El pozo

En noviembre del año pasado la entrada del borrador de un convenio en la Facultad de Ciencias (FCIEN) presagió un fin de año complejo. La doctora en Oceanografía y profesora adjunta del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) Leticia Burone, también coordinadora de la expedición «Uruguay Sub-200. Viaje a lo desconocido», introdujo a consideración de la facultad un posible acuerdo con Ancap que caería como un balde de agua fría en algunos ámbitos universitarios. El proyecto irrumpía en medio de un caldeado escenario instalado por la inminente autorización ambiental de las prospecciones sísmicas de hidrocarburos en las aguas oceánicas uruguayas.

El eventual convenio, aprobado por el directorio de Ancap en octubre, apuntaba a obtener una recopilación de información científica relevante en el bloque OFF-6, donde la petrolera estadounidense Apache (APA Corporation) pretende realizar un pozo exploratorio en busca de petróleo y gas. Además, el acuerdo prevé «cubrir vacíos de información» y diseñar muestreos destinados al monitoreo de la hidrodinámica local y regional, la morfología del fondo marino y su composición sedimentar, incluidos organismos micro y meiofaunales, y los diferentes componentes de la biodiversidad, con énfasis en «los ecosistemas vulnerables» prioritarios para la conservación o por su interés pesquero. La contraparte por el lado de Ancap sería la gerenta de Medio Ambiente, Seguridad Social y Calidad, la ingeniera Andrea Rivoir. El contrato del ente con la FCIEN, con la intermediación de la científica, que lideró junto con su colega Alvar Carranza la expedición en el Falkor (Too), también se argumenta en la necesidad de concretar la ejecución de una campaña oceanográfica para construir «una línea de base ambiental» que permita realizar una evaluación de impacto y posterior seguimiento de la actividad perforatoria. Más allá de la pregunta por la pertinencia de que la contraparte en este convenio sea la petrolera estatal –es decir, el organismo interesado en explotar el recurso natural– y no la autoridad de referencia en el control de la actividad productiva –el Ministerio de Ambiente (MA)–, serían otras cláusulas del convenio las que causarían división en la FCIEN.

El texto establece que «las partes se obligan a mantener la más absoluta confidencialidad» sobre cualquier información definida como «sensible» o «estratégica» por Ancap a la que se acceda durante o después de la ejecución del convenio. Tal como informó el periodista Víctor Bacchetta en el portal El Zumbido (24-II-26), los datos obtenidos con fines académicos o considerados sensibles no podrán divulgarse salvo autorización expresa del ente. Como esos párrafos contienen elementos también sensibles, pero para la autonomía del conocimiento, el borrador se envió a la Unidad de Propiedad Intelectual de la Universidad de la República (Udelar), que mejoró la redacción de las cláusulas en cuestión (contenidas en los apartados sexto y séptimo), aunque no eliminó totalmente los condicionamientos: en el texto final vuelve a leerse que Ancap debe autorizar todo uso académico de la investigación científica producida y mantiene el derecho al veto de la divulgación de los datos que considere estratégicos.

Sin embargo, en su momento, cuando el proyecto del convenio salió de los cauces burocráticos y desembarcó en los ámbitos académicos, cundió la sorpresa. Varios profesores grado 5 de diversas disciplinas pertenecientes a las ciencias ambientales se mostraron contrarios a la firma del acuerdo, no solo por considerarlo inoportuno en el contexto de la movilización social contra la exploración petrolera en el país, sino por las cuestiones éticas subyacentes. Esto es: la entrega a la petrolera estatal de datos científicos sobre los ecosistemas marinos a cambio de un monto económico supondría un profundo perjuicio para la independencia académica de la FCIEN, considerando, además, que se trata de una práctica de altísimo riesgo ambiental, tal como determina la propia categorización de la actividad adjudicada por el MA. Todo esto agravado por el carácter «confidencial» con el que podría quedar embargada la información –que incluso podría llegar a comprender insumos recogidos por la propia Sub-200–, de espaldas a la sociedad y sin una apertura democrática del conocimiento producido por la Udelar. Entre los investigadores disidentes hubo varios catedráticos y uno de ellos es Marcel Achkar, el director del IECA, la unidad académica a la que pertenece Burone, quien sería designada como la docente responsable del convenio.

