Marina Arismendi, quien ya fuera titular de ese ministerio durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, había dicho que las contraprestaciones son una forma de “culpabilizar” a los beneficiarios y que, además, sancionar su incumplimiento produce el efecto contrario al que se busca: “Si yo, además de que (el niño) no va (a la escuela), todavía les saco la comida y la plata, les digo embrómese para el resto de sus vidas”, argumentó. “¿Por qué la gente está en la situación en la que está? ¿Tiene la culpa?”, inquirió. (El País, 21-I-15).
EN LA ORILLA. Algo de eso oyó o creyó haber oído Joana, que no debe pesar más de 40 quilos, tiene media cabeza rapada, 19 años y un hijo de 3 que –desde que camina– lleva a un Caif donde Brecha la abordó, en el barrio La Paloma, al norte del Cerro.
“Yo lo veo desde el punto de vista de que para mí la asignación es un derecho que debería tener todo el mundo”, opinó. Ella no la está cobrando. Dice que en el tiempo que lleva de ser madre ya se la cortaron cinco veces.
El asunto es que la casa de Joana está en el mismo terreno que la de su padre, por lo que el Bps presume que son el mismo núcleo familiar. “Entonces, cuando papá agarra trabajo en la construcción, me la cortan”, explicó la muchacha. Como la correspondencia entre ambos fenómenos no es mecánica, ella igual hace la cola todos los meses. “Pero ya voy como que no voy a cobrar, ya voy con esa.” Alguna vez le tocó aunque su padre estuviera trabajando. Alguna vez le faltó aunque estuviese desocupado, “y nadie te devuelve eso que queda para atrás”, se quejó.
Como el lunes próximo será ella quien empiece a trabajar, ya decidió que no volverá a intentar que le restituyan la prestación: “Ta. Que quede así. A mí me dicen ‘es tu derecho, es algo que te pertenece’, pero yo no puedo estar dando vueltas siempre. Me cansó”.
Preguntada por si le parece que la asignación funcione como un aliciente para que los padres manden a sus hijos a estudiar respondió con un enfático “no” que después matizó: “O sea, en mi caso no, y creo que en el caso de nadie. Uno como padre le da a su niño la educación que está al alcance, lo que puede; pero no creo que sea por la asignación”. La transferencia sirve “para comprarles ropa a los hijos, las cosas para el jardín o algo así, lo que necesiten durante el mes, no tanto para comer”.
No cree que exista una legión de vagos viviendo de las transferencias del Mides: “Veo a las personas haciendo esmeros de todo tipo para que los hijos estudien. A veces tienen poco trabajo y dependen de la asignación o la tarjeta, pero yo no los veo como que sean vagos. A veces tienen trabajo, intentan cuidarlo y lo pierden. Por situaciones ¿no?”.
Distinto piensa Luján, que tiene tres niñas y cerca de 30 años. Para ella es “obvio que está bien exigir que los niños estudien. Si no cualquiera tiene hijos solamente por una asignación o un Plan de Equidad, y eso no está bueno”.
“¿Viste lo que pasó cuando sacaron la asignación?”, preguntó a su vez, aludiendo a la masiva suspensión de la transferencia que el Bps determinó en 2013. “¿Qué pasó? Eran una locura las escuelas. Ahí sí que todas se preocuparon de anotar a sus gurises”, se respondió.
No es su caso, sin embargo. Luján quiere que sus hijas estudien “para que sean gente y porque no las puedo tener abajo de mi pollera toda la vida. Mañana a mí me pasa algo y no sé cómo se van a revolver si no tienen estudios. Hoy para limpiar un piso te piden tercero de liceo”, argumentó. Admitió, eso sí, que para ella no fue tan fácil entender la necesidad de la educación inicial: “Yo era de la idea de que no, de que por favor que hasta que empiecen la escuela se queden conmigo. Pero después que empecé, ya ves. Traigo a mi nena de seis meses y le digo a todo el mundo que haga lo mismo. Está buenísima la experiencia. No es por la asignación”.
—Pero ¿hay quien lo hace por la asignación?
—Obvio. Es mejor quedarte sentada en tu casa que preocuparte por tus hijos. Si ves a esos padres, no tienen mucha responsabilidad. Los niños pasan todo el día en la calle en vez de estar estudiando en algún centro. Las madres tomando mate o fabricando más niños.
