Puede haber sido mejor que la sesión de la junta departamental de Montevideo del martes pasado haya empezado más tarde, pero el llamado a sala al intendente Mauricio Zunino empezó en torno a las 20.30. Periodistas éramos pocos. Algún canal filmó una presentación de la noticia en las barras de la junta y luego al intendente entrando al edificio. Un colega de El Observador se quedó a presenciar la sesión.
El 27 de febrero el parlamento departamental había resuelto convocar al intendente para que diera cuenta de la situación financiera de la comuna a raíz de que se había hecho público que se habían recortado gastos en algunas áreas. Cuatro días antes, la asociación de trabajadores de TV Ciudad y el comité de base de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de ese canal se habían declarado en preconflicto. Argumentaban que la decisión –tomada sin haber conversado con los sindicatos– afectaba la fuente de trabajo de 70 personas. Además era la sal en la herida, porque los funcionarios aludidos ya padecían la circunstancia de ser contratados como jornaleros, hecho que no solo los privaba de estabilidad, sino de derechos elementales, como la licencia por enfermedad, el subsidio por desempleo y el despido. En el canal había personas que llevaban 21 años cumpliendo regularmente funciones bajo una modalidad contractual admisible cuando se trata de cubrir necesidades eventuales o zafrales, denunciaban.
El propio intendente aceptó al otro día que se estaba haciendo una «adecuación para llevar adelante una consolidación fiscal». La moción inicial de Javier Barrios Bove, edil por el Partido Nacional y candidato a alcalde del municipio Ch, pedía que Zunino diera cuenta de la razón de los ahorros que –de acuerdo con lo que informaban algunos medios– se estaban haciendo en perjuicio de TV Ciudad, la Sala Verdi y el programa de reconversión de los clasificadores de residuos que les permite cambiar carro y caballo por motocarro e integrarse a la red oficial de limpieza, ocupándose de los desbordes de los contenedores, entre otras cosas.
Los ediles frentistas plantearon que estaban dispuestos a sumarse al llamado siempre que su texto se refiriera a las reducciones de gastos sin aludir a áreas específicas; Barrios Bove aceptó y los 29 ediles presentes en esa sesión terminaron votando a favor de la convocatoria.
Sin embargo, la noche en que terminó ocurriendo, la del martes pasado, Zunino llegó acompañado por tres directores: Enrique Barrenechea, de Recursos Financieros, Guillermo Moncecchi, de Desarrollo Ambiental, y Débora Quiring, de Cultura.
* * *
«Lo primero que corresponde es agradecer la presencia del señor intendente. Es la primera vez en este período que el intendente comparece ante la junta departamental. Eso le hace bien a la democracia», estableció Barrios Bove al iniciar su exposición.
El motivo de la convocatoria, explicó, era conocer el desempeño financiero de la intendencia en 2024 y –en la medida de lo posible– el de los primeros meses del año, así como cuáles han sido los criterios para establecer recortes presupuestales en distintas reparticiones. El interpelante descontaba que se estaban reduciendo gastos, pues el propio intendente había confesado en noviembre que estaba siendo necesario ajustar cuentas. Lo regular –admitió– era analizar esas materias en las instancias de rendición de cuentas, que se cumplen cada julio. Pero a la inusual confesión de Zunino se había sumado después lo que dijo el periodista Nelson Fernández.
El columnista del programa de Ignacio Álvarez sostuvo que las autoridades departamentales habían informado al gobierno entrante que la situación financiera de la comuna era «calamitosa» y que ya este otoño, si las cosas no se enderezaban, iba a haber problemas para pagar los sueldos.
«El escribano Zunino» había dicho el edil, sin que fuera sencillo establecer si era consciente de que le estaba errando al título, puesto que el mencionado es economista. El intendente no quiso dejarlo pasar y empezó ocupándose de hacer la aclaración.
En el marco de su alegato, Barrios Bove había reclamado que el gobierno departamental tuviera en sus gastos la conducta previsora que, «como a veces se habla, [caracteriza] al buen padre de familia o la buena madre de familia o a la buena ama de casa». Y de esas expresiones se ocupó Zunino en su segunda aclaración.
«Son adjetivaciones que reflejan algunas cuestiones de género que me parece que no deberíamos considerar, especialmente en el mes en que estamos. Reflejan una concepción patriarcal y me parece que para todas y todos los que queremos una sociedad igualitaria son comentarios al menos inapropiados», planteó.
Luego sí entró en materia, buscando explicar por qué los ingresos del gobierno departamental no han alcanzado el nivel esperado. En ese sentido, subrayó que la mayor parte del problema la ha generado el gobierno central anterior, pues, calculando de manera inequitativa las transferencias que hace a las intendencias, perjudicó a Montevideo en 600 millones de pesos; además, agregó que –por concepto de tasa de saneamiento–
importantes reparticiones estatales acumulan una deuda de 400 millones ante la intendencia.
