Primero, tenemos que aclarar algunos conceptos y entender cómo funcionan los mecanismos jubilatorios en Uruguay. En principio, recordemos que en el país hay dos pilares relevantes que componen el sistema. Por un lado, está el pilar de reparto o de solidaridad intergeneracional, constituido por las cajas que integra el Banco de Previsión Social (BPS) junto con las cajas Bancaria, Notarial y de los Profesionales –también llamadas paraestatales–; además, están las cajas militar y policial, que funcionan en la órbita de sus respectivos ministerios. Por otro lado, está el llamado pilar de capitalización del ahorro individual, representado por las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP): empresas financieras privadas, como Unión Capital, Sura, Integración (de capital privado) o República AFAP (de capital público).
El pilar de reparto funciona bajo las reglas de contribución y beneficio definidos. Esto significa que los aportes de los trabajadores durante su vida activa están pautados, y son siempre iguales para personas en las mismas condiciones. A su vez, lo que los trabajadores reciban en su etapa pasiva también está determinado desde un principio para las diferentes trayectorias laborales. En este punto, cada caja de jubilaciones y pensiones (subsistemas) tiene reglas diferentes de aportación, pese a ello a partir de la reforma aprobada en 2023 se creó un mecanismo de transición para que todas las cajas –a excepción de la Notarial– converjan en un mismo cálculo del salario jubilatorio.
En el pilar de ahorro, en tanto, sucede que la contribución también está definida de antemano, pero, a diferencia del pilar de solidaridad intergeneracional, el beneficio es indeterminado desde un principio. En otros términos, las AFAP reciben su parte correspondiente de los aportes de los trabajadores, los invierten,1 a la vez que contratan un seguro de invalidez y fallecimiento para cada afiliado, cobrando luego una comisión por esta operación de capitalización (de la que deducen sus ganancias). Los trabajadores recibirán al momento de jubilarse el monto de sus aportes, más la rentabilidad de las inversiones, menos los costos que representó –para la empresa– operar con estos fondos.
Acá es donde se complica. Según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE),2 el rendimiento del aporte de cada trabajador es diferente, según el pilar. Es decir, por los mismos aportes, se reciben finalmente diferentes contraprestaciones. En el caso del pilar de capitalización, la relación es «actuarialmente neutra», debido a su carácter de autofinanciamiento, lo cual quiere decir que, descontando la rentabilidad de las inversiones y sus costos asociados, el trabajador va a recibir «exactamente» lo que aportó. En el pilar de reparto, en cambio, si bien la situación varía dce acuerdo a cada subsistema, el rendimiento jubilatorio suele ser positivo, pues la mayoría de los trabajadores reciben –por concepto de jubilación– más de lo que aportaron para solventarla. Los autores del estudio citado afirman que «esto se debe al componente redistributivo de la columna vertebral del sistema previsional». Significa –en términos concretos– que, debido a que las jubilaciones tienen un tope,3 los trabajadores de altos y muy altos ingresos aportan, en distinta medida, a las pasividades de las personas de muy bajos, bajos y medianos ingresos.
A su vez, hay que mencionar que el artículo 67 de la Constitución de la República mandata que la seguridad social se financie con aportes personales, con aportes patronales y, «si fuere necesario», con aportes del Estado. No es de extrañar, entonces, que para sostener el pilar de reparto se dirijan fondos pertenecientes a Rentas Generales, y que se hayan afectado impuestos para recaudar contribuciones, como es el caso del IVA, del cual la Dirección General Impositiva (DGI) transfiere 7 de los 22 puntos porcentuales al BPS para financiar las prestaciones.4
¿Y ENTONCES?
Actualmente hay más de 1 millón y medio de trabajadores afiliados a las AFAP; tanto por vía de la obligatoriedad como por vía del ingreso opcional. La inmensa mayoría de aquellos que aportan al pilar de reparto también lo hacen al pilar individual. Con la reforma de 2023 –si esta no es revertida por el plebiscito en curso–, los afiliados a estas financieras serán aún más. Sin embargo, hasta el día de hoy no existen registros sustantivos de trabajadores que se hayan jubilado habiendo aportado toda su vida laboral a una AFAP (pues el sistema rige desde 1996 y se necesitan 60 años de edad, con 30 años de trabajo en total, sin considerar servicios bonificados y años computables por hijo).