Estela fabricó 15. Cumplió 44 años y su último vástago tiene un mes y diez días. Fue cesárea. La primera de su vida. “Y fijate, con cesárea y todo le fracturaron la piernita”, observó. A ella le parece bien la opinión de Arismendi. “Es un derecho de los niños –sentenció–. Uno aunque no tenga asignación igual los controla con el médico, y a la escuela tienen que ir. Yo estuve meses sin cobrar la asignación de Abril y no por eso dejé de llevarla a la escuelita.”
La prestación se había suspendido porque los controles médicos de la niña no estaban al día. “Pero yo los controlo a todos, y cuando voy al Bps llevo todos los controles juntos. Para mí que fue la muchacha, la funcionaria, que no los anotó. Registró los controles de los otros hermanos pero no el de Abril, y yo siempre ando con todos los controles juntos. Después la vi. ‘Fuiste vos’, le dije. ‘Ay, no me di cuenta.’ ‘No te diste cuenta pero ahora el Bps no me paga la asignación y vos no me la vas a pagar’, le dije. Tuve que ir allá, al Bps del centro, y dicen que me la van a pagar de nuevo, pero lo que quedó para atrás –ya se sabe– no te lo devuelven, queda para la cuenta del olvido.”
De los hijos de Estela nueve son mayores de 18. Ninguno terminó el liceo, y Alejandro, de 20, hace dos años que está preso, sin sentencia, acusado de homicidio. Pero cuando el diálogo se detuvo en las asignaciones suspendidas de 2013, en el hecho de que muchas de ellas correspondiesen a adolescentes, y en las dificultades para lograr que los muchachos continúen estudiando, puso cara de que eso es cuento y exhibió el carné de Jazmín, que pasó a segundo de liceo: 12 en informática, 11 en educación visual y plástica. “Pasó con diez, pasó.”
Y entonces recordó que en algún momento había dudado de que Jazmín pudiera seguir estudiando: “El año pasado la anoté en el liceo 46, allá en Batlle Berres. Me la pusieron de tarde. No me gustó el ambiente. Paraban mucho en la esquina, habían revolcado a una adscripta. Voy a hablar con una adscripta y me dice: ‘Sí, lo que pasa es que tenés que traerla y llevarla porque ella es muy chica’. ‘Mirá –le dije–, yo no tengo con quien dejar a los hermanos chicos para traerla a ella.’ Salía siete y pico de la noche. Tenía que tomar dos ómnibus. Del liceo al Paso de la Arena y del Paso de la Arena para acá. Entonces pusieron un Aula (Pedagógica) en La Boyada y la pasé para ahí”.
¿Pero hay gente que “está de viva”, cobrando transferencias sin cumplir sus obligaciones? Estela cree que sí y señala como ejemplo a “la vieja Rosa”, bien conocida por los funcionarios más viejos del Caif. La mujer llegó del Interior hace siete u ocho años. Un embarazo complicado había hecho que la derivaran al hospital Pereira Rossell. Había perdido contacto con su marido pero un periodista de su pago le hizo el favor de difundir su situación en la televisión. El marido se enteró, bajó a la capital en su carro y aprovecharon para probar suerte por acá. Levantaron un rancho a orillas de la cañada del asentamiento donde vive Estela y un alto porcentaje de las familias que traen sus niños a este Caif. Al principio vivían del “requeche” y del Plan de Emergencia. El pecado que Estela le señala es que ella y la mayor de sus hijas utilizan las transferencias que reciben para invertir en el almacén que instalaron en el rancho. Las latas herrumbradas ahora están pintadas de celeste. Todo un ejemplo de emprendedurismo.
EN EL CENTRO. En el ámbito político, las declaraciones de Arismendi motivaron críticas y golpes que llegaron desde todo el ancho del espectro. Las que vinieron desde la derecha eran esperables. Pero también surgieron críticas de quienes caminan por la misma vereda que la futura ministra.
En una columna publicada en Uy press, Esteban Valenti, quien fuera asesor del actual vicepresidente Danilo Astori, dijo no compartir, “en absoluto”, lo expresado por Arismendi respecto de no exigir contraprestaciones. Agregó que señalar que la contraprestación es “culpabilizar” a las familias beneficiarias es “una línea de razonamiento muy peligrosa”, la cual debe ser discutida, “mucho más si alguien la quiere llevar a la práctica desde el Mides”. “¿Esa es la posición del gobierno?”, cuestionó.
Astori, sin embargo, respaldó las declaraciones de Arismendi. “La ministra está anunciando la continuación del cumplimiento del programa del Frente Amplio. Estoy de acuerdo con lo que ha anunciado”, habría dicho el vicepresidente según el diario El País (22-I-15).