Achkar plasmó en una carta la opinión contraria de la comisión directiva del instituto a que la FCIEN firmase institucionalmente un convenio de esta naturaleza y, sobre todo, sin que en la Udelar se diera un debate profundo sobre este tipo de actividades extractivas de gran impacto ecológico, social, económico y cultural. Si bien en la misiva se resalta la importancia de la cooperación técnica y científica entre la Udelar y Ancap, se argumenta que las dimensiones ambientales acarreadas por la exploración en busca de recursos energéticos en la zona económica exclusiva (ZEE) de Uruguay debería demandar «un amplio debate nacional» con participación diversa, en el que la universidad debería ser un actor importante en la discusión estratégica: «Consideramos que este proceso no se ha dado internamente ni en la Udelar ni en la FCIEN». Luego se establece que la facultad «no puede ni debe» asumir actividades orientadas a la intervención en la prospección de hidrocarburos en la ZEE, más aun si se considera que «investigadores con reconocida trayectoria han manifestado los inconvenientes del desarrollo de estas actividades».

El responsable del IECA también consideró en su nota que dentro del principio de la «libertad de cátedra» cada docente puede construir sus líneas de investigación y establecer acuerdos de cooperación orientados por este principio, «pero sin comprometer a la institución». En este sentido, dejó consignado, después de recabar información con diversos actores y especialistas en la temática, que el proyecto de convenio es una propuesta construida por una docente de la FCIEN con Ancap «sin consultas institucionales sobre su pertinencia, contenidos y alcances». Y que «no corresponde al IECA, como instituto académico, pronunciarse sobre dicho acuerdo de trabajo, ya que se trata de una propuesta personal de la docente».

Por tanto, consignó el director: «a) la FCIEN no es contraparte del acuerdo de trabajo; b) el IECA considera que se debe continuar trabajando de forma independiente en la generación de conocimiento sobre la ZEE; c) las propuestas de intervención en la ZEE que se plantean implican riesgos multidimensionales que deben ser considerados, y d) la FCIEN debe ser muy cuidadosa en su política institucional, prestando especial atención a la transparencia en la gestión de los acuerdos». Finalmente, se recomienda que este convenio «no sea considerado un acuerdo institucional» de la FCIEN y se sugiere realizar un acuerdo de trabajo de la docente Burone, en ejercicio de su libertad de cátedra como docente del IECA, concluyó Achkar.

Sin embargo, a pesar de esta importante advertencia institucional y bajo el criterio de que no existía ninguna ilegalidad, la postura del IECA no sería la mayoritaria. El convenio sería avalado por la facultad y no se reduciría a una asesoría técnica individual.

ENTRE GALLOS Y MEDIASNOCHES

El borrador del convenio llegó a los órganos de decisión universitarios no solo en una fecha muy especial del año, sino también en un momento de transición en la propia facultad. La decana Mónica Marín se encontraba de licencia, ya en el tramo final de su gestión, y estaba en funciones interinas Ana Denicola. Muy pocos días faltaban para el último Consejo Directivo Central (CDC) de 2025 (el máximo organismo universitario también debía aprobar el convenio) y para que asumiera el futuro decano, Juan Cristina (que ya supo estar al frente de la FCIEN entre 2010 y 2018), quien, a la postre, firmaría el convenio con Ancap a nombre de la casa universitaria.

En esos tiempos urgidos por el calendario se echó a rodar, entonces, un proyecto que venía siendo negociado desde bastante antes por la docente. Avalada por el consejo de la facultad, el mismo día en que se elevó la carta de Achkar, la decana interina aprobó el proyecto de convenio «bajo responsabilidad de la doctora Leticia Burone». En el punto 2, aclaró que la resolución «no implica un posicionamiento de la FCIEN respecto a la prospección de hidrocarburos».