También refirió que operaron en perjuicio de las actas departamentales la disposición que hizo posible abonar la patente de rodados sin liquidar antes las multas que se debieran, la resolución de la Suprema Corte de Justicia que definió como inconstitucional la tasa de inflamables y las variaciones del tipo de cambio.
No hay discusión política sin chicanas. Barrios Bove alegaba que no entendía por qué Zunino dijo en una ocasión que si los montos de las transferencias del gobierno nacional a las intendencias hubiesen sido dirimidos equitativamente, Montevideo debería haber recibido 150 millones de pesos más, cuando ahora estaba hablando de 600 millones.
Era difícil creer que realmente el edil no se hubiese dado cuenta de que en el primer caso Zunino se refería al monto anual y en el segundo, al resultado de la suma de cuatro años. Al concluir su explicación de por qué el gobierno montevideano entiende que las autoridades nacionales transfieren al departamento un monto inferior al correspondiente y tras señalar que el interpelante confundía en sus números pesos corrientes con pesos constantes, Zunino señaló: «Si esto no es un sesgo, las funciones estadísticas estarían en problemas; no sé, tendríamos que pensar en una estadística neobayesiana o algo así».
Después vinieron los informes de los directores de departamento. Era clara la pertinencia del de Barrenechea. Dio cuenta de por qué se perdieron otros 1.000 millones no solo por la declaración de inconstitucionalidad de la tasa de inflamables, sino también por el anuncio del entonces presidente, Luis Lacalle Pou, de vetar el régimen alternativo que la comuna proponía para sustituirla. Cifró en 125 millones lo que se lleva perdido por permitir que se pague la patente sin liquidar las multas. Y luego detalló la composición de las deudas por tasa de saneamiento acumuladas por organismos del Estado, comenzando por los 124 millones pendientes del Ministerio del Interior.
Pero al informe de Barrenechea siguieron los de Moncecchi y Quiring, que –aduciendo que venía al caso narrar lo que la administración de la ciudad había seguido haciendo a pesar del «ahogo» del gobierno saliente– ocuparon una hora y diez minutos de la sesión, mientras la crispación opositora crecía.
* * *
El estallido se produjo cuando, a continuación, Barrios Bove volvió a hacer uso de la palabra y, polemizando con las explicaciones aportadas, dijo que el propio gobierno de Montevideo distribuía inequitativamente los recursos destinados a los municipios, castigando al F, por estar en manos de un alcalde blanco, a pesar de la insatisfacción de las necesidades básicas de tantos de sus vecinos.
Fue entonces que el intendente gesticuló a la vista de todos, mirando al interpelante y moviendo sus manos para dar a entender que el discurso del nacionalista era pura palabrería. Barrios Bove exigió disculpas y las terminaría obteniendo. Lo bueno es que, siendo las doce de la noche, el incidente reavivó a los ediles y a los espectadores. Una sucesión de intervenciones de la bancada opositora aumentó entonces el cuestionario reclamado a la administración.
La pelota terminó bajando al piso después de que se oyó también a la bancada oficialista. «Se han dicho frases que pueden hacer ruido, pero en tiempos electorales no deberían sorprender», consideró Jorge Sartori (609), que quiso cerrar su intervención «felicitando al edil convocante, porque en estos diez años en la junta departamental ha más que demostrado un profundo estudio de los temas, por más que uno no comparta su visión e incluso alguno de los conceptos aquí vertidos tiene que mantener el respeto por un adversario desde el punto político que en lo personal valoro».
En su última participación, Zunino respondió buena parte de las preguntas. Aclaró, por ejemplo, que al tomar en cuenta solo el dinero consignado en el rubro Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios el interpelante estaba omitiendo que la intendencia repara las inequidades de esa transferencia estatal con su propio presupuesto.
Manifestó que la sorpresa que le produjo el estado financiero del gobierno departamental al asumir el cargo de intendente no se debió a que lo desconociera, sino a que esperaba que las variables terminaran comportándose de otra manera.
Respecto del presunto achicamiento de los programas de los motocarros, el intendente replicó que «hubo un tema con la renovación de los contratos, una demora administrativa, pero hoy tenemos el sistema funcionando en su totalidad; obviamente, el director [Moncecchi] me va a decir después que necesitamos más y lo hablaremos entre nosotros. Es un programa que creo que ha tenido buenos resultados».
Zunino insistió en que los montos informados sobre deudas de tasa de saneamiento eran lo acumulado por la administración saliente, aunque admitió que tal vez en un caso se hubiera añadido lo que dejó sin pagar el último gobierno de Tabaré Vázquez.
