«En Uruguay tenemos una fábrica de personas en situación de calle»

—El gobierno presentó la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle. ¿Qué valoración hacen y en qué medida consideran que hay coherencia entre el diagnóstico y las acciones propuestas?

Santiago Zorrilla —Primero hay que entender en qué falló el Ministerio de Desarrollo Social [Mides] en lo hecho hasta ahora. En primer lugar, tienen una gran dificultad para coordinar con la matriz de protección social: la gente que cae en el circuito de calle queda circulando allí sin respuesta. Además, es una política que siempre se ensayó en el corto plazo y en la emergencia, no hay una proyección. Los refugios son una respuesta de emergencia que se consolidó como fija. Se siguen abriendo refugios, pero ¿y después del refugio qué? El imaginario atribuye una mirada patológica y desviada a las personas en situación de calle, y por la situación de emergencia se justifican ciertas acciones represivas como la ley de faltas o la de internación compulsiva. Cuando la gente piensa en personas en situación de calle, piensa en la persona tirada en la vereda, pero esa es la punta del icebergde un fenómeno bastante más complejo. Hoy el Mides tiene más de 8.600 cupos, y si bien no son todos en refugios, la amplia mayoría sí. Hay que entender que estamos ante un fenómeno bastante más amplio, de gente que está necesitando que el Estado haga algo.

Soledad Camejo —Es positivo que se proponga una estrategia nacional a largo plazo, que parece haber comprendido que estamos frente a un problema que no obedece a circunstancias puntuales. Porque el modelo actual –transitorio– ha sido el gran problema que ha enfrentado la política pública. Sin embargo, gran parte de la estrategia propone medidas que no son muy distintas a las actuales, vinculadas al modelo de escalera.

—¿Qué es el modelo de escalera y por qué es problemático?

S. Z. —El modelo de escalera presupone que la persona en situación de calle ha perdido determinados hábitos, costumbres o capacidades de relacionamiento y es por eso que, antes de poder transitar hacia formas estables de vivienda, necesita un proceso de adaptación ascendente: de la calle al refugio nocturno, del nocturno al 24 horas, del 24 horas a una casa de medio camino, y así hasta la vivienda. Si se cae de cualquiera de esos escalones, vuelve al comienzo. Así es el ingreso al Mides. Lo primero a lo que llegan todos es al refugio nocturno. Esta forma está muy lejos de dar una respuesta efectiva a un problema y es un modelo que termina castigando al más vulnerable
y al que más lo necesita. Decimos que hay que atender los problemas de adicción, pero al refugio no se puede entrar bajo los efectos de alcohol o drogas; ya de entrada aquellos que tienen problemas de consumo tienden a rebotar, aunque quieran ir.

—El gobierno descarta el modelo de Housing First [la vivienda primero]. ¿Podrían explicar en qué consiste y qué valoración hacen de esa decisión?

S. Z. —Se descarta quizás rápidamente. Se parte de la base de que, para un país con una economía como la de Uruguay, darle una vivienda a cada persona que lo necesita parece algo imposible, porque se duplicaron los cupos y aun así no alcanzan: en Uruguay, refugio que se abre, refugio que se llena. El problema es que estamos frente a un tema de vivienda; hay aproximadamente 8.600 personas viviendo en camas del Mides y la amplia mayoría no está atravesando situaciones críticas que requieran acompañamiento.

Sebastián Aguiar—Proponen tres argumentos para descartar el HousingFirst: 1. la dificultad de garantizar el acceso a la vivienda para todas las personas que lo necesitan; 2. que algunas no estarían listas para una vivienda, y 3. que es un sistema que se ha desarrollado en países muy prósperos y que en Uruguay no se podría. Este último argumento resulta fastidioso, porque en Chile se desarrolló mucho y hay buenas evaluaciones, en Colombia también, y aquí siempre se ha amagado y descartado. Descartar este modelo es un gesto un poco rápido. Porque ha demostrado su éxito rotundo incluso en las personas más desafiliadas. Igualmente, el gobierno propone 3 mil soluciones habitacionales —aunque aún no se sabe cómo se concretarán—. No debemos convertirlo en una discusión epistemológica: si se apuesta fuerte a la vivienda, el nombre no importa.

—¿Es realista plantear soluciones habitacionales masivas sin expandir el parque de vivienda?

