El economista Gonzalo Zunino, director del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), despliega, en las pasadas dos ediciones de Brecha, cuatro páginas de argumentos contra la aprobación del plebiscito sobre la reforma jubilatoria de 2023 promovido por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales (véase «Buenas intenciones no es sinónimo de buenas políticas», I y II). Sus argumentos, sin embargo, no son nuevos: desde que surgió la idea de oponerse con ciudadanía al duro golpe propinado a las clases populares con esa reforma, los vienen planteando un conjunto de políticos y técnicos proveniente de los más diversos (y algunos impensados) orígenes, desde la derecha neoliberal más ortodoxa hasta parte de la academia y alguna sedicente centroizquierda que quizá espera ser gobierno en el próximo período y prefiere que otros le saquen el problema de encima.
Tampoco es novedoso que estos críticos de la propuesta plebiscitaria (que, lo quieran o no, actúan como defensores de la reforma multicolor) escriban páginas y páginas sobre las catástrofes que traería la aprobación del plebiscito y no dediquen un solo párrafo a las catástrofes que ya trajo la aprobación de la reforma de 2023. La cuestión es que las catástrofes supuestas y las reales no golpean a los mismos protagonistas: la reforma del gobierno les pega a los trabajadores y a los pasivos, haciendo aportar a los primeros cinco años más, porque se les ocurrió vivir mucho, y a los segundos cobrar menos, para que las cuentas le cierren; en cambio, protege al sistema financiero (de muchas formas y de esta también), defendiendo la supervivencia de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) y la multiplicación de sus ingresos, y evitando que se les pida cualquier esfuerzo. Al contrario, en un contexto en que se sostiene que hay déficit, se recortan los impuestos que pagan sectores pudientes (rebaja del IASS y el IRPF).
Como es lógico, el plebiscito también tendrá ganadores y perdedores: los ganadores serán los trabajadores, que podrán jubilarse a los 60 años sin tener que esperar cinco inciertos años más (por ahora, porque la reforma abre la posibilidad de que la edad de retiro se siga aumentando); los pasivos, que verán las prestaciones que reciben elevadas a valores más decorosos, aún sin ser suficientes, y ¡el Estado!, que tendrá más recursos para cumplir con su finalidad de mejorar la vida de la gente que ha culminado su período laboral porque recibirá los recursos que ahora van a las AFAP, ahorrará las comisiones que hoy se llevan estas y los intereses que se les pagan para poder usar ese dinero, captándolo mediante deuda pública. Y los perdedores serán el sistema financiero, que se quedará sin el pingüe negocio que otra reforma (la de 1995) les regaló al crear las AFAP, y los sectores más pudientes, a los que habrá que aplicar impuestos para solventar el costo de la seguridad social, que la reforma de 2023 hace pagar a trabajadores y pasivos.
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El discurso de Zunino tiene, a mi juicio de ciudadano que no posee ningún doctorado en Economía pero le gusta pensar con su propia cabeza, varios problemas, porque confunde cosas, porque omite cosas y porque da por ciertas e indubitables cosas muy inciertas.
Para empezar, Zunino dice que en el plebiscito «se vota la instauración de un nuevo sistema jubilatorio» y, entonces, le exige a la papeleta que resuelva una cantidad de cosas que un sistema jubilatorio debe tener resueltas. Pero sucede que aquí no se pretende tal cosa, no se va a crear ningún sistema jubilatorio, entendido como un conjunto completo y armónico de medidas, sino simplemente volver a 2022, a antes de la aprobación de la ley 20.130, anulando las disposiciones más regresivas que esta contiene y retornando la gestión del sistema al Estado.
La reforma jubilatoria quedará para hacer por el próximo gobierno, con otras mayorías, y deberá ser progresiva y no regresiva, y justa y sostenible. Y, para que así sea, el plebiscito pone ciertas barreras constitucionales que impedirán tentaciones a la izquierda y malos pensamientos a la derecha: esa reforma no debe hacer, como la que aprobó la coalición multicolor, que los costos recaigan sobre los trabajadores y los pasivos, sino sobre los sectores que tienen mayor capacidad contributiva, lo que el presidente llama cariñosamente los malla oro, porque las políticas sociales tienen costos y tienen que pagarlos quienes pueden hacerlo.
