El 6 de agosto de 2023, el Plenario Nacional del Movimiento de Participación Popular, sector del ahora presidente de la república, el profesor Yamandú Orsi, aprobó una declaración que establecía «la certeza de que [la ley 20.130, de reforma del sistema jubilatorio, votada semanas antes] deberá ser revisada y modificada por el próximo gobierno», porque «lo único que provoca es más desigualdad e injusticias, donde a través de un ajuste fiscal encubierto se termina perjudicando a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras». Al mismo tiempo, se resolvía no apoyar la realización de un plebiscito para modificar dicha ley (lo que por entonces se discutía en organizaciones sociales), dado que no se creía «oportuno cambiar una ley por medio de una reforma constitucional».
En lugar de eso, como explicó el entonces senador emepepista y referente del sector, y ahora secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, vocero de dicho plenario, se proponía convocar a un gran diálogo social para determinar las modificaciones a realizar a la seguridad social: «Lo primero que tiene que hacer el presidente del Frente Amplio [FA] electo es convocar a un diálogo social el 2 de marzo para cambiar esta ley, con mucho debate: los empresarios, los trabajadores y la academia» (M24, 7-VIII-23).
Un par de meses después, y a un año de las elecciones, el Plenario Nacional del FA resolvió, por unanimidad, dejar en libertad de acción a los frenteamplistas con relación al plebiscito ya en marcha y definir como «una prioridad para un futuro gobierno del FA la convocatoria a un diálogo social» para determinar las reformas a introducir a la seguridad social. Y en esa ocasión, el presidente del FA, Fernando Pereira, sostuvo que si su partido vence en las próximas elecciones nacionales, convocará a un «diálogo social» a partir del 2 de marzo de 2025.
El 2 de marzo de 2025 ya pasó y el diálogo social todavía no está convocado, pero el lunes 3 Alejandro Sánchez hizo referencia al tema e informó cómo se estructurará el diálogo, cuya convocatoria, dijo, era un «compromiso de campaña» (La Diaria, 3-III-24). Sánchez adelantó, además, que «será realizada por la Comisión Sectorial de Seguridad Social de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, una mesa de trabajo [creada en 2005] que no funcionó en la administración de Luis Lacalle Pou. […] Sánchez contó que el gobierno espera que en marzo se “conforme la convocatoria. […] Vamos a presentar una hoja de ruta […] que contendrá los puntos a debatir y un tentativo de plazos. […] El diálogo social no es eterno”».
Todas buenas noticias: la puesta en marcha de la convocatoria, la intención de que se conforme en marzo y se sustancie en un plazo razonable, y el marco en que se llevará a cabo. No es el 2 de marzo, pero se le parece, y en una cuestión tan compleja y que necesita tiempo e intercambios, unos días, o aun dos o tres semanas, no son un problema. Pero sería bueno, como gesto simbólico de la prioridad que se da al tema, que no se dilatara mucho más.
QUIÉNES Y CÓMO
La primera incógnita a despejar es quiénes participarán en el diálogo social y en representación de quiénes. Si bien la resolución del Plenario del FA de 2023 se extiende sobre este punto con ejemplos de diálogos convocados por el FA, pienso que dos pistas importantes están en ese mismo documento y en la integración de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) creada por la Ley de Urgente Consideración (ley 19.889), de 2020, comisión que elaboró las bases de la reforma de 2023.
La resolución del FA y las Bases Programáticas (BP) 2025-2030 para su gobierno hablan de «la convocatoria a un diálogo social amplio, democrático y genuino entre todas las organizaciones políticas y sociales representativas del conjunto de la sociedad, a fin de procurar el mayor de los acuerdos posibles para llevar adelante los cambios y las mejoras que deben introducirse en nuestro sistema de seguridad social».
A su vez, la CESS, un organismo consultivo de 15 miembros, estaba presidida por el doctor Rodolfo Saldain, referente del Poder Ejecutivo, e integrada por tres representantes de organismos estatales vinculados con el tema, ocho de los partidos políticos con representación parlamentaria (tres por el FA, dos por el Partido Colorado y uno de cada uno de los partidos Nacional, Cabildo Abierto e Independiente), así como tres «sociales»: de los trabajadores (PIT-CNT), de los pasivos (Onajpu) y de los empresarios. Una composición curiosa: la representación social es muy escueta, falta la academia y la proporción entre los partidos también es extraña, y salta a la vista que la intención era asegurarse de que los informes que salieran fueran los que el gobierno deseaba, con nueve votos, más el esperable de los empresarios, asegurado.
