Todo parece indicar que más temprano que tarde se llegará a las adhesiones necesarias para plebiscitar importantes cambios en el régimen jubilatorio en las próximas elecciones. Las firmas alcanzadas por estos días se ubican en torno a las 200 mil, unas 70 mil menos del mínimo requerido, a casi un mes y medio de que finalice el plazo para su presentación. La iniciativa impulsada por el PIT-CNT y la Intersocial se conforma de tres modificaciones esenciales a la normativa vigente. De ellas, la eliminación del pilar de ahorro individual y, por consiguiente, el cese de las actividades de las empresas encargadas de administrar esos fondos son las que generan mayores controversias. No solo por la magnitud del cambio, sino porque a casi 30 años de su creación aún existen importantes dudas sobre su composición, funcionamiento y beneficios. Tratar de despejar parte de las incógnitas que rodean el sistema es el objetivo de este artículo.
DOS CARAS DE UN SISTEMA
El régimen jubilatorio en nuestro país está basado en un sistema mixto y se compone de dos elementos centrales: uno de solidaridad intergeneracional y otro de ahorro individual. Su creación, en 1996, respondió a la necesidad de reformar el sistema entonces vigente, dadas las vulnerabilidades que exhibía a nivel de su sostenibilidad. En sintonía con las reformas de la época, el impulso liberal determinó la inclusión de un pilar de capitalización individual, complementario al de reparto ya existente. Esencialmente, las diferencias entre ambos regímenes radican en la forma en la que se define el aporte a realizar por los trabajadores y el ingreso que recibirán una vez jubilados. También en la manera en que se utilizan los fondos aportados y en la definición de los agentes encargados de su administración.
A modo de síntesis, mientras que en el régimen de solidaridad intergeneracional la jubilación se establece a partir de un cálculo definido –que promedia los mejores 20 años de ingresos–, en el régimen de ahorro individual la prestación otorgada depende exclusivamente del aporte que haga cada trabajador en su etapa activa. A su vez, en el primer caso, los montos aportados mensualmente son utilizados para financiar las jubilaciones de quienes se encuentran, en ese momento, en la etapa pasiva. En el régimen de capitalización individual, en cambio, el aporte es resguardado únicamente para el usufructo del trabajador (o eventualmente de sus herederos) cuando alcance su jubilación. Finalmente, en el régimen de solidaridad la gestión de los fondos está a cargo del Banco de Previsión Social (BPS) y en el de capitalización individual depende de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP).
TODOS PARA UNOS
En la actualidad son cuatro las AFAP encargadas de gestionar los fondos del régimen de ahorro individual. La administradora República AFAP es la que detenta el mayor número de afiliados, con algo más de 613 mil al cierre de enero de este año. A ella le siguen en cantidad las firmas Sura (363 mil), Unión Capital (362 mil) e Integración (251 mil afiliados). A diferencia de República AFAP, cuya gestión es pública, las restantes firmas son de propiedad privada. El paquete accionario de Unión Capital, por ejemplo, es propiedad del banco Itaú. El de Integración se conforma por el banco Bandes (77,4 por ciento), Cabal (8,1 por ciento) y FUCAC (14,5 por ciento). El de Sura, en tanto, pertenece al grupo colombiano Inversiones Suramericana SA, cuyo principal accionista es la familia Gilinski –dueña de uno de los mayores conglomerados empresariales y bancarios del país cafetero.
El considerable número de trabajadores afiliados a las AFAP –1.590.176– responde a varios factores. El primero tiene que ver con la obligatoriedad. Aquellos trabajadores que actualmente ganan más de 85.607 pesos se encuentran obligados a que una parte de sus aportes se gestionen mediante el ahorro individual. El segundo se encuentra en la gran capacidad de las empresas para captar nuevos afiliados, muchas veces aprovechándose del escaso conocimiento que las personas tienen del tema (ver «El rottweiler» en estas páginas). Y el tercero debido a la bonificación que se otorgaba a quienes decidían afiliarse a una administradora privada, sin estar obligados a hacerlo. Esta bonificación, eliminada a partir de la aprobación de la ley ahora vigente, establecía que si el trabajador elegía contribuir al sistema mixto multiplicaba su aporte por 1,5.