Por la gestión de las cuentas de ahorro de los trabajadores, las AFAP deducen ganancias millonarias (véase «La casa siempre gana», Brecha, 15-III-24). Pese a esto, la información existente sobre las llamadas rentas vitalicias (las que se generan a partir de los aportes de los trabajadores a las AFAP) es escasa, parcial e incompleta. No obstante, a partir de algunas características del mercado laboral uruguayo, de las trayectorias laborales descritas en los boletines estadísticos del BPS y de algunas investigaciones especializadas, es posible obtener algunos indicios acerca de cómo se comporta el mercado en este ámbito.
En 2022, las jubilaciones comunes provenientes de las AFAP promediaron 7.933 pesos.5 Si a esto le agregamos el promedio de jubilaciones por incapacidad, el valor asciende a 8.394 pesos (para observar el histórico completo, véase el cuadro 1). En enero de este año, el director social del BPS en representación de los pasivos, Ariel Ferrari, presentó con la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas un documento que detalla de manera desagregada cuántas personas percibieron rentas vitalicias a diciembre de 2023, junto con los respectivos valores de estas prestaciones. «Es información no divulgada por el Estado hasta el momento, y que se consiguió mediante un pedido de acceso a la información especial», declaró Ferrari. Se trata de datos que corresponden a personas que se acogieron a la posibilidad abierta por la reforma de 1996 y están cobrando actualmente una renta vitalicia por distintos conceptos.
Pero ¿cómo se comportan las rentas vitalicias según los distintos segmentos? Brecha se comunicó con el Equipo de Representación de los Jubilados y Pensionistas en el banco (ERJP-BPS) para obtener la información específica sobre las jubilaciones comunes, ya que el documento original presentado por Ferrari en enero integra las distintas prestaciones (jubilaciones por incapacidad, subsidios transitorios y otras pensiones). En el cuadro 2 se puede ver –tal como aclara el documento emitido por el ERJP a pedido del semanario– que, con relación a las jubilaciones comunes, 8 de cada 10 rentistas del régimen mixto perciben 11.320 pesos o menos, a la vez que 4 de cada 10 personas cobran menos de 2.830 pesos de renta vitalicia y el 61 por ciento de los rentistas cobra menos de 5.660 pesos.
Brecha le presentó los datos obtenidos a Ariel Cancio, coordinador de la secretaría técnica de la Comisión de Expertos en la Seguridad Social. En opinión del economista, «a esta información le falta contexto», ya que «no se conoce durante cuánto tiempo, ni por cuáles montos [los trabajadores considerados] realizaron aportes».
El contexto
A pesar de la duda de Cancio, es posible perfilar –a través de algunos indicadores– las trayectorias laborales típicas y mayoritarias de los trabajadores según cada sector de actividad, lo cual podría brindarle su debido contexto a los datos expuestos anteriormente. Y el contexto –con la reforma de 2023 de por medio– tampoco parece ser auspicioso para los trabajadores con menos ingresos.
Lo primero que hay que tener en cuenta, en este sentido, son los niveles de formalidad e informalidad del trabajo, pues repercuten directamente sobre las prestaciones contributivas y no contributivas que provee el Estado. Según cifras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 2004 la informalidad alcanzaba el 40 por ciento de la población, mientras que en 2023 esa cifra se ubicó en el 20 por ciento.
A su vez, de acuerdo a una investigación llevada adelante en 2017 por el Centro de Estudios Fiscales,6 un 28,7 por ciento de la población uruguaya (mayor de 40 años) no generará causal jubilatoria en el pilar de reparto, ni jubilación común ni por edad avanzada. Entonces, el 62,9 por ciento de los ciudadanos del quintil de menores ingresos (y el 42,9 por ciento del quintil siguiente) no accederán a la pasividad. En los quintiles de mayores ingresos, en tanto (el 73,9 por ciento del cuarto y el 89,4 por ciento del quinto), alcanzarán la causal a los 60 años. Según los autores, se observaba entonces «una polarización en materia de acceso» al sistema previsional: mientras que el 51 por ciento de la muestra «lograría generar causal de reparto a los 60 años», casi el 30 por ciento no lo lograría «ni siquiera a los 70». Cuanto más pobre, menos posibilidades de jubilarse.
El tercer dato de contexto que es importante observar tiene que ver con lo que los expertos llaman la densidad de cotización. Los especialistas del CINVE, en su estudio de 2020 (el más reciente disponible), explican que a través de este instrumento «se mide la proporción de períodos efectivamente cotizados» por las personas en el sistema, «en relación al período potencial de contribuciones». La densidad de cotización de la población «resulta clave» para comprender «los niveles esperados de cobertura y suficiencia» en la etapa pasiva a través de prestaciones contributivas, según consignan en su informe.