Desde el Bps también expresaron discrepancias con los dichos de la próxima titular del Mides. “Yo personalmente estoy de acuerdo con que se controle la asistencia al centro de enseñanza para pagar la asignación”, opinó su vicepresidenta, María del Rosario Oiz. “No hay nada previsto que haga que nosotros no cumplamos con las leyes vigentes”, aseguró al mismo diario.
Fue precisamente en este punto –el referido a la legislación vigente– donde todos quienes cuestionaron lo dicho por Arismendi coincidieron: la ley 18.227, de asignaciones familiares, de enero de 2008 (cuando Arismendi era ministra), es clara al señalar la obligatoriedad de la contraprestación –esto es, que los beneficiarios asistan a un centro educativo y les sean realizados los controles de salud correspondientes a su edad–, así como la potestad del Bps para suspender la transferencia monetaria en caso de detectar el incumplimiento (artículo 8).
En efecto, primero en 2013 y luego en 2014 el Bps suspendió un número inusual de asignaciones argumentando el incumplimiento de la contraprestación. Según datos del organismo, en 2013 fueron suspendidas 36.798 asignaciones. En una primera instancia se procedió a la suspensión de 31.753, correspondientes a beneficiarios que no habían sido inscriptos en el sistema educativo. De éstas se rehabilitaron 5.465. Meses después se suspendieron 10.510 asignaciones. En este caso el motivo fue la inasistencia injustificada.
En Primaria se considera “no asistente” al alumno que tiene, en promedio, una falta sin justificar por quincena. En Secundaria y Educación Técnica, cuando el promedio es de una inasistencia injustificada por semana.
En 2014 las suspensiones descendieron casi a la mitad: fueron 15.166. Esta vez el único criterio fue la no matriculación de los beneficiarios en el sistema educativo formal.
Tanto en 2013 como en 2014 tres cuartas partes de las suspensiones correspondieron a adolescentes que cursan secundaria.
Aunque en números absolutos se trata de cifras importantes, el porcentaje es mínimo. Las suspensiones alcanzaron al 6 por ciento de los beneficiarios en 2013 y al 3 por ciento en 2014.
Quien sí opinó en la misma línea que Arismendi fue el actual ministro de Desarrollo, Daniel Olesker. “Nadie pregunta si otros subsidios que da el Estado, que son muy importantes, con cifras bastantes más grandes que las de las asignaciones familiares, cumplen con las normativas. Yo creo que las cumplen, no estoy planteando que no lo hagan. Pero nadie pregunta. Por lo tanto comparto la idea de que hay una especie de culpabilidad, de que pedimos algo a cambio porque si no le estamos dando a la gente a cambio de nada”, dijo el jerarca a Brecha.
Según Olesker en la izquierda hay mucha gente que tiene vergüenza de transferir dinero sin exigir contraprestaciones. “Hemos hablado mucho este tema en la Mesa Política. No sólo con las tarjetas. También con gente de la calle, de los refugios, se plantea que se tiene que pedir que dediquen dos horas a tal o cual cosa. Esto está muy presente”, señaló.
Pero más allá de la cuestión legislativa –es poco probable que en el corto plazo se modifique la ley y la transferencia monetaria deje de estar condicionada al cumplimiento de la contraprestación–, la discusión está centrada en si exigir o no contraprestaciones.
Fuera del debate queda la eficacia de la condicionalidad, el desconocimiento de los beneficiarios respecto de sus derechos y obligaciones, y la dificultad para volver al camino que experimentan aquellos a quienes les suspenden la transferencia.
EN CONDICIONAL. Para la socióloga Cecilia Rossel,1 autora de una investigación sobre este tema,2 lo planteado por Arismendi es lo que se está discutiendo a nivel mundial. Una transferencia de ingresos mínima (véase recuadro), ¿debería ser condicionada, o es un derecho de las personas?, se pregunta la especialista. “Se está dando una discusión muy fuerte a nivel internacional sobre si la renta básica universal es o no un derecho. Tiene que ver con si está bien o mal exigirle a la población vulnerable ciertas condiciones”, explicó a Brecha. Y agregó: “También está vinculado con que exigir derechos genera cierto estigma. Se pone una etiqueta: ‘éste es pobre’”.
Los programas de transferencia monetaria, como las asignaciones, reciben el nombre de “programas de transferencias condicionadas”. El trabajo de Rossel apunta, precisamente, a estudiar esa condicionalidad. “El argumento con que se crearon es que funcionarían como un incentivo para que la población más vulnerable, que está todavía un poco alejada de servicios básicos a los que tiene derecho, cumpla con ciertas conductas que hagan que se acerque a esos servicios”, señaló.
