Episodios de mal olor y sabor en el agua potable del departamento de Maldonado pusieron en evidencia el agravamiento del proceso de contaminación de la principal fuente de abastecimiento, la Laguna del Sauce, fundamentalmente por el uso de agrotóxicos en plantaciones y parques residenciales y por el crecimiento de centros poblados sin saneamiento, tanto en la costa lacustre como en torno a sus arroyos tributarios, combinado todo con el aumento de la temperatura por efecto del cambio climático. Si bien a partir de 2004 diversos organismos del Estado y la academia estaban trabajando en la elaboración de diagnósticos y planes de gestión, poco se había concretado para marzo de 2015, cuando cayó la gota que rebasó el vaso. El episodio que alarmó a la población ocurrió en plena campaña electoral por la Intendencia (Idm) y fue aprovechado por blancos y colorados para poner en jaque al gobierno nacional y al departamental, ambos del Frente Amplio. El escándalo consiguió activar, en pocos días, lo que no se había logrado en décadas: interpelada por la oposición, presionada por ambientalistas y usuarios del agua potable e impelida por el presidente de la República a tomar acciones, la titular del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Eneida de León, resolvió instrumentar un “plan de acción para la protección de la calidad ambiental y la disponibilidad de las fuentes de agua potable”. Ese plan consiste en 12 medidas para revertir el proceso de eutrofización (floración de algas) de la laguna, recuperar su calidad y dotar a Ose de más recursos para mejorar los procesos de potabilización del agua que distribuye desde allí para el 95 por ciento de la población de Maldonado. Mientras se elabora el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Cuenca de la Laguna del Sauce, el primero del país para una unidad territorial de esta especie, se establecieron medidas cautelares en las zonas de amortiguación (buffer), ubicadas en la costa de la laguna y en sus arroyos tributarios directos y afluentes. Estas medidas cautelares, que afectan los intereses de grandes productores agrícolas de la zona y propietarios de chacras residenciales, fueron acordadas en la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce (Ccls) y rigen desde octubre de 2015, cuando las aprobó la Junta Departamental de Maldonado (véase recuadro). Sin embargo, en la práctica, no hay avances.
ENREDADOS. “Muchas de estas medidas, en términos reales, no han comenzado a aplicarse porque el sistema de contralor y fiscalización no está en marcha. Ahora la Laguna del Sauce está en condiciones muy favorables desde el punto de vista del suministro de agua potable, pero eso tiene que ver con temas de variabilidad climática. No es que no se haya empezado a recuperar: es que ni siquiera hemos empezado a revertir la tendencia de deterioro de la laguna por incremento de fósforo”, señaló a Brecha el doctor en ciencias Néstor Mazzeo, investigador de la Udelar y del Instituto Sudamericano de Investigación en Resiliencia y Sustentabilidad (Saras, por sus siglas en inglés), vinculado a los estudios del ecosistema de la Laguna del Sauce desde hace unos diez años.
En sus recorridas por los 120 puntos de monitoreo ubicados en la cuenca, los científicos del Saras charlan e intercambian con los dueños de los campos, emprendimientos y residencias. En general éstos muestran una disposición favorable a entender la normativa, pero no han modificado sus prácticas porque nadie les da instrucciones claras sobre cómo proceder. “Para explicar las nuevas reglas hay que dar a entender con claridad los cambios que implican desde el punto de vista productivo. Eso no está, hoy día”, enfatizó Mazzeo. Entretanto los productores tienen un argumento sólido para no modificar su régimen de fertilización aunque las medidas cautelares estén vigentes. Recién para la próxima semana está previsto que funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap) comiencen a visitar a estos grandes productores –casi todos ubicados al oeste de la laguna– para ofrecer la información que reclaman y exigir que acaten las medidas, adelantó a Brecha la directora departamental de Medio Ambiente, ingeniera agrónoma Betty Molina, quien también ha desplegado un equipo técnico de la Idm para recorrer el área. La tarea no será sencilla, debido a los intereses económicos en juego. Las medidas tendrán un impacto y un costo que por el momento no han sido analizados, aunque la intención existe desde hace años. El Saras y el Instituto de Economía de la Udelar trabajan en esto desde hace varios meses pero no cuentan con fondos suficientes para financiar la investigación. Mazzeo está convencido de que este aporte es fundamental para todo el proceso. “Es una contribución relevante porque hay costos que no están internalizados. Esto implica una nueva lógica en el componente productivo, y muchos manejos tienen costos que no estaban antes. Estamos en una situación desfavorable: no estamos visualizando los costos económicos vinculados a la materia”, advirtió. Por ejemplo, adecuar el régimen de fertilización en la agricultura implica analizar los niveles de fósforo en el suelo para luego fertilizar de acuerdo a ese contenido y a la demanda del cultivo. En las zonas de amortiguación, además, los productores deberán sacrificar el área cercana a los cursos de agua y cercar para que el ganado no abreve allí. De pique hay un problema: estos productores no están identificados, no están mapeados espacialmente ni internalizados en el análisis económico, y los grupos salen aislados, por lo cual se dificulta tanto el abordaje como la ejecución de las medidas, remarcó. “Podemos elaborar una cantidad de medidas o regulaciones pero si no se tiene la capacidad ni los instrumentos para llevarlas a la práctica, no avanzaremos un centímetro”, observó. Por otra parte, enfatizó que la experiencia internacional marca la necesidad de combinar las regulaciones con los incentivos para fomentar buenas prácticas: “Todo esto lleva a la discusión sobre cómo distribuir esos costos en el conjunto de la sociedad, pero los números no están sobre la mesa”. La directora Molina, en cambio, no cree que el Estado deba subsidiar a los productores por la cesión de parte de sus tierras en aras de la calidad del agua que abastece a toda la población del departamento. A su juicio, el fenómeno es similar al de las ciudades, donde los constructores deben respetar retiros y acogerse a una normativa específica. A lo sumo entiende que el Estado podría contemplar las dificultades de pequeños productores ganaderos y aportarles alternativas, pero son los menos en una cuenca de grandes plantaciones de soja y forestación.