La conjunción de los factores mencionados llevó a que el número de afiliados a las AFAP creciera con el paso de los años. Su representación al día de hoy es clara: cerca de 90 por ciento de los trabajadores que aportan al régimen solidario también lo hacen al de ahorro individual, aun cuando la mayoría no están obligados. Y próximamente ese número aumentará aún más.
A partir de la aprobación de la reforma jubilatoria de la coalición de gobierno, los nuevos cotizantes pasarán a formar parte del sistema mixto, sin importar sus ingresos. A ellos también se les sumarán los nuevos trabajadores de las cajas militar, policial, bancaria y profesional. Es decir, a excepción de aquellos que aporten a la caja notarial, para el resto de los nuevos activos será obligatorio que una parte de sus aportes sea gestionada por una AFAP. Ahora bien, ¿de qué se trata la gestión que realizan?
AL RITMO DEL MERCADO
En el régimen de capitalización individual, cada afiliado hace aportes jubilatorios a una cuenta de ahorro que le pertenece. De los 15 puntos que los trabajadores vuelcan mensualmente de su sueldo al sistema mixto, diez son gestionados por el BPS (o la entidad previsional en la que esté amparada la actividad que desarrollan) y los restantes cinco, por las AFAP (siempre y cuando su remuneración sea inferior a 128 mil pesos). La función de las AFAP es invertir el dinero que ingresa a cada cuenta individual. El objetivo es que, a partir de esas inversiones, se obtengan ganancias que permitan mejorar la jubilación futura del aportante.
Las AFAP gestionan fondos y lo hacen en cantidad. Al cierre de enero de 2024, sumadas alcanzaron los 22.869 millones de dólares. Los instrumentos disponibles en los cuales invertir esa cifra son varios. De acuerdo a la normativa vigente, están habilitadas a invertir en valores emitidos por el Estado uruguayo (como bonos y títulos de deuda), organismos internacionales de crédito y gobiernos extranjeros de muy alta calificación crediticia.
Asimismo, pueden invertir en instrumentos financieros de firmas uruguayas o extranjeras de muy alta calificación crediticia internacional, en depósitos que se realicen en instituciones de intermediación financiera instaladas en el país, en empresas públicas o privadas uruguayas que coticen en la bolsa de valores, en fideicomisos financieros y en fondos de inversión uruguayos. Finalmente, también pueden hacer colocaciones en préstamos personales a sus afiliados y a otros beneficiarios del sistema de seguridad social.
De acuerdo al reporte mensual publicado en enero por el Banco Central del Uruguay (BCU),l entre los instrumentos disponibles, los más utilizados por las administradoras son los bonos globales emitidos por el Estado (23,3 por ciento de las inversiones en pesos), notas del tesoro (18,8 por ciento de las inversiones en valores reajustables), letras de regulación monetaria emitidas por el propio BCU (10,5 por ciento de las inversiones en pesos) y fideicomisos financieros (7,12 del total de las inversiones en moneda extranjera y 9,41 de las que se realizan en valores reajustables).
TRABAJO DE RIESGO
El dinero que ingresa a cada AFAP se centraliza en un fondo denominado Fondo de Ahorro Previsional. Este, a su vez, se compone internamente de tres subfondos: de crecimiento, de acumulación y de retiro. En cada uno de ellos se distribuyen las cuentas de los trabajadores, dependiendo de su edad. Así, en el subfondo de crecimiento –creado recientemente– se nuclean los aportes de los trabajadores menores a 40 años, en el de acumulación, los de quienes tienen entre 40 y 59 años y en el de retiro, aquellos de las personas mayores de 59 años.