Rectificó un porcentaje que se manejó en la prensa: «Si efectivamente hubiéramos hecho un recorte de 40 por ciento en algún departamento, como alguna nota de prensa trasluce, ese departamento no podría funcionar». De esa proporción fue el recorte de uno de los programas que se llevan adelante en la Sala Verdi, afirmó el intendente, y le pidió a la directora de Cultura que completara su explicación.
Quiring lo hizo y también dijo todo lo que la administración quería decir sobre TV Ciudad. Que pasaron a hacerse en estudios producciones hasta entonces realizadas en el exterior, con el objetivo de reducir los gastos. Cabe consignar que –tras el paro del 28 de febrero– la administración está negociando con los sindicatos, que aspiran a establecer criterios sobre el orden de precedencia en que sean llamados a cumplir funciones y a que les sean reconocidos derechos elementales como la licencia por enfermedad. Sobre este conflicto, también debería tenerse en cuenta que el intendente afirmó que había un acuerdo con los trabajadores cuando la reunión para negociarlo iba a suceder dos horas después.
La circunstancia de que la oposición estuviera cuestionando al gobierno por meter tijera en sus gastos no dejaba de resultar un tanto paradojal aquella noche y el edil Eduardo Luzardo (609) lo puso en palabras: «Qué cosa rara: estamos a dos meses de las elecciones y están preocupados porque estamos haciendo recortes. Si hubiéramos inflado el déficit por la campaña electoral, nos iban a criticar porque estábamos haciendo obras para ganar el gobierno municipal. Aparentemente no conforma ninguna situación», dijo.
De todas maneras, el edil interpelante había dejado bien claro que no se trataba de que la oposición se hubiera transformado del día a la noche en partidaria de la expansión del gasto público. Parafraseando al primer intendente frenteamplista, Barrios Bove culminó su última intervención de la noche expresando rotundamente que «entre tener TV Ciudad y tapar un pozo, prefiero tapar un pozo».
* * *
El último balance departamental cerrado es el de 2023. El de 2022 fue superavitario. El de 2023 –si no se tienen en cuenta las transferencias del gobierno nacional– dio pérdidas. De acuerdo a las cifras que presenta la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el saldo negativo fue de 279 millones (a pesos constantes de 2020) o de 6.671.000 dólares (según el promedio de cotizaciones de ese año).1
Según esa misma fuente, ese mismo año la intendencia fernandina tuvo un déficit de 22 millones de dólares. Si se expresan esos montos en función de la cantidad de habitantes de esos departamentos, se tiene que los montevideanos «quedamos debiendo» 15 dólares por cabeza; los fernandinos, 103.
«La situación es estable y sólida», aseguró el intendente. «El último superávit, en 2022, fue de medio punto porcentual del presupuesto. El déficit más alto, que fue en 2023, fue de un punto y medio», precisó. De acuerdo al jerarca, son guarismos que están dentro de los márgenes de error que la estadística acepta. Quizá quepa recordar que el déficit del gobierno central se situaba en 4,2 por ciento del PBI en la última estimación del Centro de Investigaciones Económicas, lo que significa que los gastos del gobierno nacional superaron 13,5 por ciento sus ingresos.2
Cinco minutos después de las dos de la mañana, con 18 votos en 26, la junta departamental manifestó su satisfacción con las explicaciones del Ejecutivo. Ya estarían llegando a las sucursales del sindicato de canillas los diarios que publicaron las últimas encuestas de opinión sobre las elecciones departamentales del próximo 11 de mayo.
La de Factum mostró que 47 por ciento de los consultados manifestó que votaría por el Frente Amplio, mientras que 32 por ciento anunció que lo haría por la Coalición Republicana. Según el índice winner que ofrece la consultora, que mide qué es lo que cree la ciudadanía que va a ocurrir,
55 por ciento de los montevideanos cree que el triunfo será del Frente.
El relevamiento de Opción dio un poco distinto. En él, el oficialismo también va adelante, pero no con tanta luz: el partido estaría 43 a 34. Cuando las encuestadoras preguntaban por qué candidato se pronunciarían, los frenteamplistas se inclinaron mayoritariamente por Mario Bergara; así declaraba 66 por ciento de los abordados por Factum y 58 de los interrogados por Opción.
Hubo una ironía que sí hizo reír la madrugada de la interpelación. «Si está en duda si la gestión económica de la intendencia fue deficitaria, quizá el intendente que venga sea un exministro de Economía y expresidente del Banco Central», dijo el edil Luzardo, de la 609. Sin embargo, cuando se comparan las mediciones de la opinión pública de los candidatos de todos los partidos, Bergara aventaja al coalicionista Martín Lema en solo un punto, según Factum, o queda dos puntos atrás, según Opción.
