El gobierno tiene el camino despejado para firmar el contrato que habilite la construcción de las obras previstas en el proyecto Neptuno. El levantamiento por parte de la Justicia de la medida cautelar de no innovar en la zona de Arazatí, departamento de San José, donde está prevista la construcción de la planta potabilizadora, y la casi segura aprobación de la autorización ambiental por parte del Ministerio de Ambiente (MA) le permitirán al presidente Luis Lacalle Pou concretar la firma del contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, autor de la propuesta que este gobierno abrazó como propia.
Neptuno consiste en una toma de agua en el Río de la Plata y la construcción de una planta para su potabilización, más una reserva de agua (un pólder) de la que abastecerse cuando ocurran episodios de salinidad. La obra se conectará con Montevideo a través de más de 70 quilómetros de tubería y permitirá potabilizar 200 mil metros cúbicos de agua por día, que equivalen a un tercio de la demanda pico del área a abastecer: Montevideo y el área metropolitana. Neptuno implicaría una inversión de alrededor de 300 millones de dólares que financiaría Aguas de Montevideo (integrado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast), a la que luego el Estado pagaría alrededor de 50 millones de dólares anuales durante 18 años, lo que totaliza una cifra de más de 900 millones de dólares (véase «Agua dulce, agua salada», Brecha, 27-V-22).
QUÉ LÍO
Vamos por partes. La medida cautelar que había impuesto el juez en lo civil Alejandro Recarey, ante el pedido de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la agrupación Tucu Tucu, mientras se sustancia el juicio por el que se pretende impedir la firma del contrato, fue levantada por un tribunal de apelaciones el 20 de noviembre, apenas cuatro días antes del balotaje (véase «Un poco de aire», Brecha, 3-V-24). Esto llevó al gobierno a decir que esperaría a conocer el resultado de las elecciones para tomar cualquier decisión.
El resultado fue el triunfo del Frente Amplio (FA), que se ha opuesto de manera sostenida a la concreción del proyecto. Aunque en sus bases programáticas el FA habla de que tendrá como prioridad la construcción de una planta en Casupá (Florida) y no rechaza explícitamente Neptuno, lo cierto es que en todos estos años ha actuado en contra de su construcción y así se han manifestado infinidad de dirigentes, empezando por Edgardo Ortuño, integrante en representación del FA en el directorio de OSE durante los cuatro primeros años de este período de gobierno, y Fernando Pereira, presidente de la fuerza política.
El 27 de noviembre, luego de la primera reunión con Lacalle, el presidente electo, Yamandú Orsi, fue consultado al respecto. Dijo que no se había hablado en la reunión, que «algunos aspectos del proyecto no me terminan de convencer», que entiende que «el gobierno es gobierno» –en referencia a las potestades que tiene la coalición para aprobarlo–, que «tal cual está planteado no es lo más conveniente», e hizo referencia a las observaciones que el proyecto ha recibido estos años: «Me imagino que ningún gobierno, ninguna autoridad, puede caminar hacia adelante si esas observaciones no son levantadas», comentó ante la prensa.
Dos días después, Telemundo informó, citando fuentes cercanas al tema, que el escenario más probable era dejar «que el nuevo gobierno firme el contrato con las modificaciones que entienda convenientes, pero no se prevé una marcha atrás en la ejecución de las obras que ya fueron licitadas y adjudicadas». Alejandro Ruibal, director de Saceem y una de las caras más visibles del proyecto –su nombre además sonó esta semana para candidato a intendente de Montevideo por el Partido Colorado–, dijo que el consorcio sigue trabajando, reconoció que el gobierno electo «tiene todo el derecho de plantear dudas o eventualmente correcciones», pero recordó que la concesión ya fue otorgada y que la autorización ambiental estaría casi pronta, por lo que esperan la firma del contrato.
El 2 de diciembre, luego de una reunión en la Torre Ejecutiva, Alejandro Sánchez, próximo secretario de la Presidencia, fue más específico al hablar del «conjunto de observaciones de organizaciones sociales, productores, académicos de la Udelar [Universidad de la República] y ambientalistas que habría que necesariamente levantar para que se pueda avanzar. El gobierno actual está en discusión de qué hará. Lo que le transmitimos es que hemos sido críticos por las observaciones que se le han hecho y que, si no se levantan, nuestra opinión es contraria al proyecto».