De acuerdo con el CINVE existe una importante cantidad de trabajadores con períodos de cotización promedio muy poco extensos: el 23 por ciento de los trabajadores del período seleccionado para el estudio (1996-2015) presenta una duración promedio de «períodos de cotización inferior a 1 año» y «el 50 por ciento no cotizó en promedio más de 3,5 años» de forma continua. En contraste, solo «el 17 por ciento de los trabajadores de la muestra» realizaron aportes «sin interrupciones» durante la totalidad de los 237 meses que cubre la base de datos. En tanto, se encontró una clara correlación positiva entre la densidad de cotizaciones y el nivel de ingreso: «mientras la mitad de los individuos pertenecientes al quintil de mayores ingresos» alcanza una densidad del 100 por ciento, solo el 4 por ciento y el 5 por ciento de los pertenecientes a los dos quintiles de menores ingresos «logran tener un historial completo». En concreto, se observa que en la medida que el nivel de ingreso aumenta, los lapsos no contributivos disminuyen, mientras que cuando el nivel de ingreso disminuye, los lapsos no contributivos aumentan. Recordemos que a mayores contribuciones, mejores jubilaciones.
Por otro lado, «más de la mitad de los trabajadores pertenecientes al primer quintil presenta densidades inferiores al 25 por ciento». Atendiendo al género de los trabajadores, se concluye que «la relación de los hombres con el sistema se caracteriza por entradas y salidas más frecuentes», aunque menos prolongadas, en tanto que las mujeres tienden a mantener por mayor tiempo su estado (contributivo o no contributivo).
En definitiva –según la investigación–, los resultados permiten comprender que «una parte significativa de la informalidad en Uruguay se explica por una relación inestable de los trabajadores con el sistema de seguridad social». La evidencia indica que «los trabajadores ingresan y salen de forma relativamente frecuente del mercado laboral», aunque como ocurre en un sistema dual, existe «un grupo de trabajadores excluidos de forma prácticamente permanente del mismo».
De acuerdo con la investigación del CINVE, a diciembre de 2020 (antes de la aprobación de la reforma jubilatoria, que impuso requisitos más restrictivos en materia de edad y años de trabajo necesarios), «la gran mayoría de los trabajadores» del bloque principal del sistema que «logran alcanzar causal jubilatoria antes de los 65 años» percibirá en concepto de prestaciones «un monto superior a los aportes realizados durante su etapa laboral activa».
Con las condiciones previas a la reforma de 2023, el rendimiento jubilatorio promedio7 del sistema de reparto (sin la opción del «artículo 8» de la ley 16.713: la posibilidad de afiliación voluntaria a las AFAP, con bonificación del 50 por ciento extra a los aportes) representaba un retorno de un 62 por ciento más de lo aportado en los hombres y de un 143 por ciento más en mujeres, en tanto que su mediana alcanza valores de 38 por ciento más en hombres y 72 por ciento más de lo aportado para las mujeres.8 Para estas mismas historias laborales, en el caso hipotético de que se ampararan en el «artículo 8», el rendimiento asciende a 114 por ciento más de lo aportado en hombres y a 236 por ciento más en mujeres, en tanto que la mediana se ubica en 62 por ciento y 108 por ciento más, respectivamente. Con la reforma de 2023 estas condiciones se restringen, deteriorando el rendimiento del pilar de reparto.
Como se decía más arriba, otra de las características del mercado laboral uruguayo es que las jubilaciones cercanas al tope jubilatorio son las únicas que percibían rendimientos negativos (menos de lo aportado); «la característica común en estos casos es la de ser historias con elevada densidad de cotización» (historias completas o cercanas a ser completas) y, además, «los salarios percibidos son elevados desde edades tempranas», lo que lleva a que los «aportes se ubiquen en el máximo o muy cerca del mismo» durante toda la trayectoria laboral.
1. Es importante resaltar que la recaudación y la transferencia corren por cuenta del BPS, que lleva adelante esta tarea de manera gratuita para las AFAP, según está previsto en la ley 16.713.
2. Densidad de cotizaciones, historias laborales y rendimientos jubilatorios en el sistema de seguridad social de Uruguay, CINVE, diciembre de 2020.
