Esta semana una mirada al surgimiento de un nuevo partido de izquierda británico, bajo la batuta de Jeremy Corbyn, un congreso indígena en Ecuador que porta un nuevo aliado a Daniel Noboa, la sumisión europea a Estados Unidos, la detención en Colombia del expresidente Álvaro Uribe.

La vuelta de Jeremy Corbyn

El veterano dirigente dijo «basta» y, a sus 76 años, la semana pasada le dio nacimiento a una nueva fuerza política en Reino Unido. Todavía no tiene nombre ni programa definidos (sus militantes y simpatizantes deberán definirlos en un proceso que se extenderá por varios meses), pero sí suficiente acumulación como para darle un perfil bastante claro. Tan es así que apenas conocida la noticia del puntapié inicial de la nueva formación una multitud de analistas políticos coincidieron en asignarle un piso de apoyo en términos electorales del 10 por ciento y una proyección a corto plazo del 20, que provendría en gran medida del hoy gobernante Partido Laborista, la formación de origen de sus principales impulsores. Jeremy Corbyn es secundado en la tarea por la exdiputada laborista Zarah Sultana, referente de una corriente que ha abandonado la organización dirigida por el primer ministro Keir Starmer a medida que el gobierno ha ido, por un lado, confirmando su alineamiento con Estados Unidos y profundizando su respaldo a Israel y, por el otro, dejando de lado cualquier pretensión de reforma de fondo en el terreno social o económico y escorando su discurso hacia la derecha. «El sistema está sesgado en favor de las grandes corporaciones. Tenemos 4,5 millones de niños que viven en la pobreza en el sexto país más rico del mundo. Es un sistema sesgado cuando el gobierno dice que no hay dinero para los pobres, pero sí miles de millones para la guerra», dijeron en un comunicado conjunto Corbyn y Sultana al anunciar la aparición de su partido. «Necesitamos una masiva redistribución de la riqueza y del poder, más impuestos para los ricos, la nacionalización de la energía, el agua, los ferrocarriles y el servicio postal. Nuestra crisis no se debe a los inmigrantes ni a los refugiados, sino a los enormes beneficios de las grandes corporaciones y los billonarios», dijeron también. Luego definieron otra de las líneas de ruptura con su antiguo partido: «Millones de personas están horrorizadas ante la complicidad del gobierno en crímenes contra la humanidad. Debemos defender más que nunca el derecho a protestar contra el genocidio».

Desde que fue expulsado del laborismo, en mayo de 2024, en medio de acusaciones de «antisemitismo» y «filoterrorismo» por respaldar la resistencia palestina y denunciar las masacres en Gaza, Corbyn se había convertido en la referencia política de una serie de organizaciones sociales, sindicales y de inmigrantes que se habían propuesto crear un «nuevo partido de masas a nivel de todo Reino Unido» que recreara el espíritu combativo y «radical» que dominaba el laborismo cuando él lo condujo, a mediados de la década pasada. No logró convertir aquella fuerza en una maquinaria electoral victoriosa, pero poco le faltó: en 2017 el laborismo de entonces obtuvo 12,5 millones de votos y 10,2 millones dos años después. Fueron insuficientes para derrotar a los conservadores, pero en ambas ocasiones superaron los 9,8 millones de votos que le bastaron a Starmer para derrotar, en 2024, a una derecha conservadora en bancarrota y erosionada por Reform UK. En un año de gestión (asumió el 4 de julio de 2024 con la mayoría absoluta de escaños que la ley electoral inglesa le otorga al vencedor en las legislativas), Starmer ha ido perdiendo fuelle por izquierda: se le han ido varios diputados, más de 200 concejales, confederaciones sindicales han anunciado que dejarán de contribuir a la financiación del laborismo, ha perdido elecciones locales a manos de formaciones regionales que hoy sostienen a la organización naciente. El nuevo partido de Corbyn podría contar con el apoyo de los Verdes, dirigidos por un judío antisionista, Zack Polanski, y acaso con una tendencia de izquierda que ha permanecido dentro del laborismo y que ahora reúne a un centenar de legisladores. Los recortes sociales del gobierno de Starmer y su alineamiento con Israel han colocado a esa tendencia al borde de la ruptura con la dirección de su partido. Se verá.