La otra confusión grande es que Zunino llama déficit a lo que no queda cubierto por aportes (ni siquiera considera los impuestos específicos para la seguridad social), con lo cual ignora que en el sistema jubilatorio no hay déficit porque así lo dispone expresamente el artículo 67 de la Constitución, en la redacción dada por el plebiscito de 1989. Con esa visión de déficit, claramente errónea, en los países en que no hay aportes, sino que el financiamiento es exclusivamente con fondos presupuestales, no podrían existir prestaciones, porque todo sería déficit.
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En cuanto a las omisiones del análisis de Zunino, son numerosas: en primer lugar, al ignorar que el plebiscito es solamente una etapa de la reforma, deja de lado que inmediatamente sí tendrá que haber una reforma integral de la seguridad social (y no solo de las jubilaciones) que debe dar respuestas a todos los problemas que Zunino pronostica que acaecerán, suponiendo que el plebiscito se aprobará y que no habrá ninguna acción complementaria. Partiendo de ese error, y también del supuesto equivocado de que la presión fiscal está en su límite posible y no hay otra forma de obtener recursos que reduciendo gastos o redistribuyéndolos, de ahí a decir que no se podrá mejorar la situación de la infancia, la educación, la salud ni ninguna otra cosa hay un solo paso. Porque, desde luego, tampoco considera eliminar exoneraciones indefendibles ni mejorar la eficiencia recaudatoria, cuyas perforaciones no las producen los pobres precisamente, ni hace mención alguna al ahorro que significará la eliminación de las AFAP que antes señalamos, por medio de la eliminación de comisiones y el pago de intereses de colocaciones.
Lo mismo sucede con su conclusión de que el aumento de las prestaciones mínimas terminará beneficiando menos a los sectores de ingresos más bajos que a los de ingresos medios, lo que deduce porque congela la pantalla, detiene el mundo en el momento actual y deja de lado que habrá una reglamentación legal de lo plebiscitado, una reforma de la seguridad social que deberá ajustar esos detalles y que, en último caso, hasta puede haber una ley interpretativa del artículo constitucional o un nuevo plebiscito para hacer los ajustes necesarios, que solo necesitaría que dos quintos de los legisladores lo convocaran, lo que está al alcance del gobierno, desde luego, pero también de la oposición. Porque no hay que olvidar que el movimiento social emprende este camino porque no quedó otro.
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Zunino sostiene que la papeleta elimina la posibilidad del ahorro individual y, con ello, quita un importante soporte económico al sistema. En esto puede existir la ilusión de que el ahorro individual, que lógicamente generarán quienes puedan hacerlo por su posición socioeconómica, permitirá aportar recursos que incrementen el fondo general, pero ese dinero tiene nombre y apellido, no se puede usar para subsidiar a otra u otro porque cuando quien hizo el ahorro desee retirarse va a exigir que se le retorne.
Entonces, más que una ayuda es un ruido en el sistema, porque, en un andamiaje con vocación de solidaridad intergeneracional e interclases, en el que el fin es que se reciba lo necesario para una subsistencia digna, se introduce una componente diferenciadora en función del mayor ingreso y, por consiguiente, de la mayor capacidad de ahorro.
Por otra parte, el plebiscito abre la posibilidad del ahorro colectivo, que de alguna manera matiza lo anterior, y tampoco puede dejarse de lado que la prohibición del ahorro individual refiere al sistema jubilatorio y que nada impide que existan otros mecanismos que permitan hacer reservas para el futuro poslaboral. Formas existen, y, si aparece una demanda, el sistema financiero seguramente inundará la plaza con las ofertas más variadas.
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Y sobre las certidumbres: es sabido que las conclusiones de cualquier análisis se relativizan tanto más cuanto más inciertas son sus hipótesis. En una cuestión tan compleja como la seguridad social, en la que intervienen la economía, la demografía, la medicina, la antropología, la psicología, la sociología y otras cuantas disciplinas más, hacer supuestos de lo que sucederá en el próximo siglo solo tiene sentido si faltan tres o cuatro años para que termine el que transcurre. No es el caso. Y no se recomienda internacionalmente hacerlo, cosa que deberíamos saber antes de dibujar gráficas que pueden ser muy impactantes, pero que son solo imaginación, cuando no expresión de deseos.
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Finalmente, una reflexión personal que siento la necesidad de compartir: a quienes contábamos, hace cinco décadas, con el CINVE de Celia Barbato, Luis Macadar, Alberto Couriel y otras compañeras y compañeros (lo mismo que con el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay y otros institutos donde la seguían peleando quienes eran marginados de la Universidad de la República por sus ideas y su militancia social y política) para entender mejor la realidad en tiempos de oscuridad, ahora nos cuesta entender a este CINVE.
