Cuando todos los caminos judiciales parecían agotados para el movimiento ambiental y científico que viene resistiendo la creación de una frontera petrolera en el océano uruguayo, el fallo de un tribunal de apelaciones le proporcionó una bocanada de oxígeno. La vuelta de tuerca ocurrió en la demanda presentada por la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma), quienes habían solicitado a fines del año pasado medidas cautelares que detuvieran la primera etapa del proceso –las prospecciones sísmicas– para dar lugar a un juicio ordinario en el que se trataría la legalidad y constitucionalidad de los contratos firmados por Ancap con multinacionales petroleras. Esto comprende a las compañías que se hicieron con siete bloques de la plataforma marina nacional y cuatro firmas de prospección sísmica.
El juez Federico Tobía había dejado pasar toda la feria veraniega para finalmente alegar que la justicia civil no era competente para dirimir en una materia que debería ser tramitada por la vía administrativa. Pero, el pasado martes 19, la senda hacia un nuevo ciclo de exploraciones en el mar sufrió la irrupción de un nuevo escollo. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno, integrado por Fernando Tovagliare, Claudia Kelland y Gustavo Iribarren, no solo desestimó la interpretación de Tobía y reabrió la causa, sino que el propio magistrado fue apartado del caso luego de que se dictaminara que incurrió en un prejuzgamiento.
La sala entendió que la demanda sí se encuentra dentro de la jurisdicción del Poder Judicial y Tobía fue excluido por haber «emitido opinión» sobre el objeto de la causa. En este expediente, entonces, la cosa regresa al quilómetro cero. El nuevo ciclo de prospecciones sísmicas de Viridien y, eventualmente, de alguna de las otras tres empresas de geodatos que pretenden disparar ondas acústicas de alta intensidad está previsto para noviembre. Los colectivos movilizados ganan así tiempo para intentar frenar la actividad o, por lo menos, para que un nuevo magistrado pueda escuchar los fundamentos y solicitar informes científicos, sin los tiempos acotados y urgentes de un recurso de amparo. Hay que aclarar que el tribunal de apelaciones solo objetó las medidas procesales y no emitió ningún pronunciamiento sobre la legalidad de los contratos. Pero los colectivos tendrán una nueva oportunidad para divulgar la gravedad del asunto en el Poder Judicial y, con suerte, en la agenda mediática.
A PURO FÓRCEPS
En el artículo «Una batalla tras otra» (Brecha, 10-IV-26) se daba cuenta del derrotero opaco y fragmentado al que estaban destinadas preguntas fundamentales sobre una actividad extractiva que podría modificar significativamente las bases del modelo de desarrollo uruguayo. Allí, se detallaba que los resultados de los avistamientos de fauna marina y de las medidas de mitigación implementadas por la empresa CGG-Viridien, en el bloque OFF-1, no estaban siendo publicados por el Ministerio de Ambiente (MA), sino por Ancap, y de un modo esporádico. También, que no se conocían mayores detalles sobre los controles independientes dispuestos por el MA. Entre ellos, estaba la obligación de trasladar técnicos inspectores a bordo del buque BGP Prospector cuando fuese requerido o hacer un monitoreo de huevos y larvas de peces previo al arranque de los disparos de aire comprimido. Algunas instancias informativas habían corrido por cuenta de la petrolera estatal y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, había comparecido para comentar generalidades y cerrar filas en torno a un proceso en el que se alega haber aplicado condiciones más exigentes que las del promedio de la industria.
Los primeros recursos judiciales presentados por distintas organizaciones ambientales y la propia Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) se habían estrellado contra una pared: la mayoría de los jueces ni siquiera estuvo dispuesta a habilitar un mínimo espacio para que el Estado tuviese que rendir cuentas elementales y los testigos científicos pudieran fundamentar sus advertencias frente a otro poder público. Los magistrados se ampararon en cuestiones formales para evitar introducirse en la cuestión de fondo: desde que la fecha para presentar un recurso de amparo había caducado (esa respuesta tuvo la INDDHH) hasta que un mecanismo sumario como el del amparo no era el adecuado para dirimir un conflicto tan técnico (ese fue el argumento para archivar la acción presentada por Costa Viva Rocha y Mar Azul Uruguayo junto con varias gremiales pesqueras). En el caso de la demanda presentada por Mar Libre de Petroleras y Socobioma, después del contundente fallo narrado más arriba, la acción patrocinada por el abogado Pedro Riera volvió a la vida, pero, de todos modos, las instancias que no prosperaron no solo permitieron galvanizar a un movimiento social y ciudadano nutrido, sino que obligaron al Estado a responder preguntas incómodas y sistematizar información dispersa que no suele ser accesible ni para las comunidades afectadas ni para el periodismo.
TODOS A TRIBUNALES
A mediados de mayo, el recurso de amparo que Hoenir Sarthou y Juan Ceretta patrocinaron en nombre de Costa Viva Rocha y otros grupos fue definitivamente archivado. Sin embargo, emplazó a tres ministerios, Ancap y CGG-Viridien a dar explicaciones en un juzgado. Este litigio obligó, por ejemplo, al MA, a detallar controles, formación de técnicos intervinientes y un cúmulo de datos que no suelen estar a la mano.
