La discusión global sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) está bastante clara en sus lineamientos: de un lado, está la extrema derecha representada, entre otros, por Donald Trump, Javier Milei y Benjamín Netanyahu, que defienden la no regulación; del otro lado, está el resto del mundo.
Si quedaba alguna duda, la iniciativa de Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, para regular el desarrollo de la IA publicada en su blog bajo el título «Debemos controlar el ritmo de la frontera» (la segunda este año a favor de la regulación después de «Política sobre el crecimiento exponencial de la IA») fue apoyada por el resto de los máximos ejecutivos de empresas de IA: Satya Nadella, de Microsoft, Sam Altman, de OpenAI, Demis Hassabis, de Google DeepMind, e incluso Elon Musk, de xAI, que tuiteó: «Dario tiene razón».
Huelga decir que no hay unanimidad ni consenso en torno a qué y cómo regular, y que las diferencias son mucho más que matices, pero sí está claro cuándo hay que regular: ahora. Y hay también consenso en torno a la idea de que la innovación debe encauzarse a través de la regulación para que el resultado sea beneficioso a la vez que se mitigan los riesgos y daños.
Es clave entender que, salvo en el caso de los políticos afines a las diatribas y los insultos, se requiere un discurso que suene de algún modo razonable, por lo que abundan expresiones que valorizan la idea de frenar, minimizar o postergar la regulación. Hay que aprender a leer entre líneas estos discursos, de amplia difusión, para encontrar los eufemismos con que edulcoran su adhesión a la línea de la extrema derecha.
LA POSICIÓN DEL PRESIDENTE
El presidente Yamandú Orsi tiene un grupo pequeño de discursos e intervenciones específicos sobre IA, con un hilo conductor consistente enfocado en la educación, la inclusión de toda la sociedad, el impacto en la economía y la regulación.
El contexto determina los énfasis, y es por ello que en el ámbito de Ceibal pone más foco en la educación y la formación, y en el ámbito de Uruguay Innova, en el desarrollo económico. En cuanto a la regulación, la primera intervención significativa la realizó en julio de 2025, en la 17.ª cumbre de los Brics. Si bien algunos conceptos fueron todavía generales, como el reclamo de una gobernanza global e inclusiva, hubo puntos que ya marcaron una línea, como cuando afirmó que «nuestro país procura implementar enfoques de políticas públicas para ayudar a orientar
a los responsables en la gestión de estas cuestiones, asegurando que se aproveche al máximo el potencial innovador de la inteligencia artificial, al tiempo que se protege la propiedad intelectual y otros derechos».
Unos días después firmó la resolución del encuentro presidencial Democracia Siempre, junto con Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Sánchez, Gabriel Boric y Gustavo Petro, que incluye una cláusula específica sobre transparencia algorítmica referida a «la colaboración internacional para la transparencia algorítmica y de gestión de datos en el entorno digital y la cooperación técnica para una gobernanza digital democrática».
Entre otras, que van poniendo foco en distintos aspectos, la intervención de Orsi en el Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco del 81.er período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en setiembre de 2026, es un sólido resumen y una indicación clara de cuál es la línea política de Uruguay. Queremos hacer hincapié en dos afirmaciones.
La primera dice: «No queremos elegir entre innovación y regulación. Queremos una regulación que proteja derechos y que, precisamente por ello, genere confianza para innovar e invertir». No hay ambigüedad, no hay eufemismos, no hay falsas oposiciones. Tampoco hay necesidad de agregar nada.
La segunda indica que, «si una inversión deja únicamente servidores, habrá dejado un depósito de hardware. Si, además, deja investigadores, emprendedores y trabajadores capacitados, habrá construido capacidad», poniendo en claro que la inversión extranjera directa no es un fin en sí mismo, sino un medio para el desarrollo.
El presidente tiene una posición clara y cristalina: regular no es prohibir, es establecer reglas que protegen los derechos de personas y empresas, consolidan el mercado y generan confianza para innovar e invertir. Y esa inversión es buena cuando produce conocimiento y desarrollo económico.
UN ABANICO DE OPINIONES
La regulación de la IA es un tema árido, difícil. Siguiendo el hilo al presidente, uno imaginaría que los distintos actores del gobierno, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, acompañarían, cada cual con sus matices y énfasis, la evolución de ese discurso. No es así. En el gobierno se puede encontrar todo el abanico de opiniones, así que es relevante repasarlas.
La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, no ha incursionado en el tema de la regulación de la IA con frecuencia, pero cuando lo ha hecho, enfocada más en datos e información, ha estado alineada con el presidente, como cuando afirmó –en el anuncio de un acuerdo entre Antel y Google Cloud–: «Hay un entorno global donde el uso de la información adquiere creciente sensibilidad política y económica. Tenemos la oportunidad de regularlo de forma clara».
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, tiene sí muchas intervenciones y en ellas se nota un cuidado por no hacer ninguna afirmación que pueda ser malinterpretada. Sin embargo, no omite la necesidad de regular, como cuando afirmó en el Punta Tech Meetup: «Hay que encontrar la manera para poder combinar los estímulos necesarios para que la inversión en IA, automatización o robotización pueda desenvolverse y al mismo tiempo se generen las condiciones de protección a la población» (El País, 16-I-26) o «regulación clara, sostenible en el tiempo, pero al mismo tiempo no excesiva», como dijo en un evento organizado por la Unión Europea (29-IV-26).