S. A. —Me hubiera gustado que se aprovechara esta oportunidad para dar una discusión sobre vivienda, que es absolutamente necesaria en nuestro país. Desde que se desreguló la ley de alquileres, somos uno de los países más dominados por el sistema inmobiliario, y el empresario, por más simpático que sea, busca renta. La vivienda no tiene que ser un mecanismo solo liderado por la renta; un ejemplo de esto es el cooperativismo. Era una buena oportunidad para tematizar la vivienda como una deuda y un buen momento para visibilizar otras alternativas, como las viviendas vacías y las cooperativas.

—¿Cómo incorpora la estrategia la perspectiva de género?

Noelia Correa García —El plan no tiene una perspectiva de género transversal, sino que esta aparece únicamente en dos puntos. Uno es el apartado del acompañamiento a embarazadas en situación de calle; una línea de trabajo que ya existe y que el plan propone continuar, y que creemos debería ampliarse para atender más casos. Por otra parte, se menciona a mujeres a cargo de niños, niñas y adolescentes, y en ese caso se plantea la creación de nuevos espacios, pero no se explica ni cómo, ni cuántos, ni en qué plazos. Luego, hay un apartado sobre transformar cupos de contingencia en viviendas, que no menciona el género. En ese sentido, nos preocupa, porque la respuesta ha tendido a cierta homogeneización que no contempla la diversidad de personas en situación de calle. No queda claro –porque el plan no lo dice– cómo se va a contemplar a las mujeres y disidencias, para las cuales es necesario elaborar respuestas específicas.

—En el documento la prevención aparece vinculada fundamentalmente al egreso penitenciario y al consumo problemático. ¿Qué evaluación hacen de este enfoque?

S. A. —El documento no menciona que las personas en situación de calle tienen distintas trayectorias en las que sería necesario incidir para prevenir. Fundamentalmente, porque la caída en calle no es un fenómeno unicausal: no es que alguien salga de la cárcel y vaya a la calle si tiene una vivienda o vínculos. Lo que hemos investigado y demostrado es que hay una concatenación de factores –y es necesario que se acumulen tres o más para caer en calle–. Hay algunos muy sensibles que no están mencionados, como las pensiones por invalidez o discapacidad, que existen, pero son de montos bajos y se renuevan, periódicamente, con lapsos entre una renovación y otra en los que no se cobran. También están las jubilaciones, que en muchos casos son muy bajas, el desempleo juvenil o las dificultades para acceder a una vivienda con sueldos que rondan los 20 mil pesos. Hay muchos factores igual de relevantes que la cárcel, que tanto se menciona. Entonces, cuando hablamos de prevenir, nos referimos a la única manera de torcer la tendencia creciente. Es necesario considerar el aspecto de la prevención de forma más compleja.

S. C. —En cuanto a la prevención, el presidente Yamandú Orsi dice algo que me parece increíble. Se pregunta: «¿De dónde salen estas personas?», y después no responde nada.

—¿Y de dónde salen?

S. Z. —Ahí está la clave. En Uruguay tenemos una fábrica de personas en situación de calle, y la respuesta se centra en lo que rompe los ojos, que es la persona tirada en la vereda. Ahí está nuestra preocupación. No negamos el problema de alguien durmiendo en la puerta de una casa, pero insistimos en que el fenómeno es mucho más complejo que eso y en que si no atendemos estas causas, estamos corriendo de atrás. Es como tirarle agua con baldecitos a un incendio forestal gigante: no estamos viendo que detrás hay un montón de fallas estructurales.

—La situación de calle parece ocupar un lugar importante en la opinión pública, sobre todo asociada a ciertos estereotipos. En ese sentido, ¿creen que el gobierno contribuye a construir este imaginario, asociado a la convivencia y a la seguridad?

Tacuabé González —Los distintos gobiernos han contribuido a crear esta imagen cuando las respuestas que ofrecen basculan entre la criminalización —con la ley de faltas—, la patologización y la internación compulsiva. Van aportando a una imagen que luego es muy difícil de desandar. No hay que olvidar que la palabra seguridad en la conferencia se mencionó mucho.

—¿Y qué riesgos tiene esta percepción?

S. C. —Una propuesta centrada en acciones hacia los individuos reafirma la idea de que la situación de la persona se debe a un conjunto de malas decisiones que tomó, y eso es lo que la gente piensa. Hay que entender qué cosas inciden en las trayectorias para llegar a la situación de calle, porque no todo lo que nos pasa en la vida es del orden de las decisiones individuales. Si es un problema estructural, debemos pensarlo como derecho y no como una respuesta punitiva ante malas decisiones. Es problemático que el presidente plantee la situación de calle como un tema de seguridad, cuando podría pensarse como una cuestión de derechos humanos.