DEMASIADO VERDE. Tampoco hay que olvidar otra característica propia de un área con fuerte atractivo turístico. “Uno de los puntos más débiles del país, y en particular de esta cuenca, es que muchas veces el análisis se centra en el manejo de zonas rurales sin considerar que en las márgenes de lagunas y arroyos también hay actividades de jardinería”, advirtió Mazzeo. En la Laguna del Sauce, sobre la margen oeste, hay fuertes pendientes y una sobrefertilización muy perjudicial para la calidad del agua. Existen chacras parquizadas, de hasta unas diez hectáreas, donde se agregan productos para destacar el verdor del césped. Luego están quienes contratan empresas para arrancar de raíz los juncos que les obstruyen la visión de la laguna desde las residencias costeras, muchas construidas dentro de la faja de protección de 150 metros. Esas conductas requieren una atención especial, diferente a la de los productores, y es donde está poniendo énfasis el equipo técnico de la Idm. Molina afirmó que ya han cubierto el 70 por ciento de los padrones que tienen costa sobre la laguna, para informar sobre el problema ambiental, advertir de la existencia de las medidas preventivas y atender las dificultades que plantean los implicados. Confía en generar conciencia, pero por las dudas está previsto aplicar multas tanto a los propietarios como a las empresas de jardinería que no acaten las disposiciones. De hecho, ya hay algunas notificaciones previas a la sanción, aseguró. Sin embargo, también admitió que la Idm no tiene recursos para desplegar el sistema de control y fiscalización requerido, por lo cual confía en que los propios habitantes denuncien las irregularidades cometidas por sus vecinos. Menos optimista, Mazzeo entiende que esta meta tardará años en concretarse. “Hay que recorrer una serie de pasos que por el momento no se han transitado: el mayor cambio a promover es que gran parte de la población ve el problema como lejano. Hay una serie de personas que son responsables de la solución, pero muy pocos entienden que son parte del problema y que tienen una responsabilidad” compartida con el Estado.
Tampoco es de soslayar que junto a la laguna hay un centro poblado, La Capuera, que nació como asentamiento irregular y también incide en la contaminación del agua. Al finalizar este año quedará pronta la primera etapa de la obra de saneamiento iniciada en la pasada administración departamental. Molina enfatizó que, paralelamente, se realiza un intenso trabajo social para concientizar a los habitantes sobre la problemática ambiental, pero insistió en que no se puede estigmatizar ni cargar las tintas en estos pobladores por una situación que, mayormente, está vinculada al uso del suelo.
TÉCNICO VERSUS POLÍTICO. En este punto Molina destacó que las extensas áreas forestadas –que están fuera de las zonas de amortiguación y por tanto no se incluyen en las medidas cautelares– también constituyen otro asunto a abordar. “Hay una fuerte presión también por la forestación: aún no hemos tenido eventos vinculados a la cantidad del agua, pero la zona de prioridad forestal en la cuenca es enorme y si no se revisa habrá problemas”, vaticinó, aludiendo tácitamente a la responsabilidad del Mgap en esta materia. Aunque la Laguna del Sauce es el único sistema categorizado como clase 1 en Uruguay, y esto implica que sea utilizado prioritariamente para el suministro de agua potable, no es un parámetro que haya primado hasta ahora en el choque de intereses entre el “Uruguay productivo” y la protección ambiental. No es casualidad que, en las restantes medidas aprobadas por el Mvotma el año pasado, tenga un fuerte papel el Mgap. En todo, la fragmentación institucional resulta un gran obstáculo en la tarea de educar a todos los actores de la cuenca –desde el más humilde hasta el más adinerado– en el cumplimiento de las medidas. “No hemos podido tener un sistema fuerte de extensión, control y fiscalización. En esto último siguen sin definirse los roles con claridad, y el sistema se hace ineficiente y costoso”, lamentó. Un claro ejemplo es la media sanción que, semanas atrás, dio la Cámara de Diputados a un proyecto de ley que otorga al Ministerio de Defensa –a través de Prefectura– el control de las actividades de recreación y de pesca en el espejo de agua. Este detalle con respecto a las jurisdicciones ha tomado años de discusión, y hasta que el Senado apruebe el proyecto esa función de contralor corresponde al Ministerio del Interior y por lo tanto a la Policía de Piriápolis, que por razones logísticas tampoco la cumple. En la Ccls “falta mucha interacción y sinergia entre las instituciones. Si no hay mensajes claros y coordinados entre el Mvotma, el Mgap y la Idm, es muy difícil avanzar”. A esta altura, abordar el ordenamiento territorial de la Laguna del Sauce exige superar la discordancia entre el proceso y los ciclos electorales. “A quien decide atacar el tema, tomar medidas y poner esfuerzo, desde el punto de vista electoral no le rinden nada, porque será para disfrute de las siguientes generaciones. La dinámica política tiene una serie de reglas de juego que conspiran con estas transformaciones. Y hay que ponerlo sobre la mesa porque implica un cambio cultural en el análisis político”, concluyó Mazzeo.