En el Parlamento hay naturalmente una cantidad significativa de eventos, comisiones y capacitaciones que tienen la IA como eje. Aunque parezca extraño, es difícil encontrar en esas instancias posiciones alineadas sin cortapisas con la posición del presidente. Lo más frecuente es el discurso florido que habla de la oportunidad, de que todos tienen que estar, de la gobernanza y de los riesgos, pero evitando tomar posición más allá de las generalidades. En esos discursos no hay apoyo a la afirmación de Orsi de que es la regulación la que debe garantizar los derechos y generar confianza para innovar e invertir.
Entre los senadores que integran la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado, en 2024, en un encuentro del Parlatino, el senador Sebastián Sabini afirmó: «El diputado [Rodrigo] Goñi y yo somos de partidos diferentes; incluso uno de los dos es del gobierno y el otro de oposición, pero coincidimos totalmente en la necesidad de regular el uso de IA en general y específicamente para fines políticos». Sin embargo, en esta legislatura no encontramos declaraciones que refuercen esta idea. La también integrante de la comisión Patricia Kramer afirmó en un conversatorio de Alumni Uruguay (29-IV-26) que regular mal podría ser el mayor peligro, bastante lejos de la posición del presidente.
En Diputados tampoco parece haber alineamientos con la posición de Orsi. Por ejemplo, a la salida de una reunión de parlamentarios de ambas cámaras con representantes de Microsoft, Google, Amazon y Meta, fue elegida como vocera la diputada Sol Maneiro, que manifestó: «La señal que quedó es de cautela; el Parlamento quiere primero entender mejor el tema y abrir una discusión más amplia antes de apurarse a regular». Dos meses después reafirmó su idea: «Lo que venimos evaluando entre todos es que la regulación de la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial, se tiene que dar muy lentamente», valoró (La Diaria, 25-III-26 y 25-IV-26).
EN OTRO CARRIL
Es necesario, entonces, volver al tema de los eufemismos, para poder leer con claridad por qué los organismos que deberían ser el brazo ejecutor de la política definida por el presidente están muy lejos de hacerlo.
La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) está mandatada por ley a llevar adelante la estrategia de IA del país. Sin embargo, su directora, Cristina Zubillaga, no hace otra cosa que poner paños fríos a la posibilidad de regular. En su caso sí hay muchas declaraciones. Citamos solo tres: «Investiguemos más, veamos distintos puntos de vista y después vamos a aspectos regulatorios» (Montevideo Portal, 19-V-26), «estoy de acuerdo en regular en la medida en que sepamos qué regular» y, la más llamativa, «en lugar de ir directamente con una ley, por ahora estamos planteando un conjunto de buenas prácticas», postura que reemplaza el lineamiento del presidente por una serie de consejos que las multinacionales desoyen una y otra vez (las últimas dos citas son de Búsqueda, 3-IX-26).
El vínculo político entre Agesic y la Presidencia es responsabilidad del director general de Presidencia, Diego Pastorín. Pero lejos de transmitir las ideas del presidente, Pastorín comunica otras de elaboración propia, como cuando en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados afirmó: «Entonces, a veces, cuando se nos apuraba por el tema de la regulación de IA, nosotros dijimos que, como es un tema importante, nos estamos ocupando y no queremos apurarnos». ¿Se acuerdan de los eufemismos?
El otro organismo público que debería ser brazo ejecutor de la política presidencial es el recién creado Uruguay Innova, que tampoco parece estar alineado a Orsi, a pesar de que el mandatario mantiene un contacto fluido con el organismo y participa de sus actividades. Bruno Gili, director ejecutivo de Uruguay Innova, dijo en referencia a la idea de regular la IA que «nadie regula la rueda» (Desayunos informales, 26-III-26). Vale decir que, si bien entendemos la picardía, es en realidad un contraejemplo, dado que la producción de ruedas para vehículos está fuertemente regulada para proteger a las personas, las cargas y los propios vehículos, garantizando niveles mínimos de calidad y confiabilidad. Es más, está regulado también que se respeten los estándares y las ruedas sean intercambiables entre las distintas marcas de vehículos, exactamente lo contrario de lo que implican las estrategias para bloquear la salida de clientes (lock-in) de las grandes tecnológicas.
Gili adopta abiertamente la idea de que regular es sinónimo de prohibir, en contraposición a la idea general de Orsi, y lo manifiesta abiertamente: «La regulación puede ser una traba para cualquier desarrollo económico»; «Estamos siendo muy prudentes en no bloquear algo que Uruguay debería aprovechar»; «Hoy en la agenda no hay un proyecto de ley para ser enviado al Parlamento» (Búsqueda, 12-III-26).
En resumen, es frecuente encontrar críticas de tirios y troyanos al presidente, argumentando que no se expresa con claridad, que sostiene puntos contradictorios o que cambia de una posición a otra contrapuesta con frecuencia. Este no es el caso. La postura de Orsi ha sido consistente, ha ido madurando en el tiempo y está alineada a nivel internacional con los movimientos democráticos y progresistas, en contraposición a la extrema derecha.
Esta vez, los que sostienen eufemismos y no se alinean con su presidente son otros dentro de sus filas.
(Daniel Mordecki, Director de Agesic en los primeros meses del actual gobierno del FA.)