Lo que surgió de esta experiencia fue que diálogo hubo, gente se escuchó e informes se elaboraron, pero no existió ninguna concesión entre un bloque y el otro: diez a cinco. Y ni aun así la propuesta presentada al finalizar fue retenida por el gobierno, que le dio su propia impronta: evitar toda molestia a los malla oro y hacer pasar la «solución» por las espaldas de los trabajadores activos y pasivos. ¿Hay alguna posibilidad de que esta situación cambie? ¿El mayor de los acuerdos posibles no será un acuerdo imposible?
LOS LÍMITES DE LOS ACUERDOS Y LOS LÍMITES DE LOS VOTOS
Las BP del FA fueron aprobadas en diciembre de 2023, al poco tiempo de promulgada y reglamentada la ley 20.130, y también de adoptada por las organizaciones sociales la decisión de impulsar un plebiscito para anular, modificando la Constitución (la única vía posible entonces), sus efectos más perniciosos y por el FA la de no pronunciarse al respecto.
Sin embargo, aunque las BP no hacen ninguna referencia al intento plebiscitario, su contenido tiene un fuerte vínculo con él en sus aspectos fundamentales. En efecto, respecto al mantenimiento de la edad mínima jubilatoria en 60 años, el documento aprobado por el Congreso del FA dice que «se deberán generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad, manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando puedan hacerlo».
En cuanto al valor mínimo de las prestaciones, que el plebiscito pretendía igualar al salario mínimo nacional, las BP son más genéricas, pero igualmente sostienen que el objetivo del gobierno del FA será «mantener y profundizar los niveles de cobertura y suficiencia del sistema de seguridad social», lo que debe leerse como lo opuesto a las rebajas establecidas por la aplicación de la ley multicolor.
Por último, sobre la eliminación del lucro en la seguridad social, que el plebiscito procuraba suprimiendo las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), las BP determinan que el pilar de ahorro, uno de los que se impulsarían para financiar el sistema, deberá ser no lucrativo. Esto, si bien no implica que las AFAP desaparezcan, cambia completamente su forma de actuación y debería conducir a su reestructura, por ejemplo, como ya se ha manejado, estatizándolas.
Más allá de que a un diálogo se va a dialogar, eso fue lo que decidió el órgano máximo del FA y lo que votamos los frenteamplistas, y por eso debe ser el punto de partida y debería ser el punto de llegada.
¿Están los votos en el Parlamento para conseguirlo, que era la estrategia definida por la fuerza política? Están: el FA tiene mayoría absoluta en el Senado y, en la Cámara de Representantes, a sus 48 votos seguramente se sumarían para hacer mayoría los del diputado y la diputada de Identidad Soberana, que hicieron campaña por el sí en el plebiscito y, por lo tanto, por lógica, deberían apoyar lograr un fin muy parecido por otros medios, ahora totalmente al alcance.
Sin necesidad de ser augures, ya sabemos que la oposición no apoyará todo esto porque lo que se quiere cambiar es lo que hicieron cuando gobernaron, y tampoco las cámaras empresariales y otros grupos conservadores, que en el plebiscito hicieron feroces campañas en contra de esos objetivos. Pero dialogar no quiere decir buscar unanimidades, porque cuando hay, como en este caso, grandes conflictos de intereses, las unanimidades no son posibles y hay que asumir los disensos.
SABREMOS CUMPLIR
El FA es ahora mano en este asunto. Es urgente encararlo y, por ello, bien podría merecer, llegados al punto final del diálogo social, con sus acuerdos y desacuerdos, promover una ley de urgente consideración al respecto con este único tema, que es para eso que deben usarse esas leyes. Porque puede haber otros problemas tan urgentes como este, pero difícilmente haya uno que lo sea más, pues por aquí pasa el comienzo del combate contra la pobreza: de las y los adultos asalariados, de las y los jubilados y pensionistas sumergidos y de las niñas y los niños que viven con ellos, que son pobres porque viven en hogares pobres.