3. Los topes varían según el régimen aplicable. En jubilaciones comunes, puede ubicarse entre 70.626 y 104.441 pesos uruguayos.
4. En los hechos, el BPS recibe 6,65 por ciento del IVA, ya que la DGI retiene el 5 por ciento del total, como está pautado en el artículo 221 de la ley 12.637. En contrapartida, el diagnóstico final de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social destaca que el BPS no le cobra a la DGI por la recaudación del IRPF.
5. Esta es la información anualizada más reciente con la que se cuenta.
6. Inaugurado en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas a partir del segundo gobierno del Frente Amplio. El estudio se realizó con base en muestras aleatorias de historias laborales de entre los años 1996 y 2015, para personas de entre 40 y 60 años cumplidos en 2017.
7. Las simulaciones se consideran para la Caja de Industria y Comercio, que es la más numerosa dentro del bloque principal.
8. La media representa un promedio de los valores. Si los valores se ordenan de menor a mayor, la mediana, en tanto, corresponde al valor ubicado exactamente en la mitad.
Las AFAP en el sector rural y en el sector doméstico
Trabajo pesado
Agustín Büchner
José es olimareño y luego de 37 años de trabajo en el campo, sobre todo entre arrozales, se jubiló, a los 60 años, en 2020. Cobra la jubilación mínima (18.821 pesos) y, si bien sus ahorros en la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) están en el orden de los 380 mil pesos (debido a que la mensualidad se calcula sobre una esperanza de vida de 100 años), percibe 800 pesos al mes. Como tenía pensado utilizar su tiempo libre para disfrutar junto a su nieto y este emigró, resolvió volver a trabajar y así percibir un complemento para la economía de su hogar.1 «Creo que a lo largo de mi vida mis patrones no aportaron todo lo que me descontaban para el BPS [Banco de Previsión Social], porque si no, no me explico cómo mi jubilación es tan baja», se lamenta. Aún no le han parecido suficientes las explicaciones de la oficina local del ente público.
Walter es maragato y también se jubiló en el sector rural con 37 años de trabajo, a los 60 de edad, aunque un tercio de ellos los cumplió en el sector de industria y comercio. Percibe una jubilación de 29.400 pesos y acumuló en sus ahorros de la AFAP 932.688 pesos, los cuales se distribuyen a razón de 3.800 pesos mensuales. Si bien al momento del asesoramiento sobre la conveniencia de desafiliarse o no de la AFAP –gracias a la ley de los cincuentones– la simulación le arrojó el resultado de que su jubilación iba a ser más alta y decidió dejar las cosas como estaban, Walter es crítico con el sistema de ahorro individual. «Esto es un negocio terrible, hacen ganancias con nuestra plata», dice.
Según el Centro de Estudios Fiscales (CEF), el porcentaje de personas afiliadas voluntariamente a las AFAP en el sector rural asciende a 47,2 por ciento. Recordemos que para muchas personas la jubilación resulta más alta en sistema mixto que en el sistema de reparto. Sobre todo debido a la bonificación del 50 por ciento sobre sus aportes personales que la ley n.º 16.713 prevé para quienes se hayan afiliado «voluntariamente» a una AFAP. Esto significa que por cada 1.000 pesos que se aportaron, el BPS considera que se entregaron 1.500 pesos, con lo cual la jubilación será mayor. Esta bonificación, que se creó en la reforma jubilatoria de 1996 bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti, fue eliminada íntegramente por el gobierno de Luis Lacalle Pou para quienes se jubilen luego de 2043.
Los casos de Walter y José dejan entrever algunas realidades que se viven entre trabajadores del campo de nuestro país, y no están alejadas de los datos estadísticos más generales.
Comencemos constatando que, según un informe del Instituto Cuesta Duarte, el 47 por ciento de los empleados rurales hoy activos gana menos de 25 mil pesos líquidos, y el 87,2 por ciento de ellos lo hace aportando (cotizando) a la seguridad social. De los 80 mil asalariados, el grueso cobra entre 15 mil y 25 mil pesos: alrededor de 29 mil personas. Luego hay otros 27 mil trabajadores que cobran entre 25 mil y 35 mil pesos. Por debajo se ubican 8.600 personas que cobran menos de 15 mil pesos. Por encima, 11 mil personas que cobran entre 35 mil y 50 mil y 4.400 personas que cobran más de 50 mil pesos.
