El 11 de agosto, tras el Consejo de Ministros, el secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, anunció que el gobierno construirá en Canelones un data center dedicado a inteligencia artificial (IA), con una inversión de 70 millones de dólares. La ubicación probable es la intersección de las rutas 5 y 48, cerca de Las Piedras, elegida por su conectividad y su acceso al cable submarino. Las obras comenzarían en el primer trimestre de 2027 y terminarían hacia 2029. Sánchez habló de 250 puestos de trabajo directos y de poner a Antel «al frente del cambio tecnológico con la inteligencia artificial».
El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, explica que los 70 millones son solo para el edificio, que la inversión se definió según lo que la empresa puede afrontar hoy y que el equipamiento tecnológico, GPU (unidades de procesamiento de datos) incluidas, será una etapa posterior: una infraestructura de mayor escala requeriría varios cientos de millones que Antel no estaría en condiciones de invertir. Dicho de otro modo, se anunció que se financiará la cáscara del data center. El hardware, que efectivamente hace IA, y el software, que lo pone a funcionar, quedan para después; sin plazo, sin monto y sin proveedores conocidos.
Aun así, lo que está en juego excede el monto de la inversión: el gobierno plantea que una empresa pública ocupe un lugar central en la infraestructura sobre la que se construirá la próxima etapa de la economía digital uruguaya. Puede ser una oportunidad de soberanía o, si no se toman ciertas decisiones, otra forma de dependencia.
¿DE QUIÉN SERÁ LA INTELIGENCIA?
No sabemos nada sobre qué habrá dentro del edificio. Álvarez había explicado tiempo atrás que la nueva infraestructura ampliaría la capacidad existente y daría redundancia geográfica al data center de Pando. Y había señalado, además, una posibilidad significativa: se podría procesar allí información crítica que hoy podría terminar en infraestructuras privadas, incluidas historias clínicas, datos biométricos y, eventualmente, información de seguridad y defensa.
La idea parece evidente, pero entre tener los datos dentro de Uruguay y tener soberanía sobre ellos hay una distancia considerable.
¿Quién fabrica las GPU? ¿Quién controla el software que las hace funcionar? ¿Quién suministra los modelos? ¿Dónde estarán las claves de acceso? ¿Qué ocurre si un proveedor extranjero cambia sus condiciones comerciales, queda sometido a una sanción internacional o decide no vender determinado equipamiento? No tenemos respuesta a ninguna de estas preguntas; parece relevante, entonces, que se hagan ahora. Porque podríamos terminar con un edificio uruguayo lleno de tecnología extranjera, y que las decisiones claves se sigan tomando en California, Shenzhen o Taipéi.
UNA VIEJA HISTORIA LATINOAMERICANA
La historia de América Latina es la historia de la exportación de materias primas e importación de productos industrializados. En los últimos tiempos exportamos datos para importar plataformas. En este sentido, el problema no atañe solo al problema de la privacidad individual relacionado con el celo por los datos, sino también a quién acumula el conocimiento producido en colectivo por una sociedad.
La IA lleva este asunto a otra dimensión: ya no alcanza con tener los datos, hay que tener también capacidad de cómputo para procesarlos, y esa capacidad es extraordinariamente desigual. La economista Cecilia Rikap, que expuso en el evento Antel Summit –celebrado el 12 de agosto en una conferencia titulada «Dependencia digital y soberanía»–, le puso nombre a esa asimetría. Rikap investiga lo que llama monopolios intelectuales: corporaciones que se apropian de conocimiento producido de manera colectiva en universidades e instituciones públicas, lo convierten en activos privados y cobran renta por su uso.
Aplicado a los data centers, describió la investigadora, se trata de un «extractivismo gemelo», pues el despojo de datos y conocimiento se sostiene sobre un extractivismo mayor de recursos naturales. También advirtió sobre lo que llama totalitarismo epistémico: el riesgo de que el tipo de IA disponible y las agendas de investigación terminen definidos a puertas cerradas por un oligopolio en lugar de que se discutan democráticamente. Esa dependencia alcanza incluso a iniciativas regionales que se presentan como autónomas, pero terminan utilizando Amazon Web Services.
Vale registrar dónde Rikap dijo todas estas cosas: en el escenario del Antel Arena, dispuesto por una empresa pública y en una jornada en la que Google y Huawei también tuvieron su espacio.
NO NECESITAMOS OTRO CHATGPT
Uruguay no necesita un modelo que compita con los gigantes estadounidenses o chinos. Existen hoy modelos abiertos de gran porte que pueden descargarse y ejecutarse sobre infraestructura propia: no son los más capaces, pero para una enorme cantidad de tareas alcanzan, y permiten algo que ninguna interfaz comercial ofrece: auditarlos, ajustarlos con datos locales y ponerlos a funcionar sin que cada consulta salga del país.
Un modelo entrenado sobre legislación y jurisprudencia uruguayas; sistemas que trabajen sobre historias clínicas sin datos alojados en el exterior; herramientas adaptadas por la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) a nuestro sistema educativo que permitan a los docentes cortar la dependencia con Google –firmada recientemente por Ceibal y la propia autoridad de la enseñanza–; cómputo asequible para la Universidad de la República. Nada de eso exige inventar un ChatGPT a la uruguaya. Exige sí decidir qué modelos necesitamos, dónde ejecutarlos y qué datos estamos dispuestos a entregar a terceros.
