Durante los últimos 15 años, nuestro país duplicó sus tasas de homicidios, aumentó dramáticamente su población carcelaria, transformó el crimen organizado en referencia central y procesó algunas reformas institucionales más o menos importantes en el ámbito de la Policía, el proceso penal y el sistema penitenciario. En políticas de seguridad, el primer ciclo progresista (2005-2020) se fue diluyendo en un «realismo de derecha». Luego, el gobierno conservador (2020-2025) fue virando sobre el final hacia posturas del llamado enfoque dual, perspectiva que parece interpretarse mejor en la actual administración progresista (2025-2030), que navega entre la incertidumbre discursiva y la apuesta salvadora a la lógica de los operativos policiales.
El panorama en Uruguay tiene cada vez más puntos de contacto con las realidades latinoamericanas. Las experiencias progresistas han enfrentado los mismos retos y han terminado enredadas en sus propias vacilaciones. Lo que nos distingue, por ahora, es que los proyectos más represivos y conservadores no se han encarnado con la virulencia simbólica y material que vemos en la gran mayoría del continente. A pesar de los vaivenes políticos, lo que se aprecia en la región es que las dinámicas de la violencia y la criminalidad están cambiando profundamente a la sociedad y a la propia política. El sueño de ejecutar una política de Estado se vuelve cada vez más ficcional, pues la propia política se ha transformado en una instancia dependiente y subordinada a las problemáticas de la violencia y el delito. Ya no puede enfrentar o controlar estos asuntos, sino que apenas logra sostenerse con ellos: la inseguridad sirve como foco hipervisible y urgente para solventar carencias a nivel redistributivo y estructural, los aparatos coactivos del Estado se reconfiguran sobre una infinidad de presiones corporativas, y los liderazgos y las competencias se sostienen con base en una interpretación continua de las demandas de seguridad y severidad. Las fórmulas se repiten y el margen de acción se reduce porque la política ya no puede conducir. El malestar ciudadano ante la acción o la omisión es el golpe de gracia para una racionalidad política que solo le queda apegarse al libreto de la radicalidad represiva. Este es el panorama que tenemos configurado en el continente bajo la tutela doctrinaria de la seguridad nacional de Donald Trump.
Volvamos al caso uruguayo y desentrañemos algunas tendencias que aparecen aquí y que pueden ser útiles para pensar contextos más generales. A pesar de su formulación básica, queremos esbozar nueve líneas que merecen, así lo creemos, discutirse a fondo.
1. Desde adentro y afuera, Uruguay ha sido visto como una excepcionalidad en
América Latina, también en materia de violencia y criminalidad. La cooperación internacional siempre ha entendido que nuestro país podía ser un laboratorio para soluciones promisorias. Pues bien, en ese terreno no hay nada novedoso para mostrar. A lo largo de décadas no hay un solo buque insignia que permita asociar a nuestro país con reducciones de la criminalidad y las percepciones de inseguridad. El actual Plan Nacional de Seguridad Pública opera sobre esa expectativa y tiene el desafío de constituir el primer antecedente que marque un cambio de tendencia.
2. En los últimos tiempos, asistimos a procesos que se entrecruzan. Por un lado, la seguridad ha permitido una repolitización conservadora y punitiva, con agendas, movilizaciones y conversaciones sociales intensas. Por el otro, las gestiones progresistas han despolitizado el proyecto al limitarlo a los resultados de la gestión, tal vez con algunos momentos de excepción (unas pocas iniciativas del primer gobierno del Frente Amplio, las movilizaciones contra las reformas constitucionales y contra la Ley de Urgente Consideración).
3. Lo que se ha consolidado es un Estado represivo más robusto. No importa si es más eficiente o eficaz, si actúa con base en principios de articulación o no, si presenta carencias materiales o institucionales. El punto es que tenemos un Estado represivo más fuerte que hace dos décadas atrás. Cada coyuntura pauta la necesidad de incrementar las inversiones en algún espacio de ese aparato.
