para mostrar lo que habría que hacer», y que lo que haría en realidad sería solo «el mayor esfuerzo para conseguir el mayor número de viviendas» (Buen Día, Uruguay, 22-X-20).
El domingo 10 de setiembre, en coincidencia con los 208 años del reglamento de tierras promovido por José Artigas en 1815, el III Congreso del Pueblo (CP) presentó públicamente los informes de las comisiones temáticas que venían trabajando desde hacía varios meses en la preparación del congreso. En el de la comisión que trató «Estado de bienestar y políticas sociales», figura un informe que afirma que «el de la vivienda es uno de los principales problemas de nuestra sociedad en la actualidad, afecta directamente la calidad de vida de las personas y las familias, pero también dificulta sensiblemente el ejercicio de otros derechos, como el de la salud, la educación o el trabajo» y denuncia que «el Estado uruguayo ha estado omiso en la protección efectiva del derecho a la vivienda, tanto que debe ser considerada una emergencia nacional».
El informe también señala que «el mayor problema habitacional del país es el de la precariedad, tanto concentrada en asentamientos irregulares e inmuebles tugurizados como dispersa en barrios periféricos de las ciudades», y destaca que, a casi 30 años del primer programa de regularización, los asentamientos no han disminuido y en cambio ahora viven allí más familias», que sigue habiendo un déficit del orden del que había hace 50 años, cuando se aprobó la Ley Nacional de Vivienda (de entre 60 y 80 mil viviendas, según cómo se determine), y que, además, una de cada dos viviendas permanentes tiene tamaño insuficiente, falta de servicios, materiales precarios, aislaciones inadecuadas u otras carencias.
Esta realidad es la misma que llevó al presidente Mujica a declarar la emergencia y a la ministra Moreira a prometer la construcción de 50 mil viviendas, pero la diferencia con la situación actual es que entonces se trataba de preocupaciones o promesas que no se sustentaban en recursos para abordarlas y ahora las organizaciones convocantes del CP se comprometen a luchar para que el Estado haga «un aumento importante en los recursos públicos destinados a la vivienda social, recuperando el equivalente a los previstos en la ley 13.728» del 2 por ciento de la masa salarial total del país, lo que significaría prácticamente duplicar los recursos actuales. Ello permitiría atender las prioridades urgentes (las de la precariedad) sin desatender otros programas habitacionales importantes que permiten que la precariedad no aumente: cooperativas, viviendas para pasivos y sectores de ingresos medio bajos y medios, realojos, etcétera.
En la misma línea, el documento sobre vivienda del CP se suma a la reivindicación de Fucvam (Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua) por «reconstituir un verdadero Fondo Nacional de Vivienda (FNV), con recursos propios y permanentes, no dependientes del presupuesto o de la rendición de cuentas, sino de impuestos específicos para ese destino, aplicados a sectores con capacidad contributiva, y particularmente al patrimonio y la propiedad ociosos». Esto es muy importante porque el problema de los recursos no es solo su monto, sino también la seguridad de percibirlos regularmente. Fue por eso que, cuando el grupo de trabajo que elaboró la ley de vivienda en 1968, del que fue pilar el entonces diputado Arq. Juan Pablo Terra, enfocó la cuestión de los recursos, lo hizo justamente dotando al FNV de los aportes que mensualmente hacían patrones y trabajadores, públicos y privados, del 1 por ciento de los salarios devengados, lo que era recaudado por el propio Banco Hipotecario mediante un timbre.
Hoy el FNV se alimenta de recursos aportados por Rentas Generales y eso lo somete a los vaivenes de la política, y aun a recortes en el dinero a recibir, en momentos de ajustes fiscales. En principio, esas partidas sustituyen a las contribuciones que hacían los trabajadores y el Estado, pero el aporte de los patrones privados desapareció durante el gobierno de Lacalle padre, sin que hubiera expresión de causa, y nunca fue reimplantado, lo que postula el documento del CP.
Finalmente, en materia de recursos las organizaciones participantes reivindican otra vieja aspiración del movimiento social: que se exonere a la vivienda social de todo tipo de impuestos. Solo por concepto del IVA aplicado por variados conceptos (el principal, la compra de materiales de construcción, pero no el único) se calcula que el Ministerio de Vivienda devuelve al de Economía de 15 a 20 por ciento de los fondos que recibe, impidiéndole hacer más viviendas y obligándole a otorgar más subsidios por el encarecimiento de los costos y las cuotas generado. El Estado pone impuestos a sus propias políticas sociales, mientras exonera a los inversores privados para que aumenten sus ganancias.
Nos detuvimos especialmente en los aspectos económicos de los planteos del CP porque son claves para que cualquier plan pueda tener verdadero impacto sobre una situación que ya es casi parte del paisaje nacional. Pero hubo otras muchas propuestas que merecen destacarse, entre ellas:
• desarrollar una política de vivienda social para todos los sectores, pero priorizando a las familias que viven en asentamientos precarios o inmuebles tugurizados, sin servicios básicos, que sufren inseguridad jurídica o violencia doméstica y de género u otras emergencias (tercera edad, migrantes, personas discriminadas, etcétera) y requieren urgentemente soluciones habitacionales transitorias y definitivas, particularmente mujeres, niñas y niños;
• asegurar el acceso al suelo con servicios, siguiendo la huella artiguista. Para ello, fortalecer las carteras de tierras, nacionales y departamentales, incorporándoles los inmuebles vacíos y especialmente los degradados y abandonados, o con deudas, o los ociosos de propiedad fiscal;
• descriminalizar las ocupaciones pacíficas de espacios públicos o propiedades privadas (ley 18.116), muchas veces la única solución posible para una familia;
• acelerar la regularización de asentamientos y el realojo de habitantes de terrenos inadecuados, con una inversión fuerte, metas precisas y buen monitoreo, y avanzar significativamente en el ataque a la precariedad dispersa y la prevención de la formación de nuevos asentamientos (no por la represión, sino por la creación de otras alternativas);
• reimplantar un sistema de alquileres regulados en precios, plazos, renovaciones y garantías, que permita el acceso a la vivienda arrendada, y rever los procesos de desalojos y lanzamientos en general, especialmente los exprés establecidos por la LUC;
• estimular las formas de tenencia no especulativas (derecho de uso y goce o «propiedad colectiva», alquiler, usufructo, etcétera), que aumentan la eficiencia del impacto de las inversiones y la recirculación de las unidades construidas;
• desarrollar un intenso programa público de saneamiento en localidades pequeñas del interior y barrios periféricos de las ciudades mayores, con soluciones tradicionales y no tradicionales, encomendando esta tarea a OSE, dotándola del marco jurídico y los recursos presupuestales necesarios, y superar asimismo otras carencias del hábitat, como la lejanía de centros de salud, educativos, espacios públicos y de esparcimiento, lugares de aprovisionamiento, etcétera;
• atacar el déficit de calidad de las viviendas existentes mediante programas masivos que apunten a la ampliación y la mejora de viviendas, individual o colectivamente, y por autoconstrucción o contratándola.
El potente documento presentado en el III CP (que bien podría ser un plan de gobierno, como lo fue el del primero), producto del trabajo de las comisiones y las subcomisiones instaladas y de su compilación y síntesis, resulta del aporte de numerosas organizaciones sociales que en conjunto cubren la realidad social y económica del país. No se debe esperar de él ocurrencias nunca antes imaginadas, porque son demasiados los temas muchas veces reclamados y nunca satisfechos. ¿Será esta la oportunidad para que sean escuchados?