La distribución de las cuentas en varios fondos no es antojadiza. Cada uno delimita el tipo de instrumentos en el cual se puede invertir. O, más bien, el riesgo que pueden asumir las administradoras en cada uno de ellos. En una escala simplificada, el subfondo de crecimiento es el que permite inversiones de mayor riesgo y el de retiro es el más conservador. Esto es así porque se asume que una pérdida en la etapa de crecimiento se puede recuperar con el paso del tiempo, algo que no alcanzaría a suceder en el subfondo de retiro.
El riesgo que se asume es proporcional a la rentabilidad que se espera obtener en cada inversión. Es decir, la rentabilidad que se obtiene en el subfondo de crecimiento generalmente es mayor que la del subfondo de retiro. La rentabilidad que obtienen las AFAP de los instrumentos en los que invierten es medida por el BCU. De su último reporte, de enero de este año, se desprende que de las cuatro AFAP que participan en el mercado, la que obtiene mejores resultados por año es República AFAP, con una rentabilidad neta –descontando todos los costos asumidos por las empresa– de 2,12 por ciento. Le siguen Unión Capital (1,9 por ciento), Sura (1,89) e Integración (1,38).
NO ES UN VUELTO
Por la administración de los portafolios de inversión y las cuentas de los trabajadores, las AFAP obtienen una ganancia. Esta se define a partir del cobro de una comisión sobre el aporte que realiza cada trabajador a su cuenta individual. En el caso de República AFAP, actualmente se ubica en 4,3 por ciento de lo que aporta cada trabajador. Para el resto de las AFAP, la comisión es de 6,45 por ciento, el monto máximo permitido por ley.
La fijación de las comisiones cobradas ha sido uno de los puntos más cuestionados desde la implementación del sistema mixto. Es que aquella idea de conformar un mercado competitivo que permitiera llevar las comisiones a niveles bajos y óptimos tuvo poco andamiaje. Rápidamente se comprobó que las empresas tenían pocos incentivos para reducir sus comisiones y funcionaban de forma oligopólica, ya que una reducción significativa del monto cobrado por una de las administradoras no se trasladaba a una reducción de afiliados a las otras. Así, a pesar de que República AFAP comenzó a bajar su comisión a partir del 2000, las restantes mantuvieron sus valores. Y solo las bajaron sensiblemente –casi a la mitad– cuando se fijó un tope a las comisiones máximas a cobrar, en 2018.
De esta forma, desde 1996 hasta 2018, las comisiones cobradas por las AFAP privadas oscilaron entre 12 y 15 por ciento del aporte de los trabajadores, según los datos históricos que publica el BCU. Esto les permitió obtener resultados extraordinarios, principalmente al considerar el patrimonio con el que contaban. En una nota publicada en La Diaria en 2018, los economistas Rodrigo González y Braulio Zelko evaluaron dicha ganancia y concluyeron que las empresas privadas registraban tasas de ganancia sobre su patrimonio del orden de 70 por ciento. Comparativamente, las tasas medias de ganancia de las administradoras de fondos de pensiones de empresas similares, en otros países de la región, oscilaban entre 16 y 19 por ciento.
Desde entonces, las tasas de ganancia sobre los patrimonios han descendido, pero aún se encuentran por encima de las que registran los países analizados por los economistas en 2018. A modo de ejemplo, la tasa de ganancia de Unión Capital se redujo de 62,4 por ciento en 2018 a 40,1 en 2019. Y a 2021 se ubicaba en 26,8 por ciento. Ese año, la AFAP registró una ganancia de 235 millones de pesos, según los estados contables de 2021, analizados por el semanario. Y también distribuyó unos 180 millones de pesos en dividendos a sus accionistas.