El punto clave de la discusión, dijo, es “si el incentivo funciona como tal o no”. Según la socióloga, si bien distintos estudios a nivel regional prueban la eficacia de los programas de transferencia en cuanto a la asistencia educativa y sanitaria, prácticamente no existen datos respecto al impacto puntual de la condicionalidad. “No sabemos cuánto de lo que hemos logrado se debe a la condicionalidad. Tiendo a creer que el impacto se debe a la transferencia en sí misma, y eventualmente algo a la condicionalidad”, sostuvo. “Capaz que esta idea de que es un incentivo, para alguna gente funciona, y de hecho es posible que en Uruguay funcione. No sabemos cuánto funciona y cuánto no. Eso es lo importante”, agregó.
El trabajo de Rossel detectó cuatro aspectos que arrojan luz sobre las razones por las cuales las familias incumplen con las contraprestaciones exigidas por el Estado: la falta de información de los beneficiarios y una posterior confusión con respecto a cómo funcionan las transferencias; razones inherentes a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran; obstáculos en la oferta de servicios, y errores en la gestión de la suspensión. “Por qué no se logran más resultados tiene que ver con que gran parte de la población no conoce las condicionalidades”, dijo la experta. Según cita en su investigación, la mitad de los beneficiarios no conoce las condicionalidades del programa de asignaciones. “No es un debate en blanco y negro; no es todo tan obvio”, remarcó Rossel.
De acuerdo al estudio, la falta de información y la mala comunicación por parte de los organismos “atentan directamente contra los objetivos de la política”.
En mayo de 2012 la diputada del Partido Nacional Ana Lía Piñeyrúa interpeló al ministro Daniel Olesker. Durante el episodio, Piñeyrúa dijo que los programas del Mides “fomentan la marginalidad, generando una legión de dependientes de sus transferencias monetarias, condenados a la pobreza, y fácilmente utilizables como botín electoral”. Consultada por Brecha, la diputada reafirmó lo dicho entonces, porque según ella las transferencias “no les dan a las personas instrumentos para superar la situación en la que se encuentran. Les quitan independencia y libertad”, aseguró.
Por su parte, Rossel sacó del debate la cuestión de si está bien o mal exigir contraprestaciones. Consideró que ni siempre son exigibles ni hay que oponerse bajo cualquier circunstancia a exigirlas. Esto, estimó, debe aplicarse en función de cada contexto, en el que pueden ser “razonables” si funcionan correctamente los mecanismos para que la condicionalidad sea “un mecanismo para atraer a la gente a la red de protección social”.
Puso como ejemplo que la mayoría de las asignaciones suspendidas corresponden a adolescentes en edad liceal, lo cual, dijo, no sorprende a nadie. ¿Por qué? “Porque ahí está colocado uno de los principales problemas de la educación en Uruguay en los últimos 15 años. No es razonable pensar que un dispositivo de este tipo lo va a solucionar. Es pedirle a esto mucho más de lo que puede dar”, consideró.
Finalmente, desestimó rotundamente la tesis de que los pobres viven del Estado. “No creo por ningún motivo en la tesis de los pobres avivados que cobran la plata y no les gusta trabajar. Si la gente no trabaja, como un patrón, no es porque no quiera trabajar (…). Mi visión es que son déficits estructurales, de otro tipo. La idea de que la gente se arma combos para vivir de beneficios estatales es una visión completamente errada sobre cómo funcionan estas dinámicas y las poblaciones de bajos recursos en Uruguay y en otros países”, aseguró.
1. Cecilia Rossel es coordinadora de carreras de grado del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay. Es doctora en gobierno y administración pública por la Universidad Complutense de Madrid.
2. Programas de transferencias, condicionalidades y derechos de la infancia. Apuntes a partir del caso Uruguay. De Cecilia Rossel, Denise Courtoisie y Magdalena Marsiglia. Cepal, Naciones Unidas, serie Políticas Sociales, número 215, noviembre de 2014.
[notice]Con Cecilia Rossel
“Si la población vulnerable está en peores condiciones y requiere los apoyos de todos, los requiere y se acabó”
—Se suele decir que contra los derechos no se pueden exigir contraprestaciones. Usted dice que no siempre.
—Ese es uno de los argumentos que se utilizan normativamente. Por lo general los comparto: una transferencia debería considerarse un derecho.