Pablo Pozzolo

Noboa tiene un nuevo aliado

La semana pasada tuvo lugar en Quito el VIII Congreso Nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una organización indígena que ha jugado un papel importante en las movilizaciones sociales de los últimos años en el país. La votación fue reñida y concluyó con la victoria de Marlon Vargas frente al presidente saliente, Leonidas Iza. El resultado supondrá un realineamiento político de la Conaie, que se acercará más al gobierno del derechista Daniel Noboa.

Cerca de 60 organizaciones de pueblos y nacionalidades se reunieron en diez mesas temáticas para abordar los desafíos para los próximos tres años, incluyendo la educación intercultural bilingüe, la economía popular y solidaria, la extracción ilegal de los recursos territoriales por parte de las multinacionales, la defensa de las reservas naturales y la autodeterminación de los pueblos indígenas, entre otros temas. En el encuentro se refrendó también la expulsión de seis asambleístas de Pachakutik, un partido indígena que en las últimas elecciones presidenciales fue la tercera fuerza política del país, con 5,3 por ciento de los votos, con lo que obtuvo nueve asambleístas, el doble que en 2023. Seis de esos parlamentarios votaron últimamente en varias ocasiones a favor de la mayoría gobernante actual, en especial en temas como la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, fuertemente represiva. También respaldaron al candidato de Noboa para presidir el parlamento. La Conaie decidió expulsarlos de sus filas, pero la decisión deberá ser ratificada por la nueva dirección encabezada por Vargas, que asumió este lunes 28 por un período de tres años.

Proveniente de la nacionalidad achuar, radicada en las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago, Vargas dijo que seguirá luchando por la protección del agua, por la defensa de la educación intercultural bilingüe, la salud
y los conocimientos ancestrales. No obstante, en las últimas presidenciales ambas regiones votaron abrumadoramente por Noboa, que no se ha destacado precisamente por tener esas reivindicaciones como bandera. En el congreso de la Conaie Vargas recibió, además, el voto de los pueblos y las nacionalidades de la sierra y de la Amazonía, que se inclinaron por Noboa. Su discurso en el encuentro fue, por otro lado, totalmente carente de críticas al paradigma extractivista y neoliberal de Noboa.

La prédica de Iza fue la opuesta. «Hoy estamos ante una prueba de fuego entre el proyecto político de los pueblos y las nacionalidades indígenas y el proyecto que favorece los intereses del gobierno y las empresas transnacionales en nuestros territorios», dijo en el congreso indígena. Iza lideró el paro nacional de 2022 contra las políticas neoliberales del gobierno del banquero Guillermo Lasso y en la segunda vuelta de las presidenciales apoyó a Luisa González, candidata cercana al expresidente
Rafael Correa.

La victoria de Vargas marca entonces una nueva etapa en el movimiento indígena, que probablemente tenderá hacia una mayor concertación con el gobierno en momentos en que el tema minero cobra una relevancia particular, tras nuevas concesiones anunciadas por Noboa en junio. Hasta ahora el movimiento indígena había manifestado su rechazo no solo hacia la minería ilegal, sino también hacia la minería formal que opera sin realizar procesos de consulta previa e informada, que no respeta los derechos colectivos y que pasa por encima de decisiones colectivas como un par de consultas populares (una en el Chocó Andino, en la provincia del Pichincha, y otra en Quimsacocha, en la provincia de Azuay) en las que emprendimientos mineros fueron claramente rechazados. 

Davide Matrone | desde Quito

De rodillas

«La obediente periferia de un imperio en descomposición»: así tituló este martes 29 el diario italiano Il Manifesto su comentario editorial sobre el acuerdo que el fin de semana pasado alcanzaron en Escocia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hasta la escenificación del acuerdo deja clara la sumisión europea: la reunión tuvo lugar en un club de golf propiedad del magnate republicano. A cambio de que Washington rebaje del 30 al 15 por ciento sus aranceles a las importaciones provenientes de los 27 países de la Unión Europea (UE) –mantiene el 50 por ciento para el acero y el aluminio– a partir de este viernes 1, los europeos aceptaron, por ejemplo, continuar equipando militarmente a Ucrania con armas estadounidenses. Bruselas paga, Washington recauda y los ucranianos mueren. También le comprarán energía, en especial gas licuado, que antes de la guerra en Ucrania la UE adquiría a precio muchísimo más barato en Moscú. En resumen: los europeos invertirán 600.000 millones de euros en material militar estadounidense, 750.000 millones en comprarle energía y no impondrán arancel alguno a los productos del país norteamericano.

