Las primeras acciones judiciales no pudieron frenar la actividad de CGG Viridien, hasta ahora la única empresa con habilitación para disparar ondas sísmicas altamente dañinas para los ecosistemas, además de para la pesca y el turismo. De todas formas, los grupos de activistas y científicos movilizados insistirán en suspender la prospección de esta compañía y de las otras tres que podrían lograr permisos en el futuro. El pasado 25 de marzo hubo movimiento en una de las tantas causas judiciales con las que la sociedad civil corre de atrás. La jueza civil de decimotercer turno, Lucía Granucci, habilitó un primer paso en el proceso hacia un juicio ordinario que busca condenar al Estado y a CGG Viridien a elaborar una «línea de base» científica que determine el estado de los ecosistemas anterior a las exploraciones y una «evaluación ambiental» que considere todos los impactos acumulados, incluida la etapa de explotación de los propios hidrocarburos. Amigos del Océano y Derechos con Voz presentaron una medida cautelar de no innovar contra el Ministerio de Ambiente (MA) y CGG por la violación del ordenamiento jurídico ambiental del país. La magistrada no archivó la causa a pesar del inicio de las prospecciones y otorgó un plazo de seis días para responder a las dos demandadas, antes de decidir sobre la medida provisional. Si bien no hay certeza sobre la decisión, el proceso está en curso y las organizaciones planean presentar recursos frente a cada nueva autorización ambiental que el MA otorgue.
Por otra parte, el viernes 27, un colectivo de organizaciones ambientales (Costa Viva Rocha y Mar Azul Uruguayo), profesionales (Asociación Uruguaya de Veterinarios de la Pesca y la Acuicultura) y gremiales (Sindicato Único de Patrones de Pesca Uruguay y la Organización de Trabajadores de la Industria Pesquera del Uruguay) elevó un recurso de amparo «en representación de los intereses difusos de las personas afectadas por el daño ambiental y material causado por la prospección sísmica». La demanda fue presentada contra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y Ancap, además de contra CGG. La acción patrocinada por el abogado Hoenir Sarthou hace hincapié en la «gravedad e ilegitimidad de los daños ambientales, humanos y económicos», documentados en un anexo firmado por nueve científicos. La demanda coincide en que el Estado no hizo estudios previos que permitieran evaluar los daños ambientales y biológicos, entre otros múltiples argumentos.