¿Qué significan estas idas y vueltas entre el gobierno actual y el electo? ¿Por qué más allá de las formas amables, propias de los períodos de transición, el gobierno actual, conociendo la oposición del FA al proyecto, no dice con contundencia que aprobará el proyecto en los tres meses que le quedan? Esa sería, en apariencia, la salida más fácil para este gobierno, que ha defendido el Neptuno a capa y espada. Sin embargo, según Brecha recogió tanto de fuentes frenteamplistas como de ambientalistas y académicos vinculados al tema, lo que sobrevuela en la actitud de los últimos días es la intención del gobierno actual de comprometer de alguna manera al FA en la aprobación del proyecto, algo que esa fuerza política intenta evitar. Es que, según fuentes consultadas, uno de los debates a la interna del FA es qué estrategia utilizar: si mantener firme la negativa y obligar a Lacalle Pou a hacerse cargo de la decisión o plantear que se solucionen las objeciones fundamentales, sabiendo en definitiva que al hacerlo el proyecto caerá.
OBJETADOS
Repasemos ahora de manera somera las objeciones fundamentales, que se dividen en tres niveles.
1. Objeciones técnico-ambientales
Entre las más importantes está la ubicación del emprendimiento, porque el agua en el Río de la Plata a la altura de Arazatí tiene durante períodos prolongados una salinidad en niveles no admisibles para potabilización, lo que impide garantizar el abastecimiento los 365 días del año. Mientras la empresa dice que los eventos de salinidad son muy esporádicos, en octubre Búsqueda reveló que un informe de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, hecho a pedido de OSE, determinó la existencia de períodos muy frecuentes de salinidad en la zona, la mayoría en verano, tomando datos de los últimos 22 años. El informe, según Búsqueda, no fue mencionado por las autoridades públicas en las audiencias ante la Justicia.
Por otro lado, está la ubicación del pólder, que se construiría justamente para tener una reserva de agua para aquellos días y se haría en tierras con un alto índice Coneat. Es aquí donde empieza a tallar la oposición de los productores, ya que se trata de la expropiación de 400 hectáreas para ser inundadas que hoy pertenecen a familias que cultivan papa, frutales y se dedican a la ganadería lechera.
Un tercer punto tiene que ver con la calidad del agua, ya que estudios del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Udelar determinaron la existencia de una gran presencia de cianobacterias en la zona. Daniel Panario, docente del instituto, dijo a Brecha que las concentraciones son tales que hacen difícil la eliminación de las toxinas con las capacidades que tiene OSE. Para Panario, las objeciones ambientales al proyecto deben entenderse fundamentalmente como un tema de salud pública. Explicó también que como resultado de la potabilización de agua marina se produce bromoformo, un compuesto considerado un contaminante peligroso; la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos propone como valor aconsejable cero, por considerarlo cancerígeno cuando se consume por períodos prolongados. Según Panario, aunque los niveles de salinidad en el agua sean bajos, el bromoformo, dado el tratamiento de potabilización que se usa en el país y en gran parte del mundo, se genera igual.
2. Objeciones al modelo de gestión y el financiamiento
¿Por qué el Estado uruguayo debería pagar más de 900 millones de dólares por una planta que potabilizaría el 30 por ciento de la necesidad diaria de agua de la capital y su zona metropolitana, cuando puede hacer Casupá, que sale tres veces menos y logra el 70 por ciento del abastecimiento diario necesario? El precio total que pagará el Estado, y que multiplica por tres el costo de la obra, responde al modelo de negocio elegido, diferente al habitual en OSE, que suele buscar financiación y luego adjudicar una obra pagándole a una empresa por su construcción. Aquí, la empresa busca financiación, hace la obra, se encarga de parte de la operación y también del mantenimiento. De esta forma, lo que se paga no es solo la obra, sino la «disponibilidad» de la infraestructura (la toma de agua, la planta, el pólder y la tubería que conecta con Montevideo) para que OSE pueda brindar agua potable, lo que, sumado a los suculentos intereses que cobra, redunda en el negocio para el privado. De hecho, el negocio pondría en jaque a OSE, que cuenta con 70 millones de dólares anuales para inversiones, de los cuales tendría que destinar 50 millones (más del 70 por ciento) para pagar esta obra, lo que dificulta la concreción de otros proyectos.