[notice]Un plan misterioso
Los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Cuenca de la Laguna del Sauce son un misterio. Tal vez porque, según destacó a Brecha la directora de Medio Ambiente de la Idm, se trata del primer plan de cuenca del país, y la idea es que oficie como antecedente para la elaboración del plan para la cuenca del río Santa Lucía. Uno de los principales desafíos será ajustarlo a las condiciones rurales –generalmente se hacen planes de desarrollo urbano– y cumplir con los procesos participativos que establece la ley. Por el momento está pronto un “documento general de avance, diagnóstico inicial y pistas operativas” del plan, pero sólo el intendente, Enrique Antía, los directores nacionales de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial y los titulares de similares áreas a nivel departamental accedieron a su contenido, semanas atrás, durante una reunión cerrada de cuya realización no se informó a la prensa. Se espera que en la tercera semana de este mes se presente a consideración de la Comisión de Cuenca.
Molina confirmó que la Idm contrató a un equipo técnico liderado por el arquitecto Diego Capandeguy para elaborar el informe, pero dijo desconocer plazos, montos o características de la contratación. Sin embargo es llamativo que, al mismo tiempo, el mismo arquitecto tenga desde mayo la responsabilidad de revisar el Plan de Ordenamiento Territorial del Eje Aparicio Saravia (San Carlos, Maldonado, Punta del Este), totalmente ajeno y alejando de la Laguna del Sauce. También tendrá que hacer el anteproyecto normativo, además, de “ presentaciones y ajustes complementarios orientados al tratamiento y aprobación como norma departamental de la citada revisión parcial”. Por esto cobrará 180 mil pesos más Iva. Capandeguy, catedrático en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, hizo los planes de ordenamiento del balneario Kiyú (San José) y de la ciudad de Carmelo (Colonia). También trabajó en el Plan de Ordenamiento de la Costa Atlántica de Rocha y de Gestión de la Laguna Garzón, compartida con Maldonado.
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Prohibido hasta ahí nomás
En los suelos categorizados como suburbanos se suspendieron los nuevos fraccionamientos y las urbanizaciones de propiedad horizontal. También quedaron en suspenso las autorizaciones de los Programas de Actuación Integrada (Pai) para recategorizar suelos rurales como suburbanos. Se establecieron, además, zonas de amortiguación (buffer) en franjas: de 150 metros para los suelos ubicados en el perímetro lacustre; de 40 metros para los ubicados en ambas márgenes de los arroyos tributarios directos (Pan de Azúcar, Del Sauce, Del Salto del Agua, Pedregosa y Mallorquina); de 20 metros en ambas márgenes de los afluentes a los tributarios directos y en los suelos categorizados de “fragilidad ecosistémica” (urbanos, suburbanos y rurales naturales). En esas fajas quedó en suspenso todo tipo de permiso de construcción, instalación de equipamiento o infraestructura; los movimientos de suelo (relleno, extracción, etcétera); el depósito o acopio de cualquier tipo de material; la extracción de arena; el uso de agroquímicos; la incorporación de ejemplares de especies exóticas y la creación de jardines con césped y su mantenimiento. Además se prohíbe intervenir el bosque nativo, humedales naturales y vegetación natural en los álveos y dentro de los cuerpos de agua en la faja de fragilidad ecosistémica. Por otra parte, en los suelos delimitados por la ruta 9, la Interbalnearia (hasta el fraccionamiento de La Capuera) y los límites sur y este de la cuenca de la Laguna del Sauce (divisoria de aguas de la Sierra de la Ballena), exceptuados los comprendidos en el numeral anterior, también se suspenden las autorizaciones para extraer áridos y los movimientos de suelo, exceptuando los requeridos para el laboreo de la tierra. El cumplimiento de la resolución se adjudicó a las direcciones generales de Planeamiento, Urbanismo, Higiene y Medio Ambiente (cada una en el ámbito de su competencia), con el asesoramiento de la Dirección General de Asuntos Legales de la Idm. Estas medidas regirán hasta octubre de este año, y si para entonces no está aprobado el plan de ordenamiento territorial, serán prorrogadas, aseguró a Brecha la directora de Medio Ambiente de la Idm, Betty Molina.
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