El CEF estimó en 2017 que el 27,7 por ciento de los trabajadores del sector rural mayores de 40 años no alcanzarán a configurar causal jubilatoria común ni a los 65 años de edad, y el promedio de años de servicio cotizados cuando cumplan los 60 años será de 24,8 años de aportes. De los trabajadores que sí consigan jubilarse, el 79,4 por ciento recibirá la jubilación mínima. A su vez, se puede apreciar que las jubilaciones provenientes de este sector muestran tasas de reemplazo2 promedio del 94,5 por ciento y medianas promedio del 68,4 por ciento. Esto significa que estos pasivos recibirán, promedialmente, una jubilación casi igual a la del importe de sus últimos salarios, y el valor intermedio de las jubilaciones que se cobrarán en el sector representará un 70 por ciento del valor de sus últimas remuneraciones. Según el Anuario Estadístico (2023) del BPS, el valor promedio de jubilaciones para 2022 se ubicó en 18.354 pesos.
De acuerdo con la Comisión de Expertos en Seguridad Social, el sector rural presenta «un régimen especial de aportación patronal» basado en la extensión de la tierra y su productividad, según el índice Coneat para empresas agropecuarias. La tasa de aportación de cada trabajador es del 15 por ciento del salario. El aporte patronal del sector, en tanto, es sensiblemente menor y cae desde los años noventa (véase «Línea de largada», Brecha, 5-VIII-22): equivalió en 2018 y 2019 a «una tasa del 2,01 por ciento y 1,92 por ciento», respectivamente, de la masa salarial de los dependientes del sector («aproximadamente la cuarta parte que el sector de industria y comercio»). La Organización Internacional del Trabajo recomienda que los aportes patronales y personales sean iguales (o mayores por parte del patrón).
PASANDO EL PLUMERO
Selva es tacuaremboense, tiene 60 años y está –«felizmente»– recién jubilada. Se jubiló con 33 años de trabajo doméstico reconocidos por el BPS y con 11 años que quedaron sin registrar (sus años de trabajo previos a 2007 fueron en la informalidad, lo cual cambió luego de la aprobación de la ley regulatoria del sector). Este mes cobró por primera vez su jubilación: percibe la mínima (18.840 pesos) y por parte de la AFAP acumuló un fondo de 193.369 pesos, que se pagarán a razón de 618 pesos al mes. Sobre su, no tan lejana, época de trabajadora, dice que antes de la aprobación de la ley que reconoció el trabajo doméstico «cobraban poco menos que nada».
Actualmente, ¿cuánto se paga en este sector a las trabajadoras activas? Según un informe del Cuesta Duarte, el 49 por ciento de las empleadas domésticas gana menos de 25 mil pesos líquidos; el 79,2 por ciento de ellas lo hace cotizando a la seguridad social. De las 94 mil asalariadas, el grueso cobra entre 15 mil y 25 mil pesos: 33 mil personas. Otras 29 mil trabajadoras cobran entre 25 mil y 35 mil pesos. Por debajo, hay 13 mil personas que cobran menos de 15 mil, por encima, 13 mil personas que cobran entre 35 mil y 50 mil, y otras 5.600 personas que cobran más de 50 mil pesos.
En 2017 el CEF proyectó que el 39,3 por ciento de las trabajadoras domésticas no alcanzará a configurar causal jubilatoria común ni a los 65 años de edad, y el promedio de años de servicio cuando cumplan los 60 años será de 19,8 años trabajados. De las trabajadoras que sí consiguen jubilarse, el 95,4 por ciento recibe la jubilación mínima, y se puede apreciar que las jubilaciones provenientes de este sector muestran tasas de reemplazo promedio del 108,2 por ciento y medianas promedio del 98,8 por ciento. Es decir, en promedio, estas pasivas recibirán una jubilación ligeramente superior a la del importe de sus últimos salarios, y el valor intermedio de las jubilaciones está apenas por debajo de sus últimas remuneraciones.
Según el Anuario Estadístico (2023) del BPS, el valor promedio de jubilaciones para 2022 se ubicó en 16.618 pesos. El porcentaje de personas afiliadas voluntariamente a las AFAP en el sector doméstico asciende a 34,8 por ciento. El aporte patronal por concepto jubilatorio del sector está fijado en 7,5 por ciento del sueldo, mientras que la tasa de aportación personal es del 15.
- Esto es posible porque la Ley de Reforma de Seguridad Social, ley 20.130 (2023), lo habilita.
- Relación entre lo aportado en la vida activa y lo recibido por concepto de jubilación.