4. El llamado enfoque dual cumple una función política inestimable: estimula una justificación cultural que concilia los impulsos punitivos con los proyectos tecnocráticos. Ambos pueden hacer cortocircuito, pero también pueden tener convergencia. En ese escenario, la política se transforma en un mero árbitro incapaz de definir fines e instrumentos alternativos.
5. Si durante mucho tiempo la idea de prevención operaba como freno y moderación del impulso represivo del delito, hoy el concepto ha quedado superado por la expansión de las diversas formas de vigilancia. Ya no se piensa la prevención como anticipación o como identificación y mitigación de factores de riesgo, sino como una estrategia capilar de controles tecnológicos que colonizan por completo nuestro mundo de la vida.
6. El crimen organizado se ha transformado en una referencia narrativa dominante. Definido como un peligro interno y externo, su sola enunciación política invita al combate o a la «guerra frontal». Cuanta más centralidad adquiere más selectivo se vuelve, pues no hay manera de sacar el foco en las dinámicas violentas de los barrios más vulnerables. A nivel global, la noción ha ido mutando hacia la de narcoterrorismo, como forma de asociar ese fenómeno con protestas, movilizaciones sociales y disidencias. La idea de terrorismo como ordenador del debate político todavía no tiene un uso intensivo en Uruguay, aunque ya hay señales de que eso también habrá de cambiar.
7. La consecuencia de todo lo anterior es la profunda desmovilización, la carencia de participación activa, la negación de las realidades comunitarias y territoriales como elementos políticos fundamentales, la limitación de saberes y la instrumentalización de los diálogos como instancias permanentes y deliberativas. A diferencia de otros países en que los movimientos sociales han sido perseguidos y severamente reprimidos, en nuestro país las debilidades de la sociedad civil y del campo académico obedecen a efectos de cercanía y neutralización por parte de un progresismo institucionalizado.
8. Uruguay sigue presentando altos niveles de victimización, ya sea en muertes violentas, en delitos contra la propiedad o en delitos por violencia de género. Hay una base de sufrimiento constante y cotidiano que viene transformando la vida de las personas y sus equilibrios emocionales. Además, es muy posible que esas denuncias de delitos contra la propiedad que vienen descendiendo en los últimos años respondan a nuevas modalidades criminales
que escapan por completo a la rutina de los registros estadísticos.
9. Las víctimas del delito y la violencia se han vuelto figuras preponderantes en los últimos tiempos. Sin embargo, producto tal vez de la normalización social del delito, y de los nuevos énfasis en la criminalidad organizada, las víctimas vuelven a quedar relegadas y eventualmente algunas de ellas pierden el carácter de «pureza». Una victimización grave concentrada en los territorios más vulnerables permite que las vidas que se pierden importen cada vez menos. Con la excepción de los «niños baleados», hay un volumen cotidiano de sufrimiento que queda sepultado por una densa capa de indiferencia moral. Las violencias del propio Estado se asumen como un daño colateral o como un mal necesario. La selectividad política en la gestión de las sensibilidades sociales es un rasgo de época que ya tiene su lugar instalado en nuestro país.
Es probable que estas tendencias reflejen otras más profundas a nivel societal y económico. A su vez, alguien puede interpretarlas como muy negativas, y que sobrevaloran las fuerzas ajenas y subvaloran las propias. Habrá quien hable de sesgos ideológicos y de falta de evidencias empíricas para sostener semejantes afirmaciones. No faltarán voces que señalen que estas miradas pierden de vista las gramáticas de resistencia, repliegue o reconfiguración que son también parte del escenario actual. No hay problemas con esas observaciones críticas, siempre y cuando pudiéramos acordar sobre la necesidad de pensar desde otros lugares y asumir procesos colectivos cada vez más desafiantes. Hay que elaborar nuevos guiones que reescriban por completo cada una de las líneas –pocas o muchas, acertadas o no– que hemos escrito hasta ahora.