En los mismos días en que ocurrían las audiencias públicas del amparo –en este caso, con un poco más de cobertura de los grandes medios–, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental debió recopilar información y fechas y ofrecer el mayor grado de detalle. Con todo, el material que sería presentado en los tribunales en los que se desarrolló esta acción de amparo recién sería subido a la página web del MA bastante después del archivo de las actuaciones y sin ningún aviso de las autoridades. Solo los interesados en estos asuntos, que suelen deambular por el Observatorio Ambiental Nacional, pudieron hallar la documentación que contenía buena parte de las respuestas a muchas inquietudes periodísticas.
Para empezar, aparecía el registro de avistamientos de fauna y medidas de mitigación en un tramo largo y no en semanas dispersas, como en los reportes publicados por Ancap. Aunque el informe online no cubre la totalidad del período de prospección de la temporada uno de CGG-Viridien (están los datos entre el 28 de febrero y el 12 de abril, pero no se incluyó la segunda mitad de abril), se supo que los observadores contratados por la empresa documentaron 385 avistamientos y los equipos de monitoreo acústico pasivo unas 113 detecciones de ejemplares. De acuerdo a esos reportes, el BGP Prospector debió apagar las fuentes de altos decibeles en 104 ocasiones y retrasó el inicio de las emisiones en 131 oportunidades (esto debido a que cetáceos, tortugas y pinnípedos estuvieron dentro del radio no permitido por el MA para prospectar). Los números no hacen más que corroborar algo que los científicos críticos con esta actividad extractiva alertan de todas las formas posibles: el Atlántico sudoccidental, incluido el espacio marino bajo jurisdicción uruguaya, es una de las regiones más productivas y ecológicamente relevantes del planeta.
Los datos presentados ante la Justicia y las declaraciones de los técnicos del MA permitieron conocer que hubo inspecciones in situ, más allá del seguimiento de los registros enviados por la empresa y el uso de apps para monitorear a distancia el plan de navegación. Entre el 12 y el 14 de marzo, cuatro técnicos de diferentes direcciones estatales pudieron constatar las medidas de mitigación y la aplicación del modelo de propagación acústica declarado a bordo del BGP Prospector. También confirmaron que la empresa efectuó muestreos para monitorear la presencia de huevos y larvas de merluza antes de iniciar las prospecciones. Cabe señalar que la actividad se ejerció en el bloque donde está una de las zonas que la comunidad científica y el MA definieron en 2022 como área prioritaria de conservación: la de cría y reproducción de la merluza. Se da la paradoja de que, mientras Uruguay y Argentina prohíben la captura de esta especie vulnerable desde abril a junio por la concentración de juveniles, el MA habilitó la exploración sísmica en marzo y también en abril.
LOS DEBES
Si bien se despejaron algunas dudas, hay otros rumbos de mediano plazo que permanecen entre signos de interrogación. No se conocen muchos detalles sobre la creación de las áreas marinas protegidas, proceso que viene retrasado desde 2020 y que ahora se promete para la previa de la segunda temporada de prospección. Por otro lado, las afirmaciones de los técnicos del MA en los juzgados se contraponen a las de destacados científicos: desde la secretaría de Estado se alega que existen líneas de base con indicadores de biodiversidad, físicos y químicos previos a las prospecciones, mientras que los académicos críticos enfatizan que no hay estudios previos integrales y robustos como para monitorear el antes y el después. De hecho, algunos de los documentos esgrimidos por el MA provienen de bases de datos privadas de anteriores campañas sísmicas, algo considerado «impresentable» por algunos científicos. Hasta en algún informe elevado por las multinacionales –como el estudio de impacto ambiental sobre un pozo exploratorio que planea hacer Apache– se admite que hay importantes vacíos de información.
El abogado Ceretta viene marcando que el gobierno recurre en los juzgados a modelos procesales anacrónicos y formalistas a contrapelo de un acuerdo internacional vinculante como el de Escazú, que le impone obligaciones mucho más exigentes y garantistas. Y, a propósito de eso, los litigios sirvieron también para exhibir el talante del gerente del área jurídica del MA, Marcelo Cousillas, un funcionario que está en ese cargo desde la propia creación del ministerio. Algunos prestigiosos científicos, como Omar Defeo, catedrático de Ciencias del Mar y coordinador del Instituto de Ciencias Oceánicas, fueron interrumpidos de manera constante en la sala, ya que Cousillas, por meras cuestiones formales, alegaba que la postura del académico ya había sido presentada como prueba en un escrito. La posibilidad de lograr un debate de calidad frente a un poder independiente era evitada a toda costa. Que un abogado pretenda ganar un juicio para la parte que lo contrata no sería llamativo, pero sí parece serlo que alguien con su perfil haya estado durante los últimos cuatro años al frente nada menos que de la mesa directiva del Acuerdo de Escazú, en nombre del gobierno uruguayo. Cousillas fue cuestionado por distintas organizaciones por haberles impedido introducir el tema de las exploraciones sísmicas en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, este año, precisamente, presidida por Uruguay (La Diaria, 4-V-26). La visión del gerente sobre la participación social y el peso que, a su entender, debería tener en ámbitos como las comisiones de cuencas y acuíferos quedó muy en evidencia en las respuestas que le dio a la periodista Camila Méndez: «La decisión [sobre los temas] la tienen que tomar las autoridades legítimamente establecidas. Para eso están: realizan la evaluación, toman la decisión y son responsables de esa decisión que se toma. La participación es un elemento muy bueno y muy necesario en el proceso, pero no necesariamente los grupos representan a la comunidad, para eso tenemos autoridades, elecciones, partidos».