Tendremos, claro, que usar tecnología extranjera: no fabricamos GPU ni controlamos la cadena de semiconductores. Para ello tenemos que ver a la soberanía tecnológica no como autarquía, sino como capacidad de negociación; y esa capacidad crece si se ejerce de a varios, empezando por los espacios regionales.
La pregunta para cuando Antel anuncie sus proveedores no será si son estadounidenses, chinos o europeos, sino cuánto poder conservará Uruguay frente a ellos. Una cosa es que Antel construya el data center
para vender capacidad de procesamiento y otra que funcione como capa nacional de cómputo, disponible para universidades, investigadores, organismos públicos y empresas pequeñas que hoy no pueden pagarla (algo que una empresa privada extranjera no tiene ningún incentivo para desarrollar).
Álvarez habla de modalidades híbridas: usar modelos extranjeros, pero ejecutarlos sobre infraestructura de Antel. Es decir, el modelo y las GPU pueden ser extranjeros, pero los datos y la inferencia –las consultas a la IA– quedarían bajo infraestructura uruguaya. Esto es un camino a medias: no es una apuesta por soberanía absoluta, pero tampoco es entrega de datos junto con la capacidad de procesarlos.
LA NUBE TIENE OTROS COSTOS
La IA consume recursos físicos, y bastantes. La Agencia Internacional de la Energía estima que el consumo eléctrico de los data centers pasará de unos 415 teravatios por hora en 2024 a unos 945 en 2030. Rikap lo dimensionó de otro modo: los centros de datos privados ya consumen más electricidad que un país como Francia.
Uruguay tiene una ventaja, y es su matriz eléctrica con participación excepcionalmente alta de energías renovables, pero el problema no se resuelve ahí. Un data center demanda carga plana, las 24 horas de los 365 días, incluidas las noches sin viento y los años secos. Eso no se satisface con excedentes eólicos, sino con potencia firme, que es justamente la parte cara y más sucia del sistema. La pregunta para UTE no es si hay energía, sino qué respaldo hay que construir y quién lo paga.
Con el agua la escala engaña: un data center puede ser una fracción insignificante del consumo mundial y un problema serio para un territorio concreto. Uruguay ya dio esa discusión, y también fue en Canelones: la propuesta original del data center de Google contemplaba refrigerar los procesadores con agua de OSE. El sociólogo Daniel Pena, investigador de la Universidad de la República, tuvo que litigar para que el Ministerio de Ambiente (MA) entregara la cifra: hasta 7,6 millones de litros diarios, el consumo de unas 55 mil personas. Google cambió el sistema a refrigeración por aire, lo que resolvió una parte del problema y desplazó la otra hacia el consumo eléctrico. Y este campo no está habitado solo por servidores.
Recientemente, cuatro familias que viven en predios linderos al proyecto de Google recurrieron ante el MA para cuestionar la autorización ambiental de 2024. El estudio de impacto las identificó como receptores sensibles (y a una de ellas como «el vecino más vulnerable») frente al impacto acústico, aunque –según el recurso– no fueron individualizadas ni consultadas durante su elaboración. Recién en julio de 2026, con la obra casi terminada, accedieron al expediente por un pedido de acceso a la información pública. Denuncian iluminación industrial nocturna, ruidos antes inexistentes y pruebas de generadores, con viviendas a menos de 100 metros de muros, equipos y chimeneas. No corresponde aquí determinar si esas denuncias deben prosperar, lo que importa es que una infraestructura digital transforma el territorio que la recibe y que quienes viven ahí no deberían enterarse cuando la obra ya está levantada.
¿QUÉ QUEDA DESPUÉS
DE LOS 70 MILLONES?
Los 250 puestos de trabajo merecen una precisión que nadie dio: no sabemos cuántos corresponden a la obra y cuántos a la operación. Un data center es intensivo en capital y poco intensivo en trabajo una vez construido. En el caso de Google, la obra empleó unas 800 personas en el pico, mientras que la fase operativa insumió entre 200 y 250. Si los 250 de Antel son de construcción, el argumento del empleo dura tres años.
Otra vez Rikap fue directa a este respecto, y vale tomarla en serio aun cuando el proyecto sea público: calificó de «fantasiosa» la promesa de que la llegada de infraestructura genere crecimiento automático o empleo masivo y remarcó que dejan una huella ecológica considerable sin tributar de manera sustancial ni dinamizar las economías locales, porque la mayor parte del capital se va al exterior en la compra de semiconductores.
Es que el retorno depende por completo de qué se construya encima. Si la infraestructura permite crear empresas, formar especialistas, sostener investigación y vender cómputo a la región, los 70 millones pueden multiplicarse. Si termina alojando servidores de compañías extranjeras que usan electricidad y conectividad uruguayas para clientes de otros países, habremos levantado una magnífica máquina uruguaya que no será nuestra. Desde el punto de vista de mercado, no hay nada ilegítimo en este segundo escenario, pero es otro proyecto, y convendría decirlo antes y no sobre hechos consumados.
Y esa es la discusión que deberíamos dar ahora: no si Uruguay tendrá inteligencia artificial, sino quién tendrá la inteligencia artificial de Uruguay.