Para Trump, se trató del «mejor acuerdo de la historia», para Von der Leyen, de un pacto que «aportará certidumbre y estabilidad a la economía de la UE», temerosa de que los aranceles del 30 por ciento fijados inicialmente por Estados Unidos destruyeran millones de empleos en Europa. Un par de semanas antes la OTAN ya había sellado un acuerdo por el cual varios países europeos (Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suecia) se harían cargo de adquirir baterías Patriot y repuestos militares en Estados Unidos para entregarlos a Kiev. Von der Layen lo refrendó. Fuentes diplomáticas filtraron a diarios europeos que la intención de Trump sería entregar una superayuda bélica a Ucrania de 10.000 millones de dólares pero financiada con dinero europeo e íntegramente compuesta de material estadounidense, cosa de contentar a la vez al complejo industrial militar de su país y a los republicanos, que no querían seguir poniendo miles de millones de dólares en una guerra que ya saben perdida. «El anuncio de Trump […] parece claramente un movimiento en pos de sobrellevar el impasse diplomático sin alterar sustancialmente la situación en los frentes. De hecho, no quedan claros ni los aranceles, ni las consecuencias directas cuando dentro de 50 días no se alcance un alto el fuego [un plazo fijado por Trump a Moscú], ni cómo van a ayudar los nuevos envíos a Ucrania, considerando que no se enmarcan en un paquete de ayuda integral», editorializó el medio digital español Diario Red. «Pero sí nos dice mucho sobre los lazos entre Washington y Europa. Europa no tiene ninguna predisposición a facilitar la diplomacia ni las negociaciones con Rusia. Quiere prolongar la guerra y aceptar los dictámenes norteamericanos.
La dependencia europea ha sido desnudada desde que Trump asumió como presidente del hegemón en declive hace medio año. Cuando el magnate ha querido acercarse a Rusia, Europa ha asentido; cuando Trump ha decidido confrontar, Europa ha asentido; cuando Trump ha querido enviar ayuda, Europa ha asentido… y ha pagado la fiesta.»

P.P.

Una Justicia «proterrorista», dice Estados Unidos

Por primera vez en la historia colombiana, un expresidente fue condenado penalmente. Se trata del (ultra)derechista Álvaro Uribe, encontrado culpable, el lunes 28, de delitos de fraude procesal y soborno, y recluido, por ahora, en su domicilio. Su pena por esta decisión en primera instancia, ergo, apelable, se conocerá hoy viernes. Uribe es acusado de valerse de su abogado para manipular testimonios, entre ellos el de un exjefe paramilitar a quien intentó «convencer» de que no lo vinculara a la actuación de escuadrones de la muerte en la zona de Antioquia desde los años noventa. Los hechos se remontan a 2012, cuando el ya expresidente (2002-2010) y su hermano Santiago fueron acusados por el senador de izquierda Iván Cepeda de haber apoyado con dinero público a grupos paramilitares. Uribe denunció a Cepeda por difamación, pero el tiro le salió por la culata y en 2018 fue él quien terminó siendo acusado por la Corte Suprema de Justicia
por manipulación de testigos. El caso se fue dilatando hasta febrero pasado por las diversas chicanas judiciales a las que recurrió la defensa del líder del Centro Democrático. Luego de conocerse el fallo de esta semana, los allegados al expresidente hablaron de «politización de la Justicia», «montaje» y «caza de brujas» y responsabilizaron al presidente Gustavo Petro, un «antiguo terrorista», de estar detrás del tribunal. En la misma línea injerencista que el futuro embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, que la semana pasada no dudó en manifestar su apoyo total a Javier Milei, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que el único delito de Uribe fue «defender a su patria del terrorismo» y acusó de «radicalismo» a los jueces colombianos. Los familiares de víctimas del terrorismo de Estado uribista, en cambio, expresaron toda su satisfacción.

P. P.