3. Objeciones a la legalidad
Tal como está el contrato hoy, la operativa de la toma de agua, sea del Río de la Plata o del pólder, estará a cargo de la empresa. Dicho de otra manera, la primera parte del proceso de servicio de abastecimiento, que consiste en extraer el agua bruta para potabilizar, lo hará el privado, con lo que el modelo de gestión propuesto privatiza una de las etapas del proceso y, por lo tanto, lo convertiría en inconstitucional, al violar el artículo 47, que establece que el abastecimiento de agua será prestado «exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales».
SABREMOS CUMPLIR
Lo mejor que le podría pasar al FA es que el gobierno no firme y deje en sus manos la decisión, dicen varias fuentes consultadas. Pero no todos confían en que eso suceda. Si Lacalle firma el contrato en la soledad en que se encuentra, sabiendo que el próximo gobierno se opone, deberá cargar casi en exclusiva con la responsabilidad de los resultados –ambientales, económicos, sin contar con los posibles desenlaces legales de los juicios que hoy se dirimen en la Justicia–. Además, el FA se verá enfrentado a tomar la decisión de cumplir con el contrato, tal vez tratando de imponer ciertas modificaciones que muchos creen imposibles, o afrontar un juicio (seguramente no tan millonario como el costo de la obra), pero con el sabor de la promesa cumplida.
El gobierno y Neptuno
Una defensa en soledad
Es importante recordar que el gobierno tiene dos escollos que evita mencionar, pero que pueden condicionar sus decisiones: uno es la soledad en que ejerce su defensa y el amplio abanico de opositores con el que cuenta. No solo el FA; son principalmente las organizaciones ambientalistas y sociales, los científicos más destacados del país en las materias que involucra esta obra, los productores de San José que se verán afectados (que, a su vez, son apoyados por grupos de vecinos y productores, como la Asociación Rural de San José, el centro comercial de Libertad, varias cooperativas, la Asociación de Productores de Leche). Incluso ediles blancos solicitaron a la intendencia una medida cautelar para no innovar en la zona, petición que fue acompañada por los ediles colorados y del FA, y negada por el gobierno departamental. El diputado frenteamplista del departamento, Nicolás Mesa, dijo a Brecha que el Neptuno es uno de los temas que contribuyó a la victoria en San José, y que Rincón del Pino y Rafael Perazza –las zonas de influencia donde se construiría la planta– fueron las zonas donde, porcentualmente, el FA creció más entre octubre y noviembre en el departamento (véase también en esta edición «La gente está dejando de tener miedo»).
El otro tema a considerar es que el proyecto Neptuno está atravesado por juicios y recusaciones en la Justicia y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Si el contrato se firma sin esperar sus resultados, podría exponer al país a millonarios juicios, además de dejar malherida la figura de Lacalle. Por un lado, la justicia civil deberá dirimir sobre la demanda que pretende impedir que se otorgue la autorización ambiental previa y que se firme el contrato, que se considera inconstitucional. Este juicio estaba en la órbita del juez Recarey, que fue apartado del caso, y ahora el nuevo magistrado, Federico Tobía, deberá estudiarlo de cero. Entre otros aspectos, Tobía debe decidir si hará lugar al pedido de medidas cautelares que interpusieron los demandantes y que Recarey había aceptado, decisión que, aunque pocos ven probable, podría congelar nuevamente la firma del contrato.
Por otro lado, el TCA tiene en sus manos tres recusaciones: una presentada por Edgardo Ortuño en 2022 cuando era director de OSE, que pidió la nulidad del proyecto Neptuno, entre otras cosas, porque su aceptación se definió «apartada de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Directorio, que supuso resolver un asunto trascendente y complejo, que implica asumir importantes riesgos y un costo millonario para la Administración, en 24 horas, sin tiempo para su debido análisis y estudio», y sin contar con los informes técnicos del organismo.
Otra, interpuesta por la Federación de Funcionarios de OSE, que solicitó la nulidad de la licitación por considerarla ilegítima por perjudicar y lesionar derechos fundamentales de la población.
La tercera fue presentada en 2023 por la organización REDES-Amigos de la Tierra, asesorada por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Udelar. Esta última tuvo noticias importantes la semana pasada, cuando se conoció que el tribunal aceptará la declaración de tres científicos de la Udelar que habían sido recusados por OSE y el Ministerio de Ambiente, acusados de no ser imparciales. Ellos son Luis Aubriot y Marcel Achkar, ambos investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, y Danilo Ríos, docente del curso Potabilización de Aguas y ex gerente general de OSE.