La cuestión de las comisiones no está cerrada. En la reforma aprobada por la coalición de gobierno se modificó nuevamente la forma en la que se establece la comisión máxima pasible de ser cobrada. Hasta ahora, las comisiones no podían superar en 50 por ciento la comisión más baja cobrada en el mercado. Ahora, no podrá ser superior a 20 por ciento, pero de la comisión promedio ponderada del mercado. Este cambio, insufriblemente técnico, determina la disminución del peso de República AFAP para fijar las comisiones máximas que podían cobrar las restantes administradoras. Por consiguiente, reduce las posibilidades de intervención por parte del Estado, en un sector que, hasta ahora, ha ganado más de lo que reparte.
El rottweiler
Son múltiples los testimonios de personas que dicen haber sido afiliadas a una AFAP sin suficiente información, a las apuradas, y que terminaron accediendo debido a las presiones.
Agustín Büchner
El director social en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, presentó ante el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) una denuncia formal realizada por un trabajador que fue engañado sobre su situación para que se afiliara a una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). El trabajador relata que, luego de recibir insistentes mensajes y llamadas durante su jornada laboral, se encontró con el promotor de la AFAP en la entrada de su casa, quien le aseguró «que hace una hora lo estaba esperando» y que debía afiliarse, «ya que estaba obligado».
Ante esta situación, el BPS declaró que no tiene competencias y que la ley 20.130, aprobada en mayo del año pasado por la coalición de gobierno, creó la Agencia Reguladora de la Seguridad Social, un servicio descentralizado que aún está en proceso de conformación, a la que le cabría intervenir. De momento, el directorio del BPS informó que la denuncia debe hacerse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual ya fue comunicado al trabajador denunciante.
En conversación con Brecha, Ruiz aclara que actualmente existen dos grupos de trabajadores con afiliación obligatoria: por un lado, están quienes comenzaron a aportar por primera vez a la seguridad social desde el 1 de diciembre de 2023, independientemente de sus ingresos y de la caja a la que aporten –a excepción de la caja notarial–, y, por otro lado, están los que ya contribuían a las AFAP por percibir ingresos nominales mayores a 85.607 pesos.
Ruiz declaró que «está muy preocupado» por que las AFAP estén afiliando trabajadores «sin informarles correctamente cuáles son las normas que están vigentes». Agregó que, si alguien quiere explicarle a otra persona cómo funciona el ahorro individual, «se tiene que tomar un tiempo prudencial», no es para «resolver en la puerta del trabajo, en el portón de la casa o en la esquina de una plaza». Se precisa un lugar, como una oficina, «donde el trabajador vaya voluntariamente para informarse y decida qué hacer». Actualmente lo que sucede es que el trabajador es abordado en la calle «sin ninguna condición mínima» para recibir asesoramiento, sin «la información adecuada, y termina cediendo debido a la insistencia», sentenció.
El director del Equipo en Representación de los Trabajadores (ERT-BPS) asegura que los relatos sobre engaños y apuros no son nuevos, pero que la modalidad más frecuente desde hace algunos meses consiste en aprovechar el desconocimiento de la normativa en seguridad social para que el trabajador crea que está obligado a brindar su firma.
Desde el ERT hacen un llamado de atención para que los trabajadores se asesoren en profundidad antes de afiliarse, «ya que luego de hacerlo no hay vuelta atrás, con el marco legal vigente». En los casos en los que sí media la obligatoriedad, la persona cuenta con tres meses para afiliarse a la administradora de su elección. En caso de no hacerlo, el BPS lo afilia a una de oficio.
Ruiz reflexiona en torno al concepto de afiliación voluntaria. Afirma que, «en teoría, se puede pensar que sí lo es porque está la firma del trabajador», pero se pregunta: «¿Cuántas personas recibieron la información sobre lo que significa estar afiliado?». Información, por ejemplo, sobre las comisiones que se cobran, la rentabilidad promedio del sistema, «¿o acaso explican sobre qué sucede cuando la persona adquiere alguna discapacidad o problema de salud al afiliarte en la calle?», interpela.
Para caracterizar a las AFAP, Ruiz recordó una metáfora del expresidente Jorge Batlle: «Son como un rottweiler, te muerden y arrancan un pedazo, no te sueltan», dijo, tan gráfico como siempre.