Hay un argumento en debate que es el de la economía política, que termina siendo un dispositivo que viene con estas políticas, para de alguna manera evitar resistencias de la oposición. Como que a los pobres hay que exigirles un sentido de la responsabilidad, que hagan su aporte. Entiendo que esto pueda ser políticamente relevante, pero desde el punto de vista normativo no lo comparto. No creo que a los pobres haya que exigirles nada más de lo que hay que exigirle al resto del mundo. Al contrario, si la población vulnerable está en peores condiciones y requiere los apoyos de todos, los requiere y se acabó. Eso no quita que en algunos contextos pueda funcionar la condicionalidad, y que efectivamente pueda ser un incentivo para alguna gente atar la transferencia a la condicionalidad.
—¿La condicionalidad sería entonces una forma de convencer a la oposición política, a la derecha?
—No es un debate claramente dibujado en torno al eje izquierda-derecha. De hecho, durante mucho tiempo parte de lo que se planteaba desde la izquierda era que había que darle plata a la gente, pero exigiendo. El gobierno muchas veces reafirmó la necesidad de controlar; en el año 2013, además, hizo movimientos en este sentido. Y la derecha cada tanto insiste con esta cuestión de que la gente vive de la plata del Estado.
Tiendo a compartir los argumentos de que podemos estar como sociedad en un estadio de maduración lo suficientemente avanzado como para pensar esto sin culpa, y considerarlo como una cuestión asistencial. Incluso pensando en una perspectiva de universalización de una renta básica a muy largo plazo. Me parece que Uruguay está en condiciones de hacer eso. De todos modos en Uruguay hay un miedo muy grande de que estas sean políticas asistencialistas. A priori yo tampoco le tengo tanto miedo a las políticas asistencialistas; pienso que hay contextos en los que hay que asistir a la gente. No me parece mal, no creo que tengamos que darle explicaciones a nadie de lo que hacemos. La población que está en condiciones de pobreza es responsabilidad de todos los uruguayos. Y se acabó.
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Con Ana Lía Piñeyrúa
“Ninguna política social puede actuar por sí sola”
—¿Qué opina de los dichos de Marina Arismendi?
—Mi posición al respecto es conocida. No creo que exigir contraprestaciones sea culpabilizar a las personas, sino que es, a la vez que apoyarlas en momentos críticos de la vida, darles instrumentos para que puedan desenvolverse y salir de la situación en la que se encuentran.
La teoría moderna de las transferencias monetarias y otras, en casi todo el mundo establecen contraprestaciones.
—En realidad en Europa esa discusión está laudada. No se exigen contraprestaciones porque se considera un derecho de las personas en situación de pobreza recibir una asistencia del Estado.
—Lo de apoyar a las familias más pobres está fuera de discusión; mientras haya personas que estén debajo de la línea de pobreza hay que apoyarlas para que de esa manera puedan superar su situación. Y una manera de lograrlo es a través de las contraprestaciones, y a mí me parece bien. De lo contrario se genera una dependencia indeterminada en el tiempo, que no les permite a las personas superarse.
—La obligación de ir al sistema educativo la tienen todas las familias, no sólo las más pobres. Pero a éstas se las puede castigar por no mandar a sus hijos sacándoles parte de sus ingresos, algo que no incide de la misma manera en familias de clase media a alta.
—El tema no es mirarlo desde el punto de vista sancionatorio, sino desde el punto de vista del beneficio para los menores, y generar la forma de que los padres tomen conciencia de la importancia de la educación en sus hijos, independientemente del beneficio económico que eso les traiga aparejado.
—Dicho así sería pensar que mandan a los hijos a la escuela porque tienen un beneficio económico…
—Es una forma de orientar las conductas de los adultos.
—Entonces la única forma de orientar esas conductas sería a partir de la quita de dinero. No habría alternativas, aun sabiendo que ese incumplimiento responde a cuestiones vinculadas a la pobreza en la que están y no a sus conductas deliberadas.
—Ninguna política social puede actuar por sí sola. Se sabe perfectamente que las transferencias no solucionan el tema de la pobreza. Y crear conciencia de la importancia de la educación no se logra solamente estableciendo la obligación de asistir al sistema educativo. Requiere que en las zonas donde esa gente viva haya un desembarco de todos los servicios públicos. No va a ser sólo con las asignaciones. Se requiere de otro tipo de políticas de apoyo a la familia que todavía están pendientes. Con las transferencias no se va a conseguir erradicar la pobreza. Porque la incidencia en la pobreza es mínima.
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