S. A. —Un gobierno de izquierda debería moverse hacia una complejización causal que quitara la responsabilidad del individuo, pensando medidas que vayan más allá del tratamiento individual de cada persona.

—En los días posteriores a la conferencia, se insistió en que las cifras que manejó Orsi, acerca de que el 60 por ciento de las personas en situación de calle son egresadas del sistema penitenciario, no coinciden con las que se manejan en la academia. ¿Podrían explicarnos por qué?

S. A. —La afirmación se basa en una muestra sesgada, porque sale de una encuesta realizada a un conjunto de personas que en una noche de invierno permanecían a la intemperie. Luego, se traslada al total de personas en situación de calle, sin haber consultado a las que dormían en refugios, en 24 horas o en otras alternativas. De esta manera, no representa a la población total, sino a un núcleo específico. Hay una enorme diferencia entre la gente que en invierno insiste en quedarse afuera y la que no. Se trasladan las características del núcleo más duro al total. Esta operación tiñe el fenómeno, lo asocia a criminalidad, lo vuelve unicausal, pone una variable por encima de muchas otras, y por eso insistimos en que es un error. Es como si yo hiciera una encuesta sobre sueldos y les pregunto solo a los senadores. No me va a dar una mirada objetiva de los salarios en el país.

S. R. —Es peligrosa esta sobrerrepresentación de la cárcel, de la salud mental y de las drogas, porque no representa la realidad a la que nos estamos enfrentando. Propongo esta pregunta: ¿el Mides brinda una política de vivienda hoy? Porque tiene 8.600 camas destinadas a mucha gente que no accede a viviendas y encuentra allí la posibilidad de tener un techo. Esto está muy lejos de ser un problema solo de la gente que sale de la cárcel.

—En la estrategia se menciona como factor importante el consumo problemático y se habla de fortalecer las comunidades terapéuticas. ¿Qué evaluación hacen de esta apuesta?

T. G. —Tiene que ver con una deuda relacionada con el consumo de la sociedad en general, más allá de lo que pasa con quienes están en la calle. Además de las dificultades de acceso, sobre los dispositivos casi no hay evidencia; no se sabe mucho sobre su efectividad. No queda claro qué tratamientos se están ofreciendo, para qué perfiles o con qué perspectivas de mejoría. Esa información no está; hay algunas investigaciones, pero particularmente sobre las comunidades terapéuticas no hay evidencia. Se propone fortalecer algo que no se sabe si funciona ni cómo. Hay grandes problemas de fiscalización de estos dispositivos por parte del Estado: no se sabe si cumplen con las condiciones materiales ni terapéuticas acordadas. Estos lugares no solo tienen problemas edilicios, sino que también aplican discursos problemáticos, evangelizadores. Hay que problematizar cuánto le cuesta al Estado tercerizar esta respuesta en lugar de tener una propia. El Estado se tiene que hacer cargo de las necesidades de salud de las personas, no podemos financiar comunidades terapéuticas con un trasfondo religioso (que tiene un fuerte impacto en la conformación de la subjetividad de las personas).

—Para la estrategia, consumo y salud mental parecen estar asociados…

T. G. —Sí, pero hay muchas categorías. Un concepto que se suele utilizar es el de patología dual, en los casos en que una persona, además de un problema de consumo, padece un asunto de salud mental. El tema es que no todo es igual: no es lo mismo depresión y consumo que psicosis y consumo; sin embargo, todo se considera patología dual y eso tiende a homogeneizar a las personas y las respuestas. Además, hay que recordar que, en la atención en salud mental, hay problemas similares a los de la atención por consumo: es una demanda muy activa de la sociedad para la que la respuesta no da abasto. Está en una crisis brutal. Y eso es una carencia para toda la población que usa los servicios de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], no solo para la que está en situación de calle. Quizás la diferencia, en este caso, esté en lo difícil que es sostener un tratamiento en situación de calle, no solo acceder a los dispositivos, sino efectivamente sostenerlos.

S. A. —Este es un buen ejemplo de cómo no es un problema de las personas o los individuos, porque en un contexto de consumo problemático las alternativas son insuficientes; es un sistema fracasado, roto. El asunto no es la persona: es esta serie de fracasos estructurales, y este es el diagnóstico central que nos gustaría transmitir.