Trece días después, en el último CDC del año, en una sesión de más de cinco horas, el acuerdo sería aprobado, por 16 votos en 19, sin demasiada discusión. Los estudiantes levantaron la mano con el argumento de que si no se votaba en esa jornada se perdían los fondos. Solo una integrante del orden docente en esa sesión, Mariana Achugar, hizo algunas advertencias sobre la protección de los derechos ambientales, el interés público que subyace a los resultados de esta investigación y las cláusulas de confidencialidad: recordó que Uruguay firmó el Acuerdo de Escazú, nada menos que el que consagra los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en procesos de toma de decisiones, así como el acceso a la justicia en el entorno ambiental (ley 19.773). La también coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos lamentó la urgencia con la que hubo que tramitar el asunto. A pesar de esto, todos los presentes consideraron que las modificaciones realizadas por la Unidad de Propiedad Intelectual salvaban las contradicciones y el convenio quedó aprobado en no más de 15 minutos. Con todo, el orden docente no lo suscribió porque entendía que era mejor que el proyecto regresara al consejo de la FCIEN para que se ratificara quién sería la contraparte: la institución o la docente. Más allá de esto, Achugar comentó en diálogo con el semanario que la nueva redacción del convenio asegura el interés público de la información y que los agregados remiten a toda una serie de leyes aprobadas en Uruguay que avalan a la Udelar a publicar los resultados. «Nosotros hicimos notar que la ley de acceso a la información pública deja por fuera las cuestiones de derechos humanos» –ponderó la docente–, y «el Acuerdo de Escazú establece que la información ambiental debe ser entregada sin necesidad de justificación». «Entonces es claro que no aplican las cláusulas de confidencialidad y así mismo lo dejó establecido el rector [Héctor Cancela].» De todas formas, cree que de cara al futuro la Udelar debería ajustar la forma de redacción de este tipo de convenios, «ya que no queda del todo clara», y profundizar en cuestiones como los conflictos de interés.

Finalmente, Cristina, por la FCIEN, y Rivoir, por Ancap, sellaron el acuerdo el 23 de enero. Los 100 mil dólares se pagarán en tres cuotas. El primer pago del 50 por ciento ya se remitía con la mera firma del acuerdo.

Más allá del resultado de la discusión institucional, Achkar declaró a Brecha que «a título personal» considera «inaceptables» en el contexto actual las cláusulas de confidencialidad asumidas por la facultad. Según su punto de vista, la Udelar no puede comprometer de esta forma la democratización del conocimiento producido y el acceso de la sociedad a información de interés público en un asunto de esta relevancia.

En un reportaje publicado por el portal de la FCIEN, Burone resaltaba así otro de los aportes de la Sub-200: «Cumplimos uno de los objetivos, que era la democratización de la información, la alfabetización científica y oceanográfica». Durante todo el año pasado, ni Burone¹ ni el oceanógrafo Carranza –el otro coordinador– se manifestaron públicamente sobre los impactos potenciales de la prospección sísmica de altos decibeles ni sobre los posibles efectos del modelo petrolero offshore en los ecosistemas marinos.

Otros científicos consultados advierten sobre una eventual cooptación de la ciencia por parte de intereses privados, considerando, además, que en este caso Ancap está asociada con multinacionales para realizar una actividad extractiva de altísimo impacto en la plataforma marina, a cambio de un porcentaje de las ganancias. El caso, para distintos docentes, revela un dilema más profundo: las dificultades para lograr recursos genuinos en la Udelar y la recurrencia a este tipo de cuestionables convenios «de los que se firman cientos por año» como forma de crear cargos signados por la precariedad. Pero, más allá de estas contradicciones en la universidad, vuelve a quedar en evidencia la vulnerabilidad en la protección de los ecosistemas. Las exploraciones petroleras vienen siendo efectuadas por todos los gobiernos sin la construcción de la famosa «línea de base». Este punto de partida riguroso –que permitiría conocer el antes y el después de la plataforma marina– debería estar disponible antes de las autorizaciones de las actividades productivas y debería ser de acceso público. Tampoco se ha avanzado, a pesar de los discursos, en la aprobación previa de ningún área protegida marina.

1. Brecha procuró obtener la versión de la docente, pero no tuvo respuesta. ↩︎