La decisión –ya efectivizada– del actual gobierno de abrir la Oficina de Innovación y Emprendimiento en la ciudad de Jerusalén, motivada por un compromiso del presidente Lacalle, ha sido rechazada por numerosas organizaciones sociales. En un comunicado fechado el 2 de enero, los firmantes de la «Declaración conjunta sobre la apertura de la oficina en Jerusalén», señalan que «Uruguay no puede salirse del consenso internacional para alinearse con los intereses de la potencia ocupante y su régimen de apartheid. Uruguay, como firmante del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (aprobado por ley 17.510 de 27/06/2002 y ley 18.026 de 25/09/2006), tiene la obligación legal no solo de no colaborar con un régimen de apartheid, sino de trabajar activamente para ponerle fin. Por eso rechazamos la apertura de una oficina paraestatal en Jerusalén y cualquier medida tendiente a ignorar las resoluciones y mecanismos de la ONU».
Todas las decisiones gubernamentales se asumen considerando el contenido y el contexto en el que se toman; el contexto de apertura de la Oficina de Innovación, más allá de consideraciones científicas y tecnológicas, es diferente a otras etapas relativas a la cuestión palestina, por cuanto estamos asistiendo a un genocidio en curso perpetrado por el Estado de Israel (decenas de miles de asesinados, niños, niñas, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, médicos y personal de la salud, periodistas), a lo que se suma la destrucción masiva de casi toda la infraestructura civil en Gaza (escuelas, hospitales, iglesias, mezquitas, barrios enteros, carreteras) y la usurpación extendida de tierras en Cisjordania por parte del Estado de Israel. Este es el contexto y no puede argüirse una supuesta cooperación académica con universidades que contribuyen con investigaciones en el campo militar. Este contexto constituye un dato ineludible.
Por otra parte, en una de las últimas sesiones ordinarias del año pasado de la Cámara de Representantes, el diputado frenteamplista Ubaldo Aita apuntaba a la recuperación de las mejores tradiciones en materia de política exterior para modificar el sesgo del actual gobierno. Precisamente la apertura de un organismo paraestatal en Jerusalén, cualquiera sea su carácter, no hace otra cosa que legitimar la agresión criminal del régimen sionista radical de ultraderecha.
Asimismo, durante el Coloquio ONU-Palestina, celebrado en el anexo del Palacio Legislativo en diciembre, varios participantes hicieron referencia a la inexistencia de oficinas uruguayas de este tipo en funcionamiento o por inaugurarse en algún país del mundo. Incluso más, se cuestionaba la relevancia académica de abrir la Oficina de Innovación en convenio con la Universidad Hebrea, en términos comparados con otros posibles acuerdos de cooperación en enclaves de alta tecnología. Para colmo, dicha universidad «se jactó de proporcionar “diversos equipos logísticos a varias unidades” para el genocidio en Gaza; alberga en su campus una base militar donde se permite a los militares circular armados y de uniforme; participa en el programa Alfa del Estado Mayor del Ejército para formar militares en disciplinas científicas que son aplicadas en las unidades de inteligencia, de tecnología y de guerra electrónica y cibernética en el Ejército israelí y en el programa Atuda (“reserva”) de formación de cuadros científicos» («Declaración conjunta sobre la apertura de la oficina en Jerusalén», enero de 2025).
No hacen falta más pruebas para reconocer la tragedia palestina expuesta cotidianamente en la vorágine de sangre y muerte descargada sin piedad por el Ejército de «defensa» israelí y también en los discursos de odio y racismo manifestados por varias autoridades sionistas de ultraderecha. La traza asimilable a acontecimientos del pasado lejano resulta oprobiosa y mancilla la humanidad toda, allende los credos religiosos o las culturas diversas de Oriente a Occidente.
¿Acaso el pueblo palestino se convirtió –desde hace décadas– en el chivo expiatorio de culpas ajenas? La paradoja histórica deviene en cruda realidad ante la impavidez y la complicidad silenciosa de las potencias occidentales y alcanza su cenit a cuenta del cinismo estadounidense más reciente, con la sugerencia de Donald Trump de «limpiar» Gaza, emulando la solución final de triste memoria. Precisamente, en ese sentido, el primer ministro Benjamin Netanyahu fue declarado –en noviembre de 2024– prófugo en una investigación por crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional, y la Corte Internacional de Justicia investiga acusaciones de varias naciones contra Israel por cometer genocidio. Ambos organismos son reconocidos sin lugar a sospechas por el ordenamiento jurídico a nivel mundial.
Cerrar la Oficina de Innovación supondría una señal inequívoca del nuevo gobierno frenteamplista en el sentido de no alineamiento incondicional con el Estado de Israel y simultáneamente de afirmación del Estado uruguayo de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos más elementales. Otras naciones latinoamericanas han sido explícitas en aquella dirección, por lo que incluso sería viable y deseable conformar un grupo que eventualmente contribuyera a una solución pacífica sobre la base del reconocimiento a la autodeterminación del pueblo palestino y la convivencia de dos pueblos hermanos. Solo un auténtico proceso de negociación que culmine reconociendo y garantizando los derechos del pueblo palestino en toda su plenitud, el fin del genocidio en curso, la retirada completa de los territorios ocupados y el respeto irrestricto a los derechos humanos cercenados podrá conducir a una paz justa y duradera para todos.
La ética jamás debe estar disociada de la política. En consecuencia, un cambio significativo de la política exterior hacia Oriente Medio, y muy particularmente con relación al drama palestino, sería la prueba inequívoca de un gobierno progresista anclado en la ética de la paz, de la justicia y de la defensa irrestricta –sin claudicaciones ni complicidad– de los derechos humanos. El cierre de la Oficina de Innovación en Jerusalén sería una primera señal en esa dirección.
* Christian Adel Mirza es diputado por el Espacio 609, del Frente Amplio.
